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La persona interesada exponía que con fecha 23 de agosto de 2019 y 28 de julio de 2020 dirigió escritos al Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), relativos a alegaciones al Avance del PGOU de dicho municipio y que a pesar del tiempo transcurrido, más de un año, no había obtenido respuesta.

Admitida la queja a trámite, únicamente, a los efectos de que la Administración diera una respuesta expresa a los escritos presentados, es decir, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en los mismos, nos dirigimos al citado Ayuntamiento interesando la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, dichos escritos, informándonos al respecto.

En la respuesta municipal recibida se indicaba que ya habían dado contestación a lo requerido por la persona reclamante por lo que se desprendía que el asunto planteado se encontraba solucionado, dando por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja nos exponía lo siguiente:

“PRIMERO.- DON ..., es propietario de la vivienda sita en calle ..., existiendo en la planta baja un patio común, de luces, del Edificio, de uso privativo de D. … .

SEGUNDO.- Por D. ..., con domicilio en Sevilla, calle ..., se realizó obras consistentes en la ejecución de escalera que comunica la planta baja con la vivienda de la planta primera, desembarcando en la vivienda de esa planta. La obra ejecutada supone la ampliación a nivel de patio en unos 2,00 m2 (2,50X0,80 m). El edificio tienen Nivel de Protección: E-Protección ambiental. Las obras no son legalizables, debiendo en consecuencia procederse a su demolición de la escalera y ampliación a nivel de patio de planta primera y reposición de éste a su estado inicial, debiéndose de forjar el hueco practicado en el forjado.

TERCERO.- Por el Ayuntamiento de Sevilla, Departamento de Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, se incoó expediente nº .../2010, para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin licencia, dictándose Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla, de fecha 27 de diciembre de 2.013, que desestimó el recurso de alzada formulado contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 13 de junio de 2.012, por el que ordenaron las medidas necesarias para la “restitución de la realidad física alterada en la edificación catalogada sita en calle ..., consistente en, previo desalojo y retirada de enseres por la demolición de la escalera y ampliación a nivel planta primera y reposición de éste a su estado inicial debiéndose de forjar el hueco practicado en el forjado”.

CUARTO.- Interpuesto Recurso contencioso Administrativo, por Don ..., contra las anteriores resoluciones, se dictó sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. ... de Sevilla, Procedimiento Abreviado nº .../2014, por el que desestimaba el Recurso Contencioso Administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla, de fecha 27 de diciembre de 2.013, que desestimó el recurso de alzada formulado contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 13 de junio de 2.012, por el que ordenaron las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la edificación catalogada sita en calle ..., consistente en, previo desalojo y retirada de enseres por la demolición de la escalera y aplicación a nivel de planta primera y reposición de éste a su estado inicial debiéndose de forjar el hueco practicado en el forjado.

En los fundamentos de derecho de la citada sentencia se recoge que “la construcción ejecutada es incompatible con la ordenación vigente es una exigencia que el legislador impone al Administración Municipal (arts. 182 y 183 LOUA), y que ésta, por tanto no puede eludir, pues la referida normativa dispone para estos casos en términos imperativos que se dispondrá su demolición, reponiéndose de este modo a su estado originario la realidad física alterada. Se pretende, en suma, asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa urbanística y planteamiento vigentes en cada momento y de los instrumentos que lo desarrollan, proscribiendo toda actuación constructiva que se lleve a cabo sin el control de la normativa, ello mediante el establecimiento de medidas, como la demolición que eviten el mantenimiento o consolidación de aquellas construcciones ilícitas, restableciéndose de este modo la legalidad vulnerada.”

La citada sentencia advertía que la misma era firme al no caber recurso alguno contra la misma.

QUINTO.- A pesar del tiempo transcurrido, por parte del Ayuntamiento no se ha procedido a ejecutar las resoluciones contenidas en los acuerdos Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla, de fecha 27 de diciembre de 2.013, que desestimó el recurso de alzada formulado contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 13 de junio de 2.012 y ello a pesar de las gestiones realizadas por esta parte, a fin de que no habiendo dado cumplimiento D. ..., se proceda por parte del Ayuntamiento al cumplimiento de las resoluciones en su día dictada.”

Admitida la queja a trámite solicitamos del Ayuntamiento de Sevilla información relativa a las actuaciones realizadas o, previstas de realizar, para la ejecución de los acuerdos adoptados en este asunto.

En la amplia respuesta municipal se mencionaba que, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, mientras el interesado continuara incumpliendo la orden de reposición de la realidad física alterada había de procederse a imponer hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas; sin perjuicio de que, en cualquier momento, pudiera llevarse a cabo la ejecución subsidiaria a costa de aquél, ejecución a la que debería procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

En virtud de ello, se había procedido a la imposición de multas coercitivas hasta un número de tres, como medida de ejecución forzosa de la orden de restitución, dichas multas, habían sido recurridas por el afectado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, estando pendiente de sentencia el recurso interpuesto contra la tercera multa coercitiva (recurso del cual tenía constancia la persona reclamante por haber sido emplazada para su personación en el juicio conforme disponía el artículo 49 de la Ley 29/2990, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa).

Se nos indicaba que por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medo Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla se seguiría el procedimiento previsto en el artículo 184 antes citado, si bien no podían prescindir de las garantías y derechos de defensa que conceden las leyes a los ciudadanos frente a los actos administrativos aun cuando a veces supongan acción obstaculizadora a la acción administrativa.

Considerando, por tanto, que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona promotora de la queja exponía que al reparar el Ayuntamiento de Segura de la Sierra la travesía urbana de Cortijos Nuevos (Jaén) dentro del Proyecto “Mejora de la seguridad vial en la carretera A-317 desde el Puente del Aguadero hasta la travesía de Cortijos Nuevos”, el acerado de la casa de su familia había sufrido una modificación de la que en ningún momento se les había informado, en concreto se había abierto el paso y eliminado la zona ajardinada que tenían en su casa y se habían puesto dos plazas de aparcamiento (indicaba que en esta zona no había mucha movilidad,) como resultado de esto la utilizaban los vecinos como cocheras (dejando los coches durante semanas enteras).

Admitida la queja a trámite nos dirigimos al citado Ayuntamiento solicitando información relativa a la participación del mismo en el diseño de la travesía, en virtud del cual, se afectó la parcela catastral de la persona interesada y se ubicó un aparcamiento en cordón delante de su fachada.

La respuesta municipal fue la siguiente:

“- Que las obras de MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A 317 DESDE EL PUENTE DEL AGUADERO HASTA LA TRAVESÍA DE CORTIJOS NUEVOS ha supuesto la ejecución de más 2000 metros de longitud de acerados, afectando a más de 200 viviendas, creando más de 3200 m2 de zonas de uso peatonal.

- Dichos acerados o itinerarios peatonales accesibles se han dotado con pavimento homogéneo, están dotados de rampas de acceso convenientemente señalizadas con pavimento táctil y conectadas mediante 12 pasos peatonales elevados convenientemente señalizados.

- Con la actuación se han realizado más de 80 jardineras con sus correspondientes árboles y seto.

- En la calzada se han habilitado 195 plazas de aparcamiento en línea, convenientemente señalizadas.

- Que con anterioridad a dicha actuación la travesía a su paso por las Aldeas de Cortijos Nuevos y Carrasco no disponía de acerados continuos, ni alineaciones homogéneas, con lo que los peatones debían ocupar en la mayoría de los casos la calzada. En muchos casos los acerados eran ocupados e invadidos por cerramientos y obstáculos que imposibilitaban la continuidad de cualquier actuación urbanística. Se adjunta anexo fotográfico de estado anterior de la zona reclamada.

- Que durante la intervención nos consta que el Técnico Municipal (Don ...) y el encargado de obras (Don ...) han hablado con todos y cada uno de los propietarios afectados (pueden pedir audiencia a cualquier vecino afectado para comprobarlo) y han explicado la intervención que se iba a realizar por la Consejería de Obras Públicas. En todos los casos se dio el consentimiento previo. Esto incluye a la familia de la reclamante, a la que se explicó con claridad que se iba a demoler el cerramiento, se sustituiría el pavimento y se daría continuidad al acerado con el mismo ancho existente y se realizarían las jardineras correspondientes, (tres en este caso). Además se nos indicó que se mantuviera uno de los arboles existentes (un naranjo), cosa que se ha mantenido en el mismo lugar. En escrito presentado por la reclamante en fecha 15 de marzo de 2021, se reconoce lo explicado anteriormente, demostrando la buena voluntad del Ayuntamiento.

- En casos en que se han dispuesto de títulos de propiedad, como es el de los edificios colindantes al de la demandante se ha comprobado la irregularidad en la ocupación de espacios públicos y demostrando que existe un error catastral en la alineación de las fachadas de esas viviendas. Se adjunta documento de validación gráfica alternativa a la planimetría de catastro, tramitado, en el que se comprueba los errores existentes en 5 viviendas.

- Desde este Ayuntamiento consideramos que todas las viviendas afectadas han conseguido desembarcar a una zona de uso peatonal acerado, de anchura suficiente según espacios disponibles, con continuidad y accesible, dotando de aparcamientos donde ha sido posible y por tanto ha supuesto una mejora sustancial en la ordenación de la movilidad tanto peatonal como de vehículos.

Estando por encima de todos los intereses particulares los de la comunidad, para lo cual este Ayuntamiento ha trabajado y trabaja para obtener los mejores resultados de los espacios públicos en beneficio de la comunidad.”

Considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante exponía lo siguiente:

"El 15 de septiembre de 2021 finalizó el contrato de arrendamiento que tenía con la inquilina y ésta me exigió devolverle la fianza inmediatamente o si no, no salía de la casa y amenazó con ocuparla ilegalmente, por lo que tuve que desembolsar la fianza de mis ahorros. El mismo día intenté solicitar la devolución de la fianza depositada en la Junta de Andalucía como ya había hecho en otras ocasiones sin problema, pero no me dejaba enviar la solicitud, pues me decía que el expediente estaba cerrado o que mi NIF no constaba. Al día siguiente llamé al organismo encargado y alegaron que tenían problemas informáticos y que era imposible solicitarla hasta que no se solucionen (y no saben cuando se solucionarán) y por tanto el plazo de los 30 días que tienen para la devolución no empiezan a contar aunque yo haya intentado solicitarla desde el 15 de septiembre. Esto me está ocasionando muchos problemas de liquidez al no poder disponer de ese dinero que es mio al haber tenido que devolver la fianza a la inquilina de mi propio dinero. Necesito urgentemente una solución."

Admitida la queja a trámite solicitamos informe a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Almería, en cuya respuesta se indicaba que el 10 de noviembre de 2021 el documento 806 se había validado y por tanto, se podía tramitar ya la devolución, por lo que la incidencia estaría plenamente resuelta en breve. Nos trasladaban que, en todo caso, esos problemas informáticos no eran de ese organismo sino de la Agencia Tributaria.

Encontrándose el asunto planteado en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona reclamante manifestaba que el Ayuntamiento de Cartaya hacía caso omiso a sus escritos. Residía en El Rompido (Huelva), y exponía que todas las calles estaban mal adaptadas para personas con discapacidad, que utilizaba silla de ruedas y no podía moverse por las aceras ya que no se habían rebajado en los pasos de peatones, teniendo que desplazarse 300 metros para bajar por la entrada de un garaje de un vecino, eso cuando no tenía aparcado el coche, si no le tocaba quedarse en casa ese día.

Estaban todas las calles igual, por lo que debía circular por la carretera, con el consiguiente peligro para su persona, por lo que solicitaba que se arreglaran estos desperfectos.

Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Cartaya, indicándonos en la respuesta emitida que se había comprobado que en la calle … a la altura de la calle ..., los acerados no cumplían con el artículo 30 del Decreto 293/2009 de 7 de Julio en relación a la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados. Por ello, puesto que se estaban realizando diversas actuaciones sobre un Proyecto de mejoras de Accesibilidad en los tres núcleos urbanos de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, se había dado instrucciones a los servicios técnicos municipales para la redacción de un nuevo Proyecto que recogiera la actuación a realizar en calle ... a la altura de la calle ..., que sería licitado para su ejecución en la medida de las posibilidades y disponibilidad presupuestaria en el ejercicio 2021 y su próxima ejecución.

Entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Con base en el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formuló Resolución a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vélez Málaga en el sentido de que se valorara la situación familiar y económica de la familia afectada y si la misma se encontraba en situación o riesgo de exclusión social, así como las ayudas o recursos públicos que se pudieran activar para facilitar su acceso a una vivienda en caso de que finalmente se ejecutara el lanzamiento de su vivienda actual.

En respuesta a la misma, se nos informaba de diversas actuaciones llevadas a cabo por los servicios sociales comunitarios pero nada se mencionaba sobre los recursos y prestaciones concretas que se pudieran activar para facilitar una alternativa habitacional a esta familia con tres hijos menores de edad llegado el momento de tener que abandonar la vivienda en la que residían, por lo que instábamos a que se nos informara sobre ello.

En el informe recibido se indicaba que se proporcionaría el apoyo económico necesario para buscar una solución habitacional, consistente en ayuda económica para el alojamiento en base al Reglamento y dentro de los limites establecidos en el mismo (1.500€). El procedimiento se iniciaría con la presentación de la propuesta de la ayuda económica en la Comisión Técnica de Valoración.

Considerando aceptada la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Espartinas a nuestra petición de información por no responder a la solicitud de la asociación reclamante acerca de la construcción de una rampa de acceso a un centro comercial de esa localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Recordatorio del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, así como Recordatorio del artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, estando, por tanto, en la obligación de dar respuesta expresa al escrito que la asociación reclamante dirigió el 2 de noviembre de 2019 a ese Ayuntamiento.

En la respuesta municipal recibida se indicaba que con fecha 27 de marzo de 2020 se remitió a la entidad promotora de la queja la información requerida de fecha 2 de noviembre de 2020, relativa a documentación obrante en Expediente denominado “Construcción rampa centro comercial El Espartal", adjuntándose informe del técnico municipal de urbanismo y obras, elaborado con fecha 24 de marzo de 2020, así como acreditación de la titularidad municipal.

En vista de ello, considerando aceptado el Recordatorio de deberes legales formulado en su día al haberse dado una respuesta expresa a la entidad, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada manifestaba que había solicitado de forma telefónica en repetidas ocasiones en los últimos meses cita con su trabajadora social, sin que hubiera sido atendida.

Nos trasladaba que dicha cita le urgía porque ella y su actual compañero carecían de ingresos económicos de ningún tipo y precisaba cambiar de vivienda antes de la salida de prisión en el mes de octubre de su anterior pareja, el cual fue condenado por violencia de género contra ella.

La vivienda en la que ahora residía sin título legal para ello era de la difunta madre del condenado, por lo que debía abandonarla lo antes posible y precisaba que por parte de los servicios sociales comunitarios se emitiera el correspondiente acredita de emergencia habitacional para que su caso pudiera ser valorado por la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda.

Refería que solicitó su inscripción en el RMDV de Emvisesa en diciembre y fue inscrita en el mes de marzo de 2021. Asimismo, nos trasladaba que había solicitado a Emasesa el bono social, pero al carecer de documentos que avalasen el derecho de uso de la vivienda, precisaban la elaboración de un informe social de los servicios sociales a tal fin.

Admitida la queja a trámite solicitamos del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla información relativa a la situación de exclusión social en la que parecían encontrarse la interesada y su pareja y ayudas o recursos públicos a los que pudiera acceder para paliar su precaria situación actual y su necesidad de vivienda, ante la proximidad de la salida de prisión de su ex pareja.

En el informe emitido se indicaba lo siguiente:

“(...) La situación socio laboral de la pareja no es estable, ni sus recursos suficientes para acceder a una vivienda de alquiler en el mercado libre. Manifiestan haber estado buscando pero no lo han conseguido por las exigencias del mercado (carecen de aval y sus ingresos no se valoran suficientes para acceder a un nuevo contrato de arrendamiento), por lo que ha residido hasta la salida de prisión del exmarido en una vivienda propiedad de la madre de este.

Ante la necesidad urgente de abandono de dicha vivienda, desde los Servicios Sociales se ha estudiado y valorado la situación de exclusión social y vulnerabilidad en la que se encuentra la usuaria, y se ha emitido Informe de Excepcionalidad al Baremo Vivienda para el acceso a una vivienda de carácter municipal (octubre 2021). Derivándose a la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda de este Ayuntamiento.

En el momento actual ... y su pareja están siendo atendidos en el marco del Programa de Alojamiento como respuesta inmediata a la situación de urgencia habitacional que presentan desde el pasado 20 de octubre, encontrándose alojados en un piso como alojamiento alternativo con intervención técnica abierta por su Trabajadora Social de referencia.”

En consecuencia, se observaba que por parte de la administración municipal se le estaba prestando una atención adecuada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones a la vez que le aconsejamos que siguiera colaborando con los servicios sociales comunitarios para que pudieran ofrecerles la ayuda y orientación adecuada a sus necesidades.