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En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte referente a la no resolución de solicitud de Pensión No Contributiva de Jubilación.

Tras haber analizado en profundidad la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 14 de febrero de 2020 la persona interesada se dirige a esta Institución para plantear el problema que le afecta, referente a la demora en resolver la solicitud de PNC de Jubilación que formuló en el mes de abril de 2019 ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, sin haber recibido hasta entonces respuesta alguna.

Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante la Administración de Igualdad y Políticas Sociales, al objeto de conseguir que se resolviese favorablemente, y cuanto antes su petición, dada su difícil situación personal.

II.- Tras la admisión a trámite de la queja, con fecha 22 de marzo de 2020 se solicitó el correspondiente informe a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga.

Tras reiterar por tres veces la petición, con fechas 26 de abril, 29 de mayo y 13 de julio de 2020, finalmente el 15 de julio pasado tiene entrada en esta Institución escrito de la Viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, remitiendo informe de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributiva relativo a la presente queja, del que interesa reseñar lo siguiente:

“En la queja refiere dilaciones en la tramitación de su solicitud de Pensión No Contributiva en Andalucía, regulada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE n.º261 de 31 de octubre).

Constatados los datos que figuran en el sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS), se comprueba que (...), presentó la solicitud de pensión no contributiva, modalidad de JUBILACIÓN, el 22/04/2019, siendo grabada en el sistema el 26/04/2019.

En la tramitación y despacho de los expedientes se guarda, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, el orden riguroso de incoación de los asuntos, salvo situaciones de especial vulnerabilidad debidamente acreditadas, mediante informe de asistente social o documentación especifica remitida a estos efectos que puedan motivar orden en contrario, las cuales no constan en el caso que nos ocupa.

Debido al número de solicitudes presentadas existe un considerable retraso en la tramitación de los expedientes relativos al reconocimiento de pensiones no contributivas.

En caso de que reuniera todos los requisitos necesarios y se resuelva la concesión del derecho a la pensión no contributiva, ésta surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la fecha de entrada en registro de la solicitud. La resolución dictada recogerá, en su caso, el importe de los atrasos que deberá percibir.”

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a esa Administración, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la necesidad de una eficaz y eficiente gestión de los expedientes de Pensiones no Contributivas.

Como se contempla en la propia exposición de motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la ampliación de la protección social a la que trata de dar respuesta dicha Ley es una aspiración social de solidaridad dirigida a “asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas”.

Estas situaciones de necesidad, no suficientemente cubiertas por los mecanismos asistenciales, vienen a ser satisfechas de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora con las nuevas modalidades no contributivas de las pensiones de invalidez y jubilación que dicha Ley establece, y que garantiza a personas mayores o con enfermedades invalidantes, que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo, su derecho a obtener unas prestaciones mínimas para afrontar sus necesidades básicas. Lo que constituye un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.14º del Estatuto de Autonomía para Andalucía y concretado en los artículos 19 y 24 del mismo.

Como esa Administración ha tenido oportunidad de comprobar, con motivo de los numerosos expedientes de queja tramitados por las continuas demoras que se están produciendo en la gestión de los expedientes de PNC, muchas de las personas que se dirigen a esta Institución nos ponen de manifiesto, como la interesada en la presente queja, su situación de extrema necesidad, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y carecer, en todo caso, de los recursos mínimos para subsistir. Cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión demanda.

Ante estas situaciones, los retrasos en el reconocimiento de estas Prestaciones destinadas a la cobertura de necesidades básicas tienen efectos muy perjudiciales para las personas beneficiarias de las mismas, que ven cómo se pasa el tiempo y se sigue demorando el acceso a unos recursos básicos para su subsistencia.

Por ello, aunque valoramos muy positivamente las medidas que nos comunican que se tienen previsto adoptar para la agilización de la gestión de estas pensiones, en la línea de lo ya comunicado en otras ocasiones, y dado que dichas situaciones no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van en aumento, se hace preciso que por parte de esa Administración se adopten de forma efectiva y urgente las medidas oportunas para garantizar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, con la celeridad que exige este tipo de procedimientos, en el plazo legalmente establecido, como así se había recomendado por esta Defensoría en la Resolución de la queja de oficio 19/1559, y que fue aceptada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Segunda.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

En la misma línea, el art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Con carácter general, en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apartados 2 y 3, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

En el caso que aquí nos ocupa, el plazo específico se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, estableciéndose en su Anexo, como plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a Pensiones no Contributivas, un plazo de 90 días.

Resulta evidente, por tanto, que en el expediente analizado en la presente queja, el procedimiento administrativo no ha sido resuelto en el plazo establecido, como tampoco en un tiempo razonable, toda vez que ha transcurrido más de un año sin respuesta administrativa especifica a la reclamación realizada y, por consiguiente, tampoco el abono de las cuantías económicas correspondientes.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa que los plazos señalados en ésta, y en las demás leyes, obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Tercera.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

La prolongada situación de retraso en la resolución de los expedientes de PNC que se viene produciendo en esa Delegación Territorial, y la falta de adopción de las medidas necesarias que permitan la tramitación de estos expedientes en los plazos legalmente previstos, hace preciso extremar el cumplimiento por parte de esa Administración de los Principios Generales que está obligada a observar en su actuación.

En este sentido, el art. 103.1 de la Constitución Española establece que las Administraciones públicas en su funcionamiento deben actuar, entre otros, de acuerdo con el principio de eficacia. De igual modo, el art. 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe actuar, entre otros, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa.

Asimismo, el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dentro del derecho a una buena administración, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos, en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados.

A tenor de la situación existente en esa provincia con respecto a la tramitación de los expedientes de PNC, y las circunstancias que nos expone en su informe, por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía deberán adoptarse sin más dilación las medidas extraordinarias que procedan con el fin de revertir esta situación y asegurar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones no Contributivas en el plazo establecido en las normas reguladoras de este procedimiento y evitar la acumulación de retrasos en su resolución.

Más aún, en las actuales circunstancias, ante la necesidad urgente de acceder a estas prestaciones por parte de muchas personas para poder atender necesidades básicas de subsistencia y que, previsiblemente, se van a ir incrementando en los próximos meses como consecuencia de los muy negativos efectos que va a traer consigo la pandemia que estamos viviendo.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 6/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, y a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, a la mayor urgencia posible, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para la resolución del expediente de Pensión No Contributiva de Jubilación de la persona promotora de la presente queja, así como para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de dichas Pensiones en esa provincia y garantizar la resolución de los mismos en el plazo legalmente establecido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar recomendando que se dicten las instrucciones que sean necesarias para que se proceda a la modificación de la Orden de 5 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las Becas 6000, para que se incluya como beneficiario de la beca a aquel alumnado que, cumpliendo el resto de requisitos exigidos, curse sus estudios en régimen de enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas, conforme a las excepciones establecidas en la Orden de 25 de mayo de 2012, por Ia que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar este régimen de las enseñanzas.

ANTECEDENTES

La persona interesada en el presente expediente de queja, madre de una alumna del Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, nos exponía que, para el curso 2018-2019, solicitó una Beca 6000, pero le fue denegada por estar cursando conjuntamente 1º de Bachillerato en la modalidad para personas adultas en un Instituto de la misma capital.

Se daban las circunstancias de que, a pesar de que para la realización del primer curso de bachillerato para adultos durante el curso 2018-2019 la alumna no cumplía el requisitos de edad para poder cursar esa modalidad, fue por resolución de fecha 10 de octubre de 2018 de la Delegación Territorial competente, y en aplicación de lo establecido en la Orden de 25 de mayo de 2011, que se le autorizó a matricularse en el curso, nivel y modalidad señaladas, justificando esta excepción el hecho de que en el Conservatorio Profesional señalado tan solo se imparten las enseñanzas cursadas por la alumna en horario de mañana, lo que resultaba del todo incompatible con que la alumna pudiera cursar Bachillerato en régimen ordinario.

Sin embargo, habiéndose acreditado por parte de la alumna estas circunstancias excepcionalísimas cuando presentó la solicitud de Beca 6000 para el curso 2018-2019, no habían sido tenidas en cuenta para su consideración como beneficiaria de la misma, entendiendo la interesada que también en este caso se debería haber considerado lo excepcional de su situación.

Como última cuestión, la interesada señalaba que con fecha 16 de agosto de 2019 había presentado recurso de reposición contra la denegación de la beca, sin que hubiera sido resuelto.

No obstante, e independientemente del retraso sufrido en la resolución de su recurso -y que debería ser solventada-, el interés de esta Institución era conocer el fondo de la cuestión, puesto que no sólo afectaba a alumna, sino que pudiera hacerlo a otros alumnos o alumnas que se pudieran encontrarse en sus mismas circunstancias.

Pues bien, siendo perfectamente ajustada a derecho la excepción de eximir a la alumna del requisito de la edad para que pudiera cursar Bachillerato para personal adultas, lo cierto es que, en coherencia, también se debería contemplar la misma excepcionalidad a efectos de la concesión de la Beca 6000, de modo que aún cursando excepcionalmente el Bachillerato de adultos, pudiera ser beneficiaria que la beca.

Así pues, tras solicitar a la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de información al respecto, se nos indicó que, puesta de manifiesto por esta Institución la incongruencia existente entre la Orden de 5 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las Becas 6000, y la Orden de 25 de mayo de 2012, por Ia que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial, se había solicitado informe jurídico al objeto de poder resolver el recurso presentado por la interesada. De igual manera, se analizaría, con carácter general, qué solución o soluciones podrían darse a este problema que, como se ha señalado, pudiera afectar a un importante número de alumnos y alumnas.

Posteriormente, conocido el contenido del informe jurídico señalado, y tras el análisis de la cuestión, procedimos a realizar las consideraciones que se expondrán a continuación, lo que justificó la formulación de la Resolución que también hacemos constar.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Beca 6000 se configura como una ayuda al estudio que tiene como objetivo facilitar la permanencia del alumnado que, cumplido los 16 años, desee continuar con sus estudios de bachillerato o formación profesional de grado medio. Su orden reguladora -Orden de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012- en su artículo 3.1.g) excluye, expresamente, que puedan ser beneficiarios quienes cursen las enseñanzas en régimen de adultos; estas dirigidas a las personas mayores de 18 años.

No obstante, la normativa reguladora de este tipo de enseñanza permite excepcionalmente que cursen las mismas a quienes todavía no hayan alcanzado dicha edad. En concreto, los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Orden de 25 de mayo de 2012, por Ia que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las modalidades presencial y semipresencial, establece lo siguiente:

«Artículo 3. Requisitos o condiciones de acceso.

(...)

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, excepcionalmente podrán, asimismo, acceder a estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis años, o que cumplan esa edad dentro del año natural en que comienza el curso escolar, que lo soliciten y que acrediten alguna de las siguientes situaciones:

a) Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena que no le permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario.

b) Ser deportista de rendimiento de Andalucía o de alto rendimiento o alto nivel.

c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación que le impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario, quedando incluidas en este supuesto las personas víctimas de la violencia de género y las víctimas de terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión.

3. Las personas mayores de dieciséis años internas en centros penitenciarios o de menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial podrán acogerse a las condiciones de excepcionalidad recogidas en el apartado 2.c) anterior.»

Por lo tanto, puestos en relación el artículo 3.1.g) de la Orden reguladora de la Beca 6000, con los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Orden reguladora del acceso a las enseñanzas de adultos, arriba transcritos, se dejan excluidos como beneficiarios de la beca ahora analizada a todos aquellos alumnos y alumnas que entre los 16 y 18 años, y aun cumpliendo el resto de requisitos exigidos para acceder a la ayuda al estudio, cursan sus enseñanzas en régimen de adultos acogiéndose a las excepciones legalmente establecidas.

Estas circunstancias, por lo tanto, producen una clara discriminación de parte del alumnado potencialmente beneficiario de la Beca 6000, ya que, pudiendo ser beneficiario de esta ayuda, no puede serlo en función del régimen en el que cursa sus estudios.

SEGUNDA.- Adquiere esta cuestión una singular relevancia si se tiene en cuenta que, además, gran parte del alumnado excluido es especialmente vulnerable y, por lo tanto, digno de mayor protección, puesto que entre este se encuentran, como señala la norma, personas adolescentes o jóvenes que por precariedad económica se ven obligados a trabajar a partir de los 16 años; que padecen enfermedades o discapacidad que no les permite estudiar en régimen ordinario; víctimas de la violencia de género y víctimas de terrorismo, y sus hijos e hijas; así como personas que se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión.

No se entiende, por lo tanto, que, como al principio se ha señalado, estando la Beca 6000 destinada a facilitar al alumnado que ha cumplido 16 años la permanencia en sus estudios de bachillerato o formación profesional de grado medio, queden excluidos aquellos que, pudiendo acreditar que cumplen todos los requisitos de carácter personal, económicos y académicos exigidos, se encuentran con el obstáculo de no poder realizar sus estudios en régimen ordinario.

TERCERA- En el caso concreto de la hija de la interesada, su situación se encuadraba en una de las excepciones establecidas en el apartado 2.c del artículo 3 transcrito «cualquier otra situación que le impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario», por lo que, a pesar de sus 16 años, acreditada la incompatibilidad horaria para poder realizar simultáneamente sus estudios de Danza -impartidos solo en horario de mañana en su Conservatorio- y los de Bachillerato en régimen ordinario -también impartido en horario de mañana- fue autorizada para matricularse en el régimen de personas adultas. Sin embargo, solicitada la Beca 6000, el motivo de la denegación fue, precisamente, estar cursando el Bachillerato para personas adultas.

En el informe jurídico emitido por la Secretaría General Técnica -y que compartimos en todos sus extremos- quedaba claramente puesto de manifiesto que, en aplicación del principio de inderogabilidad singular y el principio de legalidad, así como teniendo en cuenta el carácter reglamentario de las bases reguladoras de la Beca 6000, resultaba improcedente su concesión a la alumna interesada vía resolución estimatoria de su recurso de reposición, puesto que de hacerlo se estaría vulnerando el principio de legalidad, así como el principio de igualdad, al reconocer a la interesada una situación jurídica individualizada con incumplimiento de la normativa aplicable, sin dar el mismo tratamiento a otro alumnado que se ha podido encontrar en idénticas circunstancias. Señala dicho informe que solo a través de una modificación normativa podría solucionarse la causa de la objeción formulada -refiriéndose a esta Institución- correspondiendo a ese órgano directivo formular, si así lo estima, la propuesta que considere necesaria para ello.

CUARTA.- En definitiva, lo que se deriva del asunto objeto de debate es la existencia de una descoordinación entre dos reglamentos que impide, en el caso de la Beca 6000, que se alcance la finalidad que se pretende, y que no es otra que la de facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas mayores de 16 años en el sistema educativo aún cuando por determinadas circunstancias no pueda hacerlo en el régimen ordinario.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula esa Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se dicten las instrucciones que sean necesarias para que se proceda a la modificación de la Orden de 5 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las Becas 6000, para que se incluya como beneficiario de la beca a aquel alumnado que, cumpliendo el resto de requisitos exigidos, curse sus estudios en régimen de enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas, conforme a las excepciones establecidas en la Orden de 25 de mayo de 2012, por Ia que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para cursar este régimen de las enseñanzas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Recomendamos al Ayuntamiento de Andújar que, en caso de que el establecimiento denunciado siga sin disponer de licencia para terraza de veladores, se adopten las medidas necesarias para evitar su instalación. Asimismo, hemos recomendado que, para el supuesto de que se haya concedido ya licencia de veladores, se vigile para que cumpla con lo autorizado, especialmente en cuanto a número de veladores y la exacta disposición de los mismos en el espacio público o en el espacio privado de uso público; y para que igualmente se vigile que no invade espacio o zonas para las que no goza de licencia municipal y/o de autorización vecinal.

ANTECEDENTES

El propietario de una vivienda en esa localidad de Andújar, sita en (…), exponía en su escrito de queja la incidencia ambiental, en términos de contaminación acústica, que tenía que sufrir cada vez que residía en dicha vivienda, con motivo de la instalación de la terraza de veladores de un bar de los locales de la planta baja de la referida dirección. Al respecto, decía la queja que:

“... en Mayo de 2016 en un local de la planta baja pusieron un bar y lo que es peor, una terraza que ocasiona muchas molestias, pues está abierta desde las 8 h hasta las 2.30 h de la madrugada. Aunque la licencia del Bar denominado (...) sí nos la notificó el Ayuntamiento para que emitiéramos las oportunas alegaciones, sin embargo, no ha sido así con la licencia de la terraza como es preceptivo. En Agosto de 2016 solicité información sobre dicha terraza (documento 1), los cuales volví a pedir en repetidas ocasiones (documentos 2 y 3), así como otras solicitudes de inspecciones de las que nunca he tenido contestación y que si consideran oportuno se las envío. También le hemos enviado el pasado mes de marzo la prohibición de la comunidad del uso de los soportales que son de propiedad privada pero uso público con servidumbre de paso (documento 4). A día de todavía no hemos recibido respuesta.

Según he podido constatar en los servicios técnicos de Andújar, la solicitud de licencia de terraza está paralizada y por eso no nos lo han notificado a los vecinos para presentar alegaciones, aunque la misma sigue funcionando desde mayo de 2016 ininterrumpidamente desde la 8 de la mañana hasta las 2.30 h de la noche.

En ningún caso podrán decir que no saben de su existencia, pues no solo están las solicitudes de información sobre dicha terraza que he realizado, sino que la misma está en (...) (Jaén) y el Ayuntamiento en el nº 1 de la misma plaza y es habitual ver a miembros de la Corporación en dicho establecimiento. También, al no estar la licencia resuelta no puedo actuar contra ella por las molestias que me causa”.

Así expuesta la queja, fue admitida a trámite con fecha de (...) de octubre de 2017, en la que nos dirigimos al Ayuntamiento solicitando el preceptivo informe para conocer en qué situación administrativa se encontraba la referida terraza de veladores objeto de esta queja y, en su caso, si había sido debidamente autorizada, supuesto en el cual interesábamos que se nos remitiera copia de la resolución autorizatoria y de los informes técnico y jurídico que se hubieran emitido para dicha autorización.

Asimismo, pedíamos que se nos informara qué medidas se iban a tomar, o se hubieran tomado, en caso de que se confirmase que la terraza de veladores en cuestión no estaba autorizada, o que se excedía respecto de la autorización concedida.

Finalmente, pedíamos que se diera expresa respuesta a los escritos presentados por el interesado y por la Comunidad de Propietarios a la que pertenece, y que se nos informase al respecto.

La respuesta a nuestra petición de informe la recibimos el (...) de agosto de 2018, esto es, casi diez meses después de haberlo solicitado, y tras tener que reiterar nuestra petición de informe tres veces por escrito más una telefónicamente. En concreto, se nos envió comunicación con registro de salida (...), de (...) de agosto de 2018, Origen Servicios e Infraestructuras Urbanas, Ref. (...).

En dicha comunicación, tras hacernos una relación de todas las actuaciones seguidas en este asunto desde el (...) de mayo de 2016 hasta aquel momento, se finalizaba indicando que el (...) de mayo de 2018 se había dictado resolución de inicio de procedimiento sancionador, y que el (...) de julio de 2018 se había emitido informe de policía local acerca de la ocupación de la vía pública con veladores del citado local (...).

Asimismo, se nos daba cuenta de que para dictar la resolución para el año 2018 faltaba el dictamen de la Comisión de Estética y Patrimonio, “que esperamos tener disponible en breve, que dará lugar a la correspondiente resolución, que ya sea favorable o desfavorable, le será remitida al Defensor del Pueblo Andaluz. Asimismo, se deberá tener en cuenta la evolución del expediente sancionador y a la adopción de las medidas correctoras, para conseguir el aislamiento mínimo legal Tipo 1 (art. 33 -Decreto 6/2012)”.

Dimos cuenta de esa comunicación al promotor de la queja para que presentara alegaciones, y en este sentido el interesado formuló las siguientes:

1.- Que la autorización de la Comunidad de Propietarios que el titular del bar había presentado en ese Ayuntamiento “no corresponde a la Comunidad de (...) donde está ubicado el bar y casi toda la terraza”, sino que “corresponde a la Comunidad de (...) no siendo en sí una autorización sino “una información del uso de los soportales de (...) y cuyo espacio ocupado es marginal”.

2.- Que el (...) de agosto de 2018 había presentado un escrito en ese Ayuntamiento donde solicitaba que se incluyera en el expediente administrativo la no autorización de la Comunidad de Propietarios (…) para la instalación de la terraza de veladores, acompañado de acta de Junta General de propietarios de (...) de junio de 2018 donde se volvía a denegar el uso.

3.- Que no comprendía cómo, a pesar de que obraba informe policial desaconsejando la autorización para veladores por obstruir el paso de peatones, se autorizaba por el Ayuntamiento en contra de dicho informe, y posteriormente se ampliaba el número de veladores autorizados, así como de las estufas instaladas.

A la vista de estas alegaciones, así como teniendo en cuenta que se tramitaba entonces expediente sancionador en ese Ayuntamiento, con fecha de (...) de octubre de 2018 solicitamos de nuevo su colaboración con objeto de conocer qué decisión se había tomado sobre la terraza de veladores del bar objeto de queja, visto que la Comunidad de Propietarios de (...) había denegado expresamente el uso de los soportales para terraza. Asimismo, interesábamos que se nos informase del estado de tramitación del expediente sancionador así como de las medidas correctoras que se adoptasen.

En respuesta, recibimos comunicación con registro (...) de enero de 2019, Área Servicios e Infraestructuras Urbanas, Asunto Contestación al Defensor del Pueblo (...) junto con una serie de documentos de los que se desprendía lo siguiente:

1) Que se había dictado con fecha (...) de noviembre de 2018 una resolución sancionadora contra el establecimiento (…), por la no adopción de medidas correctoras en materia de protección contra el ruido. En concreto, la sanción era de 601.-euros y el expediente sancionador se había incoado tras una denuncia del promotor de la queja.

2) Que el titular del establecimiento había presentado en el Ayuntamiento un informe de adopción de medidas correctoras, consistentes en esencia en el refuerzo del aislamiento del techo desmontando previamente el falso techo decorativo y aplicando sobre el techo acústico una plancha de Copopren Plus 80 kg/m³.

3) Que en cuanto a la instalación de mesas y sillas en la terraza del establecimiento mencionado, y de otros establecimientos de la ciudad, aún estaba pendiente la celebración de la Comisión de Estética y Patrimonio, para que fueran dictaminados, tal y como establecía la Ordenanza reguladora de la instalación de mesas y sillas en Andújar.

Con estos nuevos datos seguíamos sin ser informados acerca de la autorización otorgada para terraza de veladores a este bar, visto que la Comunidad de Propietarios (...) le había denegado expresamente el uso de soportales para terraza.

A la vista de ello, y con independencia de la celebración de la Comisión de Estética y Patrimonio del Ayuntamiento, en fecha (...) de marzo de 2019 dirigimos nueva petición de informe trasladando nuestra consideración de que, al denunciarse un problema de ruidos generados por una terraza de veladores, con las circunstancias antes referidas, debía adoptarse ya una decisión en torno a dicha terraza, puesto que ya entonces llevábamos tramitando este expediente desde octubre de 2017, sin que hasta aquel momento se hubiera decidido nada al respecto en cuanto al fondo esencial del problema, el cual, insistíamos, era el ruido de la terraza de veladores.

Además de esa consideración, tuvimos también que recordar que ya obraba informe de policía local, de (...) de agosto de 2016, advirtiendo que “No procedería autorizar los 6 juegos de mesas y sillas que solicita sobre el acerado existente entre los jardines, la calzada y los soportales de titularidad privada, dado que actualmente vienen instalando mesas y sillas en los soportales privados del acceso público (no sujetos a autorización previa) y de autorizar en la zona de acerado público, el paso de peatones quedaría cortado”.

Por ello, en esa fecha del (...) de marzo de 2019, dirigimos petición de informe al respecto, previa la adopción de la decisión que se estimase procedente en Derecho en vista de las circunstancias que concurrían, tanto del propio promotor de la queja, como de la Comunidad de Propietarios (...), como visto el informe de la policía local.

Esta última petición de informe del (...) de marzo de 2019. la hemos reiterado posteriormente mediante escritos enviados en fechas (...) de abril y (...) de junio de 2019, además de mediante llamada telefónica de fecha (...) de septiembre de 2019, en la que se mantuvo conversación con personal del gabinete de alcaldía. Sin embargo, lamentablemente hasta el momento no hemos tenido respuesta.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Andújar, al no enviarnos el tercer informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, más una telefónicamente, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de este tercer informe no ha impedido a esta Institución analizar el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (EAA).

De acuerdo con ello y en lo que afecta al fondo del asunto objeto de esta queja, y partiendo de la base de que no se nos ha envido el tercer informe solicitado, hemos de suponer que ya se habrá celebrado la Comisión de Estética y Patrimonio, para que fueran dictaminados, tal y como establecía en la Ordenanza reguladora de la instalación de mesas y sillas en Andújar. Hemos de suponer también que en la decisión finalmente adoptada se habrá tenido en cuenta el informe policial de (...) de agosto de 2016 antes reproducido, así como la denegación de la autorización por parte de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en (...) de esa localidad.

Llegados a este punto y para el supuesto de que este problema siga en el mismo estado que dio lugar a la tramitación de esta queja, hemos de recordar a ese Ayuntamiento el derecho a una buena administración previsto en el artículo 31 del EAA. Dicho derecho consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, pueden recordarse los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), singularmente los de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

Del mismo modo, debe recordarse que los municipios ostentan competencias en materia de policía y disciplina de actividades, así como de ocupación del espacio público y de protección contra la contaminación acústica. Estas competencias, como recuerda el artículo 8 de la LRJSP, son irrenunciables.

De la aplicación conjunta de estos preceptos legales al caso objeto de esta queja, y partiendo de la premisa de que no se ha emitido el tercer informe sobre el fondo del asunto cuestionado, puede decirse, salvo que se nos acredite suficientemente lo contrario, que el Ayuntamiento de Andújar ha venido permitiendo el funcionamiento de la terraza de veladores objeto de esta queja al margen de la normativa, tal como ha venido denunciando el afectado.

Ello, al margen de no haber prestado con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en este concreto caso, una colaboración acorde con las exigencias del deber previsto en el artículo 19.1 de la LDPA.

A la vista de estos Antecedentes y Consideraciones, y al amparo del artículo 29 de la LDPA, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del derecho a una buena administración, previsto en el artículo 31 del EAA, que consiste, entre otras facultades, en que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable, así como de los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas previstos en los artículos 3 de la LRJSP y 6 de la LBRL, en especial de los principios de eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos y legalidad.

RECORDATORIO 2 De que los municipios ostentan competencias en materia de vigilancia y disciplina de actividades e instalaciones, y en materia de ocupación de la vía pública y de protección contra la contaminación acústica, y de que dichas competencias, como recuerda el artículo 8 de la LRJSP, son irrenunciables.

RECOMENDACIÓN 1  para que, en caso de que el establecimiento objeto de esta queja aun no dispusiera de licencia para la instalación de veladores, se adopten las medidas necesarias para evitar la instalación de los mismos, en caso de que se proceda a la reapertura tras permitirlo las medidas dictadas al amparo del estado de alarma.

RECOMENDACIÓN 2 para que en caso de haberse concedido licencia de veladores al referido establecimiento, se vigile para que cumpla con lo autorizado en la misma, especialmente en cuanto a número de veladores y la exacta disposición de los mismos en el espacio público o en el espacio privado de uso público; y para que igualmente se vigile que no invade espacio o zonas para las que no goza de licencia municipal y/o de autorización vecinal.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz