La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

Defensor del Menor

Contáctanos

Ayuda

Alerta por correo electrónico de las novedades

DEscripción newsleter

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/5220 dirigida a Ayuntamiento de Almería

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Ayuntamiento de Almería no aclara si acepta nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio en la que, respetando el «ius variandi» inherente a la potestad organizativa municipal, formulamos al Ayuntamiento de Almería Sugerencia para que estudiara la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos de la ciudad una tarjeta de bonobús con transbordo.

10-10-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, el informe realizado por una asociación en defensa de los consumidores sobre los servicios de transporte público en 10 ciudades andaluzas, según el cual Almería sería la única que no ofrece tarjetas de bonobús con transbordo a los usuarios del transporte público colectivo en autobuses urbanos.

Como es conocido, la disponibilidad de estas tarjetas fomenta el uso del transporte público por parte de la ciudadanía dado el ahorro que trae consigo para los usuarios, por cuanto habitualmente implica una reducción en la tarifa en la línea a la que se accede mediante este tipo de tarjetas.

En otros casos, no sólo no se produce una reducción tarifaria sino que, incluso, siempre que el transbordo tenga lugar dentro de un determinado plazo máximo de tiempo (por ejemplo una hora), no tiene repercusión económica alguna. Es decir, los transbordos realizados dentro de ese lapso de tiempo preestablecido no generan consumo adicional de viaje en la tarjeta.

Las ventajas de la implantación de las tarjetas bonobús con transbordo son evidentes para los usuarios por el ahorro y comodidad que genera en sus desplazamientos en los servicios públicos.

Sin perjuicio de ello, el fomento de la utilización del transporte público colectivo por parte de la ciudadanía tiene unas claras ventajas para los intereses públicos y una incidencia no desdeñable en su salud y calidad de vida.

De hecho, todos los planes de movilidad sostenible, además de fomentar la utilización de la ciudad en clave peatonal y el uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos, apuestan decididamente por el transporte público colectivo como alternativa al uso del vehículo de motor privado.

Las razones son conocidas: la mayor utilización del trasporte público significa que al optar por éste como alternativa al privado se reduce considerablemente el tráfico rodado en nuestras ciudades lo que, a su vez, conlleva una mayor fluidez disminuyendo considerablemente la congestión, lo que repercute en una mayor eficiencia en el modelo de transporte, teniendo claros efectos económicos y de mejora de calidad de vida de los usuarios.

En segundo lugar, supone una muy considerable reducción del consumo energético lo que, sin entrar a valorar el ahorro económico que ello supone a nivel individual y colectivo en una sociedad civil en la que el gasto de transporte tiene una importante repercusión en la economía familiar, trae consigo una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la de otros gases que contienen materias perjudiciales para la salud.

De acuerdo con todo ello, y partiendo, por supuesto, del respeto al «ius variandi» inherente a la potestad organizativa de los Ayuntamientos y sus Empresas Públicas, a la vista de las indudables ventajas que para los usuarios, el tráfico y el medio ambiente, supone un mayor uso del transporte público colectivo en autobuses, se ha iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Almería formulando Sugerencia en el sentido de que se estudie por dicho ayuntamiento la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos en la Ciudad de Almería una tarjeta de bonobús con transbordo.

19-06-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Ayuntamiento de Almería no aclara si acepta nuestra resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio en la que, respetando el «ius variandi» inherente a la potestad organizativa municipal, formulamos al Ayuntamiento de Almería Sugerencia para que estudiara la posibilidad y conveniencia de ofrecer a las personas usuarias del transporte público colectivo de autobuses urbanos de la ciudad una tarjeta de bonobús con transbordo.

En la primera respuesta que nos remitió el Ayuntamiento a nuestra resolución, se nos indicaba que teniendo en cuenta el estudio al que hacíamos referencia en nuestra resolución (Estudio comparativo de las tarifas de los autobuses urbanos en las 8 capitales de provincia andaluzas y los municipios de Linares y Jerez, redactado por FACUA) y haciendo una comparación entre los datos que ofrece el mismo de las 10 ciudades andaluzas, en el caso concreto de Almería figura el llamado “Billete Especial”, que incluye la posibilidad de un único trasbordo en el tiempo máximo de 60 minutos y en servicios de feria y eventos especiales. En el año 2016 se emitieron 2104.526 billetes especiales, de los que un elevado porcentaje corresponde a los servicios de la feria “con un coste para el usuario (Recaudación año 2016) de 131.138,75 euros (desde el 1 de Enero a 8 de Febrero, 1,30 euros/billete, el resto de 2016 1,25 euros/billete), respecto al total de 7.923.850 viajes/año durante el ejercicio 2016, lo que supone un 1,32 %. Si analizamos el número de viajeros/año realizados por los mayores de 65 años empadronados en Almería (1.772.224 viajes/año), y el de discapacitados con un grado de discapacidad igual o mayor al 65 % (286.114 viajes/año) y que tienen acceso gratuito al Servico de Transportes Urbanos Colectivos de Viajeros de Almería, observamos que casi un 26 % de los usuarios del Servicio de Transporte Urbano en Almería tienen un acceso totalmente gratuito”, lo que da una medida real del fomento de medidas de impulso social en este Servicio en la ciudad de Almería.

Dado que, a juicio de esta Institución, había quedado en el aire si se aceptaba o no nuestra resolución, toda vez que se indicaba que debería de evaluarse en términos del impacto económico que puede tener para las arcas municipales la implantación del bonobús con transbordo, pero no se desvelaba si, en caso viable, se implantaría o no, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento de Almería con objeto de que concretara su respuesta.

Al respecto, el Ayuntamiento de Almería nos comunicó, textualmente, lo siguiente: “la Sugerencia señalada constituye una decisión política que habrá de ser adoptada una vez que se valoren los fundamentos técnicos y económicos pertinentes. En cuanto a su materialización, dependerá, no solo de los criterios de implantación y de la agenda política municipal, sino también de la disponibilidad financiera que se derive de los presupuestos futuros”.

Para esta Institución, esta respuesta no nos permite discernir si, en definitiva, se acepta o no nuestra Sugerencia. Lógicamente se trata de una decisión política que requiere de análisis previos y de disponibilidad financiera para su implantación, pero lo que queremos saber es si, en definitiva, se considera o no pertinente el impulso de la Corporación Municipal para su implantación y ello es algo que, a pesar de nuestros dos escritos, había quedado sin responder, por lo que procedimos a incluir la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/1204 dirigida a Presidente de la Federación Andaluza de Fútbol

ANTECEDENTES

Esta Institución decidió iniciar un expediente de queja tras hacerse eco de noticias publicadas en distintos medios de comunicación de Andalucía relativas a los insultos racistas y xenófobos de los que habría sido víctima un menor de edad que participaba en una competición oficial de fútbol, en la categoría cadete, en la localidad de Huetor Tajar (Granada).

Según las crónicas periodísticas los citados incidentes se produjeron la pasada primavera de 2016, en el transcurso del partido que disputaban los equipos cadetes del C.D. Huetor Tajar y el Armilla C.F. Al parecer uno o varios aficionados increparon a un jugador del equipo visitante con insultos racistas y xenófobos altamente despectivos, hecho que provocó la reacción de sus compañeros que tras el descanso decidieron no comparecer para la disputa de la segunda parte. Ante esta circunstancia el arbitro decidió la suspensión del encuentro.

Los citados incidentes tuvieron una elevada trascendencia y repercusión en la zona, recibiendo el menor la solidaridad de muchos de sus compañeros y adversarios, y habiéndose manifestado públicamente las directivas de ambos equipos en rechazo absoluto de tales comportamientos.

No obstante, se ha resaltar que este incidente no representa un hecho aislado por cuanto en el partido de ida, celebrado en Armilla, el autobús en que se desplazó el equipo de Huetor Tajar fue objeto de una agresión al recibir el impacto de piedras en sus cristales. Por lo expuesto el partido fue declarado de alto riesgo, con la consecuente dotación de efectivos de Fuerzas de Seguridad del Estado.

Habida cuenta la gravedad de los hechos, y con independencia de las actuaciones policiales o judiciales orientadas a depurar la eventual responsabilidad penal que se pudieran derivar de los mismos, esta Institución del Defensor del Menor de Andalucía consideró conveniente emprender una actuación fundamentalmente orientada a la prevención de estas actitudes racistas, xenófobas o violentas en el contexto de una competición deportiva en la que participan menores de edad.

Es por ello que tras incoar el expediente de queja solicitamos de la Federación Andaluza de Fútbol (FAF) -recordemos que el fútbol es el deporte con mayor seguimiento y participación en nuestra Comunidad Autónoma- la emisión de un informe sobre las actuaciones desarrolladas al respecto, respondiéndonos que ante la reiteración de hechos similares a los descritos en la queja la FAF hace una década que modificó su régimen disciplinario, agravando las sanciones cuando concurren alguno de tales supuestos.

Precisa la FAF que en la Asamblea General celebrada en julio de 2015 volvieron a agravarse las sanciones, llegando al máximo posible dentro de la habilitación competencial de la Federación. A mayor abundamiento se señala que el Comité Técnico de Árbitros viene siguiendo el criterio de recurrir las medidas disciplinarias adoptadas en estos supuestos por los Comités Disciplinarios Provinciales si éstas no alcanzan la máxima sanción disciplinaria prevista en la reglamentación.

Por todo lo expuesto, al sancionar con la máxima severidad posible estas conductas, la FAF considera que se encuentra muy sensibilizada con esta problemática y que sus actuaciones siempre van encaminadas a poner remedio, en el margen de sus posibilidades, a las conductas violentas o antisociales que rodean al fútbol como competición deportiva.

A la vista de esta información hemos de resaltar el compromiso y dedicación de esa Federación deportiva en la erradicación de tales conductas, siendo así que el fenómeno de la violencia trasciende el mero hecho de la competición deportiva ya que se trata de un mal en la sociedad que tiene reflejo en el fútbol, esto es, la competición deportiva no creemos que sea el germen de las conductas violentas sino que es la propia violencia de las personas o grupos de personas la que encuentra un cauce de manifestación en la competición deportiva, haciendo que ésta pervierta sus valores y degenere en incidentes indeseables.

Es por ello que comprendemos el enfoque represivo con que la FAF responde a tales incidentes. El informe que nos ha sido remitido se centra en la represión -agravamiento de sanciones- y no tanto en la prevención de tales comportamientos, quizás, tal como acabamos de exponer, porque la prevención escapa en muchas ocasiones a las posibilidades de intervención de la FAF y porque sus efectos no son tan llamativos y se aprecian a medio o largo plazo.

CONSIDERACIONES

En la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, creemos que se ha de profundizar en medidas preventivas, tanto en actuaciones disuasorias de vigilancia y control (el concreto partido de fútbol que motivó la incoación de la queja estaba declarado de alto riesgo y determinó la presencia significativa de efectivos policiales) como también en otras medidas educativas o de fomento de una cultura de rechazo a la violencia y juego limpio, íntimamente relacionadas con los valores del deporte.

Una de las principales actuaciones que se pueden acometer en tal sentido son las relacionadas con la concienciación del problema, implicando en su solución además de a la sociedad en general a los actores directamente relacionados, esto es, a jugadores, directivos, técnicos y resto de personal de los clubs, afición organizada -peñas, asociaciones- y aficionados en general, todo ello utilizando los medios usualmente conocidos: Nos referimos a campañas divulgativas y publicitarias, también a actos simbólicos con ocasión de la disputa de partidos, en otras ocasiones mediante la inclusión en el ritual de inicio de los partidos de mensajes recordatorios difundidos por megafonía, distinciones honoríficas a los jugadores y equipos más comprometidos y solidarios, etc.

Se hacen necesarias soluciones imaginativas, adaptadas al contexto social en que vivimos. A título de ejemplo creemos que sería posible que al inscribir la ficha federativa se hiciera entrega a los padres de un escrito animando a colaborar con la Federación en la erradicación de conductas violentas, favoreciendo el juego limpio, anunciando en dicho documento las actuaciones más significativas en las que podrían colaborar.

También creemos que contribuiría a la prevención de la violencia en el deporte -en este caso en el fútbol- que se hiciera obligatoria para la validez de la inscripción federativa la asistencia -antes o en el transcurso de la competición- a cursos o actos divulgativos de la problemática de la violencia en el deporte y la necesidad de erradicar determinados comportamientos.

Especialmente relevante creemos que sería que al igual que ocurre con los permisos de conducción de vehículos, se estableciera una licencia federativa para las competiciones de fútbol por puntos, desincentivando los insultos o los comportamientos violentos. Para la rehabilitación de la licencia o recuperación de puntos sería necesaria la realización de actividades orientadas a la adquisición de habilidades sociales contrarias a la violencia individual o en grupo, fomentando comportamientos solidarios.

Asimismo sería deseable que se tuviera previsto un programa de actividades que habrían de realizar aquellos clubs cuyos jugadores, familiares o aficionados hubieran protagonizado episodios violentos, para que de este modo fueran conscientes de la nociva repercusión de tales conductas en la formación en valores de los menores, así como del rechazo social que conlleva.

Otro de los aspectos en los que creemos que podría incidir la FAF es en las redes sociales de internet más comúnmente usadas por los menores.

Estimamos que la FAF podría promover la divulgación de mensajes en redes sociales que fomentaran el espíritu de juego limpio, ensalzando los valores del deporte y destacando la conducta de aquellos jugadores o equipos que se hubieran destacado en esa faceta, por su compromiso solidario o por la ausencia de incidentes en el transcurso de la competición.

Por nuestra parte, venimos insistiendo ante la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en la necesidad de disponer de un sistema de recopilación de información de actos violentos, racistas o xenófobos que permitan identificar las competiciones, fechas o lugares en que se da una mayor incidencia para de esto modo centrar los esfuerzos para una actuación más eficaz. Para que este sistema de recogida de información resultase verdaderamente operativo se podrían diseñar programas de actividades orientadas al foco del problema, cuyos efectos beneficiosos se podrían apreciar a corto plazo.

Así pues, teniendo en cuenta los hechos expuestos, los informes emitidos y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el Art.29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular la siguiente

RESOLUCIÓN

Que por parte de la Federación Andaluza de Fútbol se promueva un programa de actuaciones para la prevención de la violencia en la competición deportiva, complementando de este modo las actuaciones que se vienen realizando en el aspecto sancionador previsto en el reglamento de disciplina deportiva.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/0999 dirigida a Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Defensora del Pueblo de las Cortes Generales

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

07-03-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de que se regule el uso de los aparatos de tracción eléctrica unipersonales que, cada con más frecuencia, discurren por el espacio peatonal, por lo que nos dirigimos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para trasladarle estas consideraciones y, si lo consideraba oportuno, que la FAMP redactara un modelo de normativa sobre el uso de estos medios de transporte que pudiera servir de referencia para que los Ayuntamientos lo incorporaran a sus ordenanzas sobre ordenación y regulación del tráfico o bien, en su caso, generando una ordenanza específica para regular el uso de tales medios.

También nos dirigimos a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle esta cuestión por si consideraba oportuno proponer una regulación de ámbito estatal sobre la utilización de estos novedosos medios de transportes. Ello, con independencia de la homologación técnica que fuera necesaria realizar a nivel europeo.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

De las actuaciones realizadas con ambas Instituciones, la FAMP nos informó, en un primer momento, que iba a informar la Comisión de Movilidad y Accesibilidad que se iba a constituir en breve plazo. Una vez constituida la misma, se constató que esta cuestión había sido objeto de estudio por un Grupo de Expertos de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, donde había colaborado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con objeto de plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica objeto de esta queja. Se nos transmitió que se había considerado oportuno esperar a las posibles resultas de dichos trabajos.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, en su escrito nos indicaba que los patinetes eléctricos no han sido homologados conforme al Reglamento (UE) 168/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 2 y 3 ruedas y a los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, que de acuerdo con su art. 2, «se aplicará a los vehículos de categoría L, que están destinados a circular en vías públicas». Por otra parte, el usuario de estos patines y otros medios de tracción eléctrica no encaja en el concepto de peatón, según el Anexo I, apartado 4, de la Ley de Seguridad Vial y el hecho de que se trate de un aparato provisto de motor impide que pueda ser asimilado a los patines o monopatines mencionados en el art. 121.4 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Por tanto “como consecuencia de lo expuesto, no cabe considerar que exista generalización de espacios peatonales menos seguros para los desplazamientos a pie, motivada por la normativa actualmente vigente”, aunque no impide que se estén estudiando las modificaciones oportunas a esta legislación para aprovecha cuanto ofrezca de positivo este medio de locomoción, tratando de incorporarlo a la circulación urbana y que la misma se lleve a cabo con las mejores condiciones posibles de seguridad.

En cuanto a las personas con movilidad reducida, la Dirección General de Tráfico señala que el concepto de peatón se puede ampliar a las mismas, aún cuando utilicen sillas de ruedas con motor, como indica el número 4 del citado Anexo I de la Ley de Seguridad Vial.

Por todo ello, hemos procedido a suspender nuestras actuaciones en la misma, aunque hemos interesado del presidente de la FAMP que nos mantenga informados de las conclusiones y propuestas que, finalmente, se efectúen por el citado Grupo de Expertos, así como de cualquier otra noticia de que se produzca en torno a esta cuestión.

Queja número 16/0999

El Defensor del Pueblo Andaluz suspende sus actuaciones al conocer, por la FAMP, que la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) ha creado un grupo de expertos, junto a la Dirección General de Tráfico, para plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de que se regule el uso de los aparatos de tracción eléctrica unipersonales que, cada con más frecuencia, discurren por el espacio peatonal, por lo que nos dirigimos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para trasladarle estas consideraciones y, si lo consideraba oportuno, que la FAMP redactara un modelo de normativa sobre el uso de estos medios de transporte que pudiera servir de referencia para que los Ayuntamientos lo incorporaran a sus ordenanzas sobre ordenación y regulación del tráfico o bien, en su caso, generando una ordenanza específica para regular el uso de tales medios.

También nos dirigimos a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle esta cuestión por si consideraba oportuno proponer una regulación de ámbito estatal sobre la utilización de estos novedosos medios de transportes. Ello, con independencia de la homologación técnica que fuera necesaria realizar a nivel europeo.

De las actuaciones realizadas con ambas Instituciones, la FAMP nos informó, en un primer momento, que iba a informar la Comisión de Movilidad y Accesibilidad que se iba a constituir en breve plazo. Una vez constituida la misma, se constató que esta cuestión había sido objeto de estudio por un Grupo de Expertos de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior, donde había colaborado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con objeto de plantear propuestas de modificación legal, o en su caso, regulación oportuna, del uso de los medios de transporte de tracción eléctrica objeto de esta queja. Se nos transmitió que se había considerado oportuno esperar a las posibles resultas de dichos trabajos.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, en su escrito nos indicaba que los patinetes eléctricos no han sido homologados conforme al Reglamento (UE) 168/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 2 y 3 ruedas y a los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, que de acuerdo con su art. 2, «se aplicará a los vehículos de categoría L, que están destinados a circular en vías públicas». Por otra parte, el usuario de estos patines y otros medios de tracción eléctrica no encaja en el concepto de peatón, según el Anexo I, apartado 4, de la Ley de Seguridad Vial y el hecho de que se trate de un aparato provisto de motor impide que pueda ser asimilado a los patines o monopatines mencionados en el art. 121.4 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Por tanto “como consecuencia de lo expuesto, no cabe considerar que exista generalización de espacios peatonales menos seguros para los desplazamientos a pie, motivada por la normativa actualmente vigente”, aunque no impide que se estén estudiando las modificaciones oportunas a esta legislación para aprovecha cuanto ofrezca de positivo este medio de locomoción, tratando de incorporarlo a la circulación urbana y que la misma se lleve a cabo con las mejores condiciones posibles de seguridad.

En cuanto a las personas con movilidad reducida, la Dirección General de Tráfico señala que el concepto de peatón se puede ampliar a las mismas, aún cuando utilicen sillas de ruedas con motor, como indica el número 4 del citado Anexo I de la Ley de Seguridad Vial.

Por todo ello, hemos procedido a suspender nuestras actuaciones en la misma, aunque hemos interesado del presidente de la FAMP que nos mantenga informados de las conclusiones y propuestas que, finalmente, se efectúen por el citado Grupo de Expertos, así como de cualquier otra noticia de que se produzca en torno a esta cuestión.

Queja número 16/0715

El Ayuntamiento de Sevilla nos informa de las actuaciones realizadas en la zona de Sevilla Este y Torreblanca para la eliminación de barreras arquitectónicas.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer las dificultades de acceso de personas con movilidad reducida en zonas de Sevilla Este y Torreblanca y, por ello, nos dirigimos al Ayuntamiento de Sevilla.

De las dos respuestas que hemos recibido de éste a nuestras peticiones de informe, se nos remitió, por parte de la Oficina de Accesibilidad, las actuaciones realizadas para la eliminación de barreras durante los años 2012 a 2015 y, en concreto, los proyectos de reurbanización que mejoran las condiciones de accesibilidad y actuaciones de conservación, en cuyo marco se realizó la mejora de la accesibilidad en el acerado de la zona del Palacio de Congresos, la adaptación del cruce peatonal situado frente a éste. Se añadía que, respecto al hundimiento que se denunciaba en el apeadero de RENFE, no se había apreciado tal deficiencia en visita de inspección, pero que se va a instar a ADIF a realizar los ajustes razonables en el mismo para que quedara plenamente adaptado a las nuevas condiciones de accesibilidad establecidas.

Así las cosas, dado que se ha solucionado el problema de accesibilidad del cruce peatonal situado frente al Palacio de Congresos y no se había podido apreciar, en visita de inspección, el hundimiento del apeadero, no consideramos precisas nuevas gestiones por nuestra parte en esta actuación de oficio, aunque trasladamos al Ayuntamiento de Sevilla, respecto a futuras intervenciones de eliminaciones de barreras en ésta y otras zonas de la ciudad, dada la extensión del barrio y su gran población, nuestra consideración de que sería muy conveniente el que se llevara a cabo una inspección a fin de elaborar un inventario de al menos las barreras de más entidad en cuanto a población afectada, continuidad con el desarrollo de espacios accesibles, acceso a servicios públicos esenciales, etc., de manera que se pudiera realizar un plan de intervención urgente jerarquizando las actuaciones a realizar a fin de dotar de la imprescindible accesibilidad a los itinerarios peatonales.

Igualmente reiteramos que, a estos efectos, sería de gran interés contar, además de con la participación del Distrito en el que se ubica esta barriada, con las asociaciones de personas con discapacidad.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/5485 dirigida a Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por las informaciones que nos han llegado sobre las deficiencias que presenta la calle Ronda de San Telmo, y que afectan, de forma singular, a los menores que acceden a un centro educativo de la zona. Hemos dado por concluida la misma cuando el Ayuntamiento nos ha respondido que va a proceder a la inmediata reparación de la barandilla y a la mejora de la señalización viaria de la zona para garantizar la seguridad de peatones y subsanar los posibles peligros viarios que pudieran existir.

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.

29-09-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de las redes sociales, el mal estado en el que se encuentra, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, la calle Ronda de San Telmo, dirección Ronda Muleros, incluyendo el itinerario a través del puente de San Telmo.

Siempre según estas fuentes, a las que se acompañaban diversas fotografías, se trata de una calle que es muy transitada por escolares que acuden diariamente a un centro educativo existente en las cercanías, y la barandilla del puente presenta unas deficiencias que hacen el recorrido altamente peligroso para los escolares.

Parece ser que los padres de los menores llevan denunciando desde hace tiempo la falta de pasos de cebra al principio de ambas cuestas que bajan hacía San Telmo. No existen pasos de cebra, badenes, señales de stop o semáforos que puedan hacer disminuir o frenar la velocidad de los vehículos que transitan por la calle, lo que motiva que circulen a una velocidad excesiva.

Se indica, también, que en distintas ocasiones la acera ha sido invadida por vehículos que iban a excesiva velocidad y han terminado “empotrándose” contra los árboles existentes en la misma. Por otro lado, se nos dice que mientras la zona azul está perfectamente señalizada, los pasos de peatones presentan un gran deterioro.

A la vista de estos hechos hemos iniciado esta actuación de oficio en la que, siempre según la información que nos ha llegado, existe un peligro para peatones y, de manera singular, para los menores que transitan por estas calles. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que nos informe si existe previsión de adoptar medias que garanticen una mayor seguridad vial para los peatones y si se tiene previsto intervenir para subsanar las deficiencias que presenta la barandilla del puente de San Telmo y las deficiencias que pueden suponer un riesgo para los transeúntes.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.

Queja número 16/5485

En su informe, el Ayuntamiento de Jérez de la Frontera (Cádiz) nos señalaba que se había ordenado a la Delegación Municipal de Infraestructuras la inmediata reparación de la barandilla y a la empresa concesionaria de la señalización viaria que mejorara el estado de los pasos de peatones y de la señalización para que se garantizara la seguridad de los peatones por esa zona, además de ordenar otras medidas urgentes para subsanar los posibles peligros que pudieran existir.

De acuerdo con ello, considerando que se estaban adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esperando que ejecutaran las reparaciones anunciadas a la mayor brevedad posible, procedimos al archivo de esta actuación de oficio.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de las redes sociales, el mal estado en el que se encuentra, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, la calle Ronda de San Telmo, dirección Ronda Muleros, incluyendo el itinerario a través del puente de San Telmo.

Siempre según estas fuentes, a las que se acompañaban diversas fotografías, se trata de una calle que es muy transitada por escolares que acuden diariamente a un centro educativo existente en las cercanías, y la barandilla del puente presenta unas deficiencias que hacen el recorrido altamente peligroso para los escolares.

Parece ser que los padres de los menores llevan denunciando desde hace tiempo la falta de pasos de cebra al principio de ambas cuestas que bajan hacía San Telmo. No existen pasos de cebra, badenes, señales de stop o semáforos que puedan hacer disminuir o frenar la velocidad de los vehículos que transitan por la calle, lo que motiva que circulen a una velocidad excesiva.

Se indica, también, que en distintas ocasiones la acera ha sido invadida por vehículos que iban a excesiva velocidad y han terminado “empotrándose” contra los árboles existentes en la misma. Por otro lado, se nos dice que mientras la zona azul está perfectamente señalizada, los pasos de peatones presentan un gran deterioro.

A la vista de estos hechos hemos iniciado esta actuación de oficio en la que, siempre según la información que nos ha llegado, existe un peligro para peatones y, de manera singular, para los menores que transitan por estas calles. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que nos informe si existe previsión de adoptar medias que garanticen una mayor seguridad vial para los peatones y si se tiene previsto intervenir para subsanar las deficiencias que presenta la barandilla del puente de San Telmo y las deficiencias que pueden suponer un riesgo para los transeúntes.

 

Queja número 16/4306

Intervenimos ante el Servicio de Consumo en Granada para que comuniquen al interesado el inicio o no de procedimiento sancionador frente a una entidad financiera por falta de respuesta a la hoja de reclamaciones.

Un ciudadano exponía que, con fecha 25 de marzo de 2015 había formulado denuncia frente a Banco Santander ante el Servicio de Consumo de Granada por la falta de contestación en plazo a su hoja de reclamaciones.

Habiéndose tramitado expediente, mediante comunicación de fecha 14 de julio de 2015 se le informó de su traslado a la Sección de procedimiento sancionador.

Con fecha 21 de octubre de 2015 presentó nuevo escrito solicitando expresamente información sobre la apertura de expediente sancionador. Esta solicitud fue reiterada con fecha 13 de mayo de 2016, sin que a fecha de presentación de la queja hubiera recibido contestación.

Interesados ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, nos informan que la falta de respuesta a la Hoja de Reclamaciones formulada contra la mercantil Banco Santander dio lugar a la apertura de procedimiento sancionador por infracción en materia de consumo, de lo que, igualmente, han informado a la parte interesada con fecha 17 de octubre de 2016.

Dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente, y habiendo quedado resuelto, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Queja número 16/2989

Mediamos ante una entidad financiera con objeto de buscar solución a los perjuicios económicos generados por error en la tramitación de una ayuda agraria.

Acudía a esta Institución una ciudadana exponiendo que, a causa de una mala actuación de personal de Cajasur sólo cobró el 50% de la ayuda PAC 2015 que le correspondía.

Sin saber nada de este error, y como era su costumbre, pidió un anticipo a la entidad a cuenta de la ayuda pero al no percibir el total le habrían convertido la parte percibida "de más" en un préstamo personal, cuyas condiciones no le habían sido facilitadas.

Manifestaba además que le habían abierto diversas pólizas de seguros de vida a su nombre sin saberlo y sin que le hubieran facilitado las condiciones de estas pólizas.

Habiendo presentado varias reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente no le habrían respondido.

Interesados ante Cajasur se nos responde que, respecto al préstamo formalizado, se trata del anticipo que habitualmente solicita la cliente para disponer del importe de la subvención previo al abono por parte del organismo correspondiente. No obstante, puesto que como consecuencia del error en la tramitación parte de dicha subvención se ha recibido con retraso, han cursado instrucciones para el abono en la cuenta de la reclamante del importe de 68,83 € correspondiente a intereses y comisión por demora en el pago.

En cuanto al seguro de vida, se ha verificado que la parte interesada firmó la solicitud del mismo.

Dado que, a la vista de la información recibida, el asunto se encuentra en vías de ser solucionado, procedemos al cierre del expediente.

Queja número 16/5663

Nos interesamos ante Aljarafesa por la situación de un suministro de agua cortado por impago de una deuda que correspondía al fraude realizado por el anterior inquilino de la vivienda.

Las parte interesada manifestaba que Aljarafesa había cortado el suministro de agua en una vivienda de su propiedad por herencia. La vivienda estuvo alquilada y el inquilino habría hecho una derivación para la toma de agua potable, por lo que Aljarafesa le giró una factura de fraude por importe de más de tres mil euros. Según manifestaba la interesada, el propio inquilino reconoció el fraude y firmó un acuerdo de fraccionamiento de pago.

Sin embargo, actualmente Aljarafesa reclamaba parte de la deuda que no había pagado el inquilino en cuestión y había cortado el suministro ante su impago.

Interesados ante Aljarafesa, se nos responde que la deuda asumida por el anterior usuario de la vivienda no será imputada a las herederas, pero aun así existen en la actualidad dos facturas pendientes de pago, que deberán ser abonadas junto con el importe de la contratación de los servicios a su nombre, para dar de alta el suministro de agua.

De todo ello han dado el debido traslado a la interesada, informando asimismo sobre las gestiones que deben realizar para formalizar el contrato, estando en la actualidad a la espera de que aporte la documentación requerida.

Dado que, a la vista de la información recibida, el asunto se encuentra en vías de ser solucionado, procedemos al cierre del expediente.

  • Defensor del Pueblo Andaluz
  • Otras defensorías