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ANTECEDENTES

I. El 23 de Mayo 2016 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la incoación de oficio de la presente queja en los siguientes términos:

“Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, en el caso del territorio de la provincia de Jaén, concretamente en Castellar, hemos tenido conocimiento de un yacimiento de alto valor debido a los restos de carácter íbero que han sido objeto de un reciente expolio. Tales hechos han sido conocidos por investigadores que visitaban el recinto y han sido comunicados a las autoridades culturales y a la propia Guardia Civil, debido a los indicios de catas ilegales con detectores de metales. Desconocemos si se están siguiendo las correspondientes actuaciones judiciales con la detención de un sujeto supuestamente responsable de tales ilícitos.

No obstante, y más allá de esta supuesta vía judicial, interesa conocer las medidas que se han adoptado por la autoridad cultural en orden a la delimitación y protección de este importante yacimiento, así como los elementos de protección y defensa ante el riesgo de estos ataques que violentan los restos susceptibles de tutela y defensa.

Por ello, y al margen de esas actuaciones que dé lugar la instrucción del caso, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este yacimiento no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica.

A la luz de los acontecimientos, resulta de especial interés conocer las medidas de protección establecidas y, asimismo, la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones y expolios de la envergadura como la que se ha descrito en el lamentable caso del yacimiento de la “Cueva de la Lobera”, en Castellar (Jaén).

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén, a fin de conocer:

• medidas de protección del yacimiento de “Cueva de la Lobera”, en Castellar

• labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado.

• calendario de intervenciones arqueológicas previstas sobre tal yacimiento.

• cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Tras la correspondiente petición de informe, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén nos remitió un escrito (salida 1419, de 14 de Junio) atendiendo a la solicitud dirigida. Dicho escrito recoge la relación de intervenciones de ese organismo en relación con el incidente que abordaba nuestra actuación de oficio:

“Descripción.

El sitio arqueológico de los Altos del Sotillo presenta ocupación desde la Edad del Bronce hasta época romana, destacando la construcción de un santuario de época ibérica del siglo III a.C. La topografía del santuario ibérico queda definida por un acantilado dolomítico orientado al Norte, desde el que se extiende una ladera con fuerte pendiente en la que han sido construidas cuatro terrazas. Cinco cuevas se abren al pie de la pared rocosa. La principal, la Cueva de la Lobera, se presenta sobre la primera terraza, a la que se accede por un camino desde el este de la terraza segunda.

En el área ocupada por el santuario se distinguen dos ámbitos, uno sagrado y otro profano, cada uno con sus características propias. El área sagrada se circunscribe a la Cueva de la Lobera y posiblemente al resto de las grutas del farallón. Este espacio no presenta construcción alguna. La única intervención se registra en el acceso donde se construye una rampa que permite salvar el desnivel entre la segunda terraza y la base de la cueva. En el resto de la ladera se desarrolla el área profana, destinada a sostener las terrazas donde se construyen las “casas”, que por lo que se sabe, son construcciones aisladas niveladas por las terrazas, que se encuentran conectadas por toscos escalones.

El asentamiento ibérico, según las investigaciones actuales, se encuentra aislado de establecimientos ibéricos cercanos, si bien se enclava en una línea de tránsito de gran interés, pues controla la apertura de un paso desde el valle del Guadalquivir hacia La Meseta a través de Sierra Morena, valle que domina con amplia visibilidad tanto para contemplar como para ser visto.

Grado de protección

El Sistema de Información del Patrimonio Arqueológico de Andalucía recoge el sitio arqueológico con el código 01230250016.

Propiedad

El propietario actual es el Ayuntamiento de Castellar.

Impacto arqueológico

Desde su descubrimiento, a finales del siglo XIX, el santuario ibérico de Castellar es uno de los sitios arqueológicos más castigados por el expolio en la provincia. En 1910 se llegó al paroxismo, formándose una empresa para la explotación de este expolio casi sistemático: La Sociedad de Excavaciones de Castellar. El motivo de tal insistencia era la presencia masiva de esculturas ibéricas de bronce, los famosos muñecos, que por miles fueron extraídos y vendidos. Estas esculturas se hallaban en el santuario como exvotos, ofrendas a los dioses por los beneficios conseguidos. Desde entonces hasta ahora la presión ha sido constante pero ha bajado la intensidad con la compra y adecuación para la visita pública del sitio.

El impacto denunciado consiste en la apertura de al menos 20 agujeros de pequeño tamaño y poca profundidad, evidencia del uso de detector y un destierro de una superficie de 6 m2 aproximadamente, de la que desconocemos la profundidad por haberse vuelto a soterrar.

Este, en proporción, gran impacto se localiza en el acceso a la plataforma de las cuevas, y presenta una gran cantidad de piedras en su interior, provenientes de estructuras o derrumbes detectados y destruidos por los excavadores clandestinos.

Propuesta

Durante la visita se comprueba lo denunciado y ante ello se proponen las siguientes medidas:

 

1.- Medidas de evaluación del impacto.

• Comprobación del alcance y entidad del impacto, mediante la re-excavación del área removida en el camino de acceso y la limpieza del perfil resultante. La intervención arqueológica debería ser autorizada por esta Consejería y la realizaría el Ayuntamiento de Castellar.

• Tras la intervención arqueológica se repararía la superficie dañada para rehacer el camino.

2.- Medidas correctoras.

La única manera de asegurar que el expolio no se reproduce es estableciendo una vigilancia permanente, mientras no se disponga de esta, hay algunas opciones para paliarlo:

• Se debe plantear el vallado del sitio, o al menos, de la propiedad municipal.

• Se debe estudiar la posibilidad de colocar cámaras.

• Se debe comunicar a la Policía Municipal y a la Guardia Civil estos hechos para que extremen las labores de vigilancia”.

A su vez, dicho informe adjuntaba la comunicación que se había dirigido al Ayuntamiento de Castellar, con fecha 6 de Junio, promoviendo medidas de protección y correctivas.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El establecimiento de un sistema legal de reconocimiento y tutela del patrimonio arqueológico andaluz es, sin duda, uno de los elementos que caracterizan la normativa cultural autonómica, fundamentalmente expresada en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

 

La inclusión del concepto, con un alcance y sentido propios en dicha norma, su definición legal y el establecimiento de un régimen de protección perfectamente equiparable al resto de categorías, que han ocupado tradicionalmente la acción cultural protectora de los poderes públicos, son pasos que hacen más que evidente la perfecta concienciación entre la Administración Cultural, del sentido y dimensión de nuestra riqueza histórica escondida a lo largo de todo el territorio de Andalucía y, no lo olvidemos, de sus costas y fondos marinos.

 

La exposición de motivos de la Ley 14/2007 es sumamente clarificadora para centrar los valores y objetivos establecido por el ordenamiento jurídico cultural:

 

«Se parte, en primer lugar, de un concepto de Patrimonio Arqueológico basado en la utilización de la metodología arqueológica, estableciendo, en los mismos términos que la legislación estatal, la naturaleza demanial de los objetos y restos materiales que sean descubiertos. Este carácter de bienes de dominio público se presumirá también de los elementos hallados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, una vez transcurrido el plazo previsto en la Disposición transitoria tercera.

 

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. Especial importancia tienen también las actividades arqueológicas previas a la intervención sobre inmuebles protegidos, sobre las que se ha tratado de establecer una regulación equilibrada que, al mismo tiempo, se adecue a lo establecido por la Ley 7/2002. Así se concretan y especifican las obligaciones del promotor de las obras conforme al aprovechamiento urbanístico atribuido, si bien la Administración cultural podrá ampliar a su costa la extensión de la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico».

 

Así, el aludido Título V, desarrollado en los artículos 47 a 60, determina las acciones específicas que la Ley otorga a esta tipología de nuestro patrimonio histórico arqueológico que acuña, como nota característica, su valor protegible a pesar de que, en gran parte, no ofrece la evidencia de su contemplación; le basta su existencia para que la riqueza que encierra merezca por sí misma ser conservada con celo para su estudio y puesta en valor.

 

Pero más específicamente, el Decreto 168/2003, de 17 de Junio, del Reglamento de Actividades Arqueológicas, supone un desarrollo singular de los espacios de valor arqueológico con el objetivo de fijar las intervenciones y definir los protocolos técnicos y procedimientos de tutela que estas labores técnicas y científicas necesitan para su ejecución, procurando las garantías y protección de todos los valores que encierran estos bienes.

 

Segunda.- A la vista de la pormenorizada regulación que se cita, la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de su Administración Cultural, ha venido desarrollando una labor concienzuda de identificación, valoración y formal reconocimiento de estos yacimientos con el objetivo primordial de otorgarles los sistemas legales de tutela y protección que hemos indicado anteriormente.

 

El Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) señala hasta 261 inmuebles catalogados como Zonas Arqueológicas, elementos declarados formalmente como yacimientos inscritos, como tal categoría, entre los elementos que merecen tal definición y alcance legal de protección. La provincia de Jaén acoge 17 de estos elementos repartidos por todo su territorio.

 

Más específicamente, la localidad de Castellar y sus entornos ha sido destinataria de un amplio reconocimiento de su valor histórico, a través de su profunda y extensa huella arqueológica, gracias a una labor de investigación desarrollada, que acumula las evidencias y conocimientos del ingente valor histórico que alberga el subsuelo de su comarca.

 

Precisamente, estos precedentes motivaron la incoación del procedimiento para la inscripción específica en el CGPHA de la Zona Arqueológica de Castellar. Desde entonces, y con la anotación en dicho CGPHA, Castellar ostenta un reconocimiento formal y preventivo de su valor arqueológico, formalizando variados yacimientos identificados que se encuentran en el ámbito del Sistema de Información del Patrimonio Arqueológico con el código 01230250016.

 

Destacamos de nuevo la descripción realizada por el informe de la Delegación:

 

“En el área ocupada por el santuario se distinguen dos ámbitos, uno sagrado y otro profano, cada uno con sus características propias. El área sagrada se circunscribe a la Cueva de la Lobera y posiblemente al resto de las grutas del farallón. Este espacio no presenta construcción alguna. La única intervención se registra en el acceso donde se construye una rampa que permite salvar el desnivel entre la segunda terraza y la base de la cueva. En el resto de la ladera se desarrolla el área profana, destinada a sostener las terrazas donde se construyen las “casas”, que por lo que se sabe, son construcciones aisladas niveladas por las terrazas, que se encuentran conectadas por toscos escalones.

 

El asentamiento ibérico, según las investigaciones actuales, se encuentra aislado de establecimientos ibéricos cercanos, si bien se enclava en una línea de tránsito de gran interés, pues controla la apertura de un paso desde el valle del Guadalquivir hacia La Meseta a través de Sierra Morena, valle que domina con amplia visibilidad tanto para contemplar como para ser visto”.

 

Por tanto, el informe que motiva esta formal declaración supone la plasmación documentada y cronológica de todo un proceso de trabajo y recuperación del valor arqueológico de Castellar y la constatación científica y acreditada de un pasado milenario que se despliega en sus distintos asentamientos, principalmente de carácter íbero.

 

Tercera.- Los medios de comunicación (Ideal, 30 de Abril de 2016) se hicieron eco de un expolio en el yacimiento en el paraje conocido como Cueva de la Lobera, del término municipal de Castellar. Estas operaciones de búsqueda y aparente sustracción de materiales fueron advertidas por técnicas de la Universidad de Jaén, y sus resultados puestos en conocimiento de las autoridades.

 

Como se especifica en el escrito de incoación de la presente queja de oficio, “...al margen de esas actuaciones que dé lugar la instrucción del caso, resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones declarativas de un régimen de delimitación y protección de este yacimiento no sólo como objeto de intervenciones de investigación y estudio sino, en particular, como instrumento que ponga en marcha todas las medidas de protección y tutela que se nos antojan esenciales para hacer posible la conservación de tales restos y su posterior explotación científica”.

 

Y la necesidad de esa actuación protectora parece acreditarse a la vista del informe recibido, ya que se nos indica que estos daños se habían producido en la zona identificada y han supuesto “la apertura de al menos 20 agujeros de pequeño tamaño y poca profundidad que evidencia del uso de un detector y un destierro de una superficie de 6 metros cuadrados de la que desconocemos su profundidad por haberse vuelto a soterrar”.

 

La descripción del daño causado que ofrece la propia Delegación de Cultura alude a que “este gran impacto se localiza en el acceso a la plataforma de las cuevas y presenta una gran cantidad de piedras en su interior de estructuras y derrumbes detectados y destruidos por excavadores clandestinos”.

 

Sin perjuicio del resultado que se alcance tras las actividades de investigación o esclarecimiento de los hechos —ya sea en un escenario administrativo o en el curso de actuaciones judiciales— las operaciones de expolio contra el yacimiento se detectan en una visita primera a cargo de los arqueólogos locales (29 de Abril de 2016) quienes elaboran un informe y lo remiten ante las autoridades culturales y locales. Más tarde, se alude a que la Delegación de Cultura provoca la visita para comprobar los hechos en el enclave el día 6 de Mayo.

 

Ciertamente resulta acertada la calificación de “sistemático” del despojo, porque lo sucedido, parece ser un caso añadido de los frecuentes ataques que padece la zona. Se suma este incidente a la continuidad de los asaltos que de manera reiterada ha padecido, como oportunamente se alude en el informe de la Delegación, al citar incluso la existencia de empresas dedicadas al expolio de estos restos allá por 1910.

 

Este relato de los hechos debería despertar un juicio crítico sobre qué factores de protección y detección habrían anticipado la capacidad de respuesta. Resulta evidente que las causas que explican esta devastación son imputables a quienes han perpetrado y ejecutaron este expolio de restos de origen íbero; para ello se establecen los procedimientos a fin de esclarecer hechos, tipificar conductas y determinar sus consecuencias.

 

Pero mientras, desde otro escenario analítico, resulta muy oportuno abordar qué medidas de mejora se pueden implementar tras su estudio. Y así, se suscitan varias cuestiones; por ejemplo, la capacidad de respuesta preventiva para proteger el escenario por parte de los servicios de esa Delegación Territorial y del propio Ayuntamiento, en cuyos terrenos se perpetran una y otra vez estos expolios.

 

La cuestión se centra en dilucidar si el recurrente desarrollo de una actividad expoliadora como la descrita, merece unas respuestas inmediatas, ágiles y, sobre todo, protectoras. No olvidamos que este ataque a los restos se produce en un escenario que parece alejado, en ámbitos rurales apartados en los que pueden permanecer ocultas estas operaciones de expolio, al menos para las autoridades o sistemas de control. Pero, precisamente, a partir de ser tan reiterados los daños, en una zona de la que se tiene sobrado conocimiento de su existencia y por esa misma condición, este yacimiento merece unas especiales medidas protectoras que enerven lo que se ha descrito como “un expolio sistemático”.

 

Volviendo a la normativa específica, debemos traer a colación lo dispuesto por el artículo 5.4 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003) cuando señala que:

 

«La actividad arqueológica urgente es la que, no estando impuesta por una norma, se considere por la Consejería de Cultura que debe ejecutarse en caso de que concurran circunstancias de peligro de pérdida o destrucción al Patrimonio arqueológico o en el caso de suspensiones de obras motivadas por la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos».

 

Creemos que la Autoridad Cultural, a la vista de los informes que recibió, puede considerar que los daños descubiertos, y que le fueron advertidos, merecen la consideración de «circunstancias de peligro de pérdida o destrucción al Patrimonio arqueológico» debido a que el expolio se califica de “sistemático” y de que los objetos amenazados, como son estatuillas o pequeñas piezas metálicas de bronce, tienen una envergadura que facilita un acopio continuo. También resulta oportuno destacar las propuestas de fijar medidas de vallado o, cuando menos, sistemas de registro de imágenes y cámaras de seguridad que advirtieran in situ la intervención de la autoridades como efecto, al menos, disuasorio ante nuevas aprehensiones de estos restos arqueológicos.

Precisamente, las técnicas que evaluaron la situación tras la visita propusieron una serie de medidas que, debidamente analizadas, pueden aportar soluciones ante esta situación. Tales medidas serían de alcance propiamente arqueológico descritas como

“1.- Medidas de evaluación del impacto.

Comprobación del alcance y entidad del impacto, mediante la re-excavación del área removida en el camino de acceso y la limpieza del perfil resultante. La intervención arqueológica debería ser autorizada por esta Consejería y la realizaría el Ayuntamiento de Castellar.

Tras la intervención arqueológica se repararía la superficie dañada para rehacer el camino”.

 

Y, junto a éstas, disponer acciones de acondicionamiento del entorno y protección de la zona según proponen;

“...2.- Medidas correctoras.

La única manera de asegurar que el expolio no se reproduce es estableciendo una vigilancia permanente, mientras no se disponga de esta, hay algunas opciones para paliarlo:

• Se debe plantear el vallado del sitio, o al menos, de la propiedad municipal.

• Se debe estudiar la posibilidad de colocar cámaras.

• Se debe comunicar a la Policía Municipal y a la Guardia Civil estos hechos para que extremen las labores de vigilancia”.

Esta medidas, o las que se determinen finalmente, deberán conjugarse con las actuaciones ya realizadas en la zona y que nos han sido descritas para poner en valor el entorno ganando accesibilidad desde el núcleo de Castellar.

En suma, queda a la consideración de esa Delegación Territorial un ejercicio evaluador sobre las posibles mejoras en la agilidad reactiva de las autoridades culturales para proteger este yacimiento que parece condenado sin remedio a este sistemático expolio.

Se trataría, por tanto, a la vista del incidente añadido que ha acentuado la toma en consideración de las medidas protectoras para este espacio, de que precisamente se evalúe la oportunidad de realizar alguna de las acciones propuestas en el informe elaborado por las técnicas arqueólogas y que permitan definir la intervención arqueológica procedente con argumentos y criterios científicos especialmente destinada a evitar su expolio y destrucción, según establece el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Del mismo modo, en el curso de la delimitación de las medidas de protección y custodia, reseñamos la condición del propio Ayuntamiento de Castellar como propietario del recinto, según consta acreditado a estos efectos en el expediente aludido CPPH 560/2004, lo que supone su responsabilidad compartida a la hora de velar por las condiciones de conservación.

Cuarta.- Como se ha indicado en la motivación de la presente queja de oficio, la cuestión nuclear no reside tanto en las medidas formales declarativas, sobradamente descritas, cuanto en su eficacia para la protección de tales zonas de valor arqueológico. En determinados supuestos en los que acostumbra a intervenir esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, nos encontramos ante ataques o expolios de Zonas formalmente declaradas y merecedoras, por tanto, de una actuación protectora acorde con el alcance normativo que implica la catalogación de ese espacio como Zona Arqueológica.

Con ello, queremos expresar, aun resultado obvio, que dicha formalidad declarativa no constituye per se un elemento impeditivo de los ataques y expolios como los descritos. Pero sí hemos de entender que su reconocimiento formal, bajo la categoría de BIC como “Zona Arqueológica”, es el pronunciamiento merecido y acreditado sobre el que construir todo el dispositivo de protección que este patrimonio histórico necesita sin demora.

En este caso, nos encontraríamos ante un espacio que habría permanecido referenciado y estudiado desde hace décadas por sus valores arqueológicos, pero al día de la fecha no ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según se nos informa por las arqueólogas actuantes, “... los antecedentes en materia de catalogación se inician en febrero de 1988, fecha de la documentación técnica para su declaración como BIC de la sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén en la que se emite informe favorable a la incoación del expediente. El 17 de Septiembre de 2004 se tramita ante la Dirección General de Bienes Culturales la propuesta de incoación como BIC de la Zona Arqueológica de los Altos del Sotillo (expediente CAT 45/04)”.

Nada nuevo se añade. Con lo que nos encontramos ante otro caso, entre varios que hemos tenido la oportunidad de analizar, de elementos patrimoniales que en su día son incoados para su consideración declarativa como BIC pero que, tras el paso de los años, o décadas, permanecen en el mismo estado procedimental sin conocer las circunstancias que aporten alguna explicación a semejante parálisis o una motivación válida ante la ausencia de un pronunciamiento conclusivo del expediente formalmente incoado sin resolución.

Ante este tipo de situaciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ya se ha manifestado indicando algunas consideraciones en especial con motivo de la resolución dictada en la queja 16/761.

“...La declaración formal de un inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC) se convierte en un acto complejo que engloba un compendio de efectos derivados de dicha resolución y dirigidos a lograr de dicho bien los objetivos de identificación, registro, estudio, protección y promoción que hemos señalado anteriormente.

Es, sin duda, un proceso que debe argumentarse desde criterios técnicos y científicos en los que las decisiones a la hora de incoar su tramitación, conforme establece la citada LPHA, se adoptan según los niveles de protección patrimonial (BIC, bienes incoados y bienes susceptibles de incoar) y sus propios estados de conservación (actuación muy urgente, actuación urgente o actuación ordinaria).

Hablamos de una sucesiva relación de motivaciones y criterios que deben recogerse en el expediente incoado al efecto, según señala el artículo 9 de la LPHA. Ciertamente, la ingente riqueza patrimonial que la Comunidad Andaluza ostenta es un condicionante en la determinación de estos inmuebles a la hora de decidir su inclusión formal en estos procedimientos declarativos de BIC, lo que, sin duda, genera un amplio elenco de espacios y edificios que, por sí, son perfectamente encuadrables en los valores que debe asumir un Bien de Interés Cultural declarado.

Ante esa multiplicidad de supuestos se deben fijar, necesariamente, unas pautas o unos criterios, como se ha señalado antes, que sepan conjugar los niveles de protección con los propios estados de conservación y sus amenazas para preterir unas iniciativas frente a otras que quedarían, cuando menos, aplazadas. Así mismo, esa labor de ordenación de incoación e impulsos para la declaración de BIC, en un vasto espacio como el territorio andaluz, compete ejercerla al propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que goza de la ordenación común de las políticas culturales con una visión integral de las necesidades del conjunto del espacio autonómico.

Probablemente, no erramos al plantear, en este orden de decisiones, que la principal dificultad no estriba en encontrar inmuebles merecedores de ser declarados BIC, sino más bien en tener de priorizar, entre tantos, cuáles deben alcanzar antes ese título formal. La trascendencia patrimonial de la historia de Andalucía ha generado, a lo largo de sus siglos, un ingente patrimonio que, por sí sólo, merece una prolífica actividad declarativa de sus valores culturales.

Ciertamente, surge una variedad de criterios que se antojan sugerentes a la hora de realizar esta compleja labor de identificación y de reconocimiento. Hablaríamos de criterios de oportunidad para cubrir necesidades de protección a través del especial régimen legal establecido; completar espacios o conjuntos culturales ya declarados; consolidar labores de planificación urbanística; enervar situaciones de riesgo en los usos del inmueble; promoción de destinos culturales; apoyo de actividades científicas o divulgativas; y la búsqueda de todo el corolario de efectos que este reconocimiento formal como BIC proporciona a los inmuebles destinatarios de tal declaración.

Igualmente estos criterios pueden tener otras referencias territoriales no menos oportunas y que deben considerarse que pueden incidir en una labor de buscar un proceso declarativo con ese enfoque geográfico. Determinada tipología monumental merecedora de este reconocimiento puede encontrar ejemplos de inmuebles repartidos a lo largo del territorio andaluz que quedarían llamados a la par a obtener la declaración BIC; en cambio, en otros supuestos primaría la exclusividad característica de un inmueble que lo calificaría de manera singularizada para tal categoría de BIC.

Tampoco hemos de olvidar la amplia legitimidad que la LPHA otorga para solicitar la incoación del expediente. Su artículo 9.1 reconoce a cualquier sujeto privado o público la facultad para instar ante la autoridad cultural mediante una petición motivada que se proceda a la apertura de dicho trámite para alcanzar finalmente la declaración de un inmueble como BIC. Ello implica una pluralidad de demandas dirigidas a la autoridad cultural que deben ser acogidas y respondidas conforme a criterios coherentes y equitativos.

Y, por último, en este ejercicio de analizar los elementos que propician o aplazan los procesos declarativos de BIC, comparecen con fuerza propia los impactos económicos de otorgar este especial régimen de protección, ya que activa unas cualificadas obligaciones para sus titulares, así como para las autoridades culturales, acordes con las necesidades que se acreditan hacia dicho inmueble y que condicionan su uso y aprovechamiento, tal y como se ha mencionado anteriormente. Un régimen de protección que se traduce en obligaciones de sometimiento a un específico sistema de autorizaciones para intervenciones, prohibiciones y controles; severos mecanismos de conservación y restauración; contenidos obligados para la ordenación y planificación urbanísticas; etc. Acciones, todas ellas, que se expresan en indicadores económicos que deben ser cuidadosamente evaluados en su alcance.

Este breve ejercicio de enumeración de los criterios o razones que intervienen en la argumentación que motiva la incoación de los correspondientes expedientes y su ulterior tramitación, no dejan de exponer un escenario de decisiones de carácter indeterminado que debe ser valorado y ponderado por las Autoridades Culturales, conforme a sus correspondientes competencias, y en base a las argumentaciones técnicas y científicas que enriquecen y fundamentan la decisión final acordada sobre el bien afectado.

En suma, la pluralidad de bienes susceptibles de merecer tal declaración y la complejidad de los criterios que ilustran el estudio de tales decisiones, ponen de manifiesto un escenario complejo y extenso de gestión de estas iniciativas.

Sin duda, la incoación, trámite y declaración de un inmueble como BIC supone un sistema decisorio que por su heterogeneidad, y desde luego por su trascendencia, aconseja disponer de un proceso motivado y bien argumentado que aporte, cuando menos, una herramienta ordenadora y planificadora de esos procesos concurrentes de declaración de BIC y su incorporación al Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía”.

Consideramos, en suma, que este yacimiento de Altos del Sotillo, de Castellar, cuyo expediente fue incoado en 1988, y que permanece sin concluir diez y ocho años después, merece un definitivo impulso que resuelva la merecida declaración formal de Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica, desde cuya proclamación disponer todo el corolario de medidas protectoras y de puesta en valor que la normativa otorga a tales elementos patrimoniales de ingente interés arqueológico.

Quinta.- A la vista de las anteriores circunstancias, resumimos que cabe valorar la actuación de la Delegación Territorial con una actitud más ambiciosa, en la medida en que la reacción formal ante el nuevo episodio de expolio ofrece evidentes oportunidades de mejora. El conocimiento de este tipo de los hechos y la magnitud de los daños provocados puede generar en la sociedad una reacción de sorpresa y de incomprensión. Queremos hacernos eco de opiniones expresadas por colectivos, entidades y profesionales relacionados con la cultura, y especialmente sensibilizados ante estos expolios, cuando aducen su sorpresa y posterior decepción al comprobar las dificultades para generar un efecto impeditivo de estas agresiones al patrimonio cultural y arqueológico andaluz.

Por ello, debemos —todos los poderes públicos— reflexionar críticamente cómo mejorar las intervenciones de protección y defensa del patrimonio histórico. En suma, creemos que existen espacios para la reflexión y el análisis de las actuaciones desplegadas por la Autoridad Cultural y el propio Ayuntamiento de Castellar, titular de los terrenos del yacimiento, ante este grave suceso que pueden aportar oportunidades de mejora y, en su caso, métodos correctivos.

Del mismo modo, creemos que la actuación de la Administración Cultural debe aportar un destacado liderazgo en la defensa y promoción de los valores histórico-culturales. Así pues, la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte debe impulsar todas las actuaciones de esclarecimiento y determinación de las responsabilidades incurridas, promover la reparación de los daños y, desde luego, ejercer las potestades de tutela y protección que se han visto gravemente afectadas por la nueva devastación en el yacimiento de Altos del Sotillo.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén y al Ayuntamiento de Castellar las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de las disposiciones legales citadas en el texto de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN 1, a fin de que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén impulse, desde su ámbito de competencia, los procedimientos incoados para el esclarecimiento y determinación de responsabilidades ante el expolio del yacimiento de Cueva de la Lobera en Altos del Sotillo (Castellar).

RECOMENDACIÓN 2, a fin de que la Delegación junto con el Ayuntamiento de Castellar evalúen todas las actuaciones desarrolladas en torno a los sucesivos expolios del yacimiento y se programen todos los mecanismos de vigilancia y protección del recinto.

RECOMENDACIÓN 3, a fin de que la Consejería de Cultura actualice el estado de tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento de Cueva de la Lobera en Altos del Sotillo (Castellar) que consta como “incoado” desde 1988 mediante su impulso y resolución.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución a la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por la que recomienda dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación presentada por la parte afectada con fecha 13 de julio de 2016.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 18 de julio de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D. (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 13 de julio de 2016 el afectado había formulado reclamación ante esa Agencia Tributaria de Sevilla instando se le facilitase copia de recurso de reposición que hubiere presentado en expediente sancionador de tráfico urbano o en la vía de apremio subsiguiente.

Que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

Debemos aclarar que a la reclamación del interesado -que presentó en fecha 18 de julio de 2016- le resulta de aplicación el régimen jurídico de procedimiento y obligación de responder determinado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ello, por expresa previsión contenida al efecto en la Disposición transitoria tercera, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que establece:

«Régimen transitorio de los procedimientos:

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.»

El artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece la obligación de la Administración de dictar en todos los procedimientos resolución expresa sobre el fondo del asunto y notificar la misma, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 7 del artículo 42 de la LRJPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo. Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia y sometimiento a la ley y al Derecho.

Los mismos principios se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. En sus relaciones con la ciudadanía, las Administraciones públicas deben actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a esa Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la reclamación presentada por la parte afectada con fecha 13 de julio de 2016.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de Abril de 2016 nos dirigimos a la Consejería de Justicia e Interior, a través de su Viceconsejería, en los siguientes términos:

“Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.

Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. Ciertamente, la amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Situaciones análogas han sido abordadas en otras actuaciones, como la queja 14/4340, iniciada de oficio ante la Consejería de Justicia e Interior, relativa a graves dilaciones en los Juzgados de lo Social de Sevilla. También podemos añadir la queja 14/5196 que abordaba la situación específica de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga o la queja 14/5756 sobre los mismos órganos en Sevilla.

Esta nota de especial singularidad en los problemas se aprecia, ahora, con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las actuaciones de los Juzgados de lo Social de Huelva.

En un ejercicio recopilatorio, podemos citar varios expedientes de queja que son coincidentes en manifestar graves dilaciones a la hora de ofrecer las citaciones y respuestas previstas en los respectos procedimientos(...).

En todas las quejas tramitadas, como es preceptivo, nos hemos dirigido a la Fiscalía para conocer los detalles de las reclamaciones expresadas por las personas afectadas. Es, a partir de estos informes de la Fiscalía, cuando hemos podido confirmar los plazos que hemos relatado y que ratifican, una tras otra, la estricta veracidad de estos retrasos. Así pues, y a falta de mayores datos que permitieran realizar un análisis más detenido, la valoración que podemos ofrecer es la presencia de graves dilaciones repetidas en las quejas comentadas y que señalan a tres órganos que protagonizan estas deficiencias; es decir, los Juzgados de lo Social de Huelva números 1, 2 y 3.

Retomando el informe que nos remitió el Letrado adscrito al Juzgado de lo Social nº 1, son problemas estructurales que pesan en dicho órgano, si bien los indicios que le hemos señalado pudieran hacer indicar que son análogos a los que pudieran presentarse con indicadores parecidos en los otros Juzgados de lo Social.

Como puede comprobarse, la situación que hemos intentado poner de manifiesto, amenaza con trascender los problemas individuales expresados en cada queja y suponer un grave déficit que afecta a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, suponiendo una grave disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia. Por tanto, todas estas manifestaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido”.

2.- Con fecha 29 de Junio de 2016 recibimos comunicación de la Viceconsejería con un detallado informe que abordaba diversas cuestiones relacionadas con el asunto planteado en la queja de oficio incoada. Efectivamente, la Viceconsejería nos informa:

“En la reciente Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2015, se analiza la situación de los Juzgados de lo Social de Huelva, reflejándose que el número medio de asuntos ingresados por órgano ha sido de 1366 asuntos lo que supone un exceso del 70,7% sobre el módulo de referencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. En relación con los datos del año anterior, la carga de trabajo de estos Juzgados ha aumentado de forma considerable, en más de 120 asuntos por Juzgado, lo que supone un incremento porcentual del 9,7% y se sitúan en unos parámetros muy parecidos a los del ejercicio del año 2013.

 

• AÑO	Nº DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO ASUNTOS POR ÓRGANO	VARIACIÓN SOBRE EL MÓDULO (670-800)
  2013	3	1351	68,90%
  2014	3	1245	55,60%
  2015	3	1366	70,70%

 

Para la adecuación del número de Juzgados de lo Social a las actuales cargas de trabajo, y atendiendo a los módulos de referencia establecidos por el CGPJ, sería preciso que en Huelva existieran un total de cinco órganos de este orden jurisdiccional, por lo que sería necesaria la creación de dos nuevos Juzgados.

Personal del partido judicial.

El partido judicial de Huelva cuenta con tres Juzgados de lo Social, cada uno de estos órganos tiene una plantilla constituida por dos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 4 del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y dos del Cuerpo de Auxilio Judicial. Esta configuración de plantilla es similar a la existente en otros Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma.

La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería mantiene una cobertura del 100% de las plantillas de todos los órganos judiciales, sin perjuicio de que en determinados momentos puedan producirse vacantes o ausencias de bajas por enfermedad, en cuyo caso se cubren en el siguiente concurso de traslado, o mediante sustituciones, comisiones de servicios o con personal interino de la bolsa correspondiente.

En relación con este partido judicial, se han adoptado diferentes medidas de refuerzo en los últimos meses. De esta forma, el Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva ha contado con el refuerzo de una persona funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2015. El Juzgado de lo Social nº 2, por su parte, ha contado con el refuerzo a su vez de una persona funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal desde 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016.

Pendencia.

En cuanto a la situación de la pendencia, tomando como referencia los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (punto neutro judicial) en el mes de febrero de 2016, debe señalarse que, durante el año 2015, el Juzgado de lo Social nº 1 tenía pendientes de tramitar al inicio del ejercicio 1935 asuntos y al final del mismo tenía 2016 asuntos lo que supone una aumento en el volumen de asuntos pendientes del 4,19%.

El Juzgado de lo Social nº 2, por su parte, tenía 1786 asuntos al inicio y 1980 al final lo que supone un aumento del 10,86%.

El Juzgado de los Social nº 3, por último, tenía 1333 asuntos al inicio y 1491 al final de dicho ejercicio lo que supone un aumento del 11,85%.

Hay que indicar que el indice de pendencia medio en este partido judicial se situó en el 8,90% y que estaría muy por encima del índice de pendencia medio en la provincia de Huelva que fue del -5,85%.

Medidas de colaboración de la Junta de Andalucía.

Teniendo en cuenta la situación de alta pendencia y la elevada carga de trabajo que experimentan estos órganos judiciales, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, en el marco de sus competencias, se vienen adoptando medidas que de alguna manera coadyuven a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad que presentan. Entre estas medidas podemos destacar lo siguiente:

En relación con esta cuestión hay que destacar que la referida Memoria del TSJA señala que durante la anualidad de 2015 han estado adscritos Magistrados como integrantes de medidas de refuerzo en la jurisdicción social de primera instancia en distintos partidos judiciales como Almería, Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Granada, Jaén, Málaga o Sevilla, sin que en ningún caso hubiera procedido desde los organismos judiciales a adoptar una medida similar al respecto en el partido judicial de Huelva que nos ocupa. La asignación de Jueces de Adscripción Territorial constituye una circunstancia que en su caso puede ser tenida en cuenta para los correspondientes nombramientos de personal de refuerzo.

En cualquier caso, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, consciente de la especial situación de sobrecarga de trabajo y elevados indices de pendencia que atraviesas determinados órganos judiciales ha procurado impulsar un nuevo esfuerzo presupuestario que pueda contribuir a la agilización de las actuaciones y procedimientos. Para ello, se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos, mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de los 137 actuales hasta un total de 181.

Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal medida, aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos.

De esta manera, se ha procedido a asignar al Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva, desde el inicio del mes de junio hasta finales del próximo mes de septiembre, el refuerzo de un funcionario interino perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Se contempla que este refuerzo señalado pueda dar cobertura a cualquiera de los tres juzgados sociales de este municipio”.

Analizado el contenido de su información, hemos de ofrecerles a la luz de los datos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En un primer punto, hemos de manifestar que su información viene a ponderar, de una manera objetiva y documentada, la situación que pesa en la gestión cotidiana de asuntos que afectan a los órganos de la jurisdicción social en Huelva.

Efectivamente, aluden en su comunicación a la constatación de una creciente carga de trabajo en los tres órganos judiciales, con incrementos porcentuales de asuntos que van de un 68 % en 2013, a más del 70% en 2015 en relación con los módulos de carga de trabajo asignados a este tipo de órganos judiciales. Tales incrementos de asuntos explican, ciertamente, el volumen de trabajo que se residencia competencialmente en estos órganos, cuyas respuestas carecen a todas luces de la capacidad para absorber, en términos de suficiencia, la gestión y resolución de los asuntos acorde con parámetros aceptables de servicio.

Recordamos que entre las motivaciones que explicaban la apertura de este expediente de oficio se encuentran informaciones ofrecidas por los propios titulares de varios de estos Juzgados de lo Social. Así en la queja 15/3815, con motivo de la información que nos dirigía el Letrado de la Administración de Justicia supimos que el Juzgado nº 1 venía recibiendo un 150% más de los asuntos asignados en las ratios de órganos análogos y que su carga de trabajo de varios ejercicios añadidos implicaban un volumen de asuntos equivalentes a nueve años más sobre el ritmo de asuntos que le asignan los indicadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta descripción sobre el Juzgado nº 1 debe ser evaluada en relación con otros ejemplos. Así citamos la queja 16/823 que alude al mismo órgano; en ella el interesado, afecto de una grave invalidez, según afirma, se ha visto obligado a demandar al INSS y a la Mutua que tenía contratada la empresa para la que trabajaba para reclamar pensión de invalidez. Su juicio se ha señalado para dentro de un año, a lo que que tiene que añadir el tiempo dedicado solicitar abogado por carecer de recursos económicos para asumir este gasto.

Añadimos el caso de la queja 16/1169 que engloba dos procedimientos que se siguen en el Juzgado de lo Social nº 2 y también en el nº 3, ambos de Huelva. En estos casos, las citaciones son para finales de 2017 en relación con una demanda de resolución de contrato por modificación de sus condiciones, dando lugar a la formación de los autos de 2015 del Juzgado de lo Social nº 2, que ha señalado como fecha para el juicio la del 17 de enero de 2017, más de un año después de la presentación de la demanda.

Surge pues una afectación muy repartida y común entre los diferentes órganos, que parece superar cualquier idea de que los problemas detectados tuvieran un foco concreto en señalados juzgados. Más bien, y partiendo de estos datos que obtuvimos en su día a partir de quejas individuales y de informaciones que se nos facilitaron desde la Fiscalía de Huelva, los datos que nos facilitan ahora corroboran una situación generalizada de graves dilaciones, consolidada a lo largo de estos tres últimos años, y que se confirmaría en los datos que se ofrezcan respecto del presente ejercicio de 2016.

La cumplida información que nos hace llegar la Viceconsejería supone, pues, la ratificación acreditada de la grave situación que pesa sobre los desempeños de los Juzgados de lo Social de Huelva. De Huelva y de todo el territorio que barca el TSJA ya que la Memoria de 2015 (pág. 124) refleja que salvo Ceuta, Motril y Melilla, todos los Juzgados de lo Social sobrepasan con creces los módulos preestablecidos de carga de trabajo.

Segunda.- Un aspecto añadido vendría a detenerse en las medidas que, de manera específica, ha acometido esa Consejería de Justicia e Interior desde su particular ámbito de decisión y competencia. El relato de su informe incide en la puesta a disposición de una serie de puestos de refuerzo a través de personal administrativo interino o refuerzo que se distribuye entre los órganos judiciales de Andalucía, según los criterios o razones de prioridad que se indican en su escrito.

Con mayor detalle, destacamos su información acerca de que “...se ha propuesto por parte de la Consejería de Justicia e Interior, y ha sido autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una modificación presupuestaria con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan extraordinario de refuerzos, mediante dotación de personal interino que eleva de manera significativa el número de efectivos disponibles de los 137 actuales hasta un total de 181.

Esta medida, que se implantaría inicialmente, por tres meses prorrogables, a partir del mes de junio de 2016, supondría un incremento de medios personales temporales que coadyuven a reducir sustancialmente las cargas de trabajo, siendo criterios prioritarios para la aplicación de tal medida, aquellos órganos que presenten una mayor carga de trabajo según los datos objetivos que suministra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial; en situaciones similares deberá atenderse a aquellos órganos con mayores niveles de pendencia; asimismo se atenderá a aquellos órganos a los que hayan correspondido causas de especial relevancia y complejidad (macrocausas) que estén provocando un aumento significativo de retraso judicial en los demás asuntos”.

Desde luego, el aumento del número de plazas implica un esfuerzo añadido que esta Institución ha venido demandando a la hora de analizar las posibles medidas de ayuda ante situaciones parecidas y que, afortunadamente, mejora las oportunidades de disponer de refuerzos de carácter administrativo en aquellos juzgados que más lo necesitan. Es un avance apreciable y que camina en la dirección correcta de dimensionar con mayor capacidad las plazas de refuerzo o apoyo.

Reiterando ese elemento positivo, y aunque nos señalan medidas de refuerzo para los Juzgados de lo Social números 1 y 2, los resultados obtenidos en su conjunto no presentan cambios significativos de mejora que permitan dedicarle una valoración satisfactoria en orden a la consecución de unos objetivos que debieran alcanzar la superación o, al menos, una perceptible mejora de la situación que se pretende corregir en estos órganos judiciales. Reconociendo, sin duda, el esfuerzo profesional y dotacional que implica este reducto de medidas de refuerzo acordadas, el objetivo ceñido a las necesidades de los Juzgados de lo Social de Huelva no ha podido ser alcanzado a la luz de los resultados ofrecidos. Y además, apuntamos un dato que, aunque no resultado en el informe de la Viceconsejería sí produce una singular atención, cual es la altísima incidencia de suspensiones de citaciones y vistas (en torno al 40%) lo que añade un elemento de retrasos y entorpecimientos en el discurrir de los procesos.

Con todo, los datos y el análisis de estas medidas funcionariales concluyen una grave situación que parecen encontrar su dificultad más en la capacidad resolutoria de los Juzgados que en aspectos de naturaleza tramitadora. De hecho, la información ofrecida destaca que “los puestos de plantilla de los juzgados están cubiertos en su totalidad, es decir que la plantilla aprobada para cada órgano está atendida salvo supuestos puntuales que puedan darse”.

No obstante, a la hora de indagar otras vías de solución, sí se han elaborado argumentos a favor de una mejor redistribución de las plantillas previstas para cada órgano judicial. En la Memoria del TSJA de 2014 se hablaba de “abordar sin más dilaciones una reordenación de efectivos y una nueva Relación de Puestos de Trabajo adecuada a la situación actual de los órganos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma”. Se trataría de derivar efectivos a los destinos más necesitados de refuerzos de personal gracias a las plazas que serían amortizables de otros órganos cuyas cargas de trabajo permiten una nueva adscripción o destino. La Memoria de 2015 reproduce con mayor ahínco estas peticiones al recoger que existen “distorsiones ampliamente conocidas de a los atrás: órganos con exceso de funcionarios y otros con una platilla muy escas, que se mantiene invariable en número desde hace décadas sin atender a las necesidades reales de trabajo y de la población; ausencia de movilidad funcionarial en el entorno laboral más inmediato; cambios constantes en la plantilla, retrasos en la cobertura de vacantes; alto número de interinos y falta de especialización; dificultades de cobertura de plazas para medida de apoyo judicial; etc.” (pág, 190).

En todo caso, hemos de concluir de nuevo que las medidas de refuerzo funcionarial destinadas a estos órganos judiciales no han logrado revertir la situación de graves dilaciones que pesan sobre los rendimientos de los Juzgados de lo Social onubenses, por lo que los problemas que se han descrito sobre el servicio prestado a justiciables y profesionales de la Administración de Justicia ofrecen un pronóstico de persistir y con una tendencia altamente probable de acentuarse en un futuro inmediato.

Tercera.- Hemos de destacar en este análisis la valoración que podemos considerar como más decisoria; y es la manifiesta carencia del número de órganos judiciales necesarios para atender la carga de trabajo asumida por estos juzgados.

Recordemos que el indicador medio que ha sido adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la tipología de estos órganos es la asignación de una ratio de entrada de asuntos al año, según se establece en los Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Para la tipología de órganos judiciales que analizamos, la ratio o módulo de carga de trabajo es de 670 a 800 asuntos al año.

Entendemos, a falta de otros criterios que desmientan este indicador o ratio, que, con la situación actual de litigiosidad adscrita a las competencias de los Juzgados de lo Social, no podrá ser ofrecida la atención y servicio que se exige de estos órganos y, desde luego, no ha sido atendida en los últimos ejercicios en los que se han volcado unas cifras de asuntos perfectamente sobrepasada a sus capacidades de tramitación y de resolución.

Las cifras que hemos tenido la oportunidad de analizar evidencian las causas de esta situación, y que expresan una manifiesta sobrecarga de trabajo. Las cifras aluden a una media de 1.366 asuntos por órgano en 2015. Unas cifras absolutamente dispares con el módulo fijado entre 670 a 800 asuntos de entrada por año, según fija el Pleno del CGPJ.

Y hemos de insistir, como señalamos en quejas análogas a la tramitada, que la continua alusión al módulo de entrada de asuntos por año o a los indicadores no deja de ser un ejercicio de acudir ante los imprescindibles criterios objetivos de referencia a la hora de establecer con magnitudes medibles y objetivas la organización y funcionamiento de estos órganos judiciales. La fijación de las cargas de trabajo para los juzgados de lo social son un presupuesto clave a la hora de asignar una coherente disposición de medios personales y materiales que permitan, finalmente, ofrecer el servicio de juzgar y hacer cumplir lo juzgado que constitucionalmente les corresponde.

Reiteramos; una sistemática desatención a estos módulos y la ausencia de respuestas correctivas eficaces sólo podrá acarrear una disconformidad con los niveles objetivos de los desempeños establecidos y, desde luego, la omisión de los deberes de calidad y servicio que se espera de estos órganos judiciales.

El criterio que ha manifestado esa Viceconsejería en su información es notorio:

“Para la adecuación del número de Juzgados de lo Social a las actuales cargas de trabajo, y atendiendo a los módulos de referencia establecidos por el CGPJ, sería preciso que en Huelva existieran un total de cinco órganos de este orden jurisdiccional, por lo que será necesaria la creación de dos nuevos Juzgados” (el subrayado es nuestro).

Atendiendo a las informaciones que nos ofrecen, la creación de nuevos órganos judiciales es la medida ineludible no ya para superar la situación actual, sino para disponer de unos niveles organizativos mínimos e imprescindibles susceptibles de impartir justicia en el orden social dentro de la demarcación judicial de la provincia de Huelva. Si bien, a diferencia de otros casos analizados, la Memoria de 2015 del TSJA no incluye entre las peticiones expresas de nuevos órganos a ningún Juzgado de Social nuevo para Huelva, según se deduce de dicha Memoria (página 240) y tampoco lo hacía la Memoria de 2014.

Haciendo nuestras las motivaciones expresadas desde esa Consejería, ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables. A la vista de la situación analizada, cualquier referencia a los estándares de calidad de servicios, plazos procesales o derechos reconocidos en la Carta de Servicios del Consejo General del Poder Judicial, quedan degradados a una vaga referencia perfectamente opuesta a las capacidades de respuesta que pueden ofrecer los Juzgados de lo Social en Huelva. Y, por ello, la persistencia de la situación actual sin reacción ante estas medidas de creación de nuevos Juzgados de lo Social no produce más que una manifiesta desatención ante las necesidades acreditadas, el agravamiento de los datos de pendencia y el colapso acumulado hacia los nuevos asuntos que continúan entrando en estos juzgados.

En todo caso, hemos de entender que es criterio de esa Consejería la necesidad de ampliar en dos nuevos Juzgados la jurisdicción social de Huelva. De tal forma que esta posición debe constituir la plataforma argumental para la elaboración de las propuestas de nuevos órganos judiciales que se aportan ante la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación en materia de Justicia. Somos conscientes de la compleja distribución competencial que presenta nuestro sistema judicial en su conjunto. Pero, por cuanto respecta al proceso de creación de órganos judiciales, las fases previas de estudio de propuestas y tramitación de las necesidades estimadas, desde el rigor y la adecuada metodología, merecen ser transmitidas con un especial ahínco y reivindicadas en el marco de una lealtad institucional que no empece la decidida puesta de manifiesto de estas soluciones inaplazables para que resulten justamente atendidas.

En el marco de este diálogo inter-institucional, no podemos olvidar la escasa receptividad del Gobierno de la Nación para adoptar las medidas sobradamente fundadas y tantas veces propuestas para crear nuevos órganos judiciales. Pero, cuando menos, es imprescindible avanzar en todas las motivaciones que se detallan ―y que nacen desde los testimonios y datos de instituciones, colectivos profesionales y ciudadanos afectados por esta situación― para disponer la petición formal para la creación de los Juzgados de lo Social que Huelva necesita.

De ahí que debamos insistir en la oportunidad de que las valoraciones expresadas en el informe de la Viceconsejería sean acogidas por el propio TSJA haciendo suyas, entre sus peticiones, el criterio favorable para impulsar la creación de estos nuevos Juzgados para Huelva. Sencillamente, porque la organización y planta de los Juzgados de lo Social onubenses amenaza con no poder garantizar el derecho constitucional a merecer una tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas, en los términos recogidos en el artículo 24 de la Constitución.

Cuarta.- En suma, los hechos que nos han relatado en sus quejas muchas personas y profesionales sobre el funcionamiento de los Juzgados de lo Social de Huelva han adquirido la categoría de ejemplos veraces y ajustados que acreditan una grave situación de dilaciones e inadecuado funcionamiento de estos órganos. Nuestras investigaciones han ratificado unos señalamientos que se alargan en el tiempo con plazos que sobrepasan los tres años para citar a juicio.

Todas las informaciones que hemos requerido para comprobar el alcance de estas quejas ratifican la gravedad de la situación. Los titulares de varios de estos juzgados ratifican la situación de un número de asuntos que sobrepasa con creces los módulos de carga de trabajo y que dibujan un resultado muy insatisfactorio a pesar del extremo esfuerzo que se vuelca debido a una sobrecarga inasumible de asuntos. La propia Consejería califica la situación de “alta pendencia y elevada carga de trabajo”, que apenas pueden despertar medidas que “de alguna manera coadyuven a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad”. Y el mismo TSJA repite en relación con el orden jurisdiccional social “la necesidad de prestar atención especial al jurisdicción social muy sobrecargada por los efectos de la crisis económica”.

Las medidas paliativas acordadas no han corregido la situación. En cambio, las soluciones están perfectamente definidas y propuestas pero no se han adoptado, ante la negativa a la creación de nuevos órganos judiciales.

Ratificamos el criterio que en asuntos parecido hemos manifestado. Y es que creemos descubrir por parte de la Consejería de Justicia e Interior unas actitudes de compresión y hasta de loable prudencia a la hora de poner de manifiesto estas necesidades y exigir las respuestas obligadas.

En cambio, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no ha logrado percibir ante este problema la pujanza y la contundencia de argumentos que, en otros órdenes de las necesidades sociales, sí logran acaparar las prioridades de las discusiones y asuntos que ocupan un lugar preferente en las agendas institucionales o políticas. No podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz no debe dejar de manifestar su criterio en orden a perseguir las soluciones sobradamente acreditadas, legalmente previstas y socialmente inaplazables.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a esa Consejería de Justicia e Interior las siguientes

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA, para que conforme a los criterios acordados por la Consejería de Justicia e Interior, junto a la aportación del Tribunal Superior de Justicia en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el Consejo General del Poder Judicial, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social en Huelva.

RECOMENDACIÓN, a fin de que se evalúen las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los Juzgados de lo Social de Huelva, mediante la adecuada distribución de los mismos.

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Sevilla que adopte las medidas oportunas para que las casetas de la feria se adapten a la normativa sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida.

ANTECEDENTES

En esta Institución se viene tramitando expediente en el que el interesado nos indicaba que, en Octubre de 2012, presentó escrito, tanto ante el Ayuntamiento de Sevilla como ante la, entonces, Consejería de Salud y Bienestar Social (hoy de Igualdad y Políticas Sociales), formulando denuncia por lo que, a su juicio, constituyen reiterados y graves incumplimientos por parte de la Corporación Municipal de la normativa autonómica vigente sobre accesibilidad universal. La denuncia, de forma más acusada, se centraba en los incumplimientos de la citada normativa de accesibilidad durante la celebración de las Fiestas Mayores de esta capital, Semana Santa y Feria, que, en definitiva, dificultan o impiden a muchas personas con movilidad reducida disfrutar de las mismas en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

El interesado concluía su escrito manifestando que, pasados varias meses, el Ayuntamiento no se había pronunciado en el sentido que estimara procedente acerca de su escrito de denuncia.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la citada Consejería y, de las diferentes actuaciones que hemos seguido con ambos organismos, podemos hacer el siguiente resumen:

- De la respuesta que nos facilitó el Ayuntamiento de Sevilla, en Abril de 2013, nos daba traslado del informe emitido por la Oficina de Accesibilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que, a su vez, ha facilitado al interesado.

En síntesis, en el citado informe se nos dice que la Disposición Final Primera del Documento Técnico aprobado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Abril de 2012, establece que será a partir del 1 de Enero de 2019 cuando serán de obligado cumplimiento las exigencias de accesibilidad para todas las infraestructuras, espacios libres, viales, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privada, que sean susceptibles de ajustes razonables.

El Consejo de Gobierno municipal de Marzo de 2013 acordó elevar al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal, dando respuesta a las alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente, que adopta el firme propósito de abordar “tan sólo aquellos aspectos no regulados por la Normativa Estatal o Autonómica para no inducir a una mayor confusión a la hora de su aplicación”.

En cuanto a las denuncias del interesado en concreto sobre las instalaciones temporales, como la Feria de Abril y la celebración de la Semana Santa, indican que por parte del Servicio de Fiestas Mayores se vienen realizando cambios en la regulación en aras a procurar una adaptación a la normativa, como son rampas de acceso en todas las casetas municipales y de distrito y obligación de un aseo para personas discapacitadas en todas las casetas municipales y de distrito y en las de más de tres módulos de carácter privado; en cuanto a los palcos de Semana Santa, se han transformado los peldaños por rampas, realizando mayores reservas de espacios adaptados.

- Para que se nos facilitara el posicionamiento de la Administración Autonómica, representantes de esta Institución mantuvieron un encuentro con el Director General de Personas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el que el mismo se comprometió a que, dando cuenta de su contenido a esta Institución, se trasladaría al Ayuntamiento de Sevilla su posicionamiento sobre la problemática de las barreras que padecen las personas discapacitadas en celebraciones tales como la Semana Santa o la Feria de Sevilla.

Pues bien, la Dirección General de Personas con Discapacidad ha expresado al Ayuntamiento que sería imprescindible que se arbitraran soluciones alternativas para dotar del mayor número de aseos accesibles a la Feria, tales como aumentar el tamaño del modulo de las casetas, así como el número de cabinas accesibles comunes y su distribución por el recinto, acogiéndose a la regla especial contenida en el Anexo III, apartado 2, del Reglamento Andaluz de Accesibilidad. También se señala que resulta imprescindible garantizar las condiciones de accesibilidad de los recintos feriales y se enumeran los itinerarios peatonales, accesos a las casetas, reserva de aparcamientos accesibles, así como condiciones de información, comunicación y señalización, como cuestiones que deberían ser abordadas en la Ordenanza Municipal.

En cuanto a los espacios reservados en tribunas y palcos de Semana Santa, se recuerda la necesidad de atenerse a las previsiones recogidas en la tabla 10 del Anexo III del Reglamento y consiguiente aumento hasta 175 de los espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas.

- Por todo ello, hemos interesado al Ayuntamiento de Sevilla, con fecha 17 de Octubre de 2014, que nos traslade el posicionamiento sobre la propuesta de la Consejería para la modificación de la Ordenanza Municipal de Feria en los términos expuestos y también para que nos indique si se va a atender la propuesta de aumentar hasta 175 los espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas en las tribunas y palcos de la Semana Santa. Por último, deseamos conocer el resultado de las inspecciones efectuadas durante la pasada Feria 2014 para verificar el cumplimiento del artículo 79 de la Ordenanza Municipal de la Feria de Abril y, en su caso, el número de sanciones impuestas.

CONSIDERACIONES

La respuesta del Ayuntamiento a esta petición de informe no nos ha llegado hasta un año y medio después, trasladándonos el informe elaborado por la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores en el que, únicamente, se alude a la ubicación y tipología de los módulos prefabricados de aseos públicos en la Semana Santa de 2016. En fin, una respuesta que, lamentablemente, en nada se atiene a las diversas cuestiones que, sobre el problema de la accesibilidad en las Fiestas Mayores de esta capital, se planteaban en la petición de informe antes transcrita. Por tanto, nos encontramos ante una respuesta de ese Ayuntamiento tardía e incompleta y, en consecuencia, totalmente insuficiente e insatisfactoria ante un problema de tanta entidad y que afecta al colectivo de las personas con discapacidad.

Y ello, por cuanto, en lo que respecta a la Feria, no se concretan inspecciones algunas para sancionar los incumplimientos del artículo 79 de la propia Ordenanza Municipal en cuanto a la obligación de que las casetas de tres o más módulos dispongan de aseos adaptados; no se informa de modificación alguna de la Ordenanza municipal que permita en la medida de lo posible la adaptación de los aseos de las restantes casetas; tampoco se adoptan iniciativas, vía modificación de la Ordenanza, para garantizar las condiciones de accesibilidad al recinto ferial; en cuanto a Semana Santa, no se alude a la necesidad de atenerse a las previsiones recogidas en la tabla 10 del Anexo III del Reglamento Andaluz de Accesibilidad y consiguiente aumento hasta 175 de los espacios reservados para personas usuarias de sillas de ruedas.

En relación con estas cuestiones y, más concretamente, en cuanto al derecho al ocio y al acceso a las actividades culturales y deportivas de las personas con discapacidad, en la queja 16/1441 nos hemos dirigido recientemente a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias formulando, entre otras, las consideraciones que trasladamos al Ayuntamiento de Sevilla y que aquí no transcribimos para no ser reiterativos.

Por parte de la citada Federación Andaluza de Municipios y Provincias se nos ha manifestado que estas reflexiones, tal y como le sugeríamos, se habían trasladado mediante circular a todos los Gobiernos Locales Andaluces.

En esta línea de iniciativas de esta Institución y ante la insatisfactoria respuesta de ese Ayuntamiento a las cuestiones planteadas en este expediente de queja,

En esta línea de iniciativas de esta Institución y ante la insatisfactoria respuesta de ese Ayuntamiento a las cuestiones planteadas en este expediente de queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios citados en el cuerpo de este escrito.

RECOMENDACIÓN 1 de que se adopten las medidas oportunas para que, a futuro, se dé total y exacto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ordenanza Municipal de la Feria de Sevilla, inspeccionando que las casetas de tres módulos cuentan con aseo adaptado, imponiendo en caso contrario las sanciones que correspondan. En todo caso, deseamos conocer el número de sanciones impuestas por este motivo en las últimas ferias de los años 2015 y 2016.

RECOMENDACIÓN 2 de que se promueva, sin demoras, la completa adaptación de la citada Ordenanza Municipal de la Feria de Sevilla a las determinaciones establecidas en el Decreto 293/2009, todo ello en cumplimiento de su Disposición adicional quinta que obliga a las entidades locales a la adaptación de sus Ordenanzas que afecten a la materia de accesibilidad y eliminación de barreras en el plazo de un año desde su entrada en vigor, plazo ampliamente superado. De esta forma, se podría obligar a las casetas de menos de dos módulos a la adaptación de sus aseos en las que su superficie lo permita y se contemplarían otras iniciativas alternativas para dotar del mayor número de aseos adaptados al recinto ferial, acogiéndose a la regla especial contenida en el Anexo III, apartado 2, del Reglamento Andaluz de Accesibilidad.

Esta modificación de la Ordenanza Municipal debería regular las medidas a adoptar para garantizar las condiciones de accesibilidad al recinto ferial, tanto en lo que se refiera a los itinerarios peatonales, como a los accesos a las casetas, así como las condiciones de información, comunicación y señalización.

Por último y en cuanto a la Semana Santa, nuevamente interesamos que nos ofrezca una completa información acerca de las actuaciones realizadas para que, en cuanto a los espacios reservados en las tribunas y palcos de la carrera oficial, sean respetadas las previsiones recogidas en la tabla 10 del Anexo II del Reglamento de forma que se disponga en ellos de 175 espacios reservados para personas con discapacidad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz