RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Deducimos que las medidas de aumento del personal destinado a estos órganos ha sido reforzada con dos puestos de Tramitadores procesales. Sin embargo nos insisten en que el cupo de funcionarios de refuerzo está completamente agotado por encontrarse prestando sus servicios en otros destinos y el incremento neto de plantillas está vetado por la normativa presupuestaria de restricción del gasto público.
Y, por lo que respecta a la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social, estas peticiones han sido sucesivamente desatendidas por el Gobierno de la Nación a quien compete la creación de tales órganos, aun a pesar de los anuncios desatendidos de crear 13 nuevos órganos para 2016 sin que se hayan cumplido a lo largo del anterior ejercicio.
Sin dejar de agradecer el esfuerzo colaborador de la respuesta de la Consejería, no podemos por menos que ratificar la continuidad de una situación gravemente insatisfactoria para el normal funcionamiento de estos órganos judiciales ante la carencia del personal necesario y la manifiesta insuficiencia de órganos de lo social onubenses.
Por ello, desde el Defensor del Pueblo Andaluz persistiremos en el seguimiento de la situación de estos Juzgados y ofreciéndonos para todas las actuaciones que ayuden a la dotación de un sistema judicial eficaz y acorde con el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho.
04-04-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.
Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.
Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. Ciertamente, la amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.
Situaciones análogas han sido abordadas en otras actuaciones, como la queja 14/4340, iniciada de oficio ante la Consejería de Justicia e Interior, relativa a graves dilaciones en los Juzgados de lo Social de Sevilla. También podemos añadir la queja 14/5196 que abordaba la situación específica de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga o la queja 14/5756 sobre los mismos órganos en Sevilla.
Esta nota de especial singularidad en los problemas se aprecia, ahora, con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las actuaciones de los Juzgados de lo Social de Huelva.
En un ejercicio recopilatorio, podemos citar varios expedientes de queja que son coincidentes en manifestar graves dilaciones a la hora de ofrecer las citaciones y respuestas previstas en los respectos procedimientos. Así la queja 15/3815, con motivo de la información que nos dirigía el Letrado de la Administración de Justicia supimos que el Juzgado nº 1 venía recibiendo un 150% más de los asuntos asignados en las ratios de órganos análogos y que su carga de trabajo de varios ejercicios añadidos implicaban un volumen de asuntos equivalentes a nueve años más sobre el ritmo de asuntos que le asignan los indicadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta descripción sobre el Juzgado nº 1 debe ser evaluada en relación con otros ejemplos. Así citamos la queja 16/823 que alude al mismo órgano; en ella el interesado, afecto de una grave invalidez, según afirma, se ha visto obligado a demandar al INSS y a la Mutua que tenía contratada la empresa para la que trabajaba para reclamar pensión de invalidez. Su juicio se ha señalado para dentro de un año, a lo que tiene que añadir el tiempo dedicado solicitar abogado por carecer de recursos económicos para asumir este gasto.
Añadimos el caso de la queja 16/1169 que engloba dos procedimientos que se siguen en el Juzgado de lo Social nº 2 y también en el nº 3, ambos de Huelva. En estos casos, las citaciones son para finales de 2017 en relación con una demanda de resolución de contrato por modificación de sus condiciones, dando lugar a la formación de los autos de 2015 del Juzgado de lo Social nº 2, que ha señalado como fecha para el juicio la del 17 de enero de 2017, más de un año después de la presentación de la demanda.
En todas las quejas tramitadas, como es preceptivo, nos hemos dirigido a la Fiscalía para conocer los detalles de las reclamaciones expresadas por las personas afectadas. Es, a partir de estos informes de la Fiscalía, cuando hemos podido confirmar los plazos que hemos relatado y que ratifican, una tras otra, la estricta veracidad de estos retrasos. Así pues, y a falta de mayores datos que permitieran realizar un análisis más detenido, la valoración que podemos ofrecer es la presencia de graves dilaciones repetidas en las quejas comentadas y que señalan a tres órganos que protagonizan estas deficiencias; es decir, los Juzgados de lo Social de Huelva números 1, 2 y 3.
Retomando el informe que nos remitió el Letrado adscrito al Juzgado de lo Social nº 1, son problemas estructurales que pesan en dicho órgano, si bien los indicios que le hemos señalado pudieran hacer indicar que son análogos a los que pudieran presentarse con indicadores parecidos en los otros Juzgados de lo Social.
Como puede comprobarse, la situación que hemos intentado poner de manifiesto, amenaza con trascender los problemas individuales expresados en cada queja y suponer un grave déficit que afecta a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, suponiendo una grave disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia. Por tanto, todas estas manifestaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.
Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.
07-04-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
La tramitación del presente expediente de queja de oficio 16/1442 ha permitido realizar un análisis de la situación que pesa sobre los Juzgados de lo Social de Huelva y que dio lugar, como conoce, a la formulación de una Resolución dirigida a esa Consejería con fecha 12 de Diciembre de 2016 que ha merecido su contestación formal, conforme dispone el artículo 29.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.
En dicha respuesta destacamos dos escenarios de medidas correctivas. De un lado, el refuerzo de plantillas funcionariales para atender las tareas de naturaleza tramitadora de todos los órganos judiciales, entre los que se hayan los Juzgados de lo Social de Huelva; y de otro, la decidida e inaplazable medida de creación de nuevos Juzgados de lo Social, en concreto dos.
De su respuesta deducimos que las medidas de aumento del personal destinado a estos órganos ha sido reforzada con dos puestos de Tramitadores procesales. Sin embargo nos insisten en que el cupo de funcionarios de refuerzo está completamente agotado por encontrarse prestando sus servicios en otros destinos y el incremento neto de plantillas está vetado por la normativa presupuestaria de restricción del gasto público.
Y, por lo que respecta a la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social, estas peticiones han sido sucesivamente desatendidas por el Gobierno de la Nación a quien compete la creación de tales órganos, aun a pesar de los anuncios desatendidos de crear 13 nuevos órganos para 2016 sin que se hayan cumplido a lo largo del anterior ejercicio.
Sin dejar de agradecer el esfuerzo colaborador de la respuesta de la Consejería, no podemos por menos que ratificar la continuidad de una situación gravemente insatisfactoria para el normal funcionamiento de estos órganos judiciales ante la carencia del personal necesario y la manifiesta insuficiencia de órganos de lo social onubenses.
Por ello, desde el Defensor del Pueblo Andaluz persistiremos en el seguimiento de la situación de estos Juzgados y ofreciéndonos para todas las actuaciones que ayuden a la dotación de un sistema judicial eficaz y acorde con el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho.
