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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla que, sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, permitiendo con ello un nivel mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada, en situación de verdadera urgencia social por carencia de recursos para subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

ANTECEDENTES

.- Con fecha 31 de agosto de 2021 recibimos comunicación remitida por la promotora de la queja, exponiendo que presentó solicitud de RMISA en fecha 12 de marzo de 2021 y que hasta la fecha no ha recibido resolución en su expediente de solicitud.

2.- Admitida a trámite la queja, solicitamos el preceptivo informe a esa Delegación Territorial que, con fecha 5 de noviembre de 2021, nos participó que “Actualmente la solicitud se encuentra pendiente de resolución conforme el orden de presentación de solicitudes”.

3.- Tras las alegaciones recibidas de la parte promotora de la queja a esta Defensoría, aún no hemos obtenido respuesta acerca de la resolución del expediente, habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para la resolución de la solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía por parte de ese organismo.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Nos ocupamos en la presente queja de un tema recurrente en esta Defensoría, que es la demora en la resolución de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, regulada en el Decreto–ley 3/2017, de 19 de diciembre, en el marco de los derechos reconocidos en el texto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Se trata de una prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social, que además se contempla de forma expresa en el artículo 42 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, con reconocimiento de su carácter de derecho subjetivo y exigible a las Administraciones Públicas.

No podemos obviar que se constituye como un instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales, y, entre sus fines, nos encontramos reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía.

El procedimiento administrativo para su concesión se regula de forma expresa en el artículo 32.2 de la norma reguladora, donde se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y de cumplirse todos los requisitos exigidos en la norma, se traduce en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

Con lo que, a partir del tercer mes, conforme al cómputo expuesto, debería comenzar a percibirse regularmente esta prestación por la persona solicitante en cuya unidad familiar concurrieran los requisitos para ello, cumpliendo con ello su finalidad intrínseca de atender las situaciones sociales de urgencia que motivan la solicitud y la finalidad de promoción de la inclusión social.

En tanto que procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Abundando en el plazo máximo para resolver, traemos a colación el artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, sin que en ningún la Administración se pueda eximir de esta obligación de dictar resolución expresa.

Es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que, sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, permitiendo con ello un nivel mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada, en situación de verdadera urgencia social por carencia de recursos para subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Hospital Regional de Málaga recomendando que se adopten medidas técnicas para que la gestión de las citas, tras la atención en urgencias, se realice de forma automática por la aplicación informática o de oficio por el propio centro hospitalario y se comunique a la persona interesada, sin requerir su intervención.

Igualmente, recomienda que se revise el protocolo de atención médica en Urgencias por una lesión del tipo padecido por el interesado y las herramientas coadyuvantes en la orientación del diagnóstico clínico y la necesidad de derivación a la atención especializada.

También recomienda que se inicie de oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial para determinar si la demora en la cita de atención especializada ha tenido relación con las secuelas que se puedan determinar en el miembro afectado del interesado.

ANTECEDENTES

El promotor de la queja se dirigía a esta Institución para trasladar su protesta por el diagnóstico erróneo que le fue realizado en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga el 8 de septiembre de 2019, al que fue trasladado en ambulancia tras sufrir un accidente de motocicleta dañándose el pie derecho.

Refería en su escrito inicial que el facultativo le realizó las pertinentes radiografías del miembro, diagnosticando una tendinitis postraumática y tratamiento de reposo, frío local y antiinflamatorios, que no causaron ninguna mejoría al cabo de unos días.

Por esta razón acudió a un traumatólogo privado que tras una prueba diagnóstica indicó la existencia de "fractura multifragmentaria con desalineamiento de fragmentos afectando la superficie articular proximal de la base del segundo metatarsiano", prescribiéndole una bota de inmovilización (bota de walker).

A la vista del error, el afectado retorna al servicio de urgencias de ese centro hospitalario el 27 de septiembre de 2019, en el que tras radiografías, se confirma el diagnóstico del especialista privado y se le indica, en el mismo servicio de urgencia, que debería ser citado en el centro de especialidades para la valoración de tratamiento y, en su caso, prescripción de la bota de inmovilización.

Al dirigirse a esta Institución, el pasado 29 de noviembre de 2019, sostenía que la cita no la había recibido y que la respuesta a la reclamación que interpuso por el error médico no le resulta satisfactoria, por lo que quería ejercer su reclamación por responsabilidad patrimonial.

Por parte de esta Institución nos dirigíamos al centro hospitalario con fecha 11 de febrero de 2020, una vez recabada la información necesaria del promotor de la queja.

Con fecha 22 de mayo de 2020, se recibía el informe administrativo en el que se nos informaba de la respuesta a la reclamación presentada por el interesado y respecto a los hechos acontecidos, lamentaban lo sucedido, y nos narraban, en similares términos a la contestación a la reclamación formulada por el promotor de la queja, que efectivamente el interesado acudió a Urgencias del Hospital Civil el 08/09/2019 a las 17:45 horas y que fue atendido por el médico de Urgencias quien realizó historia clínica, exploración (como consta en el informe de asistencia y en historia clínica informatizada) y solicitó RX.

Explicaban en el informen que tras la valoración, se emitió el informe clínico con las recomendaciones terapéuticas.

Inciden en que dicho informe se indica que la impresión clínica de urgencias se basa en un estudio de urgencias, que no presupone un diagnóstico definitivo y que este debe ser establecido por el médico de cabecera junto con el especialista a quien debe acudir el paciente lo más precozmente posible con este informe.

Respecto a la segunda consulta del 27/09/2019 en Urgencias, en la que aporta informe radiológico privado, se incide en que la diferencia de diagnóstico entre ambos estudios radiológicos (el de urgencias del primer día y el que se aporta realizado de forma privada) puede obedecer a que la experiencia del informador influye en Ia apreciación.

En este sentido, alegan que el médico, en su formación, debe memorizar la imagen normal para poder detectar lo anormal y que las lesiones tienen que aislarse desde el fondo para poder ser identificadas. Explican que esto es porque las lesiones ocultas en un fondo irrelevante son difíciles de ver y que un factor importante en el aislamiento de la figura es el tiempo de escrutinio; y otro, es que el mismo estímulo no se puede ver como figura y fondo al mismo tiempo.

Así, explican que la percepción de una imagen depende, fundamentalmente, de las características de sus bordes y no de su área y que si tiene bordes definidos se puede separar de su fondo. Por eso, alegan, que la borrosidad es un problema para el médico.

En el caso de las fracturas, adquiere mayor dimensión, y es por ello que ante la clínica y la discrepancia se aconseje valorar la evolución y revisión posterior, como se hizo en el caso investigado.

Igualmente, entienden que otro elemento a considerar es que la remodelación fisiológica del foco de fractura puede hacer evidente lesiones que inicialmente no son percibidas. En el caso sustanciado, el diagnóstico es establecido por pruebas distintas de radiología, una simple, frente a Tomografía Computerizada, la falta de congruencia entre un diagnóstico inicial en urgencias y Ia evolución clínica hace en muchos casos nuevos y diferentes estudios, este es el motivo por el que se recomienda desde urgencias un seguimiento posterior por atención primaria y/o especialista.

Y concluían, con el firme propósito de ir consiguiendo mejoras en los planes de asistencia al paciente.

Dado traslado del contenido del informe al interesado, alegaba que no había sido mínimamente explorado, y que el sustento de la decisión clínica fue la interpretación de la radiografía, hasta que en la segunda visita a urgencias y con persistentes dolores, y aportando prueba radiológica realizada en un centro privado, se le insta a esperar a la cita con especialista, la cual, en el momento de interposición de la queja aún no había recibido, y que recibió tras cinco meses después del accidente.

Así las cosas, recabamos nuevo informe al centro hospitalario, con fecha 22 de octubre de 2020, en el que nos interesaba conocer las causas de la demora por un plazo de cinco meses para la cita con el especialista que había tenido que aguardar el interesado y una valoración sobre los efectos que la falta de inmovilización del miembro, a tiempo, había podido tener en la evolución de la lesión.

Igualmente, en este trámite advertíamos al interesado, con relación a su petición de prueba de mala praxis, que desde esta Institución no resultaba factible el pronunciamiento relativo a la posible existencia de una mala praxis en la mayor parte de los casos sometidos a nuestra consideración, puesto que para poder dilucidar este aspecto de forma rigurosa y objetiva y, con ello, someter a enjuiciamiento crítico las diversas actuaciones médicas integrantes de un proceso asistencial, sería preciso contar con todos los elementos que nos permitieran comparar las determinaciones de los protocolos y guías de práctica médica que resultan aplicables en estos casos, respecto de la práctica seguida en el caso investigado y le informábamos de la posibilidad de ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.

En esta tesitura, recibíamos el informe administrativo con fecha 26 de abril de 2021, y se nos refería que con carácter general, y en el presente caso en particular, tras la asistencia en Urgencias el día 27/09/2019, cuando el facultativo responsable de la asistencia indica citar en consulta de traumatología en el CARE, son los pacientes o sus acompañantes los que tienen que dirigirse al mostrador de Urgencias o al Servicio de Admisión o Cita Previa con el Informe de Alta de Urgencias para que el personal de Cita Previa gestione la solicitud de cita en consulta especializada, dado que la actual aplicación informática en la que se realiza el Informe de Alta no enlaza directamente para gestionar la solicitud de cita, por lo que hay que mecanizarla posteriormente.

Así, referían en el precitado informe que presumen que en el caso que nos ocupa, se había producido una disfunción en la comunicación médico/paciente y que el Sr. (...) no tuvo conocimiento de la necesidad de realizar este trámite, ya que no se cursó ninguna solicitud de cita para consulta especializa de traumatología tras la asistencia en Urgencias el día 27/09/2019 ni en los días posteriores.

Refieren que la solicitud de cita para consulta de traumatología en el CARE se cursa con fecha 17/02/2020, cuando se tiene conocimiento de la existencia de la Queja promovida ante esta Institución, que es cuando se asigna la cita para consulta especializada en el menor plazo posible, concretamente para el día 20/02/2020.

Igualmente referían que recabada información a la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se alegaba que se desconocían las razones que habían originado el retraso en la cita y aclaraban que desde el registro de la solicitud de consulta con Traumatología el 17 de febrero de 2020, la demora había sido de tres días, es decir, la cita se programó para el 20 de febrero de 2020.

Y en cuanto a los efectos de la falta de inmovilización, informan que la falta de inmovilización y la carga de peso sobre el miembro afectado son causas posibles de retraso en el proceso de curación.

Acompañaban el informe de Alta de Urgencia de fecha 27/09/2019 y la cita para Consulta de Asistencia Especializada de Traumatología para el 20/02/2020.

Dado traslado del contenido del informe administrativo al interesado, se reitera en una deficiente exploración por el servicio de urgencias y reitera su malestar con la demora en la cita, 5 meses después, indicándonos que el médico especialista que le atendió en consulta le prescribió una RX con carga para comprobar el estado de la fractura y proceder al tratamiento que fuera necesario y que no quedaran secuelas y nos indicaba en su escrito, el pasado mes de mayo de 2021, que aún no le habían realizado la misma, pues la cita llegó una vez vencida la fecha y en el número de teléfono nunca le han llegado a atender.

CONSIDERACIONES

Reclama el interesado ante esta Defensoría a causa de su itinerario asistencial, ya que por diversas circunstancias, sostiene que no ha recibido una atención médica adecuada en plazo, tras sufrir un accidente de motocicleta, y sostenía que de ello podrían derivarse secuelas en el miembro afectado.

Prima facie, hemos de advertir la limitación de medios de esta Institución para enjuiciar la práctica médica e igualmente anunciar la prudencia debida en aventurarnos a determinar los efectos que la demora existente pueda comprometer a la buena marcha del proceso de curación del interesado. No obstante ello, los hechos acaecidos, puestos en consonancia con los informes administrativos emitidos y las alegaciones formuladas por el interesado merecen una mínima reflexión.

Ninguna duda albergamos en cuanto al periodo de espera que ha debido de aguardar el interesado para ser atendido por un especialista, ya que desde que se produce la primera asistencia en urgencias, el 8 de septiembre de 2019, transcurren más de cinco meses, puesto que la cita se produce en el mes de febrero de 2020, siendo valorada como necesaria la atención especializada en la segunda visita de urgencia el 27 de septiembre de 2019.

Se asevera en el informe administrativo que la petición de cita a especialista se cursa tras la segunda petición de asistencia urgente y que, probablemente, ha podido existir una disfunción en la comunicación médico/paciente en la información ofrecida sobre la tramitación de la cita, puesto que la misma debía haber sido gestionada por el interesado, lo cual no realizó, y se realiza a raíz de la primera petición de informe por esta Defensoría.

Sobre ello, hay varias cuestiones que suscitan nuestra inquietud, de una parte, es la omisión absoluta a estas cuestiones en la emisión del primer informe administrativo, puesto que ninguna justificación se ofrecía respecto a la demora en la asistencia, y de otra parte, sorprende que tras la reclamación formulada por el interesado en cuanto a la atención médica, ninguna averiguación se llevó a cabo respecto del seguimiento del mismo, ya que se realiza la respuesta con fecha 11 de octubre de 2019, pudiendo en este momento la Administración haber advertido el error en la asignación de cita, puesto que la misma no había sido cursada, no siendo, hasta la intervención de esta Defensoría, el momento en que se toma conocimiento del error y entonces se tramita la cita.

Abundando en esta última cuestión, hemos de lamentar la escasa eficacia derivada de la reclamación interpuesta por el ciudadano, que podría haber alertado de una situación anómala, y la pérdida de oportunidad que ello ha supuesto para subsanar en un menor tiempo posible la demora en la atención especializada, que influye en el proceso de curación.

Ahora bien, todo ello nos lleva a replantearnos la forma de tramitación de las citas, directamente por la persona interesada, siendo un asunto del que ya se ha ocupado esta Defensoría recientemente en la queja 20/724 (sobre gestión de citas de revisión), en la que reflexionábamos sobre la adecuación y oportunidad de tramitar las citas directamente la persona interesada, habida cuenta la incomodidad que ello presenta y los problemas asociados que se pueden derivar, aquí puestos de manifiesto.

En este sentido, abogábamos por las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, en el marco de la política de simplificación administrativa, donde cabría arbitrar fórmulas para que la cita se generase de una manera más eficiente que la personación del interesado mediante el recurso de las plataformas digitales.

Realmente, convendrá con esta Institución que resultaría más ágil que la cita se generase de forma automática o de oficio por el propio centro hospitalario, y no que se trate de una tarea a cumplimentar por el usuario, como se nos refería en el informe administrativo, cuando señala que son los pacientes o sus acompañantes los que tienen que dirigirse al mostrador de Urgencias o al Servicio de Admisión o Cita Previa con el Informe de Alta de Urgencias para que el personal de Cita Previa gestione la solicitud de cita en consulta especializada, dado que la actual aplicación informática en la que se realiza el Informe de Alta no enlaza directamente para gestionar la solicitud de cita, por lo que hay que mecanizarla posteriormente.

De todo ello, podríamos advertir que el retraso en la atención médica especializada que requería el paciente ha obedecido a una disfunción administrativa, y que pese a la reclamación formulada por su parte, no es hasta la interposición de la queja ante esta Institución cuando se reconduce la situación.

Respecto a las cuestiones médicas y partiendo de nuestra falta de capacidad para enjuiciar las mismas, se ha sostenido en todo momento por el interesado, que la exploración llevada a cabo en urgencias no ha existido y que el sustento de la actuación médica ha sido la exploración radiológica. Así, en consonancia con ello, se advierte que en la primera asistencia a urgencias no se realiza derivación al especialista, mientras que en la segunda asistencia, y tras una prueba complementaria radiológica, aportada por el paciente, se acuerda la derivación para seguimiento por el facultativo especialista.

Sobre ello, y partiendo de nuestra falta de presencia en el contexto y sin prejuzgar la veracidad de los hechos, en el primer informe administrativo se nos referían las connotaciones que conlleva la apreciación de una prueba radiológica y la diferencia que hay entre un tipo de prueba u otra para la apreciación de las lesiones y determinación del diagnóstico. No obstante ello, y partiendo de nuestra ajenidad a la materia, consideramos que una exploración más minuciosa, podría haber contribuido a un diagnóstico clínico diferente o al menos haber sido sugerente para la derivación a la atención especializada en la primera atención urgente, puesto que, según se expone en el segundo informe administrativo, la falta de inmovilización y la carga de peso sobre el miembro afectado son causas posibles de retraso en el proceso de curación, resultando que, por diversos factores, este proceso se dilata hasta un plazo de cinco meses posteriores a la primera asistencia.

De facto, se concluye en el primer informe el propósito de ir consiguiendo mejoras en los planes de asistencia al paciente.

Así las cosas, y ateniéndonos a la posibilidad que a esta Institución confiere el art. 29.1 de su Ley reguladora (Ley 9/83, de 1 de diciembre), hemos decidido formular a esa Dirección Gerencia las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1.- Que se adopten medidas técnicas para que la gestión de las citas, tras la atención en urgencias, se realice de forma automática por la aplicación informática o de oficio por el propio centro hospitalario y se comunique a la persona interesada, sin requerir su intervención.

RECOMENDACIÓN 2.- Que se revise el protocolo de atención médica en Urgencias por una lesión del tipo padecido por el interesado y las herramientas coadyuvantes en la orientación del diagnóstico clínico y la necesidad de derivación a la atención especializada.

RECOMENDACIÓN 3.- Que se inicie de oficio procedimiento de responsabilidad patrimonial para determinar si la demora en la cita de atención especializada ha tenido relación con las secuelas que se puedan determinar en el miembro afectado del interesado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, que contiene Sugerencia para que se revise la correcta aplicación y seguimiento en las urgencias de atención primaria del Centro de Salud de Nerja ante este tipo de patologías, y en particular, la ausencia de pauta de derivación a seguimiento médico en el caso del hermano fallecido de la promotora de la queja y la ausencia de interés de los antecedentes familiares en el caso de la promotora de la queja, que no sugirieron ampliación de estudio, derivación a centro hospitalario o realización de pruebas complementarias.

ANTECEDENTES

Como conoce de la sustanciación del expediente, comparecía en esta Defensoría, con fecha 24 de enero de 2020, Dña. (...), para relatarnos las circunstancias en las que se había producido el fallecimiento de su hermano, D. (...).

Sostenía que con fecha 7 de octubre de 2019, a las 5 de la madrugada, acudió al Centro de Salud de Nerja (Málaga), refiriendo un intenso dolor en el pecho y los brazos, y que tras una breve atención médica en la que se le tomó la tensión arterial y le realizaron un electrocardiograma, fue dado de alta con juicio clínico de “posible dolor mecánico”, administrándole un analgésico para el dolor.

Nos relataba que ese mismo día falleció en su domicilio a las 16:00 h, donde fue encontrado por ella, ya sin vida.

Aducía la interesada que su hermano tenía antecedentes médicos registrados, ya que se encontraba diagnosticado de esquizofrenia, con abundante medicación pautada, era fumador de tres paquetes diarios, tenía obesidad y una serie de circunstancias asociadas que podrían haber sugerido la necesidad de más pruebas diagnósticas o su traslado al Hospital de la Axarquía para la realización de las mismas, o al menos un seguimiento de las dolencias.

Tras la admisión a trámite de la queja, solicitamos formalmente la colaboración de ese organismo, con fecha 6 de febrero de 2020, para la emisión de un informe que contribuyese al esclarecimiento de los hechos expuestos.

Pues bien, en el informe recibido el pasado 6 de mayo de 2020, la Administración, reiterándose en el escrito de respuesta que a la interesada había remitido ante reclamación formulada por su parte, nos exponía que tras la revisión tanto de la Historia Clínica como de los informes presentados por la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica responsable de la atención en dicho servicio, se había constatado que el Sr. (...) acudió a las 5:07 am al centro de salud de Nerja, con motivo de consulta dolor en hemitorax izquierdo irradiado a ambos brazos y que se procedió a la evaluación del paciente según el protocolo de dolor torácico, valorando las características del dolor, signos de gravedad, el estado general y la realización de pruebas complementarias como electrocardiograma y toma de tensión arterial, que resultaron dentro de la normalidad.

De ahí, justificaban que el criterio médico fue “Dolor de origen osteomuscular” y se procedió a la administración de tratamiento analgésico intramuscular, tras el cual sostenían que el paciente manifestó encontrarse mejor, recibiendo el alta posteriormente.

Lamentaban el fatal desenlace y exponían la voluntad permanente de proporcionar a los pacientes la mejor asistencia posible.

Así las cosas, interesábamos la petición de un informe complementario con fecha 20 de mayo de 2020, en el que instábamos conocer la valoración efectuada de los antecedentes médicos del paciente, ya que por la promotora de la queja se nos había referido que era una persona de riesgo, e interesábamos indicación sobre la repetición del ECG tras una primera valoración, en función de las circunstancias observadas o, en su caso, cuáles fueron las circunstancias para entender que no procedían más pruebas ni vigilancia.

En respuesta a este segundo informe, con fecha 19 de junio de 2020, la Administración nos indicaba, en cuanto a los factores de riesgo apuntados, que constaba que era paciente con dislipemia controlada famacológicamente y fumador activo, sin más patología con interés cardiovascular, y que según obra en la historia clínica, había sido revisado en abril de 2018, descartándose patología cardíaca.

Respecto a la repetición de pruebas o mayor seguimiento, nos indicaban que ante la ausencia de criterios de gravedad, resultado de pruebas normales y respuesta con mejoría al tratamiento administrado, se había decidido el alta.

Dado traslado de todo ello a la interesada, nos remitía un nuevo escrito de queja con fecha 28 de octubre de 2020 y en esta ocasión, nos exponía unos nuevos hechos, esta vez acontecidos en su persona, lo cual dio lugar a la apertura de una nueva investigación que desdoblábamos con el n.º de queja 20/7167.

Concretamente nos relataba la promotora de la queja que el pasado día 16 de octubre de 2020, había acudido al servicio de Urgencias del Centro de Salud de Nerja, por dolor torácico y fuerte presión en el pecho y se le diagnosticó de episodio de ansiedad.

Sobre estos hechos y tras la trágica experiencia del fallecimiento de su hermano, ante la persistencia del dolor, relataba que había acudido al Hospital Comarcal del la Axarquía, donde le indicaban que podía tratarse de una angina de pecho y le habían derivado para estudio al especialista en cardiología.

A la vista de lo acontecido, planteaba sus interrogantes sobre la práctica llevada a cabo en el servicio de urgencias de Nerja y su preocupación por la repetición de hechos similares.

Pues bien, a la luz de estos nuevos acontecimientos, solicitamos nuevo informe a la Administración con fecha 19 de noviembre de 2020, del cual obtuvimos respuesta con fecha 28 de diciembre de 2020, en la que se efectuaban las consideraciones oportunas, tras la revisión tanto de la Historia Clínica como de los informes presentados por la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, responsable de la atención en dicho servicio de urgencia.

Nos relataban que la interesada acudió al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) el pasado 16/10/2020 por dolor torácico opresivo de dos meses de evolución.

Sostenían que se inició protocolo de atención al dolor torácico, realizándosele electrocardiograma (ECG) y toma de constantes, valoradas por la facultativa de urgencias, encontrándose las pruebas dentro de la normalidad, ECG sin cambios ni alteraciones que pudieran hacer sospechar gravedad, así como la exploración física sin hallazgos de relevancia, estando estable hemodinámicamente y con buen estado general, salvo el nerviosismo que mostraba, por lo que se le indicó tratamiento ansiolítico sublingual.

Indicaban que tras observación en urgencias, se produce mejoría clínica, procediéndose el alta por dicho motivo con indicación de volver a acudir a urgencias si había empeoramiento o cambio en el cuadro, así como se le recomendó acudir a su médico de familia para seguimiento y estudio.

En esta tesitura, informaban que la usuaria, ante una nueva crisis de dolor acudía al día siguiente al Hospital de la Axarquía, donde todas las pruebas complementarias volvieron a ser normales, pero ante el cambio en las condiciones de presentación del dolor (tras realización de esfuerzo) se diagnostica como dolor torácico probable ángor y se inicia tratamiento y derivación a cardiología para estudio del mismo.

Concluían el informe indicando que la interesada se encontraba en seguimiento por el especialista en cardiología.

A este nuevo informe la interesada no ha llegado a presentar alegaciones.

CONSIDERACIONES

Se centra la presente investigación en el protocolo de atención y manejo de dolor torácico por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del centro de salud de Nerja, ante la sospecha de la promotora de la queja de algún fallo en el circuito establecido, tras el trágico fallecimiento de su hermano, posterior a una atención urgente en dicho servicio por dolor torácico y tras un diagnóstico de ansiedad en su caso, que tras la ampliación de pruebas sugería dolor torácico probable ángor, por el que se había ampliado el estudio, tras la visita de la interesada al Hospital de la Axarquía y que había determinado su derivación a la Unidad de Cardiología.

Dejamos sentada la limitación de medios de esta institución para enjuiciar la práctica médica, por no disponer de los medios necesarios para ello, puesto que deberíamos contar con información, datos y elementos de los que carecemos, ni contamos con la capacidad técnica pericial para ello, y con dicha cautela nos adentramos en las consideraciones que nos ocupan.

Sobre el protocolo a seguir en casos de esta naturaleza, conocemos el proceso asistencial integrado (PAI) descrito por el Servicio Andaluz de Salud respecto al dolor torácico genérico (no filiado), publicado en su página web (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-conocimiento/paginas/pai-dolor-generico.html), que lo define como el “proceso por el que, tras consultar el paciente por Dolor Torácico en cualquier punto del SSPA, se dan los pasos necesarios para una primera e inmediata estratificación de riesgo basada en datos clínicos y completada con las exploraciones complementarias pertinentes en cada caso, de forma que se obtenga el diagnóstico definitivo en el menor plazo de tiempo posible, evitando demoras y pasos intermedios que no aporten valor añadido. Así, se señala que una vez alcanzado el diagnóstico, se procederá inmediatamente al tratamiento más adecuado según las diversas etiologías que lo puedan causar, asegurando al mismo tiempo la continuidad asistencial, mediante el seguimiento del paciente en consultas de Atención Especializada (AE) y/ o Atención Primaria”.

De forma preliminar, cabría apreciar que la promotora de la queja, tras su iniciativa de acudir al servicio de urgencias del Hospital de la Axarquía, se encuentra en seguimiento y estudio de sus posibles patologías cardíacas, sin que esta circunstancia pueda ser apreciada en el caso del hermano de la interesada y promotora de la queja, trágicamente fallecido, a la horas de ser dado de alta por el servicio de urgencias del Centro de Salud, sin que conste en el informe de alta que nos aportaba la promotora de la queja ninguna derivación para seguimiento por su médico de atención primaria, que tampoco se hubiera podido llevar a efecto, a la luz de los acontecimientos.

Conforme al indicado proceso asistencial integrado, la primera intervención del servicio de urgencias ante un dolor torácico de origen no filiado, sería la rápida estratificación del riesgo basado en la clínica y el ECG, que luego se ampliará, según la situación clínica concreta, mediante exploraciones complementarias pertinentes, indicándose en el flujo de procesos, que en el caso de dolor torácico inespecífico, sin datos objetivos de patología, se remitirá al paciente al médico de familia o a la atención especializada, para garantizar la continuidad asistencial.

En cuanto a la evaluación inicial, realizada por el servicio de urgencias, se señala que la anamnesis irá dirigida a enfocar el dolor torácico, los factores de riesgo y antecedentes cardiovasculares, con la correspondiente recogida de datos, exploración y pruebas complementarias, indicándose que si la evaluación inicial no es concluyente se ampliará mediante una evaluación ulterior mediante ampliación de la historia clínica y de la exploración física inicial y, si procede, solicitud de las exploraciones complementarias pertinentes: generalmente, ECG seriados (especialmente si el DT persiste), Rx de tórax y analítica.

Los informes remitidos por la Administración competente, vienen a indicar en ambos casos, que la clínica y el resultado del ECG no evidenciaban signos de alarma, y en ello se justificaba el alta del hermano de la promotora y el de la propia promotora de la queja, con un juicio diagnóstico en el caso de la promotora de “ansiedad” y en el del hermano de la promotora de “Dolor de origen osteomuscular”, resultando llamativo que en el informe de alta dado al hermano de la promotora, trágicamente fallecido, no aparezca la derivación para control por su médico de atención primaria, lo cual, a la vista del flujo de procesos del proceso asistencial integrado, no es lo esperado, aún cuando por el desenlace de los hechos, huelga decir que no hubiera podido llevarse a efecto.

En el caso de la promotora, sin embargo, con un juicio diagnóstico de ansiedad, sí se establecía la pauta de control por el médico de atención primaria, lo que no limitó que la interesada, por su propia voluntad y atendiendo a los antecedentes familiares, decidiese acudir al Hospital Comarcal de La Axarquía, ante el temor de un desenlace similar al de su hermano.

En este punto, y en cuanto a la atención médica prestada, llama la atención que en el informe de urgencias del centro hospitalario, se alude a los antecedentes familiares de la promotora como un dato de interés en la historia clínica y se acuerda completar estudio, cuestiones soslayadas en la asistencia de urgencias que llevó a cabo el servicio de urgencias del centro de salud de Nerja.

Respecto a este aspecto, en nuestra petición de informe al Distrito Sanitario en cuanto a los antecedentes de interés en el caso del fallecido hermano de la promotora, se nos indicaba que no existía patología con interés cardiovascular, surgiéndonos inquietudes en cuanto a la inadvertencia de los antecedentes familiares de la interesada, puesto que presentando un dolor en el pecho de similares características al de su hermano, se diagnostica de ansiedad sin considerar otros aspectos que podrían haber sugerido una ampliación de la historia clínica en ese momento o derivación desde el centro de salud al servicio de urgencias al Hospital comarcal, como nos relata que realizó la interesada.

En esta tesitura, la interesada y promotora de la queja, en su escrito de alegaciones al segundo informe administrativo, ponía el acento en su interés en que fuesen revisados los protocolos de actuación urgente ante patologías como las descritas y nos insistía, en el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a tener un servicio médico de calidad.

De este modo, nos indicaba su parecer sobre la atención efectiva y rápida que había percibido del Hospital Comarcal de la Axarquía y la ampliación de estudios y derivación realizada para atención especializada y cuestionaba el trato recibido en la atención urgente en el primer nivel de atención primaria, atendiendo a la falta de consideración de antecedentes clínicos y familiares y la inquietud que todo ello le provocaba.

Así las cosas, por nuestra parte, cuando nos enfrentamos a posibles deficiencias asistenciales, y partiendo que desde una perspectiva técnica no tenemos capacidad para emitir un juicio, ponemos el acento en la importancia que cobra la aplicación y seguimiento de los protocolos de actuación, y convendrán con esta Defensoría, la razonabilidad de los interrogantes de la interesada, marcada indudablemente por una previa experiencia dolorosa, pero que encuentra sustento en una actuación diferenciada por dos servicios de intervención urgente, el de atención primaria y el de atención hospitalaria.

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta el informe emitido y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el art. 29.1º de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular a esa Dirección la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA. - Que se revise la correcta aplicación y seguimiento en las urgencias de atención primaria del Centro de Salud de Nerja ante este tipo de patologías, y en particular, la ausencia de pauta de derivación a seguimiento médico en el caso del hermano fallecido de la promotora de la queja y la ausencia de interés de los antecedentes familiares en el caso de la promotora de la queja, que no sugirieron ampliación de estudio, derivación a centro hospitalario o realización de pruebas complementarias.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz