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En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a la falta de respuesta a la petición de informe de inserción social solicitada en septiembre de 2020, y tras la emisión del mismo por el Ayuntamiento de Sevilla con posterioridad a nuestra intervención, entendiendo que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, aceptando la pretensión solicitada.
En base a lo expuesto se procede al cierre del expediente.
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a Recurso sin resolver en procedimiento de Ejecución, el Juzgado Decano de Marchena nos traslada la siguiente información:
“Revisadas las actuaciones a que se refiere la comunicación presentada, resulta que:
1. Si bien la demanda fue presentada por el interesado el pasado 18 de abril, no fue hasta el día 27 de abril de 2018 cuando efectivamente tuvo entrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n°1, tras ser debidamente cursada por Decanato.
2. Que mediante Diligencia de Ordenación de 08 de mayo de 2018 fue requerido vía art. 231 para la subsanación de defectos procesales, admitiéndose a trámite, una vez subsanados, el día 29 de mayo de 2018.
3. Desde su admisión hasta la Diligencia de ordenación de 26 de abril de 2019 a la que se refiere el interesado, y por la que se requiere la consignación de la provisión de fondos para perito, las actuaciones han estado tramitándose con normalidad, llevándose a cabo los trámites de notificación y emplazamiento a los demandados, (cuya localización resultó dificultosa, siendo además un número considerable de demandados -6-), pretendiéndose además, mediante escrito de 04 de junio de 2018 la ampliación de la demanda a un séptimo demandado, generando, asimismo, incidente para determinar su procedencia.
A continuación, tienen lugar los trámites de designación de perito, aceptación del cargo, requerimiento para la consignación de la provisión de fondos, elaboración de su informe, hasta el Decreto de 05.11.2019 frente al que se interpone el Recurso de revisión en fecha 14 de noviembre de 2019, solicitándose el impulso de los autos mediante escrito de 27.02.2020, dándose trámite al mismo, mediante Diligencia de Ordenación de 09.07.2020; quedando las actuaciones, tras el traslado y emplazamiento a las demás partes para resolver, y siendo finalmente resuelto mediante Auto de fecha 23.02.2021, estando los trámites pendientes de celebración de subasta.
CONCLUSIONES
Revisadas las actuaciones, no falta a la verdad el interesado en la fecha de los hitos que manifiesta en su escrito, ni en lo dilatado en el tiempo de la tramitación de las actuaciones; si bien, los autos han estado tramitándose con normalidad (salvo en el periodo de interrupción de los plazos, generados por la Pandemia Covid-19) y responde íntegramente a los trámites fijados por la Ley, y a la capacidad de respuesta de este Órgano Judicial ante el volumen de trabajo que atiende, con una plantilla reducida, el cual ha contado con un Funcionario de Refuerzo de larga duración durante aproximadamente 10 años, no siendo hasta el pasado mes de marzo cuando finalmente, se ha consolidado la plaza, sumándose un funcionario a la plantilla, que sigue siendo insuficiente para afrontar la carga de trabajo que soporta, siendo además órgano con competencia especial para la Violencia de Género, (carente por otra parte, del Refuerzo específico para la Violencia de Género de que gozan la mayoría, sino la totalidad, de Juzgados de Violencia de Género en nuestra Comunidad), con un significativo agravio comparativo, al respecto.
Todo ello, en el marco del retraso y dificultades que ha traído consigo la Pandemia generada por el Covid-19, que ha dilatado los tiempos en la atención a los escritos presentados ante este órgano, hasta el punto de que ha sido necesario dotarlo con el Plan de Auto-refuerzos para paliar la situación y solucionar el retraso en la tramitación de los pleitos, cuyas consecuencias, repercuten en última instancia en los ciudadanos, quiénes como en el presente caso, se ven perjudicados y mermados en sus intereses, por el atasco, el volumen de trabajo desmesurado, la falta de medios adecuados para trabajar y la falta de recursos.
Se adoptan las medidas necesarias para dar celeridad a la actuaciones, en el marco de trabajo que ha quedado suficientemente expuesto”.
Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución, referente al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada a Recurso de Reposición por liquidación practicada en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga nos traslada la siguiente información:
“Recibida en este Patronato de Recaudación Provincial documentación, registrada con número de entrada 1793/2021/SECRM de fecha 16 de febrero, relativa al expediente de queja presentado ante esa Institución por Dª. F. R., Nº: Q20/8027, tengo a bien informarle:
Que ha recaído Resolución nº 3088/2021, de fecha 5 de abril, ordenada por la Gerencia de esta Agencia, actualmente en trámite de notificación a la interesada, resolviendo desestimatoriamente el recurso de reposición interpuesto por Dª. F. R. M. frente a liquidación practicada en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), identificada con cargo/recibo 546846/15, del municipio de Coín (Málaga)”.
Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a su Recurso de Reposición de fecha 7 de Enero de 2020, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio mantenido por la Administración a la reclamación formulada por ejecución de Resolución del CTPDA, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nos traslada la siguiente información:
“En relación con su escrito de fecha 2/03/2021, con entrada en este Consejo el 11/03/2021, solicitando información sobre la queja presentada por Doña (...) (Exp Q21/1253), le informo que el escrito presentado por la interesada el pasado 21 de junio y 20 de diciembre en este Consejo hace referencia a una comunicación de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Barbate de la Resolución 73/2020 dictada por este Consejo en la que se resolvió conceder acceso a la información solicitada.
En este sentido le comunico que con fecha 6 de noviembre de 2018 tuvo entrada en este Consejo reclamación (núm. 426/2018) de (...) ante el silencio a su solicitud de información al Ayuntamiento de Barbate. Esta reclamación fue resuelta por este Consejo el 12 de marzo de 2020 por la Resolución 73/2020 en la que se estimaba la reclamación y se instaba al Ayuntamiento de Barbate a que, en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notificaba la resolución, ofreciera al reclamante la información pública indicada.
Ante el incumplimiento del Ayuntamiento de Barbate, la interesada presentó escrito ante el Consejo el 21 de junio y posteriormente, el 20 de diciembre solicitó que se instase al citado Ayuntamiento a la ejecución de lo dispuesto en la resolución dictada.
Con fecha 19 de noviembre de 2020, ha sido aceptado por el Registro del Ayuntamiento de Barbate el oficio del Consejo por el que se le insta a que ponga a disposición de la reclamante la información de que disponga derivada de la estimación de la reclamación o indique los motivos o razones que justifican , en su caso, el incumplimiento de la obligación de ofrecer la información exigida en la Resolución. Asimismo, se advertía que ante el incumplimiento, el Consejo puede instar la incoación del procedimiento disciplinario o sancionador que corresponda previsto en el art. 57.2 LTPA.
Hasta la fecha no se ha recibido respuesta del Ayuntamiento, por lo que con fecha 12/04/2021 se ha procedido a dictar acuerdo de inicio de procedimiento tendente a dilucidar si procede instar la incoación del procedimiento al que se refiere el artículo 57.2 de la Ley 1/201 4, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. De este Acuerdo se ha dado traslado al Ayuntamiento de Barbate confiriéndole un plazo de quince días para que formule las alegaciones que tenga por convenientes como trámite previo a dictar la Resolución que corresponda”.
Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a sus escritos de fechas junio y diciembre de 2020, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a falta de desarrollo reglamentario para la confección del censo de victimas de la guerra civil, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico nos traslada la siguiente información:
“En respuesta a su solicitud de información nº Q20/1704, relativa a la elaboración del censo de victimas previsto en el articulo 6 de la Ley 2/ 2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucia, le indicarnos que la previsión contemplada a este respecto en el citado articulo, se remite en su apartado 39 a lo que reglamentariamente se establezca. Y ello porque se trata de una materia de una enorme complejidad; por la cantidad de personas que según el artículo 5 tiene la consideración de victima, por el amplio ámbito temporal al que se extiende la consideración de victima, por la no existencia de registros sobre las mismas y por afectar a una gran cantidad de datos de carácter personal. La complejidad de tal desarrollo normativo hace que se este dando prioridad en el desarrollo normativo de la Ley a otras cuestiones que tienen una mayor demanda ciudadana como son las exhumaciones. En tal sentido se está trabajando en la refundición de las diversas normas reguladoras de esta materia con el fin de lograr una normativa que, manteniendo la seguridad jurídica. permita trabajar con una mayor eficacia. Mientras tanto, se está en una fase incipiente de estudio y análisis sobre las distintas fórmulas jurídicas que podrían amparar la realización de un censo de tal complejidad. Dicho censo, en todo caso, tendría que enmarcarse en un censo general de ámbito nacional. Dado que el actual anteproyecto de Ley estatal sobre memoria democrática contempla también la realización de un censo similar, resultaría conveniente tener un conocimiento de las bases jurídicas sobre las que se va a asentar tal instrumento censal con el fin de que no hubiera una disparidad de criterio que impidiera, a posteriori, la interconexión entre los registros autonómicos y el registro nacional de victimas.
Informar por último que en las próximas fechas tendrá lugar la 1ª reunión de la Conferencia Sectorial en materia de Memoria Democrática en la que, aunque no aparece incluida en el orden del día, es posible que se informe a los representantes de las distintas Comunidades Autónomas las previsiones que tiene el Estado en cuanto a la elaboración del censo a nivel estatal”.
Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, por lo que, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
Las personas interesadas nos trasladaban su preocupación por el lanzamiento de las viviendas propiedad de la SAREB en las que residían sin título legal habilitante.
Remitían diligencia del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera), en un procedimiento de ejecución hipotecaria, en la que se disponía el lanzamiento de trece de las viviendas, instando que se librara exhorto al juzgado competente de Sanlúcar de Barrameda a fin de que fijara fecha para llevar a cabo dichos lanzamientos, habiendo tenido conocimiento de que próximamente se acordaría el lanzamiento del resto de las viviendas.
Las viviendas estaban abandonadas desde hacía años y las ocuparon al no disponer de recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda en el mercado libre ni cumplir los requisitos habituales para ello (contrato de trabajo o ser perceptor de una prestación de alta cuantía, dos o tres meses de fianza, aval). Eran demandantes de vivienda pública y solicitaban nuestra mediación con la propiedad para que se acordaran alquileres sociales en dichas viviendas. Según referían, se habían dirigido tanto a los servicios sociales como al Ayuntamiento solicitando una solución a su problema de vivienda.
Admitida la queja a trámite solicitamos varios informes al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda de los que íbamos dando traslado a las personas reclamantes para que formularan las alegaciones y consideraciones que estimaran convenientes las cuales, a su vez, poníamos en conocimiento del Ayuntamiento.
En la última comunicación municipal se nos informó lo siguiente:
“- No se ha imposibilitado ningún empadronamiento de ninguna unidad familiar que lo haya solicitado. Sólo hubo retraso en la realización del informe, ya que entraron en litigio dos unidades familiares allí residentes y no se podían empadronar ambas en el mismo domicilio. En el momento que nos aportaron la resolución judicial, se realizó la visita al domicilio y se empadronó la unidad familiar residente en el mismo con la fecha en que solicitó el empadronamiento y no cuando se ha realizado la comprobación (empadronada con fecha noviembre de 2018).
(…)
- (...) A las unidades familiares que tras el estudio de la documentación presentada por ellos incluida declaración jurada de ingresos de economía sumergida, se les ha ofrecido ayuda en búsqueda de una nueva vivienda, ayuda municipal de fianza y primer mes en la nueva vivienda de alquiler y hasta 6 meses de ayuda al alquiler (abonado al dueño del inmueble) en los casos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de ordenanzas reguladoras de las prestaciones económicas municipales para la atención de necesidad sociales relacionadas con la vivienda habitual.
(...)
- Con el Sareb se han mantenido varias reuniones en las que se ha establecido que, (si) según documentación recogida por la Oficina de Vivienda Digna la Unidad Familiar ocupante esté en vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, se puedan suspender los lanzamientos de la vivienda hasta poder cerrar la negociación con Sareb para un posible alquiler social de dichas Unidades familiares.
- Desde el Ayuntamiento se está trabajando con distintas unidades municipales para llegar a la mencionada firma del convenio con Sareb.
- El día 11 de marzo de 2021 fue suspendido el lanzamiento de las viviendas sitas en calle … y ... de nuestra localidad, desconocemos la causa, ya que al no ser parte de dicho procedimiento judicial no nos facilitan la información necesaria.”
En vista de la información anterior, se observaba que por parte de la administración municipal se estaba prestando una atención adecuada a las familias afectadas y que se habían puesto en marcha diferentes iniciativas y medidas (como la ayuda al alquiler para facilitarles la búsqueda de una alternativa habitacional y la negociación con Sareb para la firma de alquileres sociales), por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, insistiendo en que las familias interesadas se inscribieran en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y siguieran colaborando con los servicios sociales comunitarios, para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.
Ya en abril de 2021 dimos por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja a la vista de la información proporcionada por el Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla y dado que estaba prevista la realización de un informe de emergencia habitacional, observándose que por parte de la administración municipal se le estaba prestando a la persona promotora de la queja una atención y ayuda adecuadas dentro de sus competencias.
Sin embargo, en noviembre de 2021 nos dirigió una nueva comunicación, en la que nos trasladaba lo siguiente:
“(...) la asistenta social me dijo que me buscase una vivienda y ella me arreglaba la ayuda del alquiler. Así lo hice y lo encontré, encontré una vivienda y los dueños me alquilaron la vivienda, sin contrato de trabajo y confiando en el dinero de la ayuda. Resulta que la ayuda ha tardado, y los dueños del piso se han cabreado, pero en vez de denunciarme, me están acosando a mí y a mis dos hijos de siete y ocho años.
Ya he puesto siete denuncias, y siguen acosándome, amenazándome con coacciones, etc. Lo normal es denunciar, pero no lo están haciendo y mis hijos y yo estamos viviendo una situación muy difícil, durante una semana casi no nos dejaban salir de casa, mis hijos no fueron a clase cuatro días de ellos porque el primero los tuve que ir a recoger con la policía. Toda la familia fue al trabajo que yo acababa de encontrar y me han echado por el espectáculo que han liado allí. Ahora estoy sin trabajo y sin poder hacer nada para solucionar el problema.
No tengo donde irme y sigo esperando que Emvisesa me conceda una vivienda de las miles que tiene cerradas sin usarse. Yo soy víctima de violencia de género y solo quería intentar salir adelante, pero todo se me ha estropeado y así no se puede salir adelante.
Necesito ayuda, necesito que alguien me escuche, necesito un lugar donde vivir, pero tranquila, porque si tengo que esperar a encontrar trabajo o a que salga las fechas de los juicios, puede dar lugar a que suceda algo malo.”
En vista de lo anterior, procedimos a la reapertura de la queja y nos dirigimos a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (Emvisesa) y al Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla solicitando se nos informara sobre la atención social que se estuviera realizando con la persona interesada en relación con la situación descrita.
En la respuesta municipal emitida se informaba que tras percibir ayuda económica en concepto de alquiler, cuyo importe ascendía a 1650 €, la persona reclamante se había traslado a una nueva vivienda de alquiler y había encontrado trabajo a tiempo parcial en la zona. Se encontraba aún terminando de mudarse y de arreglar documentación pertinente (cambio padrón, justificación de la ayuda, traslado escolar, …)
A la vista de esta información se deducía que el asunto por el que acudió a esta Institución se encontraba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.
La persona interesada manifestaba lo siguiente:
“Soy propietaria, junto con ..., de la vivienda de promoción pública, construida por la Junta de Andalucía, perteneciente al Grupo ..., en régimen de compraventa, la cual gestiona actualmente la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (en adelante AVRA), perteneciente a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Con motivo de haber solicitado elevar a público la escritura de compraventa de mi casa, hemos descubierto un error a la hora de adjudicar y escriturar las viviendas que actualmente ocupamos nosotros y nuestro vecino ... (vivienda perteneciente al Grupo ...), habiendo escriturado este último su vivienda, la cual realmente es la ocupada por nosotros.
Necesitando con urgencia escriturar nuestra vivienda, pero de forma correcta, hemos solicitado a AVRA en numerosas ocasiones, desde 2017, que se proceda a la corrección del error sin que, de momento, se nos haya atendido.
Incluso hemos solicitado la ayuda del Ayuntamiento de ..., desde donde se han mantenido conversaciones telefónicas con representantes de AVRA y se han remitido varios emails solicitando la corrección del error.
(...)
Le ruego que desde la Oficina del Pueblo Andaluz se traslade esta queja a AVRA para intentar solucionar el problema a la mayor brevedad, pues por razones económicas nos urge proceder a la escritura de vivienda de forma correcta.”
Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la citada Agencia que nos informó que los interesados solicitaron el 17 de enero de 2019 el otorgamiento de escritura pública de la compraventa de su vivienda, si bien debido a un error en la escritura de la vivienda vecina, se habían debido iniciar primero los trámites para la rectificación de dicha escritura, siendo necesario recabar el apoderamiento de una entidad bancaria para ello.
Dado que la persona interesada efectuó la solicitud hacía casi dos años y medio y aún no habían podido escriturar su vivienda por razones ajenas a su voluntad, nos dirigimos nuevamente a la mencionada Agencia interesando que se especificaran las actuaciones concretas que se estuvieran realizando para el otorgamiento de la escritura de dicho inmueble.
Según la respuesta recibida, AVRA había intensificado en las últimas semanas las gestiones con la nueva dirección de la entidad bancaria con la que la titularidad de la vivienda pendiente de rectificar, formalizó la hipoteca, a fin de poder proceder cuanto antes a la firma de la rectificación, necesaria para poder dar el otorgamiento de escritura pública de compraventa de la vivienda propiedad de los reclamantes.
La Agencia había contactado también con la propiedad de la vivienda afectada en la rectificación de la escritura formalizada en 2003, a fin de comprobar si existía algún problema al respecto, indicando que no lo había, que se encontraba a la espera de que la entidad bancaria le contactara para proceder al trámite necesario.
Desde la Notaría, por otra parte, indicaban a AVRA que, tras haber mantenido una reunión con el director de la entidad bancaria, se estaba preparando el borrador de la rectificación de escritura, estando prevista la firma de la misma en la segunda quincena del mes de junio.
A la vista de esta información, se deducía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.
La persona interesada ya se dirigió en su día a esta Institución en relación con su necesidad de vivienda, habiendo concluido nuestras actuaciones con la Delegación de Asuntos Sociales y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en el marco de la queja 18/0679.
No obstante, se ha dirigido de nuevo a nosotros exponiéndonos su desesperación por la falta de avances en su situación, ya que hacía casi dos años que su familia vivía en un piso compartido municipal y no habían conseguido acceder a una vivienda a pesar de tener concedido el Plan de Ayuda al Alquiler del IMV.
Aunque sabíamos que tanto los servicios sociales como el IMV eran plenamente conocedores de la situación de esta familia, a la que venían atendiendo desde hacía años, les recordamos que se trataba de una familia compuesta por los dos progenitores y tres personas menores de edad, una de ellas con un 58% de discapacidad y el pequeño, de seis años, en tratamiento médico. Sus recursos económicos eran muy limitados para cinco personas.
Los cinco hacían toda la vida en una habitación del piso compartido, vivienda en la que, manifestaba, no podían empadronarse a pesar de llevar viviendo allí dos años. Les estaban atendiendo en el Centro de Servicios Sociales correspondiente, en la zona en la que se encontraba el citado piso de acogida.
Aseguraba que en este tiempo había estado buscando una vivienda de alquiler, pero no había encontrado ninguna de un precio adecuado y que les quisieran alquilar. Ante esta situación, llevaba desde finales del mes de enero en huelga de hambre y había acampado frente al IMV.
El alojamiento en casa de acogida municipal compartida es un recurso de emergencia, y por ello provisional, como en su día transmitimos a la persona interesada. En este sentido, hemos de reconocer los esfuerzos que se han realizado para mantener a la familia en un recurso que está configurado para ser transitorio.
No obstante, transcurrido más de un año desde el cierre del anterior expediente de queja sin que hubieran podido acceder a una vivienda, a esta Institución le preocupaba el bienestar de los tres menores de la familia, pues a pesar de que el recurso de emergencia se hubiera alargado precisamente para proteger a estos menores, no podía considerarse que fuera lo más adecuado para su desarrollo emocional.
En consecuencia, admitimos la queja a trámite y solicitamos la colaboración del IMV de Málaga y de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga solicitando sendos informes sobre las actuaciones que se hubiera realizado con esta familia desde finales de 2018 -momento en el que concluimos la queja 18/0697-, así como los recursos y medidas que pudieran adoptarse de cara a que esta familia pudiera acceder finalmente a una vivienda, atendiendo sobre todo al interés superior de los menores.
De la información remitida se desprendía que la persona reclamante no había presentado ninguna solicitud de intervención de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda del IMV. Sí había solicitado el Plan de Ayuda al Alquiler (PAA-5) de dicho Instituto, que se configura como un Plan de carácter excepcional y urgente, para el pago del alquiler de la vivienda habitual de familias en situación de exclusión social y con necesidad urgente de vivienda, adaptándose al contexto actual, proponiendo una concesión directa de ayudas para el pago de la renta de sus viviendas actuales.
Consiste en una ayuda a la renta de alquiler por cuatros años, para familias que serán las encargadas de la búsqueda de vivienda, cuya renta máxima no podrá exceder de 900 euros, y tendrán una ayuda total con tope en 18.260€, encontrándose concedido y pendiente de la firma del contrato de arrendamiento de la vivienda.
Considerando, por tanto, que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
Se recibía escrito de una Ingeniera Técnica de Minas y profesional autónoma, formulando queja por el "Gran atraso en las resoluciones para ejecución de sondeos tanto en la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (para ejecución de sondeo) y para la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (aprovechamientos de 7.000 m3). Están tardando en resolver más de un año para ejecutar un sondeo.”
Continuaba en su escrito diciendo que “no podemos más en esta provincia, tanto técnicos (como es mi caso), agricultores, ganaderos, empresas de perforación no pueden esperar una resolución más de un año para ejecutar una obra. Destacar que en otras provincias se han tomado soluciones, por ejemplo en Jaén tardan en resolver aproximadamente mes y medio. Este tipo de atrasos producen que se hagan más sondeos ilegales por la lentitud que ocasiona (…)".
Nos acompañaba copia del último escrito dirigido por la reclamante a la Delegación Territorial de Granada, en fecha de octubre de 2020, que al parecer no habría tenido respuesta.
Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación para conocer las medidas previstas a fin de dar solución al problema denunciado de retrasos en las solicitudes para ejecución de sondeos.
En el informe que nos envió dicha Delegación se reconocía el retraso e incluso se refería el mismo como "gran atraso histórico de expedientes", a los que se sumaban los aproximadamente 800 expedientes de autorización de sondeos nuevos de cada año, para los que había dos personas en el Servicio de Industria, Energía y Minas, lo que literalmente hacía que estuviera colapsado, tal como se reconocía sin ambages en el propio informe.
Para solventar esta situación, constaba en el informe que: "se ha intentado contratar personal interino del plan de choque que alivie la carga de trabajo. No obstante, el ingeniero de minas del plan de choque que estaba previsto se incorporara en el año 2020 no se incorporó. Este año 2021 se ha vuelto a pedir personal interino de plan de choque pero aún no se ha presentado. No obstante, esta sería una solución temporal al problema, ya que una vez finalizaran los contratos de personal interino el atraso se volvería a producir".
Para ello, en el informe se sugería que la solución definitiva al problema sería telematizar el procedimiento y simplificarlo, pasando del actual régimen de autorización administrativa a un régimen de comunicación previa más acorde con las actuales normas de procedimiento administrativo. Sin embargo, esta solución no podía darse por la Junta de Andalucía ya que la normativa que regula el procedimiento es una Orden Ministerial que aprueba una ITC, por lo que sólo podría modificarse por el propio Ministerio competente.
A la vista de ello, y dado que en cualquier caso, dado que se trata de un retraso fuera de lo común, hemos pedido a la Consejería que se procuren todos los trámites necesarios que permita dotarse del personal que agilice los expedientes atrasados, y que reduzca en algo el gran retraso acumulado en la resolución de estas autorizaciones.
Por lo expuesto anteriormente dimos por concluidas nuestras actuaciones confiando en que, en la medida que lo permitan las posibilidades, se dote de ese personal extraordinario cuanto antes para poder agilizar la gestión de los expedientes.
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