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El asunto que motiva las actuaciones en la presente queja es el funcionamiento y gestión de la Bolsa de Empleo Temporal del Servicio Andaluz de Salud, en relación con aplicación de la cuota de reserva a favor de personas discapacitadas.

ANTECEDENTES

Por el interesado, integrante de la Bolsa de Empleo Temporal de puestos básicos del Servicio Andaluz de Salud (Bolsa Única del SAS), manifiesta su discrepancia con la mecánica de funcionamiento de la misma en relación al cupo de reserva de discapacidad establecido en la normativa vigente, por entender que la misma incorpora criterios restrictivos que a la postre implica el incumplimiento de los mandatos legales al caso, concretamente del art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 30.6 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud y del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad regulador de la citada Bolsa (Resolución de 21 de noviembre de 2013). En este sentido expresa:

“(El citado Pacto) no se está cumpliendo en mi categoría porque desde hace un año no se ha realizado ningún llamamiento para el cupo de discapacidad en toda Andalucía y tampoco hospital por hospital desde hace dos o tres años, e incluso hay centros en los que no se ha ofertado nunca un solo contrato de Terapéuta Ocupacional a personas con discapacidad (...) en claro incumplimiento de la normativa. Por el SAS se considera el cupo del 7% de los contratos ofertados, no de los nombramientos efectivos, de tal modo que si un discapacitado rechaza un contrato, dicho contrato se contabiliza dentro de ese 7%, pasando el contrato a ser ofertado a una persona del turno libre, no a otro discapacitado.

Por último, dicho 7% se aplica a nivel de centro sanitario, haciendo más restrictivo el sistema, con el consiguiente perjuicio para un colectivo al que la legislación pretende favorecer para compensar las dificultades de integración que arrastramos”.

Frente a este planteamiento, por el SAS se afirma que el cupo de reserva se calcula en función de las ofertas realizadas al turno libre, expresando:

“El cupo del 7% se calcula en función de las ofertas realizadas al turno libre por centro y categoría, tal y como prevé la normativa de bolsa en el Pacto sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.

Resaltar que el programa informático tiene establecidos unos criterios internos, conforme a la normativa vigente, para cumplir que dentro del turno libre se reserve un cupo de las ofertas para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Mientras no se complete este cupo del siete por ciento, el programa seleccionará para las ofertas propuestas a personas candidatas de la reserva de discapacidad hasta su cumplimiento. Además, en el caso de tener el cupo cubierto, y el programa seleccione a u/a candidato/a por ser la mejor puntuación dentro del turno libre, si tiene reconocida discapacidad, contabilizará dentro del cupo.

Las personas candidatas son siempre seleccionadas por riguroso orden de puntuación, si bien en el momento de tener que cubrir el porcentaje de discapacidad, el programa informático cubrirá esas ofertas, siempre por puntuación, entre las personas con discapacidad incluidas en los listados para el Centro en cuestión.

Por consiguiente, no se pueden establecer unas pautas numéricas para la selección de candidatos/as con discapacidad de forma predeterminada, esto es, que de cada “x” ofertas se asigne “y” a dicho cupo; ya que en cada una de las ofertas que se inician se calcula el porcentaje establecido para este cupo sobre el total de ofertas que se realizan al Turno Libre desde que se implantó este porcentaje, siendo varios indicadores los que intervienen simultáneamente, realizando distintas operaciones relacionadas con la oferta. El programa informático va recalculando continuamente para verificar el cumplimiento del cupo. Así, la fórmula que se aplica es la siguiente:

[nº de ofertas acumuladas +nº de ofertas a realizar)*0.07]

(nº profesionales que han aceptado una oferta del turno de discapacidad)

>=1

Continuando con la aclaración, hay que indicar que el funcionamiento de la bolsa para la aplicación de los cupos se realiza por oferta, mientras no se cubra ésta mantiene el cupo por la que se ha reservado (Promoción interna temporal, Discapacidad o Libre); es decir, una oferta pertenecerá al tipo de cupo que le corresponda desde su creación, hasta su asignación o caducidad. De esta manera, esa oferta será cubierta siempre por un candidato/a del cupo correspondiente, salvo que no existan más personas de dicho cupo. Para cada oferta pueden darse diferentes resultados, bien rechazo o no poder contactar con la persona seleccionada. En estos casos, cuando una oferta es etiquetada para el cupo de Discapacidad, hasta que no se cubra por un/a profesional de este cupo y que haya solicitado el cetro en cuestión, no se cerrará, salvo que se agote el listado de personas candidatas pertenecientes a este cupo que rechazan la oferta, lo que no computará como cumplimiento del cupo de discapacidad, ofertándose de nuevo este nombramiento al turno libre, y computando en este caso como cupo de discapacidad, a efectos de evitar la acumulación del cupo de discapacitados para cada centro y categoría, lo que podría verse como un efecto negativo para el resto de profesionales del turno libre.

Por otra parte, en relación a la transparencia, indicar que, como en el resto de turnos, sobre el cupo de discapacidad existe información disponible y actualizada en la web del SAS:

https://ws035.juntadeandalucia.es/bolsa/http/informe notacorte contratacion.php

donde se recoge para cada centro, categoría, tipo de vinculación y sistema de acceso, la nota de corte de la última persona candidata que ha aceptado una oferta”.

En trámite de alegaciones, el interesado aporta listado de nombramientos eventuales, vía llamamientos de la Bolsa de la categoría de Terapeuta Ocupacional para los años 2014 y primer trimestre de 2015, por hospitales y Áreas de Gestión Sanitaria, cuyo resultado se sustancia en una sola plaza cubierta en el 2014, lo que representa un porcentaje de cobertura del 1,7% para el 2014 y del 0% para el 2015, evidenciando con ello que la garantía de la reserva de discapacidad no ofrece, en lo que se refiere a dicha categoría y a dicho periodo temporal, efectividad alguna

CONSIDERACIONES

Primera.- Régimen jurídico de la reserva de discapacidad en el acceso al empleo público estatutario del Servicio Andaluz de Salud.

El apartado 1 del art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 , tras su reforma por la Ley 26/2011, incrementa y fija el cupo de reserva en un porcentaje no inferior al 7 por ciento, matizando que en este mínimo de reserva, el 2 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas que acrediten una discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas para las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad, reserva que se mantiene en la vigente regulación de dicho Estatuto aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Dicho previsión legal tiene su traslación al ámbito estatutario en el art. 30.6 del Estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre).

Dicha regulación estatal tiene su correspondiente desarrollo autonómico en el Decreto 93/2006, de 9 mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Dicha reserva se establece en los sucesivos Decretos aprobatorios de las Ofertas de Empleo Público de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, que tiene su última recepción en el Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de plazas de 2015, que en su articulado 4 reitera los términos de la reserva de plazas para la discapacidad establecida en la normativa de referencia, con expresa remisión a las condiciones establecidas en el Decreto 93/2006.

Por su parte, el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad del SAS relativo al sistema de selección del personal estatutario temporal de puestos básicos, incorpora el sistema de reserva establecido para el acceso al empleo público de carrera o fijo al temporal al establecer en su apartado 1 (“Requisitos generales de participación”) señala que “dentro del turno libre (y no en el de turno de promoción interna temporal) se reservará un cupo de los nombramientos ofertados para ser cubiertos entre personas con discapacidad, según la normativa vigente…”, y ello referido sin distinción, tanto para las vinculaciones temporales de larga duración como para los nombramientos de sustitución.

En relación a este marco normativo, en sus distintos niveles de jerarquía normativa (Leyes, Decretos y Órdenes o Resoluciones reguladoras de las bases de las convocatorias de acceso fijo o de empleo público temporal – bolsas-) cabe concluir lo siguiente:

- Se declara el principio de igualdad de trato de las personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por 100, en el acceso, la promoción interna y la provisión, así como la necesidad de que la discapacidad sea compatible con el desempeño de las funciones. (art. 1 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo).

- Especial referencia a las personas con discapacidad intelectual, por retraso mental leve o moderado, las cuales podrán participar en las pruebas selectivas con reserva exclusiva y bases diferenciadas. En atención a la naturaleza de las funciones a desarrollar en las convocatorias se podrá establecer la exención de alguna de las pruebas o la modulación de las mismas, puesto los contenidos de las mismas «estarán fundamentalmente dirigidos a comprobar que los aspirantes poseen los conocimientos imprescindibles que les permitan el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo. (art. 12.3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo).

- Reserva de un cupo no inferior a un 7%, estableciéndose en las Ofertas de Empleo Público en qué Cuerpos y, en su caso, Especialidades u opciones o categorías profesionales se aplica dicha reserva. La reserva mínima podrá desglosarse cuando la Oferta lo permita: un mínimo del 5% de las vacantes se reservará para ser cubiertas por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, que no tengan origen en retraso mental leve o moderado; un mínimo de 2% de las vacantes se reservará para ser cubiertas por personas con discapacidad que tenga su origen en retraso mental leve o moderado . En el caso de la reserva especial para personas con discapacidad intelectual, derivada de retraso mental, leve o moderado, los puestos de trabajo vacantes que no se cubran en estas convocatorias se podrán acumular al cupo específico de la oferta pública de empleo siguiente(art. 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo).

- En la adjudicación de destino se garantizará que las condiciones de asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto (art. 10 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo).

- Aquellas convocatorias que lo establecieran, una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva, si alguno de los aspirantes con discapacidad, participante por el cupo de reserva, superase los ejercicios correspondientes pero no obtuviese plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

- Los aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por el turno de discapacidad y no hayan obtenido plaza, podrán ser seleccionados para desempeñar puestos de trabajo con carácter temporal, en régimen de personal interino o de personal laboral temporal, reservándose idénticas cuotas a las anteriormente referidas para cada tipo de discapacidad (bolsa de discapacidad general y específica respectivamente), con el límite que se establezca.

Segunda.- La dinámica de funcionamiento del turno de reserva de discapacidad en la bolsa única del SAS.

En la página web del SAS se publicita, para cada categoría/especialidad y turno (libre, promoción interna y discapacidad) los listados de candidatos (a una determinada fecha de nota de corte, actualmente a 31 de octubre de 2015) http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/personaltemporal/listado, dirección o enlace en el que aparecen los mismos ordenados por baremo, con indicación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo de méritos alegados por los mismos y la puntuación definitiva obtenida en cada apartado del baremo (experiencia extramuros del sistema sanitario andaluz – NO SAS-, formación y otros méritos) tras la validación de méritos efectuada por la Comisión de Valoración. Así como listados definitivos de personas excluidas con indicación de la causa de exclusión.

En principio, la circunstancia de que la la Bolsa Única del SAS, para cada una de las categorías/especialidades y turnos se sustancie a través de un concreto programa informático configurado a partir de determinados “criterios internos” (no ajustados a pautas numéricas predeterminadas, sino que para cada una de las ofertas que se inician se calcula el porcentaje establecido para este cupo sobre el total de las ofertas que se realizan al turno libre), no plantea sospecha alguna sobre su adecuación a parámetros de legalidad, dada la discrecionalidad administrativa sobre este aspecto, matizando el informe administrativo que son varios los “indicadores” que intervienen simultáneamente, realizando distintas operaciones relacionadas con la oferta de las plazas.

No obstante, cualquiera que sean esos criterios o indicadores y la forma en que estos se incorporan a una determinada aplicación o programa informático, lo cierto es que los mismos ni se concretan en la normativa de referencia (en la Resolución del SAS reguladora de la Bolsa Única) ni se expresan en la página web del SAS en la que se publicita todo lo relativo a dicha bolsa para cada una de las categorías o especialidades. Tan solo en la información administrativa aportada en este expediente de queja se explicita la dinámica matemática de aplicación del cupo (nº de ofertas acumuladas+ nº de ofertas a realizar) multiplicado por el porcentaje establecido legalmente -0,07- dividido por el nº de profesionales que han aceptado una oferta del turno de discapacidad >1), circunstancias que favorece su opacidad y que, en la medida que afectan y determinan el acceso al empleo público (temporal) de la ciudadanía participante, deben ser objeto de publicidad y transparencia, ya en la propia regulación de la referida bolsa, ya en la propia página web del SAS.

Por otro lado, como se deduce de la información administrativa, el hecho de que una vez instada la oferta de empleo temporal al cupo de discapacidad por un determinado centro sanitario, esta no se cierra, “hasta que no se cubra por un profesional de este cupo, salvo que se agote el listado de personas candidatas pertenecientes a este cupo que rechacen la oferta, lo que no computará como cumplimiento del cupo de discapacidad, ofertandose de nuevo este nombramiento al turno libre, y computando en este caso como cupo de discapacidad, a efectos de evitar la acumulación del cupo de discapacitados para cada centro y categoría, lo que podría verse como un efecto negativo para el resto de los profesionales del turno libre”, supone una operativa similar a la establecida para los casos de reserva de cupo en el acceso al empleo público fijo (ya funcionario, estatutario o laboral), en los que las plazas no cubiertas se acumulan a las del turno libre, sin que ello desvirtúe la pretensión de la norma en favor de la discriminación positiva para las personas con la condición de discapacidad.

Desde nuestra perspectiva, los datos que respecto a la categoría de terapeuta ocupacional aquí se destacan, aconsejan a que por el propio Servicio Andaluz de Salud, en su condición de órganos gestor de las bolsas, se lleve a cabo una evaluación sobre el grado de cumplimiento de la cuota de reserva de discapacidad en la Bolsa Única a nivel global, así como su materialización (y desviaciones) para las distintas categorías, en orden a detectar las disfunciones que pudieran ser imputables a la aplicación de criterios restrictivos incompatibles con la pretensión normativa en favor de la discapacidad.

Debe tenerse en cuenta que la práctica de funcionamiento de la Bolsa no es cuestión baladí, por cuanto los criterios que rigen su funcionamiento son los que determinan, para cada aspirante integrante del turno de discapacidad, su acceso a un empleo público temporal, y que estos deben ser de público conocimiento de la ciudadanía y, en particular, de los interesados, circunstancia que obliga a la publicidad y transparencia de los mismos, ya en la norma, ya en la página web de la Bolsa de SAS, ya en ambas.

Todas esta razones no llevan a formular, al amparo del art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, a la Dirección General de Profesionales del SAS la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se cursen las instrucciones necesarias en orden a la publicidad y transparencia de los criterios que soportan la aplicación informática de la Bolsa Única del SAS en relación a la reserva o turno de discapacidad.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio sobre las medidas de apoyo al alumnado universitario en situación de precariedad económica; centrando su investigación en el examen de las distintas convocatorias de becas y ayudas aprobadas por las Universidades públicas de Andalucía para el curso académico 2014-2015.

Así, el Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una Resolución a las 9 Universidades andaluzas y a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología sugiriendo que por la Junta de Andalucía se establezca una regulación de los fondos destinados para la financiación por las Universidades públicas andaluzas de becas y ayudas destinadas al alumnado en situación de precariedad económica que no ha podido acceder a las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, sugiere que todas las Universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2013 por esta Institución se procedió a la apertura de oficio de la queja 13/4048 como consecuencia de las numerosas quejas de estudiantes que habían llegado a esta Institución, en la que señalaban las dificultades que encontraban para iniciar o proseguir sus estudios universitarios como consecuencia de la denegación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la beca de estudios solicitada.

De la investigación realizada pudimos conocer que en 2012 se había producido un aumento de estudiantes solicitantes de la beca ministerial a los que les había sido denegada la misma principalmente por no cumplir con los requisitos académicos, requisitos que habían sido endurecidos en los últimos años. Todo ello había provocado que se produjese un aumento de estudiantes que incurrían en morosidad, es decir, que no podían hacer frente al importe de su matrícula universitaria, cifra que llegó a ascender a un total de 5.700 estudiantes universitarios andaluces.

El objetivo de la actuación de oficio iniciada en 2013 era conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo. A tal fin, se le remitió una petición de informe a cada Universidad pública de Andalucía con el objetivo de recabar los datos relativos al número de denegaciones de becas ministeriales producidas, de situaciones de impago de los estudiantes y de anulaciones de matrícula; y nos interesamos especialmente por conocer si por las Universidades se habían adoptado medidas para ayudar al alumnado afectado por esta problemática, ya fuera a través de becas propias o con cualquier otro tipo de medida.

También nos dirigimos a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología pidiendo una valoración sobre la situación existente y un pronunciamiento acerca de las propuestas formuladas por algunas universidades.

De la información facilitada a través de los informes recibidos de las distintas universidades públicas andaluzas y de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, pudimos conocer el esfuerzo realizado por parte de las universidades para solucionar esta problemática, ya que la mayoría de ellas habían aprobado la concesión de becas financiadas con fondos propios y de la Junta de Andalucía, y también se habían aprobado medidas para facilitar el pago de la matrícula a través del fraccionamiento del mismo.

Dichas medidas eran de muy reciente aprobación y en algunos casos se encontraban en proceso de implementación por las diferentes Universidades, lo que nos impedía hacer una valoración adecuada de las mismas al entender que precisaban de un tiempo para su implantación. En base a ello, se consideró conveniente el archivo provisional de la queja, sin perjuicio de dejar constancia de la necesidad de que se siguieran planteando nuevas soluciones para aquellas situaciones que se estimasen oportunas.

Habiendo transcurrido un tiempo suficiente desde la decisión de archivo de la queja 13/4048, se ha considerado oportuno retomar las actuaciones de investigación centrando la misma en el examen de las distintas convocatorias de becas y ayudas aprobadas por las Universidades públicas de Andalucía para el curso académico 2014-2015.

A tal fin, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el art. 10 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se ha aprobado la apertura de la presente actuación de oficio.

Como primera actuación dentro de esta queja de oficio se ha llevado a cabo a finales de 2015 una investigación en relación a las becas y ayudas ofertadas en el curso académico 2014/2015 por las diferentes universidades públicas andaluzas.

Dicha investigación se ha efectuado mediante un análisis de las disposiciones contenidas en las páginas web oficiales de las distintas Universidades públicas andaluzas.

De la investigación realizada se deduce que todas las Universidades públicas de Andalucía ofrecen becas y ayudas destinadas a las personas con dificultad económica para iniciar o continuar sus estudios, que no han podido acceder a las becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De forma sintética dichas becas y ayudas son las siguientes:

- La Universidad de Sevilla contaba para el curso académico 2014/15 con dos becas propias: las Ayudas al estudio en la Universidad de Sevilla y las Ayudas Sociales Extraordinarias.

- La Universidad Pablo de Olavide contaba para el curso académico 2014/15 con una partida de becas propias: las Ayudas al estudio de carácter general Junta de Andalucía y Fondo de solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

- La Universidad de Almería contaba para el curso académico 2014/15 con dos partidas de becas propias: las Becas de apoyo al estudio UAL-Junta de Andalucía y la denominada Ayuda Social.

- La Universidad de Cádiz contaba para el curso académico 2014/15 con una partida de becas propias: las Becas UCA.

- La Universidad de Córdoba contaba para el curso académico 2014/15 con una partida de becas propias: las Becas solidarias.

- La Universidad de Granada contaba para el curso académico 2014/15 con dos partidas de becas propias: las Becas y Ayudas al estudio de carácter general del plan propio de la Universidad de Granada y las Ayudas Sociales de Carácter Extraordinario para estudios.

- La Universidad de Jaén contaba para el curso académico 2014/2015 con una partida de becas propias: las Becas de Ayuda Social urgente de tipo puntual.

- La Universidad de Málaga contaba para el curso académico 2014/15 con dos partidas de becas propias: la Ayuda de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Málaga y las Ayudas de emergencias.

Analizadas con detalle las distintas normas reguladoras de las becas y ayudas citadas comprobamos que las mismas presentan particularidades o diferencias importantes en los siguientes aspectos:

• Financiación de las becas y ayudas.

• Requisitos exigidos para su obtención.

• Plazos de solicitud y resolución.

• Dualidad de ayudas.

1. Financiación de las becas y ayudas

Del análisis realizado parece deducirse que existe una importante diferenciación en lo que respecta a la financiación de las becas ofertadas por las universidades, ya que en la información sobre dichas becas y ayudas no todas refieren contar con la colaboración de la Junta de Andalucía en la financiación de las mismas.

Así observamos que únicamente las Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Almería y Málaga manifiestan contar con financiación de la Junta de Andalucía en algunas de las becas y ayudas ofrecidas, mientras que el resto de Universidades no hace mención a aportación financiera alguna de la Junta de Andalucía o reseñan expresamente que la aportación presupuestaria procede íntegramente de fondos propios.

Para tratar de conocer las razones que justifican que unas Universidades utilicen financiación de la Junta de Andalucía para el otorgamiento de becas y ayudas a su alumnado y otras no, hemos intentado acceder a la normativa reguladora de dicha financiación. Sin embargo, según hemos podido conocer, no existe ninguna normativa autonómica que regule específicamente la distribución de fondos para estos fines, sino que los mismos provienen de la financiación general que la Comunidad Autónoma ofrece a las distintas Universidades públicas de Andalucía.

En concreto, según hemos podido saber, el Consejo Andaluz de Universidades distribuye anualmente una dotación presupuestaria para los Planes de Apoyo del Programa 4.2.J. "Universidades". Uno de estos planes de apoyo se denominada "Proyectos estudiantiles y movilidad", concretamente en la aplicación económica 441.46. Entre las finalidades a las que se asignan todos los años dentro de este Plan, figuran las siguientes:

• Ayudas Estudio y apoyo compensación 2ª, 3ª y 4ª matrículas (2’85 Millones de euros en 2015)

• Apoyo a Familia (0’25 Millones de euros en 2015).

Al no existir una regulación específica de los fondos transferidos por la Junta de Andalucía que pueden destinarse a estos fines, sino integrarse los mismos en los fondos generales transferidos a la universidad para planes de apoyo del programa 4.2.j., no existe para las Universidades otra limitación en su uso que el destinar los mismos a algunos de los fines especificados en el plan de apoyo "Proyectos estudiantiles y movilidad", en el que se integran las dotaciones económicas que nutren dichos fondos.

Esta falta de regulación específica implica que las Universidades pueden utilizar libremente dichos fondos, con la única obligación de destinarlos a fines compatibles con los incluidos en el mencionado plan de apoyo. Una de las posibilidades, por la que parecen haberse decantado las Universidades andaluzas, es utilizar estos fondos como dotación para ayudas o becas destinadas a su alumnado. Pero nada les obliga a citar a la Junta de Andalucía como fuente última de financiación de estas ayudas, ni les impone límites o condiciones en la regulación y ejecución de dichas ayudas, más allá de las que con carácter general fija el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de ayudas y subvenciones por las administraciones públicas.

Esta parece ser la explicación de por qué unas Universidades citan a la Junta de Andalucía como fuente de cofinanciación de las ayudas ofertadas y otras no la citan o atribuyen directamente a fondos propios el esfuerzo inversor. También ayuda a entender por qué existen notorias diferencias en la regulación de estas becas y ayudas entre unas y otras Universidades, como veremos a continuación.

2. Requisitos exigidos para la concesión de las becas o ayudas propias

El principal requisito que utilizan las universidades públicas andaluzas para el reconocimiento del derecho a percibir estas becas y ayudas es de carácter económico y está relacionado con la renta familiar computable del solicitante, fijándose los límites que dan derecho a la beca o ayuda por referencia a los umbrales que se estipulan cada año en la convocatoria de las Becas de Carácter General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Sin embargo, la similitud ente las convocatorias de unas y otras universidades no va más allá de esta referencia común a los umbrales económicos de la convocatoria de becas del Ministerio, ya que hemos podido constatar la falta de homogeneización entre las Universidades a la hora de determinar cuales son los umbrales máximos de renta familiar que dan derecho a acceder a las becas y ayudas.

Así, por ejemplo, la Universidad de Jaén tiene contemplado como marco de referencia de la renta familiar máxima el umbral de renta 1 del Ministerio, mientras que universidades como las de Cádiz o la Pablo de Olavide tienen establecido el umbral 2 y universidades como la de Sevilla o la de Almería tienen estipulado el umbral de renta 3.

Esta disparidad regulatoria conlleva que los estudiantes universitarios andaluces no se encuentren en una situación de igualdad en orden a la posibilidad de acceder a estas becas o ayudas, dependiendo sus posibilidades de acceso a las mismas de cual sea la universidad en la que cursan estudios y cual sea el criterio imperante en la misma en cuanto al nivel máximo de renta familiar admisible.

3. Plazos de solicitud y resolución de las becas y ayudas ofertadas por las universidades

Hemos podido observar que todas las universidades tienen establecido un plazo de presentación de solicitudes tardío, en la mayoría de los casos durante los meses de marzo y abril, lo que conlleva que tanto la resolución de la convocatoria como el posterior pago del importe concedido, si se produce el caso, no se dé hasta fechas próximas al final del curso académico. Cabe destacar, el caso de la Universidad Pablo de Olavide en la que se llega a dictar la resolución definitiva en el mes de octubre del curso académico siguiente.

Este alargamiento de los plazos conlleva el que la finalidad para la que se ofertan las becas o ayudas no se consiga plenamente o quede en parte desvirtuada, ya que el alumnado beneficiario no puede disponer de los fondos cuando teóricamente le resultan más necesario, esto es, durante el curso académico.

Como consecuencia de esta demora en la resolución de la beca y en la percepción del importe concedido muchas personas se ven obligadas a endeudarse con amigos o familiares para poder afrontar los gastos derivados de la matrícula, en ocasiones sin saber si finalmente resultarán incluidos en los listados de beneficiarios, ni el importe exacto de la ayuda que podrán obtener.

Este alargamiento de los plazos parece venir justificado por la necesidad de que previamente a su otorgamiento esté resuelta la convocatoria de becas del Ministerio, ya que en la mayoría de los casos el otorgamiento de las becas y ayudas propias de las Universidades se hace depender de la previa denegación de la beca ministerial.

Aunque parece lógico que se pretenda evitar una posible duplicidad en la percepción de becas, lo cierto es que en algunos casos este condicionamiento obliga al alumnado a tener que solicitar la beca del Ministerio pese a ser perfectamente conocedores de la imposibilidad de acceder a las mismas por no cumplir los requisitos académicos establecidos legalmente.

Este empeño inútil, que incrementa la carga de trabajo del Ministerio y retrasa un proceso que podría solventarse con mayor agilidad, al menos para aquellos alumnos que tienen certeza de la imposibilidad de acceder a la beca del Ministerio, sólo tiene la virtualidad de posibilitar el aplazamiento del pago del importe de la matrícula hasta la resolución del Ministerio, lo que representa un alivio para las familias que no se ven así precisadas de pedir un préstamo para poder afrontar los gastos universitarios en tanto se resuelve el proceso de otorgamiento de las ayudas.

Una solución a este problema podría venir del establecimiento de un único plazo de solicitud y resolución del proceso, al inicio del curso académico. En el caso de aquellos alumnos que hubiesen solicitado beca del Ministerio, el pago de la ayuda quedará postergado hasta el momento en que quedase resuelta la convocatoria del Ministerio -normalmente en los meses de marzo o abril- y condicionado a la denegación total o parcial de la beca solicitada. Los fondos reservados para aquellos alumnos que finalmente resultasen beneficiarios de una beca del Ministerio, pasarían a acrecentar el importe de las ayudas obtenidas por el resto de adjudicatarios.

4. Dualidad de ayudas

Hemos podido constatar que en determinadas universidades, como la de Granada o la de Sevilla, además de becas de carácter general destinadas a los alumnos que no han obtenido beca del Ministerio por razones académicas, se ofertan las denominadas Becas o Ayudas Sociales de Carácter Extraordinario.

Estas becas o ayudas extraordinarias se han creado con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas.

Se trata de alumnado que no solicitó beca o ayuda en su momento, por no necesitarla o por no reunir los requisitos académicos para obtenerla, pero que posteriormente, durante el desarrollo del curso académico y por circunstancias sobrevenidas se ve en una situación de precariedad económica que amenaza sus posibilidades de continuar estudiando, ya sea por no poder hacer frente a alguno de los plazos de la matrícula o por no poder afrontar gastos de residencia o desplazamiento.

Esta becas cuentan con la misma problemática que acabamos de analizar: el carácter tardío en su solicitud y resolución.

Estimamos que sería necesario la extensión de esta partida de becas al resto de universidades públicas andaluzas.

Una vez expuesto el resultado del análisis realizado, y haciendo uso de la posibilidades contempladas en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- Sobre la conveniencia de unificar el régimen de otorgamiento de ayudas y becas por las universidades andaluzas.

Estimamos necesario que se establezca una regulación de los fondos destinados por la Junta de Andalucía para la financiación por las Universidades pública andaluzas de becas y ayudas destinadas al alumnado en situación de precariedad económica que no ha podido acceder a las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Dicha regulación debería incluir tanto los criterios para el reparto de dichos fondos entre las distintas universidades andaluzas, como los requisitos que se deberán exigir a las universidades para la percepción de dicha partida presupuestaria.

Asimismo, estimamos necesario que dicha regulación incluya una determinación específica de cuales deben ser los requisitos económicos que deberán exigir las universidades a los solicitantes en las bases reguladoras de las convocatorias de las becas y ayudas que oferten.

Del mismo modo, entendemos que deberían establecerse los plazos de presentación de solicitudes y resolución de las respectivas convocatorias, estableciendo que los mismos deben producirse al inicio del curso académico. En el caso de aquellos alumnos que hubiesen solicitado beca del Ministerio, el pago de la ayuda quedaría postergado hasta el momento en que quedase resuelta la convocatoria del Ministerio -normalmente en los meses de marzo o abril- y condicionado a la denegación total o parcial de la beca solicitada. Los fondos reservados para aquellos alumnos que finalmente resultasen beneficiarios de una beca del Ministerio, pasarían a acrecentar el importe de las ayudas obtenidas por el resto de adjudicatarios.

Por último, estimamos necesario que todas las Universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas

En base a todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1. Que por la Junta de Andalucía se establezca una regulación de los fondos destinados para la financiación por las Universidades pública andaluzas de becas y ayudas destinadas al alumnado en situación de precariedad económica que no ha podido acceder a las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Dicha regulación debería incluir los criterios para el reparto de dichos fondos entre las distintas universidades andaluzas; los requisitos que deben cumplir las universidades; los requisitos económicos que deberán exigir las universidades a los solicitantes en las bases reguladoras de las convocatorias de las becas y ayudas que oferten; y los plazos de presentación de solicitudes y resolución de las respectivas convocatorias, fijando los mismos al inicio del curso académico.

SUGERENCIA 2. Que todas las Universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que, por una situación sobrevenida, no pueden continuar sus estudios universitarios por razones económicas.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Ver cierre actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Nos ponernos nuevamente en contacto en relación con el expediente de queja indicado, promovido de oficio por esta Institución, relativo al estado de conservación del Puente de Alfonso XIII de Sevilla.

Hemos analizado la documentación e información que obra en el expediente de queja, al amparo de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a la Delegación Territorial de Cultura, antes de Educación, Cultura y Deporte, Ayuntamiento de Sevilla y Autoridad Portuaria de Sevilla, Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. En Diciembre de 2014 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la incoación de oficio de la presente queja en los siguientes términos:

“A través de noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento de que al parecer el Puente de Alfonso XII, conocido popularmente como “Puente de Hierro”, que se construyó para la Exposición Iberoamericana de 1929 y al que el planeamiento urbanístico de Sevilla contemplaba como bien catalogado, según indican las fuentes informativas consultadas, podría haber sufrido diferentes actos de expolio.

En este sentido, según los citados medios de comunicación, la infraestructura ha sufrido el robo masivo de las barandillas de hierro y de las bolas características que decoraban los pasamanos, pese a las advertencias que tres asociaciones hicieron al Puerto este verano sobre la falta de vigilancia de la estructura.

Al parecer, este hecho fue constatado por tres entidades que reivindican que se dé uso al puente en cuestión: la asociación Parque Vivo del Guadaíra, Ecologistas en Acción y la asociación Planuente, para la conservación del llamado puente de Alfonso XIII.

Las mismas prevén presentar escritos dirigidos a la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Consejería de Cultura para solicitar cambios que requerirían una inversión muy modesta y que vayan orientados a garantizar la conservación del puente y su entorno, así como su puesta en valor.

Teniendo en cuenta que los hechos descritos podrían afectar a un bien de relevancia para el patrimonio cultural de Andalucía, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha entendido oportuno iniciar una actuación de oficio ante la Delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía de Sevilla y ante el Ayuntamiento de Sevilla, orientada a confirmar los hechos puestos de manifiesto por los medios de comunicación consultados, verificar el nivel de protección con el que goce la infraestructura, conocer con mayor detalle las circunstancias acaecidas así como las actuaciones que hayan sido o vayan a ser llevadas a cabo al objeto de garantizar la protección y conservación de este bien.

Todo ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz”.

II. Consiguientemente, se procedió a solicitar la evacuación de informes al Ayuntamiento de Sevilla, a la correspondiente Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, así como, posteriormente, a la Autoridad Portuaria. Podemos destacar de dichos informes (el último recibido en Febrero de 2016) lo siguiente:

El denominado “Puente de Alfonso XIII” o “Puente de Hierro” es un estructura de la ingeniería industrial del pasado siglo, propiedad de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que se encuentra depositada en terrenos de la misma en Avenida de las Razas, (Área AL-9) protegida por un perímetro vallado, tras su retirada de la lámina del río una vez superado su uso.

Desde un punto de vista normativo el “Puente de Alfonso XIII” no está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz en ninguna de sus categoría ni como BIC ni como bien de Catalogación General. Sí tiene, a través del PGOU de la Ciudad de Sevilla, un nivel de protección “Global” al estar inscrito en el Sector 27.3 “Puerto”, del Conjunto Histórico de Sevilla.

En base a esta adscripción del bien, ostenta un régimen de protección que implica a cargo de su propiedad «realizar las obras de conservación y adaptación necesarias para adecuarlo a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornato público exigidas en las normas».

Dicha estructura ha sufrido varios asaltos para desprender piezas y elementos que ponen en riesgo el mantenimiento de la integridad de su conjunto y que aconsejan unas medidas de respuesta y, en todo caso, de definición del posible destino final de esta instalación promoviendo su puesta en valor.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La Exposición de Motivos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, «La lectura integrada de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 45, 46 y 47 de nuestra Carta Magna refleja con meridiana claridad la voluntad del constituyente de que los derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, puedan ser ejercidos en ciudades y pueblos cuya conservación, así como el enriquecimiento de su patrimonio histórico, cultural y artístico, estén garantizados por los poderes públicos. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los apartados 5º y 6º de su artículo 12.3, insiste en los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de la naturaleza y del medio ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, y de protección del paisaje y del patrimonio histórico-artístico, como uno de los objetivos del ejercicio de los poderes por nuestra Comunidad Autónoma».

La modificación experimentada por el Estatuto de Autonomía para Andalucía con ocasión de la reforma habida en el año 2007 no ha hecho sino potenciar más si cabe la idea expresada en la párrafo trascrito.

En este sentido, a través del artículo 33 de la norma estatutaria se establece que «Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz».

Asimismo, los ordinales 17º y 18º del apartado primero del artículo 37 prevén, como principios rectores de las políticas públicas, «el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural»; y «la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco».

De este modo, en el actual panorama normativo tiene perfecta razón de ser uno de los grandes objetivos que señaló el legislador para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: “dotar de contenido normativo positivo los mandatos constitucionales y estatutarios mencionados”.

Para ello, el apartado segundo del artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, señala que la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, entre otros:

- La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural.

- El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y edificaciones existentes.

Se trata de dos objetivos independientes en su configuración jurídica pero íntimamente vinculados entre sí, ya que sin el cumplimiento efectivo de los deberes de conservación y rehabilitación difícilmente podrá garantizarse la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Sentado lo anterior, resulta oportuno analizar en qué medida en el presente supuesto se han cumplido los mandatos respecto del deber de conservación contenido en la LOUA y en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

Segunda.- La citada LPHA en el artículo 14 apartado primero, establece en relación a la conservación y mantenimiento del conjunto patrimonial histórico-artístico lo siguiente:

«Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.

Del mismo modo, la autoridad cultural debe promover, a través de la Administración Local, la puesta en marcha de las medidas de conservación y protección que resulten necesarias, procurando así el respecto al marco de protección que se ha definido en las Normas del PGOU para este concreto bien patrimonial.

Más específicamente debemos citar que el artículo 3.1.11 del Título II del Capítulo III de las Normas Urbanísitcas del Texto Refundido del PGOU de Sevilla establece en cuanto al régimen jurídico de protección de los elementos que lo componen que «1. Los propietarios de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Ciudad tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores; 2. Los propietarios de los bienes inmuebles y edificios integrantes del patrimonio catalogado, además de las obligaciones genéricas de conservación del apartado anterior, deberán realizar las obras de conservación y adaptación necesarias para adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornato público exigidas en las normas del Plan General o instrumentos que lo desarrollen o complementen».

De ahí que en la información recibida desde la Delegación Territorial se indica que “en consecuencia, corresponde al Ayuntamiento de Sevilla la exigencia de las responsabilidades contenidas en las Normas Urbanísticas del TR del PGOU e inspeccionar y ordenar al propietario, la Autoridad Portuaria, las medidas de conservación y rehabiltación que procedan en cumplimiento de la legislación urbanística y patrimonial”.

Por tanto, en cuanto al deber de actuación ante supuestos de amenazas o acciones que perturben la integridad de estos bienes y elementos, la normativa aplicable exige una intervención diligente y proactiva en orden a su conservación y tutela, máxime si, como deviene del relato, las amenazas implican precisamente el expolio, destrucción o robo de elementos metálicos de la instalación que, presumiblemente, irán destinados a su mero aprovechamiento residual como chatarra.

Este deber es precisamente el que desde esa Delegación Territorial se ha descrito como residenciado en el ámbito de las responsabilidades de la Autoridad Portuaria como propietaria del Puente, en colaboración con la intervención municipal. Se trata, al fin y al cabo, de evitar la permanencia de la calificación que aparece en la ficha del PGOU en la que se recogen los detalles de esta instalación. En dicha ficha se expresa “Estado: deteriorado”.

Entendemos que el objetivo de todas las Administraciones intervientes debe ser superar dicha calificación de “deteriorado” y desde luego evitar que alcance grados descriptivos más proximos al expolio.

En ese objetivo, a partir de la información ofrecida desde la propiedad responsable, parece señalarse que las medidas que se necesitan son de carácter preferentemente protectoras y de seguridad para evitar ataques de sustracción, deterioro o rotura de sus elementos. Hablamos pues de medidas de vigilancia que, en el seno de las demarcación de terrenos del Puerto, deben ser especialmente asumibles para evitar el acceso incontrolado de personas ajenas al mismo y, por ende, acciones de deterioro o expolio.

Tercera.- Por todo lo expuesto, entendemos que la decisión más factible para enervar las amenazas del Puento de Alfonso XIII es la eficaz dotación de un sistema de vigilancia y protección que evite los asaltos y sustracciones de elementos de la instalación.

La persistencia de acciones de expolio que amenazan la conservación de este bien denota una ineficaz responsabilidad en el deber de cuidado y protección, especialmente incompatible con la titularidad del Puente por parte de una entidad pública, especialmente llamada al celoso cumplimiento de sus obligaciones legales. Al igual que se adolece de una reacción diligente de las competencias de tutela y protección que incumben a las autoridades culturales para compelir al respeto de dichas normas.

En todo caso, tomamos nota de la conveniencia de lograr un estudio en profundidad del futuro de esta instalación para consolidar su conservación y ofrecer la puesta en valor que merece proyectando la ubicación definitiva que sus características aconsejen.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla y Autoridad Portuaria de Sevilla las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.

RECOMENDACIÓN 1, dirigida a la Autoridad Portuaria de Sevilla a fin de que extremen las medidas de vigilancia y protección del Puente de Alfonso XIII depositado en sus terrenos para garantizar su integridad y mantenimiento.

RECOMENDACIÓN 2. dirigida a la Delegación Territorial de Cultura y al Ayuntamiento de Sevilla a fin de que desplieguen las medidas de control y seguimiento del estado de conservación del Puente de Alfonso XIII.

SUGERENCIA dirigida a la Delegación Territorial de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla y Autoridad Portuaria de Sevilla, a fin de que promuevan en el ámbito de sus repectivas competencias los estudios que permitan diseñar un proyecto de instalación, puesta en valor y conservación del Puente de Alfonso XIII, acordes con sus características y elementos de interés cultural.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz