La sociedad de cazadores de un municipio sevillano, ante la escalada en el clima de tensión originado como consecuencia de la lucha contra el furtivismo, acudió al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando nuestra actuación para que las Administraciones Públicas competentes adoptaran mayores medidas de vigilancia y control para evitar situaciones de peligro para la seguridad e integridad física de las personas. Tras nuestra actuación, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla nos dijo que la Guardia Civil iba a estudiar el asunto para evaluar la implementación de medidas adicionales en materia de seguridad. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, titular de parte del coto, nos trasladó que se iban a adoptar nuevas medidas adicionales a las ya puestas en marcha para tratar de controlar la situación.
Acudió a esta Institución una sociedad de cazadores de un municipio sevillano, inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, trasladándonos que la sociedad, que tiene 270 socios aproximadamente, es titular de cuatro cotos de caza, dos de ellos ubicados sobre montes de titularidad pública (donde se practica caza mayor y menor), otro de ellos en terrenos titularidad del Ayuntamiento y el último sobre fincas particulares cedidas al efecto (en estos dos últimos cotos sólo se practica caza menor).
Pues bien, los problemas por los que han solicitado la colaboración de esta Institución, e incluso han sido atendidos personalmente para conocer con detalle la gravedad de la situación, está relacionado, al parecer, con la caza furtiva en la localidad, que ha tenido especial incidencia desde hace muchos años en la zona. La actual junta directiva de la sociedad de cazadores, elegida en el año 2004, tenía como uno de los principales retos la lucha contra la caza furtiva, adoptando todo tipo de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa, lo que pronto llevó a sus miembros a enfrentamientos con determinadas personas, en algunos casos socios del club y en otros casos personas cercanas a aquellos, pero conocidos en la localidad como cazadores furtivos.
El enconamiento de estos enfrentamientos entre la junta directiva y aquellas personas que presuntamente ejercían la caza furtiva en los cotos llevó a una serie de acontecimientos, como el incendio de buena parte de los montes de la zona en Julio de 2004, amenazas con el rostro cubierto y con armas a los guardas forestales realizadas generalmente de noche, etc. Todo ello se denunció ante la Guardia Civil, la Consejería de Medio Ambiente y la Delegación del Gobierno, sin que se hubiera conseguido algún resultado visible o al menos se hubiera rebajado la tensión.
Más recientemente, y dentro de este clima de conflicto, habían vuelto a suceder nuevos acontecimientos que, según nos comentaban en la queja, temían que pudieran acabar en desgracia: habían aparecido pintadas injuriosas en la sede social de la sociedad y en otros lugares del pueblo, se habían producido daños en bienes del presidente de la sociedad y de otros miembros de la junta directiva, robo de enseres en la sede del club y, sobre todo, el incendio, al parecer provocado, de la propia sede del club, ardiendo un vehículo y dos remolques. Todos los hechos también habían sido debidamente denunciados, pero la dificultad y/o imposibilidad de conocer a sus autores impedía el éxito de las denuncias.
Tras dirigirnos a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta nos ha comunicado que en las últimas décadas, la caza furtiva ha pasado a ser una actividad organizada que la practican auténticas “mafias”, como lo demuestra, por ejemplo, el informe sobre actividades realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) del año 2012 y, por ello, los agentes de Medio Ambiente, de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y de las Policías Locales realizan actuaciones conjuntas de vigilancia, disuasión e investigación al objeto de colaborar con la justicia en la lucha contra estas actividades ilícitas.
A estas actividades también se suman los responsables de los cotos, a través de los Guardas de Caza que, en el caso concreto de la sociedad de cazadores que presentó la queja, eran 6 personas contratadas para la vigilancia de la superficie pública acotada. Es decir, en la zona realizan labores de vigilancia un total de 11 agentes de Medio Ambiente, 6 guardas de coto y los agentes del SEPRONA, lo que había permitido controlar, en buena parte, la práctica de la caza furtiva, lo que había provocado que las “mafias cinegéticas” adoptaran actitudes violentas. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, había adoptado las siguientes medidas:
- Trasladar a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía toda la información sobre los hechos denunciados por la sociedad de cazadores para que realizaran las acciones que creyeran oportunas para lograr una mayor coordinación de los agentes de la autoridad.
- Diseñar fórmulas para impedir el acceso de vehículos a través de caminos forestales secundarios.
- Solicitar la realización de controles de vehículos en las carreteras de la zona.
- Mayor presencia de agentes de Medio Ambiente en las monterías y batidas organizadas por la sociedad de caza para garantizar la adecuada celebración de las mismas.
- Cesión, si así lo aceptaba la sociedad de cazadores, de casas forestales ubicadas en los terrenos de titularidad pública para su uso por los guardas de caza con la finalidad de facilitar las labores de vigilancia y custodia.
Además, por la gravedad de los hechos trasladamos también esta situación a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que nos respondió indicando que la Guardia Civil estudiaría la situación para evaluar la implementación de medidas adicionales.
De esta información dimos traslado a la sociedad de caza para que nos remitieran las alegaciones y consideraciones que creyeran oportunas, pero transcurrido el plazo que le indicamos no recibimos respuesta de ésta, por lo que entendimos que no consideraban necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución y dimos, por tanto, por concluidas nuestras actuaciones en la queja.
