La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 20/7850

La persona reclamante exponía que el Ayuntamiento de Cádiz le había requerido bajo apercibimiento de sanción la realización de obras de seguridad en la fachada de un inmueble de su propiedad, por lo que solicitó licencia de ocupación de la vía pública en fecha 23 de septiembre de 2020, necesaria para el inicio de dicha obra, aportando la documentación correspondiente, sin obtener respuesta pero volviendo a recibir requerimiento de la Gerencia de Urbanismo con apercibimiento de incoación de expediente sancionador y multas coercitivas.

Admitida a trámite la queja, únicamente a los efectos de que la Administración diera respuesta expresa al escrito presentado por el interesado, es decir, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el mismo, interesamos de la citada Gerencia Municipal la necesidad de su resolución expresa, informándonos al respecto.

En la respuesta municipal emitida se nos comunicó que ya había sido aprobada la ocupación de la vía pública con elementos auxiliares y notificada a la persona reclamante, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 21/1684

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a recurso de reposición sin proveer, la Fiscalía Provincial de Huelva nos traslada la siguiente información:

"… Que en dicho procedimiento se dictó Auto de fecha 15-11-19 firmado digitalmente el día 20 siguiente, y notificado al interesado con fecha 26-11-2019, presentándose ese mismo día escrito solicitando la aclaración o complementación de dicha resolución en virtud del art. 215 de la LEC, en el sentido de comunicar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la referida obligatoriedad.

Que posteriormente ... se dictó por parte del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado nueva Diligencia de Ordenación de fecha 7 de febrero de 2020, con el siguiente tenor: "Siendo firme la resolución recaída en las presentes actuaciones, por no haberse interpuesto recurso contra la misma dentro del plazo lega, archivese DEFINITIVAMENTE el presente procedimiento".

… Contra la anterior Diligencia de Ordenación de fecha 7 de febrero de 2020, se interpuso por parte de la representación legal de Don (…) recurso de reposición de fecha 13 de febrero de 2020, solicitando se dejara sin efecto la resolución recurrida y en su lugar se acordara la admisión del escrito de esa parte de 26 de noviembre de 2019 solicitando la aclaración del Auto de 15 de noviembre de 2019, continuando dicho procedimiento por sus restantes trámites legales.

Dicho recurso de reposición fue proveído en virtud de Diligencia de Ordenación de fecha 22 de junio de 2020, ... conferido traslado del citado recurso de reposición, se formuló por parte del Ministerio Fiscal escrito de fecha 15 de julio de 2020, en el que se interesaba la remisión de los autos originales a los efectos de comprobar lo manifestado por el recurrente en su escrito y poder contestar al mismo.

Examinadas las actuaciones se comprueba que dicho escrito de fecha 15 de julio de 2020 formulado por el Ministerio Fiscal, contiene un error tipográfico, puesto que, a pesar de identificar el procedimiento correctamente (causa núm. 670/19), sin embargo en su encabezamiento se dirige por error al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de La Palma del Condado (en lugar del n° 2, como sería lo correcto).

… A la vista de todo lo manifestado anteriormente, en aras a la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, y en cumplimiento de las funciones que le encomienda al Ministerio Fiscal el artículo 124 de la Constitución Española, en la misma fecha del presente informe se ha procedido a remitir escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de La Palma del Condado (Medidas Provisionales Previas 670/2019), poniendo en conocimiento Io sucedido en dicho procedimiento y solicitando la remisión de los autos originales a los efectos de contestar al recurso de reposición en su día planteado”.

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, por lo que, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Queja número 20/3096

La persona reclamante exponía que vivía en Matalascañas y tenía detrás de su casa una zona verde que cuando llovía le entraba arena y agua y se le estaba rajando un muro. Venía reclamando al Ayuntamiento desde el 2016, sin resultado. Mencionaba que tendría que contratar una empresa y retirar arena para salvaguardar su vivienda.

Admitida la queja a trámite, solicitamos al Ayuntamiento de Almonte que nos mantuviera informados de las medidas que tuviera previsto adoptar tanto para la retirada de la arena que entraba en la propiedad de la persona interesada desde el terreno municipal, como para evitar que esa circunstancia siguiera produciéndose en el futuro.

En la respuesta emitida se exponía, en síntesis, que pese a actuaciones de contención del talud efectuadas en 2018, lo cierto era que no habían dado resultado, por lo que se había instado al Departamento de Urbanismo la emisión de nuevo informe y que, en base al mismo, se actuaría. También se indicaba que la persona afectada había presentado una reclamación de cantidad por las actuaciones que había debido afrontar que se estaba tramitando.

De acuerdo con ello, interesamos que se nos mantuviera informados del contenido del nuevo informe a emitir por el Departamento de Urbanismo, así como del plazo aproximado en el que podrían acometerse las actuaciones de estabilización que el mismo contuviera. También de la resolución que se adoptara ante la reclamación de cantidad formulada.

Posteriormente se nos comunicó que el Departamento de Urbanismo había emitido informe dando cuenta de las alternativas posibles para solucionar el problema, añadiendo que tales propuestas debían ser estudiadas por los Departamentos de Obras Municipales y los Servicios Técnicos municipales y que el plazo de ejecución de la solución por la que se optara dependería de la redacción y aprobación del proyecto y de la necesaria disponibilidad presupuestaria.

Y en el último informe emitido se recogía que en el Departamento de Obras constaba redactado el correspondiente Proyecto de urbanización del tramo que nos ocupaba con el objeto de que pudiera licitarse la ejecución de las obras. Dicho proyecto terminó de redactarse en enero de 2020 y había sido remitido a la concejalía correspondiente para la autorización y posterior aprobación del gasto, encontrándose en la actualidad en trámites de aprobación del gasto para la posterior licitación de las obras, habiendo sido todo ello comunicado a la persona solicitante.

En vista de lo anterior, considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 20/4542

La persona reclamante exponía que había formulando reiteradas peticiones al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache por el estado de abandono y suciedad de un solar colindante con su domicilio, que estaba invadido de roedores e insectos y crecían maleza y raíces originando humedades que afectaban a la estructura de su vivienda, conllevando daños y perjuicios a nivel de salud pública, sin que el Ayuntamiento hiciera cumplir las resoluciones dictadas a la propiedad para que mantuviera el solar en las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad y todo ello a pesar de sus requerimientos reiterados ante la situación de inseguridad que padecía.

Admitida la queja a trámite solicitamos al Ayuntamiento que nos indicara las razones por las que, pese a las resoluciones dictadas para que la propiedad mantuviera el solar en las adecuadas condiciones, éste siguiera sin adecentarse y ocasionando una grave situación de inseguridad. Igualmente, deseábamos conocer si se habían impuesto multas coercitivas por incumplimiento de la propiedad y, de ser así, si se habían cobrado y si se había estudiado la ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas.

En la respuesta municipal, tras exponer las numerosas actuaciones y avatares que habían afectado a la tramitación de este asunto, se nos indicaba que, con la intención de darle la máxima celeridad e impulso, se había iniciado con fecha 25 de agosto de 2020 nuevo expediente de orden de ejecución.

De esta información dimos cuenta a la persona interesada para que formulara las alegaciones o consideraciones oportunas, a lo que procedió exponiendo que el Ayuntamiento iba a ejecutar las obras de saneamiento del solar por ejecución subsidiaria pero el presupuesto se había tenido que aumentar y todavía no se habían realizado las obras, aunque las molestias que se producían en su vivienda continuaban. Por ello, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento interesando que se nos mantuviera informados de la resolución que, finalmente, se dictara en el nuevo expediente de orden de ejecución y, en su caso, de la fecha aproximada en que podrían dar comienzo las obras que se ordenaran.

En la respuesta municipal proporcionada se informaba que se había emitido Resolución final del expediente de orden de ejecución y que una vez notificada, la entidad que aparecía como nueva propiedad del solar tendría el plazo de 20 días para la realización de las obras que se dictaban y/o en su caso presentar el recurso pertinente.

Considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluida nuestras actuaciones.

Queja número 21/0320

La persona reclamante manifestaba que desde hacía más de 20 años, los vecinos de la zona de la "Fuente de Colores" de Teatinos, Málaga, venían reclamando la ejecución de la zona verde SG-T.4 en Teatinos, al sur de la Avenida de Jorge Luis Borges, entre la calle Frank Capra y la Autovía del Mediterráneo A7, soportando, por tanto, todo ese tiempo, la situación de abandono derivada de la inacción del ayuntamiento.

Ya en 2003 hicieron llegar incluso una propuesta para dicha ejecución a la Junta de Distrito (que entonces era la de Humilladero), habiendo reclamando en múltiples ocasiones posteriores a través de la comunidad de vecinos y de la asociación de vecinos. También en 2015 reclamaron a un partido político su implicación para tal ejecución. En 2016 volvieron a reclamar a la Junta de Distrito 11 (distrito al que ya en ese momento correspondía la parcela) la ejecución de la obra.

En 2019, como comunidad de vecinos, volvieron a reclamar la ejecución de la zona verde SG-T.4; en esta ocasión tuvieron una reunión con el Director del Distrito, quien les comunicó que ahí se planteaba hacer un "bosque urbano", pero continuaba sin hacerse absolutamente nada.

Esta situación les había deparado ruido, suciedad, ratas, etc., problemas que afectaban a su vida día a día, que hacían que sus domicilios y edificios estuvieran continuamente sucios, que respiraran el polvo que se levantaba en esa “zona verde” por culpa de no haber sido ejecutada aún y por el uso inadecuado que se le había dado durante todos estos años.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y recibido éste se nos indicaba que desde la Junta Municipal de Distrito Núm.11 de Teatinos Universidad, tenían conocimiento que el proyecto de ejecución de la zona verde SG-T.4 de Teatinos, denominado PARQUE FORESTAL se encontraba en fase de redacción por parte de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Sabiendo de los problemas de suciedad y ratas, nos informaban que utilizarían sus recursos, dentro de su ámbito competencial de conservación y mantenimiento, como respuesta a la demanda realizada.

Se nos decía también que en la zona situada en la confluencia de Avda. Jorge Luis Borges con la calle Frank Capra, existía un proyecto para la ejecución de una Jefatura de Policía Local que ocuparía gran parte de dicha parcela, lo cual reduciría las molestias de suciedad y polvo de las viviendas más cercanas.

A la vista de lo informado, y aunque aún se tratara de un proyecto en ciernes, dado los trámites que aún podía conllevar hasta que se acometiera su efectiva ejecución, no se aconsejaba que el expediente permaneciera abierto hasta ese momento, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto por el que se había acudido a esta Institución se encontraba en vías de solución.

Queja número 20/6000

En relación con escrito presentado en esta Institución referente a carencias en la atención médica en el CP Sevilla II, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:

“Desde junio hasta agosto de 2020, en el Centro penitenciario Sevilla II, sólo se ha podido prestar asistencia médica urgente, debido a que había tres facultativos en activo; desde septiembre hasta finales de octubre de 2020, hubo cuatro facultativos en activo.

Cuando el interno solicita ser atendido, el médico de urgencias acude al Módulo de aislamiento a visitarlo. No hay constancia de solicitud, por parte del interno, de atención médica con carácter de urgencia en las fechas referenciadas en su queja”.

Una vez estudiada la respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en las que se acredita la incorporación de nuevos médicos para poder dar una correcta cobertura a la población reclusa de Sevilla II y que, según nos indican, fue visitado en cita de urgencia tras su solicitud, no constando instancias sin atender, damos por concluidas nuestras actuaciones y procedemos al cierre de este expediente de queja.

El Defensor del Menor en Andalucía valora la aprobación de la ley nacional de protección a la infancia

· Destaca la ampliación del tiempo de prescripción por delitos de abuso sexual y que los menores puedan declarar una sola vez.

· Debate con su Consejo de Participación de menores el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado hoy la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la ley de protección de la infancia, tras su paso por el Senado. Jesús Maeztu ha destacado algunos de los aspectos incorporados, solicitados también durante años por el Defensor del Menor, organismo que vela por la promoción y garantía de los derechos de los niños y niñas.

Entre ellas, Jesús Maeztu ha destacado la ampliación del tiempo de prescripción de los abusos sexuales. “Antes a los 18 años tenía cinco años para que no prescribiera, pero ahora pasa a 35, más cinco de prescripción; hasta los 40 no prescribe y si es muy grave hasta los 55 años”, ha explicado. Para el Defensor del Menor es muy importante también que la ley haga obligatoria la prueba preconstituida –que se pueda grabar el testimonio de la víctima para evitar su revictimización y el maltrato del testimonio– para los menores de 14 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, “algo que hemos pedido mucho”.

Entre otras cuestiones, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado además la prohibición de difusión de imágenes de menores fallecidos sin consentimiento expreso de sus padres; la prohibición de la contención mecánica salvo casos muy excepcionales y, en tal caso, utilizando material homologado; o la prohibición de desnudos integrales para pruebas determinación de la edad, lo que afecta a menores extranjeros.

“Ya tenemos una ley que protege más a los menores contra la violencia, y pone por delante el interés superior del menor. Hoy tengo una herramienta mucho más fuerte, y se complementará con la ley andaluza”, ha enfatizado Jesús Maeztu, que ha valorado también la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil.

De hecho, el Defensor del Menor de Andalucía ha mantenido hoy un encuentro en Granada con su Consejo de Participación de Menores para analizar el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas. Las conclusiones de este trabajo se expondrán en un encuentro internacional de consejos de participación de menores en Atenas en julio bajo el título “Hablemos de Jóvenes”.

El Defensor del Menor ha manifestado que muchos jóvenes han sufrido directamente o en algún familiar las peores consecuencias de la pandemia, sobre todo, en los casos de fallecimiento. También para otros, que venían padeciendo algún tipo de discapacidad psíquica su encierro ha sido doblemente perjudicial. Muchos han visto amenazado su derecho a la educación al no disponer en sus hogares de ordenadores ni conexión a internet para poder seguir unas clases que pasaron a ser online. La brecha digital en la educación ha acrecentado la desigualdad entre quienes tienen y no tienen acceso a internet; entre familias con competencias digitales y las que carecen de ellas. Además de las amenazas de otros derechos como el derecho a la protección con un aumento de las situaciones de maltrato y violencia en muchas familias; el derecho al ocio y al deporte o el derecho a la vivienda al no disponer de hogares con las condiciones mínimas de habitabilidad, entre otros.

El Consejo de Menores del Defensor es un órgano de participación que trabaja con la Institución en la promoción de los derechos de los niños y niñas. Cada dos año se renueva este Consejo que está compuesto por ocho menores -uno en representación de cada provincia-, designados por el Defensor del Menor de Andalucía entre el alumnado andaluz, los miembros electos de los Consejos Locales infantiles y juveniles constituidos en los Ayuntamientos o personas menores representantes de Asociaciones infantiles o juveniles de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz advierte de la brecha digital como una nueva forma de exclusión social que “amenaza nuestros derechos”

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de la brecha digital como una nueva forma de desigualdad, de discriminación y de exclusión no solo para determinados colectivos sociales, sino incluso para personas con competencias digitales que se ven incapaces de hacer uso de unas herramientas tecnológicas cada vez mas complejas y que se han vuelto indispensables para ejercer con plenitud los derechos y para disfrutar de las ventajas que ofrece la nueva sociedad digital.

“La nueva sociedad digital nos ofrece un mundo de oportunidades y ventajas, pero también es una fuente de riesgos y peligros que amenazan nuestros derechos y ponen en cuestión nuestras libertades”, ha afirmado el Defensor del Pueblo andaluz en la inauguración de la Jornada organizada por este comisionado parlamentario Brecha digital. Los nuevos excluidos, y en la que ha intervenido el consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Para Jesús Maeztu, “vivimos ya en una sociedad digital y quienes no son capaces de integrarse plenamente en la misma están condenados a la pobreza y la exclusión social, y por lo tanto a más desigualdad”, una afirmación que podría parecer exagerada o alarmista, pero que, en su opinión, se ha evidenciado como consecuencia de la pandemia por COVID-19. “Durante el confinamiento, la sociedad digital ofreció una vía, a veces la única, para ejercer derechos tan esenciales como la educación o la salud; trabajar y evitar el colapso económico; relacionarnos con nuestros seres queridos o disfrutar de momentos de ocio y esparcimiento”, si bien el Defensor ha añadido que, al mismo tiempo, este tiempo evidenció también las graves consecuencias para amplios sectores de la población, ya que “el acceso a la nuevas tecnologías, que conforman la puerta de entrada a la sociedad digital, no está al alcance de todos”.

Entre estas consecuencias, el también Defensor del Menor de Andalucía ha subrayado las carencias en la educación para esos niños y niñas que viven en hogares en situación de vulnerabilidad y no tienen internet, dispositivos adecuados o sus familias carecen de competencias digitales. Asimismo, Jesús Maeztu ha añadido otros “nuevos excluidos” como personas mayores que carecen de habilidades digitales o que reivindican su derecho a seguir ejerciendo sus derechos de forma analógica; los habitantes de zonas rurales con falta de conectividad; las dificultades tecnológicas para personas con algún tipo de discapacidad, o la denominada brecha digital de género de las mujeres que se ven discriminadas en el acceso a los recursos tecnológicos, entre otros.

Por ello, el Defensor ha ido más allá de entender como nuevos excluidos a colectivos que ya estaban en situación de exclusión o próximos a caer en ella, para extenderlo “a personas que, aunque cuentan con conocimientos y habilidades básicas en el uso de las nuevas tecnologías, desconocen el alcance real de su utilización en los procesos de toma de decisiones que les afectan e ignoran las implicaciones que tienen para nuestra vida diaria y para nuestros derechos y libertades”. De esta manera, para el Defensor del Pueblo andaluz es fundamental apostar por la alfabetización digital para evitar que las personas en riesgo de exclusión se vean privados de las herramientas necesarias para su desarrollo personal y su progreso social y económico. “Pero es igualmente importante propiciar la capacitación digital de todas las personas que conforman la sociedad para evitar que las decisiones que afectan a nuestro futuro y a nuestros derechos y libertades sean adoptadas sin nuestro pleno conocimiento y sin nuestra participación activa”, ha concluido el Defensor.

 

JORNADA BRECHA DIGITAL

Tras la inauguración, se celebra la ponencia Una ética para la sociedad digital a cargo de Itziar de Lecuona, profesora agregada del Departamento de Medicina y Directora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona, presentada por Miguel Paneque, secretario general del Defensor del Pueblo andaluz.

La primera mesa redonda abordará Las múltiples facetas de una nueva forma de exclusión, moderada por Ignacio Aycart, asesor del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Daniel Salvatierra, Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; José Antonio Rodríguez, diputado por Granada en el Congreso y ex-alcalde de Jun; Auxiliadora González, profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide; Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) y profesor del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide; y Juan Luis Cruz , Director General del Consorcio Fernando de los Rios, organismo adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

La segunda mesa redonda trata sobre la Brecha digital en el ámbito educativo, moderada por María Teresa Salces, asesora del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Manuel Jesús López, Inspector jefe de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía; Raúl Gómez, miembro del Consejo de Asuntos de Menores y director del CEIP Ibarburu de Dos Hermanas; Javier Cabrera, técnico de sensibilización y políticas de infancia de Save The Children, y Leticia Vázquez, presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado por la Educación Pública (Codapa).

El Defensor lamenta las muertes de dos personas tras un incendio en un asentamiento y hace un llamamiento a la coordinación

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, lamenta las trágicas muertes de dos personas tras el último incendio ocurrido en Lucena del Puerto (Huelva) y muestra su preocupación por la situación de estos asentamientos irregulares y los incendios que se han producido recientemente en Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Jesus Maeztu ha querido también mostrar su apoyo a los municipios afectados con los que mantiene contacto a través de su Área para los asunto de Extranjería, en concreto con el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, al que hemos transmitido nuestra preocupación y consternación por la muerte de estas personas.

Ante esta dramática situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a hacer un llamamiento a la coordinación de todos los agentes implicados en un doble sentido.

De una parte, para articular una respuesta de mínimos que permita atender las situaciones de emergencia como los siniestros o las situaciones de pandemia. En este sentido, el Defensor ha lamentado las consecuencias de estos incendios que año tras año se producen en los asentamientos, y que dejan a las personas afectadas sin sus enseres, sin un techo y con pérdidas de la documentación necesaria para sus trámites administrativos, cuando no la trágica pérdida de vidas humanas, como lamentablemente ha resultado en este último siniestro.

Y, de otra parte, Jesús Maeztu ha pedido una coordinación permanente para erradicar estos asentamientos irregulares garantizando la atención de estas personas en condiciones dignas, desde una perspectiva laboral, habitacional y de integración social.

Para la Institución urge una actuación conjunta y específica, tal y como se ha manifestado ante el Parlamento de Andalucía donde ha reiterado una vez más su preocupación por la situación de la población residente en estos núcleos y la necesidad de regularizar esta mano de obra necesaria y trabajar en la integración de estas personas. Una preocupación que también ha trasladado al Defensor del Pueblo estatal dentro del ámbito de sus competencias y colaboración con la Defensoría.

Desde sus primeras actuaciones, la Defensoría ha mantenido una línea de trabajo consciente de que las soluciones superan a cada uno de los municipios afectados, siendo una tarea de las administraciones locales, autonómicas y central en la provincia, junto al sector empresarial, entidades del tercer sector y la propia población afectada. Fruto de ello, el Área de Extranjería del Defensor trabaja actualmente en una ronda de reuniones con los municipios para conocer de primera mano la situación de este flujo de personas y las actuaciones que se están implementando en cada territorio.

 

El Defensor del Pueblo andaluz muestra su preocupación por la llegada de inmigrantes

Como Defensor del Pueblo andaluz, transmito mi preocupación por la llegada improvisada y masiva de miles de personas a las costas españolas en las últimas semanas, especialmente y en calidad de Defensor del Menor de Andalucía, de cientos de jóvenes y menores de edad sin compañía de un adulto.

Andalucía conoce bien esta situación; no somos ajenos a lo que está sucediendo en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en las últimas semanas en Canarias. Me encuentro en comunicación permanente con las autoridades nacional y autonómicas y con mis homólogos en el conjunto de la Nación para hacer frente a esta situación que desborda la planificación y los sistemas de acogida ante las migraciones de personas.

Nos encontramos ante un problema humanitario que requiere de la intervención del Estado y de la Unión Europea, al igual que reclamamos esta cooperación y colaboración en las crisis que se han venido sucediendo en Andalucía en ciclos pasados con la llegada masiva de adultos y de menores extranjeros. Estamos hablando de la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que es necesaria la articulación de un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades.

Esta necesidad se recoge en la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve Defensores del Pueblo autonómicos y el Defensor estatal, que persigue que se garanticen la acogida, la integración y cooperación de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados. Renuevo, hoy pues, esta declaración resultante de las 34 Jornadas de Coperación de los Defensores del Pueblo de España con el fin de que se garanticen las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad y exigir que estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia de la autonomía que hayan alcanzado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

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