La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 16/0469

Mediamos con Caja Rural del Sur para buscar soluciones a las dificultades de pago de la hipoteca de un matrimonio con recursos limitados y con dos menores a su cargo.

Acudía a esta Institución una ciudadana manifestando que se encontraba en situación de desempleo y su cónyuge había sufrido una reducción salarial, razón por la que estaban pasando graves dificultades económicas para afrontar los pagos correspondientes al préstamo hipotecario concertado con Caja Rural del Sur sobre su vivienda. El matrimonio tenía dos hijos a su cargo y la entidad financiera ya les había advertido del riesgo de inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Habiéndonos interesado por el caso ante la entidad se nos indica que se iniciaron contactos con la parte interesada a fin de recabar la documentación correspondiente y ofrecer una solución a su situación de impago, tanto dentro de las medidas que ofrece el Código de Buenas Prácticas al que la entidad se encuentra acogida, como fuera del mismo, en caso de que no cumpliera las condiciones requeridas. En concreto se estaría tramitando una operación de refinanciación de la deuda impagada que se formalizaría en breve.

Considerando que el asunto objeto de queja se encuentra en vías de ser solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Queja número 16/3175

Actuamos ante Emasesa para ofrecer soluciones a una ciudadana que no puede hacer frente a la deuda reclamada en concepto de liquidación por fraude.

Acudía a esta Institución una ciudadana ante el riesgo de corte de suministro de agua por una deuda que le reclamaba Emasesa correspondiente a una liquidación por fraude en el suministro de agua de su vivienda

La interesada alegaba que desconocía que carecía de contrato de suministro ya que residía en la vivienda en régimen de alquiler, cuya renta incluía el pago del recibo de comunidad, habiéndole indicado el arrendador que incorporaba el gasto de agua.

Emasesa paralizó en su día la gestión de cobro atendiendo a sus alegaciones pero, transcurrido un tiempo, le exigía la acreditación de las actuaciones seguidas contra el arrendador y, en su defecto, le indicaba que continuarían frente a ella con la reclamación de la liquidación de fraude, si bien podrían ofrecerle un plan de pago adaptado a sus circunstancias personales debidamente acreditadas por los Servicios Sociales Municipales.

Tras interesarnos por este asunto se suspendía la gestión de la factura reclamada y el procedimiento de suspensión del suministro.

Finalmente hemos podido conocer que se han acordado facilidades de pago de la deuda mediante la intervención de los Servicios Sociales comunitarios.

En consecuencia entendemos que el asunto objeto de queja se encuentra en vías de solución, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 16/5950 dirigida a Consejería de Justicia e Interior

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Ha sido recibido informe de fecha 27 de abril de 2017, nº de Registro de Salida 445/00005212, con referencia Viceconsejería/CoorVice, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, sobre la creación de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos en La Linea de la Concepción.

En suma, el criterio del TSJA es manifiestamente favorable a la implantación de este Servicio Común para la zona de La Línea, sin que podamos prever medidas concretas desde la Consejería de Justicia e Interior que lo pongan en marcha en un tiempo razonable y acorde con sus necesidades.

Determinadas quejas que se refieren al funcionamiento de determinados órganos judiciales son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que, en ocasiones, han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

14-11-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Determinadas quejas que se refieren al funcionamiento de determinados órganos judiciales son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que, en ocasiones, han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

Sin embargo, en otros supuestos, la preocupación por el normal funcionamiento de los órganos judiciales en el ámbito de las competencias de este Comisionado del Parlamento, proviene de determinadas informaciones que aluden a deficiencias en determinados órganos judiciales que merecen una particular atención.

Tal es el caso de noticias aparecidas sobre la situación de carga de tramitación entre los empleados de los cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la Línea de la Concepción (Cádiz) ya que, según las afirmaciones recogidas, carecen de un servicio común responsable de practicar las notificaciones y embargos adscritos a dichos órganos judiciales.

Esta situación ha sido expuesta por representantes de organizaciones sindicales que explican, entre sus argumentos, que no existiría en las demarcaciones judiciales españolas un caso como el presente de contar con estos cuatro Juzgados sin disponer para sus cargas de tramitación y gestión el complemento de estos servicios específicos. Añaden en sus argumentos que la demarcación incluye pedanías y núcleos que incrementan las necesidades de estos servicios, además de un entorno complicado por la presencia de una fuerte actividad portuaria y la proximidad de Gibraltar y su influencia.

Por tanto, estas situaciones han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, se viene a proponer conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos; en concreto interesa conocer:

  • Asignación de los servicios de notificaciones, embargos y análogos para los órganos con sede en La Línea de la Concepción (Cádiz).

  • Evaluación de necesidades de dotación de medios personales y materiales.

  • Proyectos de crear en su caso, un servicio unificado para los anteriores juzgados.

29-05-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Ha sido recibido informe de fecha 27 de abril de 2017, nº de Registro de Salida 445/00005212, con referencia Viceconsejería/CoorVice, relativo al expediente arriba indicado, promovido de oficio por esta Institución, sobre la creación de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos en La Linea de la Concepción.

Entre las indicaciones ofrecidas por la Viceconsejería se afirma que:

La aprobación e implantación de estas nuevas Oficinas Judiciales va a aportar la experiencia necesaria para su progresiva implantación dentro de los distintos modelos que el propio Decreto marco contempla.

En este contexto de progresiva implantación de las Oficinas Judiciales, en su momento se podrá, a la luz de la experiencia de la implantación de las primeras Oficinas Judiciales, acometer la creación de nuevos Servicios Comunes o la creación directa de la Oficina Judicial en el partido Judicial de La Línea de la Concepción, de conformidad con la planificación que establezca y en función de las disponibilidades presupuestarias”.

 

Por tanto, queda sin definir un posible plazo, siquiera aproximado, para poder contar con este Servicio Común para La Línea remitiéndose a futuribles planificaciones y presupuestos que no permiten albergar medidas concretas para avanzar en las carencias que se han definido para estas funciones de la administración judicial campogibraltareña.

De hecho, en la Memoria del TSJA de 2016, se expresa en el apartado II.2. sobre estructuras de órganos judiciales (página 180) que:

La aprobación e implantación de estas nuevas Oficinas Judiciales va a aportar la experiencia necesaria para su progresiva implantación dentro de los distintos modelos que el propio Decreto marco contempla.

En este contexto de progresiva implantación de las Oficinas Judiciales, en su momento se podrá, a la luz de la experiencia de la implantación de las primeras Oficinas Judiciales, acometer la creación de nuevos Servicios Comunes o la creación directa de la Oficina Judicial en el partido Judicial del a Línea de la Concepción, de conformidad con la planificación que establezca y en función de las disponibilidades presupuestarias.

En igual sentido, es posible observar que, desde el año 2010, ha sido escasa la receptividad de la Consejería respecto de la petición expresa de este TSJA en orden a potenciar y generalizar en todos los órganos judiciales de Andalucía Servicios Comunes Procesales (SCP) de registro, reparto, comunicaciones y, especialmente, de ejecutorias.

Llama la atención, por ejemplo, que la La Línea de la Concepción (Cádiz) siga careciendo de Servicio Común, hasta el punto que sólo cuenta con un funcionario para toda esta labor, con las disfunciones que se producen, singularmente en momentos de ausencias justificadas, bajas laborales o mayor sobrecarga de trabajo. Y tampoco se han iniciado ni generalizado los Servicios Comunes Procesales de Ejecutorias, básicos en determinadas ciudades ante el deterioro y aumento alarmante de las ejecuciones pendientes, medida organizativa reclamada desde la Memoria 2010 y sobre la que insistía la Memoria 2015: “debe abordarse la implantación de Servicios Comunes de Ejecutorias, básicos en determinadas ciudades más pequeñas (por ejemplo, Jaén). Desde el año 2010 la Sala de Gobierno del TSJA lo lleva demandando para Andalucía. Debe avanzarse en Servicios Comunes Generales que integren los actuales Servicios de Decanato con los de Notificaciones y Embargos (Almería, Jaén y Huelva, por ejemplo)”.

 

En suma, el criterio del TSJA es manifiestamente favorable a la implantación de este Servicio Común para la zona de La Línea, sin que podamos prever medidas concretas desde la Consejería de Justicia e Interior que lo pongan en marcha en un tiempo razonable y acorde con sus necesidades.

En tal sentido, dispondremos las acciones de seguimiento ante la Consejería para perseverar en la disposición de este Servicio. En tanto en cuanto procede concluir nuestras actuaciones en el presente expediente de oficio.

Queja número 15/0018

Conseguimos el traslado del afectado a otro Centro Residencial más idóneo para el mismo.

La interesada exponía que su hijo, se encontraba en una Residencia, al padecer una esquizofrenia y retraso mental, teniendo reconocida la dependencia.

Su hijo le manifestaba que se encontraba muy mal en dicho centro. En mayo de 2014 se había solicitado traslado de residencia, con el visto bueno de la Directora del Centro.

Dicho traslado, sin embargo, todavía no se había realizado, manifestando la familia que su hijo se encontraba muy mal y que no podían soportar más la situación, necesitando el cambio de residencia.

Requerida la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, con fecha 16 de marzo de 2015, se evacuó el trámite referido, confirmando que a dicha fecha estaba en fase de estudio con objeto de encontrar centro adecuado a la situación de la persona dependiente.

Al no haberse dictado aún resolución de traslado, persistiendo, por tanto, la pretensión, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora, formulamos Resolución al citado organismo en el sentido de que sin más dilación se resolviera el expediente de solicitud de traslado de centro, dictándose, si procediese, el traslado provisional de la persona usuaria dándose al procedimiento el curso que correspondiera hasta su completa finalización, ya que según manifestaba la madre, podríamos encontrarnos en uno de los supuestos del art. 10 d) del citado Decreto 388/2010 “peligro efectivo o cierto que afecta a la integridad física o psíquica de la persona usuaria o del resto de las personas usuarias del centro”.

Ante la falta de respuesta y al amparo del art. 29.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, se puso en conocimiento de la Sra. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, en su calidad de máxima autoridad del organismo afectado, las actuaciones seguidas en el expediente de queja.

Por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla se nos informó que se había trasladado el expediente a principios de marzo de 2016 a la provincia de Jaén, tras la autorización de los servicios centrales de la Consejería, al amparo del Decreto 388/2010, para ocupar una plaza en un centro más idóneo, en concreto, uno de nueva apertura.

Habiéndose resuelto favorablemente la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 16/5039

Acceden a compulsar documentos para su remisión a otra Comunidad Autónoma, tras nuestra intervención.

La parte promotora de la queja exponía que había presentado a través de la Ventanilla Única una documentación para remitir a un Instituto de Cantabria, constando entre otros, de un certificado de notas, que debía ser compulsado.

Al parecer, el Ayuntamiento le había denegado la compulsa de tal documento.

Interesados ante la Administración municipal, se nos responde indicando que todo fue debido a un mal entendido.

Explica que el trabajador que le atendió le dijo que, por anteriores experiencias, los certificados de notas no los podía compulsar.

Puntualiza el Ayuntamiento que los certificados de notas que se obtienen a través de internet no traen firma ni sello alguno, por lo que no pueden confirmar que sean originales. Así, el trabajador que le atendió pensó que era uno de esos certificados y quizá se precipitó al indicar al interesado que no podía compulsarlo, pero que en ningún momento se negó a registrar los documentos que portaba el interesado a través de la Ventanilla Única.

Indican que el mismo día que el interesado presentó queja en el Ayuntamiento, la Jefa de Atención Ciudadana se puso en contacto con él para interesarse por lo ocurrido, indicándole que había sido un mal entendido y que estaban a su disposición para realizar el trámite solicitado.

Al día siguiente el interesado pudo registrar y compulsar los documentos solicitados remitiéndolos a su destino.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, por lo que se procede al archivo del expediente.

Queja número 15/4100

Logramos que el Ayuntamiento informe públicamente sobre las restricciones sobre venta y consumo de tabaco en recinto deportivo municipal.

La parte promotora de la queja nos expone que por parte del encargado del campo de fútbol municipal se le impide fumar en dicho recinto, pese a tratarse de un espacio al aire libre no incluido dentro de la normativa antitabaco.

El interesado, manifiesta que han pedido explicaciones e información al encargado de las instalaciones y en el Ayuntamiento, sin que nadie les indique o responda al respecto, por lo que desconoce si el Ayuntamiento ha adoptado algún acuerdo al respecto que ampare la actuación del encargado del recinto deportivo.

Interesado informe a la Administración municipal, se nos indica que “en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, determina la prohibición de la venta de tabaco en las instalaciones deportivas, públicas o privadas, así como el consumo en los lugares no autorizados dentro del ámbito de las Administraciones públicas, centros docentes, centros sanitarios e instalaciones deportivas cerradas (apartado 2, letra c).

No obstante, este Ayuntamiento se reserva dos potestades, de conformidad con la legislación estatal y andaluza citadas, inherentes a la titularidad de la propia instalación (como mero propietario con arreglo a la legislación civil en materia de bienes, y la normativa de patrimonio de las Administraciones Públicas), y al interés general de que es fiduciaria esta Administración Pública:

1° Poner carteles indicando que si van a fumar tengan en consideración a las personas que tiene a su alrededor, especialmente si hay menores.

2° Igualmente, este Ayuntamiento se reserva la decisión, como titulares de la instalación, de que en el campo de fútbol y, en su caso, el resto de instalaciones deportivas municipales, no se fume, aunque sea al aire libre. Es una decisión que compete discrecionalmente al titular de la instalación, que no es otro que el Ayuntamiento.

Con este entendimiento, las personas encargadas de las instalaciones deportivas, y sin llegar a amonestación, pueden indicar a las personas usuarias de las instalaciones deportivas al aire libre, que se encuentra en instalaciones que están frecuentadas por menores.

No obstante, esta Administración, más allá del caso aislado de la queja aludida, no entiende que el asunto revista mayor problemática. En caso de que se produjeran quejas de padres o madres o tutores de menores que, en sentido diametralmente opuesto al tenor de la queja que nos ocupa en este momento, se continuaran quejando por el consumo de tabaco en el campo de fútbol dada la afluencia de su uso por menores, nos veríamos en la obligación de prohibir dicho consumo, en ejercicio de la potestad aludida, o restringir su consumo en zonas al efecto.

De conformidad con la normativa mencionada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la vista de los hechos puestos en conocimiento en la queja ante la Defensoría del Pueblo Andaluz y las actuaciones administrativas a que aluden dichos hechos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Dar contestación en la forma expuesta sobre la queja de referencia, a la vista de la información de que dispone esta Administración sobre el particular.

SEGUNDO: No se ha tenido constancia por este Ayuntamiento de más quejas sobre el particular, desde la interposición de queja al Defensor del Pueblo Andaluz.

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO: Comuníquese certificación al Defensor del Pueblo Andaluz para su conocimiento y efectos oportunos.”

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja había sido tratado en forma adecuada, por lo que procedimos al archivo del expediente.

Queja número 16/0945

El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga abre Oficina de Atención a los contribuyentes no declarantes de subvenciones en IRPF-2014.

La parte promotora de la queja expone que el Patronato de Recaudación de Málaga (concretamente del Municipio de Coín) está aplicando bonificaciones a los empadronados en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de oficio, sin que la persona interesada lo haya solicitado.

Explica que su padre es pensionista y que el ejercicio de 2015, sin estar obligado a presentar la declaración por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se vio obligado a presentarla y a pagar una cantidad considerable puesto que la bonificación en el IBI (que fue menor de 30 euros) se considera una subvención y tuvo que pagar a Hacienda.

Interesados ante la Administración, se nos indica que el Consejo Rector de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga, en reunión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó acuerdo aprobando las "Bases reguladoras del otorgamiento de subvención para el pago en periodo voluntario de la cuota del IBI del ejercicio 2014 de los contribuyentes empadronados en municipios de la provincia de Málaga cuyo Ayuntamiento ha delegado la recaudación de dicho impuesto en e! Patronato", publicándose las mismas en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga de fecha 12 de diciembre de 2013.

Las citadas Bases, Capítulo III: Procedimiento de concesión artículos 9 a 13, regulan el procedimiento de concesión de esta subvención de carácter directa, iniciándose de oficio o por solicitud.

En virtud de la Orden Ministerial HAP1173212014, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHAI3012/2008, de 20 de octubre, poda que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, la Agencia procedió a comunicar a la AEAT las subvenciones concedidas.

Ante una posible incidencia negativa a efectos del IRPF por la percepción de la subvención concedida, se habilitó, y continúa en funcionamiento, una Oficina de Atención Personalizada a los contribuyentes afectados negativamente en la declaración presentada de la renta del ejercicio 2014 o en caso de existir procedimiento posterior. Esta atención es totalmente gratuita, realizando ante la Delegación de Hacienda (AEAT) todas las gestiones necesarias.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, por lo que procedemos al cierre del expediente.

Queja número 14/4871

El Ayuntamiento de Almonte exime del pago del IBI a la Hermandad del Rocío de Triana.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Ayuntamiento de Almonte, por la que sugería que, como medida cautelar en el procedimiento, para evitar errores en la aplicación e interpretación de la normativa jurídica y en aras de evitar posibles daños o perjuicios a la obligada tributaria, se suspenda la tramitación del expediente de gestión tributaria que afecta a la entidad promotora del presente expediente de queja hasta tanto se resuelva en sede jurisdiccional el procedimiento sobre un supuesto análogo que se encuentra actualmente en trámite ante la misma.

Posteriormente, en fecha 18 de junio de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Huelva dictó Sentencia, declarando no ajustada a Derecho la desestimación de la exención del IBI que había efectuado el Ayuntamiento de Almonte en caso análogo.

Sólo entonces, y de conformidad con lo resuelto en la referida Sentencia, el Ayuntamiento relacionó la documentación que consideraba necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de cara a la pretendida exención en el IBI por la Hermandad del Rocío de Triana.

Básicamente la ya aportada por aquélla Hermandad (Certificado de la AEAT sobre régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; Certificado del Registro de Entidades Religiosas; Estatutos de la Hermandad y Memoria de Actividades; Certificado de la Secretaria de la Hermandad y del Obispado negativo de la realización de actividades económicas).

Debiendo ser la referida Hermandad -como le habíamos dejado interesado en fecha 27 de Abril de 2015- la que para tratar de desbloquear la situación, aportase documentación que acreditare la utilización de inmuebles ubicados en la aldea de el Rocío para la realización de las actividades caritativas y asistenciales, como podría ser un Programa o Memoria anual de las actividades realizadas.

Como desde la Administración Municipal, finalmente, se accedía a conceder la exención, desde el momento en que se acreditare y presentare aquella documentación, entendemos que se produjo la aceptación de la Resolución formulada en el expediente de queja referido.

Queja número 16/4012

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) acepta propuesta ciudadana que le trasladamos para reconocimiento por su dedicación al mundo del flamenco de un conocido vecino.

La parte promotora de la queja exponía que en fecha 9 de noviembre de 2015, en nombre de mil firmantes más, presentó escrito de petición conteniendo propuesta ciudadana sobre adopción de acuerdo para el reconocimiento de la trayectoria de dedicación al mundo del flamenco de un conocido vecino, sin que hasta la fecha hubieran recibido una respuesta a su petición.

Interesados ante la administración municipal, se nos remite informe indicando que el referido vecino fue reconocido en el año 2013, con la Mención de Honor de la Ciudad. Galardón que fue recibido por el homenajeado en el Pleno institucional celebrado en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Según informa, es intención del Ayuntamiento organizar un nuevo acto de reconocimiento a la trayectoria en pro de la cultura sanroqueña del vecino en cuestión. Los actos previstos serán a través de actividades y programación de la Delegación de Cultura, difundiendo y dando a conocer su trayectoria en el mundo del flamenco manteniéndola viva.

Dado que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Queja número 15/5985

Logramos que la Administración municipal agilice su compromiso de pago de facturas de Sociedad Cooperativa por ayuda a domicilio.

La parte promotora de la queja expone que el Ayuntamiento de Galera (Granada) está incurriendo en impagos con su sociedad. Al respecto, indica la interesada que con fecha 17 de julio de 2015 formuló escrito reclamando los correspondientes intereses a los pagos pendientes, dado el retraso en los mismos y teniendo en cuenta el contrato firmado en el que figura el plazo máximo para efectuarlos, sin que hasta la fecha hubiera recibido una respuesta.

Interesado informe al Ayuntamiento de Galera, se nos indica que se trata de un servicio que es financiado por la Consejería de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y que si eventualmente se ha producido un retraso en el pago de alguna factura ha sido con motivo del retraso de la Junta de Andalucía en realizar las transferencias que financian el mismo, y que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante adelantando los pagos correspondientes al citado servicio.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene actualizados los pagos a la sociedad de la parte interesada porque ha adelantando el dinero para el pago de las facturas, si bien la Junta de Andalucía mantiene un retraso de varios meses.

Posteriormente, la parte interesada comunicaba que se estaban produciendo demoras en el cobro de las facturas de 2016, manteniendo el Ayuntamiento ante nuestra petición de información su mismo posicionamiento; no obstante, con posterioridad se recibió una nueva comunicación de la parte interesada en el que nos informaba que la Administración municipal le había efectuado un ingreso por una cuantía de 31.167,99 euros. Añadía que dicha cantidad no liquidaba en su totalidad la deuda que mantiene con la Sociedad Cooperativa, pero deja la misma en una cuantía asumible y razonable dentro de los plazos lógicos de pago de cualquier administración.

A la vista de la información recibida, se procede al cierre del expediente.

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