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En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a interno en el Centro Penitenciario Sevilla I denunciando pérdida de su TV desde su traslado del Centro penitenciario Cáceres II, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:

“El interno el 25 de septiembre presenta instancia solicitando el traslado de su aparato de TV del centro penitenciario de Cáceres al de Sevilla a cargo de su cuenta de peculio. En el momento en que hubo saldo en la misma, se remite al centro de Cáceres el 3/10/2019 la solicitud del interno y se reitera el 14/11/2019.

Una vez recibido en el centro penitenciario de Sevilla el aparato, tras los trámites de control, es entregado al interno el 26/11/2019.”

Ante esta información y en tanto que entendemos que la situación por la que se dirigió a esta Defensoría se ha solucionado, le indicamos que procedemos al cierre de su expediente de queja.

El Ayuntamiento de Peligros aclara que una zona calificada por un vecino como pista deportiva, y de cuyos ruidos se quejaba, es en realidad un área de juego y recreo para niños, en la que, no obstante, ha colocado carteles informativos sobre el horario y actividades permitidas.

Un vecino de Peligros, Granada, nos trasladaba su queja por los ruidos que sufrían, tanto él como otras personas residentes en la zona, por tener prácticamente colindantes una pista de fútbol que el Ayuntamiento había situado en lo que, al parecer, antes era una zona verde.

El problema había llegado a tal punto que el afectado, en junio de 2018, había presentado un escrito respaldado con las firmas de bastantes vecinos y vecinas de la zona, pidiendo la limitación de horarios de esta pista, obteniendo como respuesta un oficio de Alcaldía, de junio de 2018, en el que se decía que “no es posible acceder a su petición de limitar el horario de uso del parque sito en calle … en los términos indicados en su solicitud”.

Sin embargo, más adelante, según nos decía el reclamante, el ayuntamiento había fijado un horario más acorde con la Ordenanza Municipal, “aunque ese horario no es respetado por la gente y el Ayuntamiento no pone los medios para hacer que se cumpla”. Por ello preguntaba “si es legal que unas pistas de fútbol estén en zona residencial ocupando un espacio catalogado como zona verde y tan cerca de un domicilio”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado ayuntamiento, éste nos dio traslado, mediante fotografías, de los carteles que había colocado limitando el horario y edad de las personas usuarias de las instalaciones, adoptando diversas medidas de vigilancia y control de las instalaciones. También nos remitió informe técnico jurídico sobre la compatibilidad de usos del parque en ese suelo, y por el que supimos que se trataba de una parcela de titularidad municipal calificada como de suelo urbano consolidado, espacio libre de dominio y uso público. El uso de la zona era, parcialmente, de áreas de juego y recreo para niños y que, según el equipamiento, no estaba considerado como de pista deportiva ni, por sus dimensiones, como jardín, teniendo en cuenta la normativa urbanística.

Dimos traslado al interesado de esta información para que nos remitiera sus alegaciones, pero no recibimos respuesta por lo que entendimos que consideraba que no eran precisas nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a reclamación por pago indebido de tasa alcantarillado, el Ayuntamiento de Estepona nos traslada la siguiente información:

“En contestación a su solicitud de información sobre el asunto objeto de la queja al inicio reseñada, adjunto remito Informe de fecha 26/03/2020, del Departamento de Gestión Tributaria, a cuyo tenor la solicitud de devolución de ingresos formulada por el Sr. (...) fue incluida en el Expediente n.º 33142/2016 y, previos los informes pertinentes, ha sido estimada mediante Decreto 2020-1550, de 16/03/2020, trasladado y recepcionado por el interesado en fecha 17/03/2020.

Además del citado informe, se acompañan los documentos citados en el mismo incluyendo Propuesta de Mandamiento de Pago por ingreso indebido emitida por la Intervención Municipal, en tramitación.

Por lo expuesto, sin perjuicio de nuestra plena y constante disposición para atender cualquier aclaración o información complementaria que considere oportuno reclamar, mediante el presente solicitamos tenga por cumplimentado el requerimiento formulado”.

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a la referida reclamación, le comunicamos que, a la vista de la información recibida y tras nuestra intervención se ha solucionado la situación de silencio mantenido, en consecuencia, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Tras nuestra intervención ante el Ayuntamiento de Doña Mencía, Córdoba, se produce la legalización de una chimenea de «pellets» cuya salida de humos estaba situada a escasa distancia de la vivienda colindante, produciendo inmisión de humos en su interior, y se sitúa dicha salida en la terraza del inmueble cumpliendo las normas técnicas para ello previa la obtención de licencia de obras.

En su escrito de queja, la interesada exponía la grave incidencia que sufría en su domicilio de Doña Mencía, Córdoba, como consecuencia de la salida de humos de una chimenea de «pellets» que se había instalado en la vivienda colindante a la suya, en el municipio cordobés de Doña Mencía. Según nos decía, esta chimenea se encontraba a escasos 40 cm de la entrada principal a su domicilio. Había denunciando esta situación al ayuntamiento y la respuesta que había recibido, según informe técnico, era básicamente que se trataba de una cuestión privada de carácter vecinal al no encontrarse en el PGOU de la localidad norma alguna que regulara la altura a la que debían situarse las salidas de humos de chimeneas.

Sin embargo, la interesada reclamaba la aplicación de otras normas que regulan la evacuación de humos de productos de combustión, como el artículo 13.3.2 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que dice que la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice; o el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en el mismo sentido; o el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias. Por ello volvió a presentar nuevos escritos de denuncia de los que no había obtenido respuesta.

Admitimos a trámite la queja pues entendimos que, aunque era cierto que estos hechos podían ser también dirimidos por la vía jurídico privada encauzándolos a través de las relaciones de vecindad y, por tanto, ante la ausencia de arreglo amistoso, quedaba abierta la vía judicial civil, también lo es que este asunto tenía importantes aspectos jurídico-administrativos y, por tanto, de la competencia municipal, puesto que la chimenea es un elemento de una edificación destinada a vivienda y, por lo tanto, debió ser autorizada por el ayuntamiento a través de la aprobación del correspondiente proyecto técnico y del otorgamiento de licencia de construcción y luego la licencia de ocupación.

Por ello, nos dirigimos al Ayuntamiento de Doña Mencía trasladándole nuestra posición e interesando conocer su parecer en el mismo pues, al margen de que las normas municipales no hayan previsto la altura mínima de las salidas de humos de chimenea o similares, se trataba de un elemento que parecía que había sido añadido tras la construcción de la vivienda y, por lo tanto, sin autorización municipal, pues no parecía que se hubiera presentado un proyecto para instalar esta chimenea y que previamente se hubiera autorizado.

En una primera respuesta el citado ayuntamiento nos dio traslado del informe que había redactado el Servicio de Atención a los Ayuntamientos de la Diputación Provincial de Córdoba, según el cual “se ha procedido a requerir al propietario de la instalación para su legalización”; es decir, se había requerido al propietario de la chimenea a que la legalizara, de lo que cabía deducir que era una instalación sin autorización del ayuntamiento, pese a que la precisaba conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y del Reglamento de Disciplina que la desarrolla.

Por ello, volvimos a dirigirnos al mismo para conocer las actuaciones que hubiera realizado después, sobre todo si, dando cumplimiento a sus competencias legales conforme a lo previsto en la normativa de ordenación y disciplina urbanística de Andalucía, había incoado el preceptivo expediente sancionador al que estaba obligado al haberse detectado, como parecía, una infracción urbanística así como del estado de la legalización a la que se había instado al promotor de la chimenea.

Después de ello conocimos que la salida de humos objeto de queja había quedado legalizada al serle concedida a su titular una licencia de obras, informada favorablemente por el técnico municipal, de tal forma que la misma se encontraba en la cubierta del inmueble, “con lo que se solventa la problemática ocasionada y se legaliza la instalación”.

Con dicha información dimos por terminada nuestra intervención en este asunto ya que, en lo esencial, suponía la solución al problema, aunque trasladamos a la Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento de Doña Mencía, en el momento del archivo de nuestras actuaciones, que “no queremos obviar que ese Ayuntamiento, en este asunto, no ha ejercitado sus competencias disciplinarias puesto que debió ser incoado en su momento un expediente administrativo sancionador por una infracción urbanística, tal como se le indicó en el informe del SAU de Baena. Dicha infracción ha persistido durante cierto tiempo en el que se ha generado una incidencia ambiental por inmisión de humos que ha denunciado la afectada. Dicha infracción va a quedar, suponemos (ya que nada se nos dice al respecto), impune, pese a la afección que ha provocado, y que confirma el hecho de que desde el Ayuntamiento se nos diga que ahora ya queda legalizada y que el problema está resuelto. Esperamos que se tenga en cuenta para que se proceda en consecuencia si aún se dieran las circunstancias para ello”.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas apercibe a un supermercado situado en zona residencial, para que respete el horario de carga y descarga de mercancías que establece la Ordenanza municipal de aplicación.

Una vecina de Dos Hermanas, Sevilla, se quejaba de que tras ampliar un supermercado sus instalaciones, había quedado situada la zona de almacén en su misma calle, lo que le provocaba que todos los días los camiones de mercancías comenzaran, a las 7 de la mañana, a maniobrar para efectuar la descarga.

Los ruidos consistían fundamentalmente en: “movimiento de las puertas, aperturas de pestillos y maniobra del tráiler que entra paralelo a la ventana de mi dormitorio y de la cocina, ocasionándome un malestar que impide el correcto desarrollo de mi actividad diaria. Sobre todo porque desde el Ayuntamiento no son claros conmigo y van eludiendo el problema derivándome a un sitio u otro, espero que podáis ayudarme”.

La interesada había realizado innumerables gestiones ante el Ayuntamiento en cuestión y ante el propio supermercado, sin éxito.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al ayuntamiento, éste nos comunicó que en su momento había formulado apercibimiento al supermercado objeto de la queja, para que se cumpliera el horario de carga y descarga de mercancías, conforme al artículo 18 de la Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos, bajo advertencia de multa. De dicho apercibimiento se había dado también traslado a la policía local “a efectos de posibles intervenciones futuras que pudiesen practicar dentro del ámbito de sus competencias”.

De esta respuesta dimos traslado a la interesada para que nos remitiera sus alegaciones. Ésta nos traslado que “Con respecto a la modificación del horario de carga y descarga del camión ya estábamos al tanto, ya que hemos estado insistiendo desde el principio. Como ese aspecto ya está dentro de la legalidad, seguimos insistiendo en que nos hagan una medición acústica en nuestro domicilio, para que se pueda comprobar el ruido que este tráiler ocasiona en nuestro dormitorio y domicilio, para buscar una solución que mejore nuestro descanso”.

En relación con esta petición explicamos a la interesada la complejidad que ello conlleva y la especial dificultad, en todo caso, de obtener unos resultados objetivos dado que se trata de actividades en la vía pública que de por sí generan diversos ruidos intrínsecos difícilmente evitables, de ahí que se le impusiera al establecimiento comercial la obligación de cumplir un horario o, lo que es lo mismo, la prohibición de hacer los trabajos en determinadas franjas horarias, así como de que se llevara a cabo en lugares prefijados de antemano. Por otra parte, los trabajos de carga y descarga se debieron tener en cuenta en la tramitación ambiental (Calificación Ambiental) que el titular del supermercado debió tramitar en su momento, dado que es una actividad conexa y obligatoriamente necesaria a la propia de venta al por menor de productos.

De hecho, consciente de esta dificultad y de la dependencia que tienen los comercios de los trabajos de carga y descarga, en la “Guía de Contaminación Acústica de Andalucía”, se deja bien claro que el ruido de este tipo de trabajos en la vía pública es de la exclusiva competencia municipal y se recomienda únicamente la conveniencia de incluir en las ordenanzas municipales menciones genéricas a la obligación de realizar los trabajos de la forma que genere menos incidencia acústica a las personas residentes en el entornos, lo cual implica un elemento de apreciación subjetiva que queda a la determinación del funcionario municipal que en su caso inspeccione.

De ahí que consideráramos que no procedían nuevas actuaciones por parte de esta Institución por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ordena vigilar una zona de Torre del Mar para que se cumplan las ordenanzas sobre tenencia de animales y limpieza viaria, evitando que una zona ajardinada se deteriore por los excrementos de perros.

En su escrito de queja el interesado manifestaba que en abril de 2017 se había dirigido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) denunciando que frente a su vivienda, situada en el anejo de Torre del Mar, existía una zona ajardinada, llena de excrementos de perros; su vivienda estaba situada en la planta baja y era colindante con esta zona, por lo que no podía abrir las ventanas debido al olor y a los insectos que había debido a la situación en la que estaba esta zona ajardinada. Siempre según el interesado, de dicho escrito ni había recibido respuesta ni el problema se había solucionado, a pesar de que lo que solicitaba era el cumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza pública y gestión municipal de residuos.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente al escrito del interesado, informándonos de ello.

Como respuesta, el ayuntamiento nos remitió copia de la nota interior que había se había enviado a los servicios de policía local y limpieza viaria por la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar a fin de que se vigilara en la zona el cumplimiento de la ordenanza municipal de tenencia de animales y limpieza viaria.

Dimos traslado de esta información al interesado a fin de que nos remitiera, en su caso, las alegaciones y consideraciones que estimara oportunas. Sin embargo, no recibimos respuesta de éste por lo que entendimos que consideraba que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte al considerar que el problema se había solucionado, por lo que archivamos el expediente de queja.

En su escrito de queja, la interesada nos trasladaba que en febrero de 2018 se había dirigido al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) solicitando el arreglo del acerado de una zona de esquina entre las calles Porvenir y Nervión de la citada localidad. A pesar del tiempo transcurrido y de los diversos escritos que enviado al ayuntamiento recordando la situación en la que se encontraba el acerado de esta esquina, ni había recibido respuesta a estos escritos, ni se había procedido al arreglo de la zona.

Admitida a trámite la queja a fin de que el ayuntamiento procediese a responder a la interesada, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos a la Alcaldía-Presidencia del citado ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente al escrito presentado por la persona promotora de la queja.

Tras esta resolución, el ayuntamiento nos informó que el 12 de diciembre de 2019 se procedió a ejecutar las obras de reparación del acerado y, asimismo, se había dirigido requerimiento a la propiedad de un solar que se encontraba sin vallado para que procediera a ejecución del cerramiento del mismo según lo establecido en la normativa municipal.

Con ello entendimos que el problema de fondo, la falta de respuesta a los escritos que había dirigido la interesada denunciando el mal estado del acerado, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibía comunicación de una vecina del municipio de Arjonilla exponiendo que en su día se dirigió a esta Institución trasladándonos que era propietaria de una finca de olivos en Arjonilla, Jaén y que a consecuencia del alquitranado de los caminos que la rodean, y su recrecimiento, las aguas de lluvia iban a parar directamente a sus tierras, generando daños en instalaciones y erosión en el terreno. Manifestaba que había solicitado al Ayuntamiento de esa localidad que tomara medidas, pero hasta ese momento solo le habían dado falsas expectativas sin adoptar medida alguna.

En una conversación con el Sr. Alcalde éste le había trasladado su voluntad de adoptar las medidas necesarias para solucionar el problema.

Ante esta situación, se acordó por esta Institución el archivo provisional de las actuaciones en el expediente de queja. Sin embargo, la promotora de la queja se volvía a dirigir a esta Defensoría para comunicarnos que la situación denunciada se mantenía inalterada y que, al parecer, el Ayuntamiento ya no tenía intención de solucionar el problema, por lo que pedía nuevamente nuestra intervención.

Tras esta comunicación nos dirigirnos al citado ayuntamiento solicitando nuevamente su colaboración y éste nos comunicó que, en un primer momento, ofreció a la interesada -y ésta habría aceptado- una donación de tierras por parte del ayuntamiento para rellenar el “barranco” al que se refiere la queja en cuestión que, al parecer, ya se apreciaba en 1997 y que había aumentado de tamaño por causas que estaban por determinar. Por ello, se había iniciado un procedimiento de investigación para averiguar la causa de los daños que denunciaba la interesada.

Una vez que concluyera el expediente de investigación y previos los informes técnicos y dictámenes que al objeto se solicitaran, y con los resultados del mismo, se procedería a dictar la resolución que en derecho procediera, en el bien entendido que el ayuntamiento asumiría las responsabilidades que le pudieran corresponder y fueran imputables al deficiente funcionamiento de los servicios públicos, si así procediera.

Entendimos, por tanto, que no procedían nuevas actuaciones por parte de esta Institución por cuanto el ayuntamiento había adoptado el acuerdo de iniciar una investigación para conocer las causas de los daños que denunciaba la interesada y, en el mismo, ésta podría alegar y, en su caso reclamar, lo que considerara oportuno, dictando en el ayuntamiento la resolución que procediera. Por tanto, archivamos el expediente de queja.

Tras recibir varias comunicaciones de la interesada en la que nos informaba que, a pesar del tiempo transcurrido, aun no se había adoptado ninguna medida efectiva por parte del Ayuntamiento para solventar el problema padecido en la finca de su propiedad como consecuencia de la aparición de una barranquera en la misma a causa de las escorrentías de agua que, según exponía, constituye un riesgo para la integridad de los trabajadores agrícolas, procedimos a reabrir el expediente de queja y solicitamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento para que nos informase del resultado del expediente de investigación que, según nos comunicaron, se iba a realizar por parte de ese Ayuntamiento.

En respuesta el Ayuntamiento nos informó que los servicios técnicos del Ayuntamiento nos darían traslado del resultado del expediente, sin embargo, antes de recibir el informe solicitado, la promotora de la queja nos informó de las reuniones habidas con ese Consistorio y de los acuerdos alcanzados para la expropiación del terreno afectado.

La promotora de la queja nos solicitó la suspensión de nuestras actuaciones para dejar un tiempo prudencial a ese Ayuntamiento a fin de que se materializasen los acuerdos adoptados.

Atendiendo la petición recibida, le comunicamos que procedíamos a suspender la tramitación del presente expediente de queja.

En su escrito de queja la interesada nos trasladaba que en el curso 2018/2019 marcó la casilla para recibir la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula a la hora de matricularse en la UNED, en el centro adscrito a la misma de Málaga. El curso anterior estuvo matriculada en la Universidad de Málaga pero en aquel momento marcó “la casilla correspondiente a la declaración de no cumplir con los requisitos económicos para recibir la beca del gobierno. Tras enviar a la UNED los documentos necesarios (que verificaban que, efectivamente, me había matriculado en primera matrícula en todos los créditos aprobados anteriormente en una Universidad andaluza), me confirmaron que todos los documentos necesarios estaban correctamente entregados y que el trámite pasaría a la Junta de Andalucía”.

Al no recibir respuesta, en septiembre se puso en contacto con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, donde le respondieron que el trámite dependía de la Universidad; en la UNED le informaron que ya habían entregado la documentación, por lo que, en el momento de presentar la queja, desconocía el estado de tramitación de su solicitud pero la realidad es que hacía más de un año que entregó la solicitud y aún no había percibido la cantidad de la bonificación de la matrícula.

Tras dirigirnos a la Dirección General de Universidades, de la citada Consejería, ésta nos informó que el Decreto 139/2018, de 3 de julio, por el que se determinan los precios públicos, para el curso 2018/2019, de las Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos, contemplaba, en su Disposición Adicional Única, la extensión de la bonificación de la matrícula para el alumnado que se matriculara en la UNED a través de los centros asociados en Andalucía, y que estuviera empadronado en la Comunidad Autónoma, con los límites y condiciones establecidas para el resto de alumnado matriculado en centros propios de las Universidades Públicas de Andalucía. Para ello, en el mencionado curso, se tramitó un convenio entre la Junta de Andalucía y la UNED como instrumento que permitiese atender a lo establecido en la citada Disposición Adicional Única.

Tras considerar la Junta de Andalucía que este convenio daba cobertura jurídica a la compensación económica, la UNED aplicó la bonificación al alumnado que se matriculó en los primeros días del curso (aproximadamente 2.700 estudiantes), pero un informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería sobre el convenio determinó que el instrumento no debía ser el convenio entre la Junta de Andalucía y la UNED “sino una subvención al correspondiente alumnado, ya que son estos los beneficiarios de la bonificación y no la UNED. Por ello, la UNED, de forma cautelar, dejó de aplicar la bonificación a quienes se matricularon o solicitaron la bonificación en un periodo posterior -unos 380 estudiantes-. En la actualidad, esta Consejería está tramitando dos expedientes administrativos. De un lado, una subvención a la UNED para atender las cantidades bonificadas por la UNED (los 2.700 estudiantes primeros) y que también abarque a los 380 que quedaron pendientes de aplicar la bonificación, todos ellos del curso 18/19”. En este último grupo se encontraba la solicitud de la persona que se dirigió a esta Institución en esta queja que, según la Dirección General, la UNED ha había procedido a tramitar el expediente de devolución del importe de la bonificación.

A la vista de esta respuesta, dimos traslado de la misma a la interesada para su conocimiento, considerando que el problema se encontraba en vías de solución, aunque le indicamos que esperara un plazo prudencial de tiempo y si aún no había recibido el abono nos lo indicara a fin de realizar nuevas gestiones por parte de esta Institución.

Ese mismo día nos comunicó la interesada que ya había recibido la bonificación, por lo que entendimos que el problema estaba resuelto y dimos por concluidas nuestras actuaciones en esta queja.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Almonte a nuestra petición de que se nos indicara el plazo aproximado en que darían comienzo las obras de urbanización pendientes y su plazo de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló Resolución en el sentido de que se desarrollasen las actuaciones pertinentes para finalizar las obras de urbanización e infraestructuras pendientes de ejecutar del Plan Especial y, a tales efectos, se diera trasladado al Departamento competente de Obras Municipales al objeto de proceder a su tramitación y ejecución.

En la respuesta municipal recibida se informaba que en el Departamento de Obras del ayuntamiento, se estaba redactando el correspondiente proyecto de urbanización del tramo de acerado objeto de la presente queja, con el objeto de que pueda licitarse la ejecución de las obras y que se tenía previsto concluir su redacción en 2019 con la finalidad de que, de contar con consignación presupuestaria, pudiera concluirse su ejecución en el año 2020. Así se le había comunicado a la persona solicitante.

Entendiendo aceptada la Resolución formulada y encontrándonos, por tanto, ante un asunto en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.