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Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alcalá la Real a nuestra petición de que se nos mantuviera informados de las actuaciones llevadas a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una persona que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

ANTECEDENTES

1.- La persona reclamante nos exponía que ese Ayuntamiento venía actuando de forma pasiva ante las obras ilegales y actividad irregular que se desarrollaba en el número ... de la calle ..., que se encontraba colindante con su domicilio.

La obra se trataba de una ampliación ilegal de inmueble acerca de la que ese Ayuntamiento, siempre según el interesado, habría dictado resolución ordenando su derribo, pero sin que el mismo se hubiera llevado a cabo pese a sus reiteradas peticiones para que se ejecutara lo ordenado, resultando que se había visto privado de luz y vistas en su vivienda. Y añadía lo siguiente:

“Por otra parte, realiza un negocio ilegal de catering coincidiendo con el periodo anual de fiestas patronales, comuniones, bodas y demás con lo que también sufrimos ruidos de cargas y descargas de camiones a cualquier hora de la madrugada, suciedad y olores. Esta cocina es ilegal pues por escritura no puede haber ningún negocio en nuestras cocheras, y mucho menos sin las medidas sanitarias, controles ni permisos oportunos que un negocio así debe tener.

Es simplemente una cochera en la que junto a todos sus archeles de ferias, moto, coche, sin ningún tipo de acondicionamiento, poniendo un rosco de butano en el propio suelo, cocinan y luego lo transportan también de cualquier forma a donde lo vayan a comer. También utiliza un campo de su propiedad para realizar allí eventos tales como comuniones, bodas, comidas, sin estar tampoco dado de alta como tal. De ésto también he informado al Ayuntamiento del que inexplicablemente solo consigo buenas palabras.

El último escrito está presentado el 14 de agosto de 2019. No me han contestado a ninguno de los escritos presentados. Solo verbalmente y con buenas palabras siempre. Como sigo insistiendo me dijeron que volviera a presentar otro escrito y a ser posible con las firmas de los vecinos colindantes. Los vecinos no quieren firmar por miedo a las represalias de este señor y porque no les afecta tanto como a nosotros. No entiendo por qué el Ayuntamiento, teniendo ya un escrito con mi firma y fotografías varias que también me pidieron, no detiene esta actividad.”

En consecuencia, con fecha 26 de septiembre de 2019 interesamos de ese Ayuntamiento que nos mantuviera informados de las actuaciones llevadas a cabo ante las denuncias de obras sin licencia y actividades irregulares formuladas por el afectado, señalando las causas por las que, según éste último, se estaría actuando de forma pasiva para evitar unas actividades sin autorización que venían originando molestias y perjuicios a los vecinos colindantes.

2.- En la respuesta municipal recibida se nos daba cuenta de los expedientes incoados con motivo de las denuncias de obras ilegales y actividades irregulares desarrolladas en la calle ..., número ..., de esa localidad. Del examen del informe remitido se desprendía que se habían impuesto multas coercitivas y multa de 3000 euros en procedimiento sancionador, así como se había propuesto la demolición de obras ejecutadas sin licencia. En cualquier caso, no se aclaraba si dichas multas fueron finalmente abonadas por el infractor y tampoco se exponía si la propuesta de demolición motivó una posterior resolución o el expediente de restauración de la legalidad urbanística quedó paralizado sin causa que lo justificara. En fin, se apreciaban actuaciones administrativas, pero no que concluyeran o hubieran resultado efectivas ni para restaurar la legalidad urbanística, ni para frenar las presuntas actividades irregulares en el inmueble.

Lo que sí parecía deducirse era que las obras ejecutadas sin licencia no fueron objeto de restauración de la legalidad urbanística y que las presuntas actividades irregulares en el inmueble seguían desarrollándose sin autorización alguna.

Así las cosas, con fecha 11 de noviembre de 2019, nuevamente interesamos que se nos mantuviera informados de las actuaciones llevadas a cabo y en caso de no estar prescritas las presuntas infracciones, ante las denuncias de obras sin licencia y actividades irregulares formuladas por el afectado, señalando las causas por las que, según éste último, se estaría actuando de forma pasiva para evitar unas actividades sin autorización que venían originando molestias y perjuicios a los vecinos colindantes. (se adjunta copia).

3.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 14 de febrero y 21 de abril de 2020 (se adjuntan copias), pero ello no ha motivado que nos sea remitida, resultando infructuosos los distintos intentos de contacto telefónico que personal de esta Institución ha querido mantener con personal municipal.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsado debidamente el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en estos casos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3. - del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por la interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cortes de Baza a nuestra petición de información sobre las cuestiones que interesamos en la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una persona que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de conservación del viario público y considere la realización de las obras de reparación y mantenimiento de acerado necesarias para evitar posibles daños en el inmueble del interesado.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 25 de noviembre de 2019 comunicábamos a ese Ayuntamiento la conclusión de nuestras actuaciones en el expediente de queja 19/2276 tramitado a instancias del interesado, por estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución a la vista de informe de ese Ayuntamiento de 31 de octubre de 2019.

Sin embargo, recibimos nueva comunicación del afectado en la que, textualmente, nos exponía lo siguiente:

“Nuevamente me pongo en contacto con Vdes. porque este Ayuntamiento sigue haciendo caso omiso a mis necesidades urgentes, mientras no dejan de trabajar realizando acerados todo el año en calles, como podrán comprobar, son solares o corrales que para nada urgen. Estas fotos que adjunto son de fecha 8-9-2020, anteriores otras, y concretamente, las primeras de este año 2020 se realizaron en la misma C/ donde yo vengo reclamando que me realicen lo mío por ser urgente. O sea, que estos Sres. no van por turnos de C/ ni de fechas, más bien es un daño constante en mi contra porque hace años que vengo reclamando la misma cosa. Se presentó este escrito y en mi poder el resguardo de certificado con fecha 22-07-2020.”

En vista de todo ello, esta Institución procedió a incoar el presente expediente de queja para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, interesar de nuevo a ese Ayuntamiento, con fecha 29 de septiembre de 2020, informe acerca de si las obras que demanda el afectado podrán ser abordadas a corto plazo con cargo al PFEA 2020 o con fondos municipales ya que, según el mismo, los daños que afectan a su inmueble pueden verse agravados (se adjunta copia).

2.- Esta petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 9 de noviembre y 17 de diciembre de 2020 (se adjunta copia), pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 19 de enero de 2021, así como envío, a su petición, por vía correo electrónico de las comunicaciones aludidas, el 20 de enero.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente el expediente de conservación y reparación del viario público incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de conservación y pavimentación del viario público.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3. - del deber legal de observar el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que regulan la competencia de los Ayuntamientos en la pavimentación de las vías públicas.

RECOMENDACIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por el interesado, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de conservación del viario público y considere la realización de las obras de reparación y mantenimiento de acerado necesarias para evitar posibles daños en el inmueble del interesado.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puerto Serrano a nuestra petición de informe inicial sobre si se había resuelto la solicitud de empadronamiento de la persona interesada y su familia; y que nos indicaran las causas que lo hubiesen impedido hasta la fecha en caso contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que por parte de los Servicios Sociales se estudie la situación de la familia promotora de la queja, a fin de determinar qué tipo de ayudas y recursos públicos pueden activarse para poder paliar, en la medida de lo posible, la situación en la que se encuentran y a su empadronamiento, si a ello hubiera lugar.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de julio de 2020 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Dª. ... a través de la cual nos exponía que tras sucesivos hechos acontecidos en su vida, se encontraba residiendo en una vivienda titularidad de AVRA junto a sus padres y sus hijos menores de edad, cuya legítima adjudicataria entregó y se encontraba deshabitada.

Manifestaba su imposibilidad de acceder a una vivienda de alquiler en el mercado libre por sus precarias circunstancias socioeconómicas, y que habiendo acudido al presente Ayuntamiento se le informaba del inicio del desahucio administrativo por parte de AVRA, teniendo que abandonar la vivienda la interesada, sus padres y sus hijos menores de edad, sin alternativa habitacional.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración con fecha 13 de agosto de 2020, información relativa sobre sobre si se había resuelto la solicitud de empadronamiento de la interesada y su familia; y nos indicaran las causas que lo hubiesen impedido hasta la fecha en caso contrario.

III. Esta petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en tres ocasiones dicha información, con fecha 8 de octubre y 17 de noviembre de 2020, sin que se nos haya remitido, a pesar del contacto telefónico mantenido con personal de ese Ayuntamiento el 24 de marzo de 2021 (se adjunta copias).

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. En relación a la inscripción en el padrón municipal, el artículo 17.2 dela Ley de Bases de Régimen Local, establece lo siguiente:

2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.

Las normas concretas que han de presidir y regir la actuación de las entidades locales a este respecto se contemplan en la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

En dicha Resolución se indica en primer lugar que las inscripciones en el Padrón se realizarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generales:

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

2. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. (…)

(...)

8. El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad y el domicilio en el municipio, que se definen en los apartados correspondientes de esta Resolución.

9. Con carácter general, siempre que un ciudadano solicite el alta o la modificación de cualquiera de sus datos en el Padrón de un municipio aportando los documentos necesarios para probar su identidad, representación en su caso, y residencia real en el mismo, se procederá a realizar su inscripción en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese momento y sin que sea posible otorgarle efectos retroactivos.

10. Cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, o a la modificación de datos en el Padrón, el Ayuntamiento, presentada la correspondiente solicitud por parte del interesado, ordenará los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución.

(...)

13. Si el Ayuntamiento no notifica dentro de los tres meses la resolución estimando o desestimando la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio (artículo 24 de la Ley 39/2015), desde la fecha de su solicitud.

14. En el supuesto de denegación de la inscripción será necesaria una resolución motivada por parte del Alcalde-Presidente (...).

En la instrucción 2.3 de dicha Resolución se dispone, sobre la documentación acreditativa del domicilio de residencia, que el objetivo del padrón es dejar constancia del domicilio donde residen las personas y, en consonancia con ello, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el citado artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

(...) En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Así, se indica que los ayuntamientos tienen la potestad de aceptar otros documentos que no sean el título que legitime la ocupación de la vivienda (suministro de luz, agua, etc.). o comprobar por otros medios (informe de policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el padrón.

El objetivo del Padrón, por tanto, es dejar constancia del domicilio real donde residen las personas, con independencia de los derechos que puedan o no corresponderles para vivir en dicho domicilio y de las acciones que el legítimo propietario pueda ejercitar para reclamar sus derechos ante las autoridades o tribunales competentes.

Segunda. En cuanto a las competencias de los servicios sociales comunitarios, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece en el artículo 28 entre sus funciones:

4.ª La identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, situaciones de violencia de género, situaciones de violencia intergeneracionales y de iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social. (...)

6.ª La atención a situaciones de urgencia o emergencia social.

(...)

15.ª La coordinación con los servicios públicos de vivienda mediante el establecimiento de actuaciones conjuntas para el acceso a la vivienda, la adecuación y mantenimiento de la misma, y especialmente frente a la pérdida de vivienda.

Por lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de vivienda y en las de asistencia social, cuando se trata de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, ese Ayuntamiento debería prestar el apoyo que necesita la familia afectada.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1. - para que, previa las comprobaciones oportunas que resulten necesarias conforme a la normativa vigente que resulta de aplicación, con carácter inmediato se proceda al empadronamiento de la familia interesada en el domicilio en el que efectivamente residen, si a ello hubiera lugar.

RECOMENDACIÓN 2. - para que por parte de los Servicios Sociales se estudie la situación de la familia promotora de la queja, a fin de determinar qué tipo de ayudas y recursos públicos pueden activarse para poder paliar, en la medida de lo posible, la situación en la que se encuentran.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, promovida de oficio por este Comisionado del Parlamento de Andalucía, sobre “medidas de flexibilización fiscal adoptadas por las Haciendas Locales tras la suspensión de actividades económicas durante la alarma sanitaria”, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 14 de abril de 2020, este Comisionado del Parlamento de Andalucía iniciaba actuaciones de oficio con el siguiente alcance y contenido:

“ Ante las dificultades y situación de necesidad socio-económica por la que desde el primer momento de la declaración del estado de alarma y de la suspensión de actividades, se están viendo afectadas muy amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía, las Administraciones Locales establecieron medidas de gestión tributaria que permitieran, a todos los contribuyentes afectados (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc), afrontar de manera menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.

Entre todas las medidas de alcance y naturaleza económica establecidas e implantadas por el Estado, unas deberían ser desarrolladas y materializadas por él mismo, las más importantes y de naturaleza económica y presupuestaria básicas; otras por las Comunidades Autónomas, los Municipios y Provincias, actuando con sujeción a los principios constitucionales de colaboración, cooperación, coordinación.

Por todo ello, el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, entre las medidas señaladas, centraba su atención en la adopción de una flexibilización económico-fiscal y tributaria, con alcance general, en la forma siguiente:

«En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate (…)

Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento».

Tales medidas, posteriormente fueron ampliadas con las establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con carácter de urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y las de la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En relación a las referidas a la Administración Local se inició la queja de oficio referida, a los efectos de conocer el grado de implantación de las medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria, que previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, estuvieren adoptando o, hubieren previsto adoptar los Municipios y capitales de provincia y, a las Agencias y Organismos autónomos provinciales, que actúan por delegación de los restantes Municipios en el ámbito de gestión y recaudación tributarias.

II.- En consecuencia, con objeto obtener colaboración de los Municipios andaluces y, de las Agencias y Organismos autónomos provinciales, que actúan por delegación de aquéllos en el ámbito de gestión y recaudación tributarias, el Defensor del Pueblo Andaluz, les dirigió petición de informe sobre la implantación de las medidas de flexibilización tributaria y recaudatoria, que previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, ya referido, estuvieren adoptando o, tuvieren previsto adoptar, con relación a la gestión y recaudación de los tributos locales y de otros recursos de naturaleza pública.

Eramos conscientes de las dificultades existentes para dar cumplimiento a nuestra petición, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontrábamos tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto suscitado en la queja, le instamos a que contestasen con la máxima celeridad posible.

Mayoritariamente, las peticiones de colaboración del Defensor del Pueblo Andaluz fueron atendidas sin reservas, trasladándonos una batería de medidas de flexibilización fiscal que -en nuestra opinión- atendía sobradamente al espíritu y finalidad del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y, de la restante normativa complementaria, adoptada en aquel difícil momento.

CONSIDERACIONES

Primera.- Consecuencias de naturaleza fiscal y tributaria de la suspensión de las actividades económicas y comerciales.

La situación reseñada, comportaba una serie de efectos y consecuencias negativas que el Estado había tratado de mitigar, estableciendo para ello las medidas de naturaleza económico- social ya adoptadas, completándolas con las incluidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Entre todas las medidas de alcance y naturaleza económica establecidas e implantadas por el Estado, unas deberían ser desarrolladas y materializadas por él mismo, las más importantes y de naturaleza económica y presupuestaria básicas; otras por las Comunidades Autónomas, los Municipios y Provincias, actuando con sujeción a los principios constitucionales que rigen las relaciones interadministrativas de colaboración, cooperación y coordinación.

Por todo ello, el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo fundamenta y motiva las medidas de flexibilización económico-fiscal y tributarias, con alcance general, en la forma siguiente:

“En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario. (…)

Por esta misma razón, en aras a facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento”.

Dificultades y situación de necesidad socio-económica por la que ya se estaban viendo afectadas muy amplias capas y sectores claramente identificables dentro de la estructura social de Andalucía, lo que hacía muy conveniente la aplicación y el establecimiento por las Administraciones Locales de Andalucía, de medidas de gestión tributaria que permitan en general, a todos los contribuyentes afectados (trabajadores de los distintos sectores económicos, comerciantes, titulares de actividades y establecimientos hosteleros y turísticos, etc), afrontar de manera lo menos traumática el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales, con las haciendas locales.

La contención de actividades económicas y sociales decretada en los ámbitos sectoriales referidos (comercio en establecimientos, comercio ambulante, hostelería y restauración, etc) abocaba a trabajadores/as y a titulares de licencias de funcionamiento de actividades y establecimientos, al cese temporal de su trabajo, desempeño y ejercicio -mientras estuviere vigente el estado de alarma sanitaria- con las consiguientes pérdidas económicas, colocando a bastantes personas y familias con pocos recursos en situación de necesidad, prácticamente.

Segunda.- Medidas de flexibilización fiscal que se adoptaron por las Administraciones y Haciendas Locales.

Tanto los Municipios como las Agencias Provinciales implantaron en aplicación de sus potestades y competencias propias o por delegación, las medidas de flexibilización posibles, actuando en el marco legal determinado por la aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De los informes recibidos por los organismos de gestión tributaria de las distintas provincias se ha podido conocer la diligencia y preocupación de las administraciones locales por implementar y desarrollar las medidas arbitradas por el Gobierno Central, así como para poner en marcha otras actuaciones complementarias a las mismas.

Así, a modo de resumen podemos destacar:

• Implementación de distintos procedimientos establecidos para la atención a la ciudadanía: refuerzo de las líneas telefónicas de atención a la ciudadanía, correos electrónicos atendidos diariamente por personal de los organismos municipales tributarios, servicio de pago telemático a través de distintas modalidades.

• Acciones encaminadas a dar la mayor publicidad posible a las medidas adoptadas a través de las páginas web de las administraciones locales, publicaciones en los tablones de anuncios, Boletín Oficial de las Provincias o mediante notas de prensa de los medios de comunicación y redes sociales.

• Medidas tributarias de apoyo a los autónomos, comercios y pequeñas empresas para contribuir a la reducción del impacto económico en su actividad.

• Actuaciones encaminadas a reducir o aplazar las rentas en las viviendas de titularidad pública.

• Subvenciones de un único pago a personas físicas que sean titulares de licencia municipales para el ejercicio de actividades afectadas por la crisis sanitaria, como es el sector del taxi.

• Autorización del incremento de la superficie destinada a la ocupación de vía pública y del número de veladores a los establecimientos de hostelería sin variar el importe de las liquidaciones de las tasas municipales devengadas por el mismo.

• Ayudas y bonificaciones al impuesto sobre bienes inmuebles a los colectivos menos favorecidos y a familias, ante la ausencia de medidas fiscales solidarias en la legislación tributaria.

• Anticipos de las Diputaciones a los Ayuntamientos con la finalidad de garantizar los servicios a la ciudadanía para asegurarles que en todo momento puedan disponer de liquidez suficiente para atender las necesidades de sus ciudadanos.

De los informes que hemos recibido por otros organismos en la tramitación de expedientes en esta Institución, hemos conocido de la existencia de los Planes económicos municipales de ayuda al trabajador Autónomo, este instrumento de ámbito municipal para apoyar a este sector. Ayudas que oscilan desde 300 euros en algunos municipios, llegando en algunas ocasiones a los 5.000 euros, una importante inyección económica para hacer frente a gastos que van desde las cuotas como trabajador autónomo, arrendamientos , primas de seguro, facturas de las empresas de suministro de agua y luz, etc.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a los Ayuntamientos y Agencias Provinciales de gestión y Recaudación tributaria, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1.- En el sentido de que por las Haciendas Locales referidas, en ejercicio de su autonomía y suficiencia financiera, y en aras de los principios moduladores del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, establecidos en el articulo 31 de la Constitución, se continúen prestando, o bien se aprueben e implementen las medidas de flexibilización tributaria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones ciudadanas de aquellos sectores más castigados por la COVID-19.

Lo anterior, por cuanto, al ejercicio de 2021 se han extendido la declaración del estado de alarma y las restricciones en la actividad económica y comercial, por aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2; y teniendo en cuenta que el levantamiento del estado de alarma sanitaria, se ha producido con efectos de 9 de mayo de 2021, tras la publicación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, (BOE número 107, de 5 de mayo) por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.

SUGERENCIA 2.- En el sentido de que se pongan en marcha o se continúen prestando, en el caso de haberse implementado con anterioridad, iniciativas de información, asesoramiento y divulgación de las medidas tributarias ya que ello contribuirá a un mejor cumplimiento de las mismas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz