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Una vecina de una barriada desfavorecida nos exponía que, tras recibir un aviso de Emasesa por un consumo elevado de agua, realizó comprobaciones, ya que en el interior de su vivienda no se apreciaba ninguna avería, localizándola a través de fontanero en el semisótano del edificio y procedió a la reparación de dicha avería.

Posteriormente recibió la factura, correspondiente al periodo 19/08/2020-17/11/2020, por importe de 1344,68 euros. En Emasesa le sugirieron que adjuntara la factura de reparación, y así lo hizo. Sin embargo, recibió contestación con una propuesta de plan de pago pero sin permitir la refacturación, justificando que no se daban los requisitos previstos en la normativa para aplicación de la tarifa de avería: “No se rectificarán facturas por este motivo en los siguientes casos […] a. Cuando la pérdida o el exceso de consumo registrado sea debido al incorrecto mantenimiento de la instalación interior o este pudiera haberse detectado o evitado con mayor agilidad. A estos efectos se excluye expresamente la posibilidad de rectificación cuando la incidencia se localice en grifos, cisternas, termos o ausencia o falta de mantenimiento de válvulas de retención o llaves de paso.”

La interesada manifestaba que su situación económica no le permitía abonar dicha cantidad, ya que no tenía trabajo y recibía ayuda de los Servicios Sociales.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos informe a Emasesa para aclarar qué supuesto concreto impedía la aplicación de la tarifa de fuga y solicitando, para el caso de que fuera por “incorrecto mantenimiento de la instalación interior”, revisaran la valoración ofrecida teniendo en cuenta que la avería no era apreciable y que se ubicaba en zonas comunitarias, excediendo de sus posibilidades de intervención y no existiendo comunidad de propietarios constituida, así como por las circunstancias que rodean a la barriada en la que se ubica el bloque. Asimismo, la posibilidad de aplicar también la tarifa de fuga en la factura correspondiente al siguiente periodo -que presumiblemente habría de reflejar un consumo elevado-, atendiendo al tiempo transcurrido desde que se toma la lectura hasta que se avisa a la interesada y se repara con diligencia.

Para el caso de que no se estimara oportuno la aplicación de la tarifa de fugan, y con objeto de atender la situación personal de la interesada, señalábamos la posibilidad de refacturar conforme a su consumo habitual los conceptos asociados al saneamiento, teniendo en cuenta que el agua se habría vertido al terreno y no a la red, por lo que el servicio no se habría prestado, así como la posibilidad de estimar el consumo de agua para la cuota variable de abastecimiento, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y equilibrio entre prestaciones.

Emasesa nos contestaba que se había acordado refacturar aplicando tarifa de fuga tanto a la factura afectada por la avería como a la posterior, teniendo en cuenta la ubicación de la avería. La interesada nos trasladó copia de dichas facturas y apreciamos que, además, se le aplicaba el descuento de tarifa social y la tarifa de fuga en el canon autonómico. Aún así, manifestaba que las dos facturas suponían un importe total de 418,05 euros, que no podía abonar debido a su precaria situación económica

Realizamos nuevas gestiones mantenidas con personal de Emasesa a fin de que pudieran aplicarle una rebaja superior, mediante revisión de la tarifa social que le había sido otorgada ajustada a sus ingresos del momento o, en su defecto, ayudas para pago a las que pudiera acogerse. En respuesta, desde Emasesa ofrecían estudiar una fórmula de pago personalizada teniendo en cuenta la situación de la interesada.

Entendimos que el asunto por el que acudió a nosotros se encontraba en vías de solución por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja, remitiendo a la interesada a la gestión de alguna posible ayuda a través de los servicios sociales comunitarios e instándole a comprobar sus datos actualizados de renta por si pudiera acogerse al descuento del 100% en la tarifa social.

En todo caso, pusimos de manifiesto que, en el supuesto de personas que cuentan con recursos económicos limitados para acometer la reforma o renovación de sus instalaciones, cuando presentan importantes deficiencias o se encuentran obsoletas por su antigüedad, supone colocarlas en una situación destinada a su repetición y que, en última instancia, de nuevo les perjudica económicamente al tenerse que hacer cargo de la elevada facturación que se origina tras la fuga de agua.

Por ello reiteramos la petición que trasladábamos a Emasesa anteriormente en la tramitación de la queja 20/8127, a fin de que estudiasen líneas de ayuda o financiación propias de Emasesa o del Ayuntamiento de Sevilla destinadas a la renovación y mejora de instalaciones interiores de las familias que no dispongan de recursos para afrontar tal gasto.

En el expediente de queja recibido en esta Institución referente a la falta de resolución expresa a la solicitud de devolución de ingreso indebido e impugnación de la liquidación de la plusvalía, solicitamos informe al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Jaén.

En el informe remitido por el órgano requerido se nos traslada que se procedió a emitir resolución número 1XXX, desestimatoria a la solicitud de devolución de ingreso indebido e impugnación de la liquidación de la plusvalía, por lo que dicho acto adquirió firmeza administrativa.

Nos traslada en el informe las reiterados expedientes que se tramitan por los mismos hechos, entendiendo que “la Sra. (….) reitera a través de distintos Organismos Públicos (…) la misma petición mediante recursos, reclamaciones y quejas, en lo que estimamos pudiera constituir una utilización abusiva de las Instituciones y Organismos Públicos y da lugar a un continuo entorpecimiento de la actividad administrativa”

Entendiendo que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por el que acudió a esta Institución, se da por concluidas nuestras actuaciones.

Comparecía en esta Institución una vecina de Almería, mediante escrito en el que nos trasladaba su desesperación porque se encontraba sin suministro eléctrico en su domicilio, del que se había ausentado durante un tiempo por motivos familiares.

En reclamación a través de la distribuidora pudo conocer que su contrato con Energía XXI aparecía en estado de baja desde junio de 2020, por cambio a la comercializadora Iberdrola, y que fue dado posteriormente de baja voluntaria en enero de 2021.

La interesada señalaba que en ningún momento había solicitado la baja ni cambio de comercializadora, por lo que reclamó a Iberdrola. En la respuesta ofrecida le indicaban que en su domicilio y con mismo CUPS existía un contrato a nombre de distinto titular, pero no le podían facilitar más información de acuerdo con la normativa de protección de datos.

La interesada solicitaba que revisaran si hubo un error de la comercializadora en dicha contratación y se responsabilizase de los gastos necesarios para el alta de suministro.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de Endesa y de Iberdrola para que nos informasen sobre los hechos relatados en el escrito de queja.

Como respuesta Endesa nos confirmó que el contrato de suministro de energía perteneciente al CUPS del domicilio de la promotora fue dado de baja en junio de 2020 por cambio de comercializadora.

IBERDROLA nos informaba que debido a un error en los datos facilitados al realizar una nueva contratación, se realizó un alta en su Punto de Suministro de electricidad, con una dirección incorrecta, por lo que se pusieron en contacto con la interesada a través de sendas comunicaciones, de 27/10/2020 y el 16/12/2020, a fin de aclarar estos datos y devolver su situación a la normalidad. Dado que no se corrigió la titularidad del contrato, entendieron que la contratación era errónea y el 29/01/2021 rescindieron unilateralmente el contrato. Ante la solicitud de alta por parte de la interesada, con fecha 05/07/2021, solicitaron de nuevo el alta del contrato a su nombre. Asimismo, nos indicaban que anularían la factura de derechos de contratación.

Finalmente la interesada nos comunicó que le habían devuelto el suministro y no le habían cobrado el alta. Entendimos que el problema que motivó la presentación de la queja se había solucionado y procedimos al archivo de la misma.

Una vecina de Sevilla nos manifestaba que se encontraba residiendo en una vivienda cedida a su muerte por una persona mayor a la que cuidó. Le llegaban facturas de agua, a nombre del propietario, por elevada cuantía al no tener en cuenta el número de personas que residían en la vivienda y que no podía pagar.

Había intentado realizar un cambio de titularidad para registrar las personas empadronadas y acceder a la tarifa social de Emasesa, pero le pedían un contrato de alquiler que no disponía y no se daba por válido el documento que habría aportado para acreditar su derecho de disponibilidad del inmueble.

Además le habrían requerido el pago de una deuda antigua a su nombre que superaba los cinco mil euros al no haber dado de baja el contrato de agua tras cambiarse de domicilio.

La interesada destacaba que tiene 4 hijos y una discapacidad del 65%, que le impide trabajar, con una pensión de 400 euros, por lo que solicitaba que se le dieran facilidades de pago.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de EMASESA para atender la situación expuesta. Tras varias actuaciones realizadas con dicha empresa, que permitieron paralizar la gestión de corte por impago, finalmente se nos indicó que una vez recibido de los Servicios sociales acreditación de precariedad habitacional, como documento que le acredita el derecho al uso de la finca, se procedía a contratar el suministro a su nombre.

En cuanto a la solicitud de bonificación tarifaria, se encontraba en trámite de subsanación documental ya que los habitantes que declaraba no coincidían con los registrados en el Padrón municipal. Respecto a la deuda correspondiente a otros suministros en vigor a su nombre, se había firmado el correspondiente reconocimiento de la deuda.

La interesada posteriormente nos comunicó que subsanó la documentación necesaria ante EMASESA para la obtención de la bonificación tarifaria y que el problema que motivó la queja se había solucionado, por lo que procedimos al cierre del expediente.

Un vecino de un municipio de Málaga nos exponía que, desde octubre de 2020, estaba reclamando por la situación de un poste telefónico apoyado en el muro de su vivienda, ya que se encontraba podrido e inestable ante la acción del viento, preocupándole la posibilidad de que pudiera caer en el tejado de su vivienda.

Realizaron un parte de avería y tras la visita de un técnico le confirmaron que el poste debía ser sustituido por uno nuevo al encontrarse en mal estado. Ante la falta de noticias realizaron una reclamación por vía telefónica recibiendo como respuesta que no tenían constancia de nada. Desde entonces habían realizado hasta 3 reclamaciones.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Telefónica-Movistar que finalmente nos informó que “los trabajos necesarios se llevarán a cabo a la mayor brevedad”.

Unos meses después el promotor de la queja nos informó que la compañía telefónica había colocado un poste nuevo solucionando el problema planteado en la queja.

Entendimos que no eran necesarias más actuaciones en el expediente de queja y archivamos el mismo.

La interesada exponía que compró unas entradas para el espectáculo Sombra Efímera en la pagina oficial del teatro Falla en Cádiz, pero se produjo un confinamiento perimetral y no pudieron pasar de provincia para acudir.

Se pusieron en contacto con el Teatro Falla antes del evento para explicar la situación y les indicaron que se procedería a la devolución del importe de las entradas por cierre perimetral, indicándole los pasos a seguir.

Habían realizado cuatro reclamaciones mediante mail y muchas llamadas de teléfono en vano, el teatro Falla les decía que la devolución la realizaba el Ayuntamiento en Tesorería y esta a su vez les decía que era el Teatro el que en caso de cierre perimetral devolvía el dinero.

La reclamación para la devolución se realizó en noviembre y a 5 de febrero no se había resuelto aún.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz que nos envió informe en el que detallaba las circunstancias acaecidas por las que se había demorado la resolución del problema planteado y que ya se había resuelto definitivamente.

Entendimos que no eran necesarias mas actuaciones por nuestra parte en el expediente de queja y archivamos el mismo.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución afectante a la falta de resolución expresa de la reclamación económico administrativa que formuló al Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, la Administración nos remite resolución estimatoria a sus pretensiones reflejadas en la reclamación, anulando por tanto la providencia de apremio.

Habiéndose puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución referente a la falta de respuesta de su solicitud de auxilio e información por pagos retenidos por la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda, la Directora General, nos traslada informe para hacer constar que el documento 2021260XXX ha sido pagado.

Ante esa información, entendemos que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, por lo que procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.