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El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera nos informa de las medidas adoptadas en la actualidad y la previstas para solucionar la plaga de palomas que existe en la zona donde reside el promotor.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino del municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), formulando queja por la posible inactividad del Ayuntamiento, o de una actividad insuficiente, en relación con el control de una plaga de palomas en la zona donde residía. Exponía las diferentes molestias e incidencias provocadas por los ruidos de estos animales que afectaban al descanso de los vecinos y a la salubridad de la zona.

En el escrito detallaba posibles actuaciones que podía realizar el Ayuntamiento para buscar una solución efectiva del problema, quejándose de que no se adoptaba ninguna medida efectiva y que la única solución que daba era poner una jaula de captura en un edificio cercano. Según explicaba en su escrito, el problema iba en aumento.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para conocer qué medidas tenía en marcha el Servicio de Control de Plagas de ese Ayuntamiento para controlar esta plaga de palomas y qué otras adicionales podrían acometerse a la vista de que esas medidas no parecían dar solución al problema.

En su informe el Ayuntamiento nos informó que las actuaciones desplegadas a raíz de las denuncias habían sido “la instalación de jaulas de captura en edificios cercanos a su vivienda, así como se han llevado a cabo capturas con redes en zonas aledañas, y en breve se aplicará el método de Hacking de Halcón peregrino...”

También exponía el informe que “los estudios realizados concluyen que la disponibilidad de alimento es el factor que mejor explica la presencia de palomas en un lugar determinado y, en concreto, la figura del alimentador es la que provoca este hecho".

El Ayuntamiento reflejaba en su informe la dificultad que entrañaba erradicar del todo el problema, marcándose como objetivo final el reducir el tamaño de la población de estos animales a unos umbrales de "normalidad" y el mantenimiento de estos umbrales en el tiempo.

A la vista de esta información, entendimos que la problemática objeto de queja se encontraba en vías de solución, por lo que suspendimos actuaciones en el expediente.

AVRA requiere a la empresa de aguas ARCGISA para que desalojen el local ubicado en los bajos de la vivienda del promotor de la queja, se termina así con la problemática de ruidos.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de una Urbanización de Jimena de la Frontera, Cádiz, residente en una vivienda propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Este vecino acudía a esta Institución tras haber presentado diversas reclamaciones en el Ayuntamiento de su localidad y en la entidad autonómica AVRA, titular del inmueble, por el ruido que sufría en el interior de su domicilio a consecuencia de las actividades que la empresa pública Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A. (ARCGISA), venía desarrollando en un espacio de la planta baja de su bloque, colindante a su vivienda. Estos trabajos eran principalmente de entrada y salida de maquinaria, entre otros, a primeras horas de la mañana en muchas ocasiones, pero también a cualquier hora del día, y cualquier día de la semana, sintiéndose ruidos elevados en su casa tanto desde el interior del local como desde el exterior, en la calle.

A raíz de estos ruidos, la situación anímica y de salud en general del interesado había venido empeorando y a tal efecto nos enviaba abundante documentación de tipo médico.

Se desprendía de estos hechos que eran varios los motivos fundamentales de estos ruidos: en primer lugar, el hecho de llevarse a cabo en el interior de espacio similar a un local de planta baja de un bloque, que no está debidamente aislado para garantizar los niveles acústicos a colindantes; en segundo lugar, también ruido exterior, por la naturaleza propia de la maquinaria o instrumentos utilizados que entran y salen del local; en tercer lugar, la potencial peligrosidad de algunas de las cosas almacenadas en el local, pues se citaban por el reclamante, entre otros, bidones de combustible; y en cuarto lugar, el horario de realización de estos trabajos.

Constatamos que había recogido firmas de más vecinos que había trasladado al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de ARCGISA para conocer qué régimen de utilización y uso tenía de ese espacio en la planta baja del bloque, desde donde principalmente se producían estos ruidos, esto es, si estaba cedido por AVRA, o si era propiedad de ARCGISA o si se trataba de cualquier otra situación; asimismo, pedíamos que se nos informase qué trabajos o tareas se llevaban a cabo en el local, si es cierto que se depositaba y almacenaba material potencialmente inflamable y qué tipo de maquinaria era la que se utilizaba, transportaba o almacenaba en ese local.

En su respuesta ARCGISA nos informó, en esencia, que el uso de este inmueble como garaje se venía haciendo desde 1996, "contando para ello con el consentimiento tanto de la Junta de Andalucía como del propio Ayuntamiento de Jimena de la Frontera". El informe aclaraba que desde el servicio de atención al cliente se había dado respuesta al reclamante en los términos antes expresados.

Sin embargo, observábamos que esto no concordaba con otro apartado del propio informe de ARCGISA en el que se decía que tras la reclamación del afectado, procedían a pedir ahora a AVRA "la regularización de dicha ocupación en base a las condiciones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía estime convenientes".

A tenor de ello, podría decirse que hasta ese momento lo que se venía haciendo de ese espacio era un uso en precario, por haber entrado en posesión del inmueble con el permiso de la propietaria.

El problema es que el uso que se le había venido dando parece que generaba ruidos de difícil encaje con las circunstancias del inmueble, tanto de aislamiento interior como por la entrada y salida constante en horas de descanso. Además, habría que plantearse si el inmueble disponía de licencia para garaje y si guardaba las condiciones técnicas para ello. Con esto planteábamos que, por mucho que se regularizase ahora la ocupación "en base a las condiciones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía estime convenientes", el problema de ruidos iba a seguir existiendo, porque a lo que se aspiraba por ARCGISA, suponíamos, era a lograr un título jurídico que diera algo de seguridad jurídica a la utilización que hasta entonces se estaba haciendo de este inmueble en los bajos del edificio donde reside el reclamante, colindante con su vivienda.

Por otra parte, no nos parecía que el Servicio de atención al cliente de ARCGISA fuese la vía más adecuada para tratar este asunto, pues el problema no venía con algún servicio prestado por ARCGISA a cliente alguno, sino que estábamos ante un problema de contaminación acústica y vulneración del derecho al descanso de una persona que residía en una vivienda colindante a un inmueble donde esa empresa guardaba vehículos sin más título habilitante que, al parecer, el mero consentimiento del Ayuntamiento y de AVRA, antes EPSA.

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, interesamos de nuevo la colaboración de ARCGISA para que nos informase del resultado del expediente abierto en el Servicio de Atención al cliente, de la respuesta de AVRA a la solicitud formulada para la regularización de la ocupación "en base a las condiciones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía estime convenientes" y qué medidas, caso de autorizarse la ocupación, se adoptarían para reducir el impacto acústico de las actividades que eran objeto de esta queja.

También enviamos petición de informe a AVRA, para conocer cuál era la situación que presentaba el inmueble que se venía utilizando por ARCGISA como garaje y almacén de herramientas, si era cierto que se había venido consintiendo su uso como tal desde 1996 y qué decisión se había adoptado por AVRA ante la reciente solicitud de ARCGISA para la regularización de la ocupación "en base a las condiciones que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía estime convenientes".

Pedíamos a AVRA, en todo caso, que la decisión que se adoptase tuviera en cuenta las quejas del reclamante por el ruido generado tanto desde el interior del inmueble hacia su vivienda (es decir, las circunstancias de la propia edificación y un más que probable insuficiente aislamiento para esta actividad) y el ruido que se denunciaba por la entrada y salida en horario de descanso, esto es, ruido desde el exterior.

ARCGISA en su segundo informe nos dio cuenta de que AVRA les había requerido para que desalojasen este espacio utilizado a modo de local, ubicado en los bajos de las viviendas, ya que este recinto no se consideraba habitable a ningún efecto, quedando limitado su uso al acceso para la reparación de tuberías, montantes de abastecimiento y bajantes ubicados en los locales.

ARCGISA nos decía que entendía las razones técnicas que AVRA alegaba, por lo que para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se estaban realizando las gestiones necesarias para proceder al desalojo de la zona ocupada a la mayor brevedad posible y en consecuencia devolverla a su estado original para que su uso quede limitado al acceso a las tuberías y bajantes para su reparación.

A la vista de ello, entendimos que el problema estaba solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

Con posterioridad ya con la queja archivada, recibimos informe de AVRA con el que se confirmaba lo ya informado por ARCGISA.

El Ayuntamiento de Málaga realiza un ensayo acústico del ruido generado por unas tiras metálicas utilizadas como vallado medianero entre dos chalets, obteniendo elevados niveles de ruido y adoptando diversas medidas disciplinarias conforme a la ordenanza de protección contra el ruido.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Málaga, formulando queja por los ruidos que generaban, especialmente en días de viento, las lamas o tiras metálicas de varios metros de altura que se habían instalado a modo de medianería en la finca colindante.

Tras la denuncia formulada en el Ayuntamiento de Málaga contra esta medianería, se había solventado el problema desde el punto de vista urbanístico, incoándose a tal efecto expediente de restablecimiento de la legalidad alterada. Sin embargo, lo que no se había solventado era el problema de la contaminación acústica, que seguía produciéndose por el material de lamas o tiras metálicas.

Al respecto, consideraba la reclamante que "la resolución de la Administración es incompleta, puesto que si bien da respuesta a una parte de la denuncia, no se pronuncia respecto de la ya tan manida queja por la perturbación y la molestia que originan los ruidos ocasionados por el montaje de dicha instalación".

En este sentido, el ruido que se denunciaba era el de estas tiras metálicas en días de lluvia, viento o de noche. Por otra parte, decía en su escrito, que varios vecinos ya habían denunciado ese ruido, por lo que no sólo afectaba a la interesada.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Málaga para que se nos informase sobre la cuestión planteada y si pudiera constituir, en su caso, infracción administrativa de la Ordenanza reguladora de la protección contra el ruido de ese Ayuntamiento.

En respuesta a nuestra petición, el Ayuntamiento de Málaga nos informó que, realizado ensayo acústico, se constataba superado en 9 dBA los límites de ruido, siendo por lo tanto el resultado desfavorable y a tal efecto, concluía el informe que:

"Se proponen acciones correctoras con carácter general tales como:

- Adoptar medidas para evitar que las lamas oscilen para que no se produzca rozamiento o choque entre ellas que pueda provocar una superación de los límites de ruido aplicables.

- Cualquier otra medida correctoras que sea necesaria para evitar la superación de los límites de ruido aplicables.

Las medidas correctoras que se adopten deberán ser detalladas mediante Informe Técnico o Estudio Acústico elaborado por técnico o empresa competente, acreditando la eficacia de las mismas mediante las mediciones de ruido justificativas necesarias."

Además, en informe del Jefe del Servicio Jurídico Administrativo se nos decía que "se apercibirá al denunciado para que adopte las medidas correctoras para evitar la superación de los límites sonoros permitidos".

Entendíamos que la problemática objeto de queja estaba en vías de solución y suspendimos nuestra intervención en este asunto.

El Ayuntamiento de Torremolinos incoa expediente sancionador e insta a tomar las medidas correctoras oportunas a un hotel cuyos aparatos de refrigeración generan problemas de ruido a los residentes en la zona próxima al mismo.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino del municipio de Torremolinos, exponiendo los elevados niveles de ruido que sufría en su casa por el funcionamiento 24 horas los siete días de la semana, de unos aparatos de refrigeración o ventilación de tipo industrial, situado en las zonas exteriores de un hotel situado a poca distancia.

Denunciaba que habían sido muchas las ocasiones que tanto él como otros vecinos a título particular, como la comunidad de propietarios, habían denunciado este ruido tanto al propio hotel como al Ayuntamiento; y nos aportaba copia del escrito presentado en el Ayuntamiento el 4 de junio de 2021 y de la respuesta dada mediante Providencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente, de 14 de junio de 2021, acordando incoar información previa ante las denuncias por ruido formuladas.

Sin embargo, más de dos meses después de aquella denuncia del 4 de junio, y de su posterior respuesta, el problema seguía igual.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos, para conocer qué conclusiones se habían alcanzado tras la información previa acordada en providencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente de 14 de junio de 2021, y en su caso, qué medidas correctoras se habían exigido para cumplir los objetivos de calidad acústica de la maquinaria objeto de denuncia.

También rogábamos que para la resolución de la problemática de fondo, se tuviera en cuenta lo que establecen los artículo 55.1, en relación con el 51.1, ambos del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. De estos preceptos se desprende que el plazo para llevar a cabo las actuaciones inspectoras en asuntos de ruido es de 15 días.

En respuesta, recibimos informe del que se desprendía, en esencia, que tras las actuaciones previas oportunas y la posterior realización de un ensayo acústico, se habían detectado niveles acústicos por encima de los límites permitidos, por lo que, por un lado, se iba a incoar expediente sancionador contra el hotel, y por otro lado, se había concedido un mes al hotel para que tomase las medidas correctoras oportunas, con advertencia de que en caso de incumplimiento se podrán adoptar las medidas provisionales previstas en la denominada Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (LGICA).

A la vista de esta información, cabía considerar que por el Ayuntamiento de Torremolinos se habían activado los mecanismos disciplinarios que cabía esperar en materia de protección contra el ruido ante la denuncia formulada.

De acuerdo con ello, en la consideración de que se había atendido la pretensión del interesado, sin perjuicio de que aún quedaban trámites pendientes, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

Un vecino Huétor-Tájar (Granada) nos exponía que, en diciembre de 2020, cambió a la comercializadora Energía XXI pero, desde entonces, solo se le había facturado en dos ocasiones, correspondientes al período del 04/12/20-05/01/21 y el período 05/01/21-06/01/21.

Había reclamado a la comercializadora en varias ocasiones, recibiendo como respuesta que existía una situación excepcional que impedía que se le facturase.

Por otro lado, desde E-Distribución le indicaron que el contador inteligente no se encontraba integrado en el sistema y que por tanto no se realizaba la telemedida. Desde la compañía le indicaron que el contador inteligente no se activa a petición del usuario, sino que depende de los recursos técnicos de la distribuidora.

Había investigado en su área de cliente de la distribuidora y había comprobado que podía acceder al consumo realizado, eso sí, sin saber su coste pues su tarifa es la PVPC y por lo tanto el precio del Kw/h cambia constantemente.

Por otro lado en los meses de marzo y abril no aparecía el consumo registrado. También había podido comprobar que no podía acceder al contador on line. Por todo ello entendía que el contador estaba integrado al sistema de forma defectuosa.

En su queja destacaba la incertidumbre y nerviosismo que le suponnía la falta de información sobre su facturación, dada su difícil situación económica.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de Endesa que nos informó, en cuanto al retraso en la facturación, que había sido ocasionado por una incidencia registrada en el sistema y que ya se había subsanado. A este respecto, indicaba que el suministro del interesado se encontraba actualizado con las medidas de telegestión repercutidas por la distribuidora.

Por tanto, entendimos que el problema se había solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Un ciudadano nos explicaba que aceptó contratar los servicios de telefonía e Internet con la compañía YOIGO, tras recibir una oferta comercial telefónica, pero pasada casi una semana recibió una contraoferta de su antiguo operador, anulando la portabilidad con su consentimiento.

Durante este proceso, manifestaba que los servicios de YOIGO se limitaron a la instalación de un cable, sin llegar a disfrutar de los servicios de telefonía e Internet.

Al recibir factura, por importe de 16,81€, entendió razonable su pago al haberse realizado dichos trabajos de instalación. Posteriormente recibió dos facturas, por cuantías de 4,68€ y 143,83€, respectivamente. Esta última en concepto de incumplimiento de permanencia, respecto del que alega no haber sido informado en el momento de la contratación.

Al no ver razonables estos últimos cargos ordenó la devolución bancaria, recibiendo desde entonces varias reclamaciones por impago.

Había acudido a distintas instancias de consumo para resolver la controversia pero en la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Málaga le habían advertido que las facturas reclamadas estarían fuera del plazo fijado por YOIGO para su sometimiento al sistema arbitral. Por otra parte la empresa habría rechazado su solicitud alegando que se trata de persona jurídica o profesional, cosa que no entendía pues está jubilado y la línea de teléfono es de su domicilio.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía de telefonía por si tuviese a bien reconsiderar la respuesta dada al interesado y ofrecer fórmulas que permitieran un acuerdo satisfactorio al problema planteado.

En respuesta a nuestra petición YOIGO nos indicaba que, como atención comercial, habían decidido aceptar las pretensiones del cliente, procediendo a la anulación de las facturas de agosto y septiembre de 2020, que se encontraban pendiente de pago y eran el motivo de la presente discrepancia. Asimimo, que los datos del reclamante serían excluidos de los ficheros sobre solvencia y crédito en los cuales pudiera estar incluidos por este motivo.

Entendimos, por tanto, que el problema estaba solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se recibía en la Institución escrito de un ciudadano exponiendo su disconformidad con la liquidación de fraude que le giraba Aqualia tras la inspección realizada a su vivienda, sita en El Rompido, en la que se detectó que los precintos del contador estaban rotos.

El interesado destacaba su falta de participación en los hechos y nos trasladaba su desesperación al no poder acreditar esta circunstancia ante Aqualia, pese a los argumentos que había facilitado relativos a la falta de uso de la vivienda en el periodo afectado.

También habría puesto de manifiesto, ante Aqualia y ante el Ayuntamiento de Cartaya, sus discrepancias con el expediente tramitado.

Sus reclamaciones habían sido rechazadas por Aqualia, si bien le habían comunicado que la gestión de cobro de la liquidación se había paralizado a la espera de la resolución administrativa que se dictase en la tramitación de su reclamación por el Servicio de Consumo.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya y de la empresa Aqualia para conocer los motivos por los que se considera justificada la liquidación de fraude si en el acta de inspección no constaba que se hubiera alterado el registro del contador.

En este sentido, entendíamos que no había quedado acreditado -al menos por la documentación aportada a la queja- que la rotura del precinto había provocado una alteración de las lecturas del contador o, en términos del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía, que «se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo».

Tampoco nos parecía justificado que se emitiera una liquidación de fraude por los conceptos de alcantarillado y depuración, al no haber encontrado previsión específica para ello en la correspondiente Ordenanza. Ante esta falta de previsión, la liquidación de fraude en los citados conceptos no se encontraría amparada en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía, ya que solo se refiere al abastecimiento.

En respuesta recibimos informe de Aqualia que nos trasladaba que, tras la estimación por parte del Servicio de Consumo de la reclamación del interesado, procedían al cierre del expediente de liquidación por fraude iniciado.

Entendimos que el asunto motivo de queja se había solucionado y procedimos al archivo del expediente de queja.

Comparecía en esta Institución un vecino de Padul (Granada) exponiendo que llevaba meses y muchas gestiones para que su comercializadora Energía XXI le compensase el excedente de energía que vierte a la red eléctrica tras la instalación de unas placas fotovoltaicas.

Tras diversas incidencias con la gestión de su solicitud, contactó con Energía XXI y le contestaron que constaba que fue activada, pero no volcado el cambio por lo que no había sido modificado su contrato correctamente. Le trasladaron que se creaba una reclamación al departamento de contratación para que revisaran el error y se pudiera proceder sin problemas.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Endesa. La comercializadora nos informó que, con fecha 16/11/2020, recibieron la solicitud de modificación contractual pero, por una disfunción puntual acaecida en sus sistemas, la misma no se pudo llevar a término de forma satisfactoria. Tras nueva solicitud de modificación por parte del interesado, acogiéndose a “contrato de autoconsumo con excedentes y compensación Individual -Consumo”, fue activada el 22/03/2021.

Aunque se había solucionado el problema que había ocasionado el retraso en el alta del nuevo contrato del promotor de la queja, nos dirigimos de nuevo a Endesa para que valorasen la posibilidad de otorgar de forma retroactiva la compensación de excedentes desde el momento en que el interesado solicitó la modificación contractual de la instalación, a modo de indemnización por los perjuicios ocasionados por la disfunción acaecida en sistemas

En respuesta se nos indicó que se ofreció al usuario una compensación de 30€ como deferencia comercial por el retraso en el alta del Autoconsumo, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.