En el desglose de cada tema hemos incluido todo lo que se dice en el Informe Anual sobre ese tema, tanto en la materia principal como en otras materias. Asimismo, hemos incluido los artículos de la Revista Resumen del Informe Anual que afectan a este tema.
Son numerosas las quejas que se han tramitado en 2024 que afectan a familias con distintos indicadores de vulnerabilidad que inciden directamente en las personas menores de edad que forman parte ellas. En ocasiones, circunstancias sobrevenidas ponen a estas personas en una situación de riesgo que, de no intervenirse, pueden cronificarse en el tiempo y llegar a ser consideradas personas vulneradas. Una casuística provocada, en muchos casos, por la ineficacia de la implementación de las políticas públicas orientadas a paliar las circunstancias que causan estos desequilibrios.
Solo en este año han tenido entrada más de 140 expedientes de queja en los que, principalmente las madres, nos trasladaban situaciones de desamparo que afectaban directamente a sus hijos e hijas.
La necesidad de vivienda o la pérdida de ella, es una de las causas más comunes y lamentables de estos relatos que nos envían, normalmente mujeres monoparentales, con escasos recursos económicos o, a veces, casi inexistentes que solicitan el amparo de esta Defensoría por no encontrar el medio de facilitar un techo seguro y digno para sus menores. En muchos de estos supuestos, víctimas de violencia de género. Una muestra de la feminización de la pobreza y la exclusión.
Somos testigos de la feminización de la pobreza y la exclusión social
Así, una ciudadana nos relataba que llevaba varios años esperando que le ayudaran desde los servicios sociales para tener una vivienda de la Junta de Andalucía sin que hasta le fecha la hubiesen llamado. Con tres hijos, se encuentra residiendo en casa de su padre en una sola habitación que tiene disponible y que no pueden “echar ninguna ayuda como la renta vital ni la infancia de mi hijos por está aquí y necesito ayuda” (queja 24/0208).
Situaciones como éstas llevan aparejadas muchos otros problemas añadidos que afectan a todos los miembros familiares. Los abuelos y abuelas, ante este desamparo, tienen que hacerse cargo de esta realidad, donde la administración no llega, provocando una carga económica que supera sus posibilidades y conflictos familiares como consecuencia de esa convivencia.
El riesgo de que estos mayores se queden sin sus pensiones cuando algún miembro de su familia que conviven en la misma vivienda solicitan una ayuda, afecta directamente a la promotora de la queja, que como nos indica, no puede pedir el Ingreso Mínimo Vital o en su defecto la RMISA.
Pero es en los niños y niñas donde más incidencia tienen las dificultades para acceder a una vivienda, dado que a la pobreza familiar se une no disponer de un espacio donde poder desarrollarse con autonomía, siendo observadores y sufridores directos de la angustia de sus familias por no poder hacerse cargo de sus necesidades.
En otras ocasiones, aun disponiendo de recursos económicos más estables, el elevado precio del alquiler de una vivienda acarrea serias dificultades para poder ofrecer estabilidad a los hijos e hijas. Es el caso de la queja en la que nos traslada una ciudadana las dificultades que tenía para permanecer en su vivienda de alquiler los meses de verano, al residir en una localidad turística y de costa, que le obliga a abandonar la vivienda que tiene alquilada junto a su pareja e hija de doce años, durante el periodo estival, permaneciendo en una caravana hasta que termine la campaña.
La mayor rentabilidad del alquiler turístico durante los meses de verano, conlleva en muchas ocasiones contratos donde tienen que abandonar la vivienda en estos meses, no pudiendo asumir con los ingresos disponibles otras opciones residenciales más estables.
Realidades de muchas de nuestras ciudades que, ante la ausencia de viviendas asequibles tienen que acudir a sistemas rotatorios que repercuten negativamente en las personas menores de edad, dado que se ven privadas en estos meses de su espacio, para pasar a otro inadecuado, como puede ser en el mejor de los casos, una caravana, siendo esta la solución que año tras año tiene que adoptar nuestra interlocutora (queja 23/3670).
En casos como este se ha recomendado a los ayuntamientos que implementen medidas en favor de estas personas para evitar situaciones que repercuten en el bienestar de la infancia y la adolescencia. Para ello es necesario que los ayuntamientos articulen los instrumentos para dar una respuesta a la demanda de vivienda en este tipo de poblaciones, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
Recomendamos a los ayuntamientos soluciones para las familias vulnerables que se ven obligadas a abandonar su vivienda en los meses estivales
Situaciones que se vuelven aún más extremas cuando las madres son víctimas de violencia de género. Es el caso de una madre de dos hijos, residente en una ciudad de costa, que nos informa que fue víctima de violencia de género de su pareja anterior, estando actualmente con medidas y que tiene que desalojar su vivienda por motivos de seguridad, sin que dispongan de ingresos suficientes para poder asumir un alquiler que supera los 800 euros. Una realidad que se vuelve aún más compleja cuando se siente amenazada por su maltratador teniendo miedo de la repercusión sobre sus hijos.
Las administraciones deben ofrecer respuesta habitacional y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos
Son casuísticas que requieren de una intermediación de la administración para la búsqueda de vivienda, además de un apoyo psicológico, tanto para ella como para sus hijos e hijas y una coordinación de medidas de las distintas administraciones para evitar secuelas en estos menores (queja 24/4864).
Las órdenes de lanzamiento son siempre el último recurso al que acudir; sin embargo son muchas las familias con menores que se encuentran inmersas en procedimientos de desahucio. Normalmente nos envían quejas mujeres, con familias a cargo, que nos piden ayuda ante la situación desesperada en la que se encuentran. Un ejemplo de ello es lo que nos relata la promotora de una queja, con dos hijos con discapacidad, que estaba citada para juicio, dado que son ocupantes de vivienda. Dicen tener miedo a quedarse en la calle, ya que no encuentran un alquiler asequible que les permita vivir con dignidad y estabilidad.
En este caso se decretó desde el Juzgado el aplazamiento del desalojo, aunque sigue a la espera de que la propiedad vuelva a solicitarlo judicialmente. Una amenaza que provoca grandes desequilibrios en las familias, afectando especialmente a niños y niñas (queja 24/0818).
Prácticamente en todas las quejas que se reciben, se repite la misma petición: acceder a una vivienda del parque público, tanto de la Junta de Andalucía como de los Ayuntamientos.
Conscientes de la importancia de este tipo de viviendas para la población destinataria, dado que aportaría un hogar estable a las familias, especialmente a las que tienen menores de edad a cargo, se ha aperturado la queja 24/9495 para tener un mayor conocimiento de la gestión de las viviendas de titularidad pública en las 8 capitales de provincias andaluzas, cuyo objetivo es, entre otros, satisfacer este derecho a las personas más vulnerables.
Tal y como se ponen de manifiesto en numerosos informes que analizan distintos indicadores de vulnerabilidad, la segregación residencial es uno de los factores que incide de una forma más directa en la desigualdad que parece cronificarse sin que las administraciones encuentren soluciones adecuadas a su erradicación.
El Informe 2023 de Save the Children «Aquí no hay quien viva» pone de relevancia la vivienda: «como espacio físico de la crianza, juega un papel esencial en el crecimiento y desarrollo físico, intelectual y emocional de la infancia. Sin embargo, a pesar de esta importancia fundamental, sufragar el coste de la vivienda o asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad supone hoy día un quebradero de cabeza para muchas familias en España, cuando no un factor de empobrecimiento».
Con este informe, Save the Children ha querido contribuir al conocimiento de la exclusión residencial de la infancia en nuestro país y presentar las propuestas de política pública para abordar esta situación, priorizando las necesidades de la infancia y dando respuesta a su especial necesidad de protección.
De su análisis, se constata que el código postal del lugar de residencia incide en la estabilidad de la infancia y la adolescencia. Así, residir en muchas de las barriadas de Andalucía construidas entre los años 70 a los 80, no siempre es un sistema de estabilidad para las familias, sobre todo cuando se tiene menores a cargo.
Unos entornos urbanos desagregados de las ciudades a las que pertenecen. Separadas por barreras urbanísticas, carentes de equipamientos de calidad y espacios verdes, generan no solo una barrera física, sino también en el imaginario colectivo.
Pertenecer a un barrio, especialmente en la adolescencia, incide en el desarrollo de las potencialidades de estos menores que se ven abocados a permanecer en sus entornos, dado que ser de las Tres Mil, de Almanjáyar o de El Puche, entre otros, lleva aparejado un estigma que les dificulta otras relaciones.
Pertenecer a un barrio pobre incide en el desarrollo de las potencialidades de niños y niñas y puede aparejar un estigma que les dificulta otras relaciones
De las reuniones mantenidas con asociaciones de vecinos y vecinas de barrios de similares características, hemos podido conocer cómo muchos de estos padres y madres apuestan por llevar a sus hijos a otros colegios para solventar esas situaciones. Unas decisiones que no siempre ayudan al progreso de niños y niñas dado que, por un lado se desarraigan de sus vecinos y vecinas, y por otro, no se atreven a llevar a sus casas a sus compañeros/as de clase por vergüenza del barrio en el que residen.
Una realidad que es objeto de atención a través de los Planes Locales de intervención en el contexto de la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS, en adelante) que tiene como objetivo actuar «sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo (…) a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión».
Tras años de trabajo, la ERASCIS PLUS, es una nueva oportunidad que ofrece dar continuidad a las intervenciones públicas hasta 2028, aportando nuevos recursos y métodos de trabajo, al mismo tiempo que se han de corregir los obstáculos que impidieron transformaciones reales.
Un marco de trabajo que requiere la intervención de otras administraciones para acompañar los intinerarios de empleabilidad, dado que es necesario apostar por actuaciones de carácter urbano que incidan en la mejora de las condiciones de habitabilidad, tanto en el espacio privado de las viviendas como en los elementos comunes de los edificios y el espacio público. Unas actuaciones que se han de integrar como objetivo prioritario en las medidas del Plan Local de intervención de cada ciudad, y que han de ser coordinadas en los órganos de gobernanza del mismo.
Estos documentos programáticos deben de tener como horizonte dotar a los barrios de unas infraestructuras que permitan a las nuevas generaciones permanecer en sus entornos, sintiéndose orgullosos de ellos, y eso se construye desde la infancia y la adolescencia, con equipamientos que puedan ser referentes de unas políticas inclusivas.
Hay que dotar a los barrios de infraestructuras que permitan a las nuevas generaciones permanecer en sus entornos
Residir en un asentamiento chabolista, es otro de los factores de riesgo para quienes no tienen otra opción residencial. Situaciones que siguen presentes en algunas ciudades, que no parecen abocadas a su desaparición a pesar de existir planes específicos para su eliminación a través de alternativas residenciales.
Unas realidades que son aún más complejas cuando residen familias con personas menores de edad a cargo, como es el caso de los asentamientos de Níjar en Almería, Las Casillas en Torre del Mar (Vélez Málaga), o Jun en Granada.
Una realidad que está siendo objeto de seguimiento por esta Defensoría desde 2022, a través de una estrategia de trabajo con administraciones y tercer sector para poder conocer las medidas que se están realizando para su eliminación a través de soluciones residenciales. Así en la queja 24/5666, se están recabando las dificultades existentes para abordar esta realidad, entre la que se encuentran la ausencia de un parque residencial privado y público al que se pueda acceder en el municipio, viéndose abocadas estas familias a continuar durante años en sus poblados chabolistas.
Trabajamos con administraciones y tercer sector para conocer las medidas para eliminación del chabolismo
Pero no hemos de olvidar que siguen existiendo campamentos de población gitana, donde residen menores, como el asentamiento de Las Casillas en Torre del Mar. En la queja 23/7319, se está recabando información sobre las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga se están impulsando para la eliminación de estas chabolas.
Igual sucede con el asentamiento de familias gitanas rumanas en Jun, cuya situación fue puesta de manifiesto por Médicos del Mundo, que ha sido objeto de resolución en la queja 23/7559 relacionada con el abastecimiento de agua potable en un punto cercano. Unas familias, con menores, residiendo en un entorno chabolista y de infravivienda, a las que junto a la precariedad residencial se le unen otros indicadores como es la pertenencia a la etnia gitana de origen extranjero.
Son situaciones en las que los ayuntamientos deberán impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para favorecer su inclusión, evitando estereotipos negativos hacia las personas de etnia gitana, especialmente las dirigidas a la infancia y la adolescencia.
Traemos a colación aquellas quejas que denuncian la negativa incidencia en las personas menores de edad que residen en un domicilio afectado por un corte en el suministro eléctrico.
Las razones para estos cortes pueden ser de diversa índole, ya sea consecuencia de una avería imprevista en la red; de un corte programado por obras; de una anomalía en la instalación; o del impago de facturas previas. En todos los casos, las personas menores afectadas son las que sufren de manera más relevante las consecuencias de la privación de un servicio esencial como es la energía.
Niños y niñas sufren las consecuencias de la privación de un servicio esencial como es la energía o el agua
En 2024 han sido bastantes las quejas recibidas poniendo de relieve esta circunstancia, pudiendo destacar aquella en la que una vecina de Almería denunciaba los perjuicios sufridos al tener un niño pequeño a cargo y estar embarazada, como consecuencias de los continuos cortes de luz existentes en su zona de residencia, resultado de los numerosos enganches ilegales al suministro eléctrico (queja 24/6981).
También la madre de dos pequeños de 4 años nos pedía ayuda ante el corte sufrido en el suministro por no hacer frente al pago de una deuda previa derivada de un enganche ilegal a la red. Tras diversas gestiones conseguimos que se le restableciera el suministro y se adoptaran medidas para evitar nuevas situaciones de corte por impago (alta como consumidor vulnerable y ayudas de los servicios sociales (queja 23/9473).
La incidencia que un corte de luz tiene sobre los menores la expresaba gráficamente una madre cuando nos decía “tenemos 2 hijos de 10 y 8 años y nos vemos todo el fin de semana sin luz. Tiramos toda la comida del frigorífico, no podemos ducharnos y hacer de comer. LA LUZ ES UN BIEN ESENCIAL DE VIDA!!!” (queja 24/0713).
De igual modo era muy explícita otra ciudadana cuando nos decía “sin previo aviso y con un bebé de menos de un mes en casa, se procedió al corte del suministro eléctrico. En ningún momento recibí un aviso de que existieran facturas pendientes ni fui notificado de la inminencia del corte de suministro. Este corte, realizado de manera telemática, puso en riesgo la salud y seguridad de mi familia, y no puedo dejar de expresar mi profundo descontento por esta acción” (queja 23/7826).
Por un error de la comercializadora al poner los datos del CUPS tras una petición de cambio de titularidad, provocó que una familia se quede por sorpresa sin suministro y tenga que acudir a la Institución demandando ayuda en estos términos: “estoy en casa con mi hijo menor totalmente desprotegido y sin poder utilizar calefacción, luz y con velas. El frigorífico está vacío porque todo se ha estropeado” (queja 23/8907).
Afortunadamente estas situaciones han podido en la mayoría de los casos ser solventadas tras trasladar esta Institución a la empresa suministradora o comercializadora el problema planteado, no obstante el perjuicio ocasionado a los menores afectados difícilmente puede ser reparado.
Otra cuestión que afecta a los menores en relación con los servicios energéticos y da lugar a la recepción de quejas, es el derivado de los retrasos en la tramitación del bono social a las familias numerosas que lo solicitan o que pretenden renovarlo. Así ocurrió en las quejas 24/0349; 24/6513 y 24/0640 en las que se denunciaba el tiempo transcurrido sin poder beneficiarse de los descuentos correspondientes como consecuencia de una tramitación administrativa excesivamente lenta.
Intervenimos ante las demoras en la tramitación del bono social a las familias numerosas
También en relación al suministro de agua, las quejas recibidas por interrupciones en el suministro revelan su especial incidencia en la vida de los menores afectados, siendo las causas de estos cortes similares a las referidas en relación a los cortes en el suministro eléctrico: averías, anomalías o impagos de facturas.
Citamos un corte en el suministro por una avería en el medidor que tardó en ser reparada por parte de la compañía suministradora, ocasionando importante perjuicios a una familia con dos menores a cargo, uno de ellos un bebé de nueve meses (queja 24/5137).
Por el contrario, en otro supuesto, es el impago de una deuda antigua el que provoca un corte de suministro a una familia con un hijo adolescente sin que se recibiera un aviso previo que alertara del impago o del próximo corte (queja 24/2460).
La causa del corte de suministro denunciado por la madre de un bebé fue la decisión de la propietaria del piso y titular en el contrato de agua de darle de baja. En estos supuestos, con independencia de las razones que tenga la propietaria para adoptar esta decisión, podríamos estar ante un supuesto de coacciones ilícitas al utilizar la interrupción del suministro como elemento para conseguir otros propósitos -pago del alquiler o abandono de la vivienda- que deben conseguirse por otras vías (queja 24/1788).
También una ciudadana reconocía haber ocupado un piso propiedad de un banco tras el abandono por desahucio de los anteriores propietarios. Manifestaba tener dos menores a cargo y expresaba su deseo de acceder a un alquiler social con el banco, para lo cual estaba en conversaciones con la entidad financiera. El motivo de su queja era que, mientras llegaba a un acuerdo, precisaba disponer de suministro de agua en la vivienda a lo que se oponía la empresa suministradora por no tener derechos sobre la misma. La interesada insistía en que, pese a su condición de ocupa, quería pagar un alquiler y abonar los correspondientes suministros. Nuestra intervención en este caso no fue finalmente necesaria al encontrar la interesada otra vivienda con un alquiler asequible y mudarse a la misma (queja 23/4252).
En relación con los servicios de telecomunicaciones debemos destacar la queja aún en tramitación, que plantea el problema de una familia con menores en edad escolar afectada por un corte en la fibra óptica que no permitía el acceso a internet como consecuencia de un error cometido por los operarios en unas obras. La reparación del corte se estaba dilatando ya que debía ser realizada por la compañía telefónica, sin que pudiera hacer nada al respecto la empresa comercializadora del servicio de internet y sin que la empresa suministradora pareciese mostrar especial interés por el caso al afectar únicamente a dos viviendas y no ser las mismas clientes de su comercializadora (queja 24/8614).
En estos casos se pone de manifiesto la relevancia que ha adquirido el acceso a un servicio como es internet, antes considerado como un servicio accesorio pero que cada vez se revela como más necesario para la vida cotidiana de las personas, ya sea para su desempeño laboral o para los estudios de los menores.
Reclamamos garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones como otros servicios esenciales
Esta Institución viene desde hace tiempo reclamando que el acceso a este servicio esté debidamente garantizado en igualdad de condiciones que el acceso a otros servicios esenciales como la luz o el agua.
En relación con el servicio de transporte nos parece de interés destacar la queja cuya promotora denunciaba que en varias ocasiones los conductores de una empresa de transporte urbano de viajeros se habían negado a facilitarle la rampa de acceso para descender del autobús con su carro gemelar (tipo tándem), alegando que solo estaba disponible para personas con silla de ruedas.
La interesada explicaba que, dada la envergadura del carro, le causaba sobrecarga muscular tener que hacer uso de fuerza para poder bajar del autobús y dependía de la ayuda de alguien si no le facilitaban la rampa. Había presentado reclamación sin obtener una respuesta adecuada.
Tras nuestra intervención la empresa de transportes nos comunicó que la denunciante tenía todo el derecho a acceder al autobús haciendo uso de la rampa con su carrito gemelar y que así estaba estipulado en las normas de uso que se facilitaban a los conductores, a los que se iba a remitir una comunicación a modo de recordatorio, pidiendo disculpas a la usuaria afectada (queja 24/3853).
Son muy numerosas las quejas recibidas en relación con problemas de contaminación acústica que denuncian especialmente la negativa incidencia del ruido en las personas menores que la sufren, no solo por razones de salud, sino también por lo perjudicial que resulta para la práctica normal de actividades como el estudio, el disfrute de la lectura o la práctica de otras formas de ocio.
Son numerosas las quejas que acreditan la negativa incidencia del ruido en las personas menores de edad
Traemos a colación la queja de un padre de familia que denunciaba el ruido sufrido en su domicilio por la instalación en sus proximidades de una fábrica de marroquinería que estaba generando una serie de inconvenientes que afectaban gravemente la calidad de vida de su familia, y en particular, la de sus tres hijos menores de edad. Según nos decía: “desde las seis de la mañana, los operarios de la fábrica comienzan a realizar operaciones de carga y descarga, lo que ocasiona ruidos que molestan y despiertan a mis hijos. A las siete de la mañana, encienden maquinaria ruidosa que altera el descanso de los menores, impidiendo que puedan dormir adecuadamente”.
Tras pedir informe al Ayuntamiento el mismo nos reconocía que se trataba de una actividad que se realizaba sin contar con los requisitos legales para ello, habiendo impuesto una sanción a la misma y ordenado el cese de la actividad. Sin embargo, cinco meses después la actividad seguía funcionando, por lo que nos hemos visto obligados a pedir nuevamente información al Ayuntamiento, que recientemente nos ha informado del cese definitivo de las actividades en el taller (queja 24/3678).
El caso planteado en la queja 23/8920 traía causa de los ruidos procedentes de un obrador de panadería, que impedían a una familia disfrutar de tranquilidad y descanso en su hogar. Tras nuestra intervención el Ayuntamiento ha realizado diversas labores de inspección, vigilancia y control que nos permiten confiar en una pronta solución del problema.
Asimismo se nos trasladó el siguiente problema: “tengo dos hijas, una de 3 años y un bebé de 9 meses, que les cuesta muchísimo dormir debido al ruido insoportable de los ensayos de la banda de música. Son niñas muy pequeñas y con la persiana bajada y cristalera cerrada a canto, me vibra hasta el cierre de las ventanas. Esto viene ocurriendo todo el año, aunque haga buena temperatura tengo que mantener cerradas siempre las ventanas, sin ventilación para ellas, poniendo aire acondicionado en verano a todas horas y una de ellas padece de alergias, por lo que el aire acondicionado no le viene nada bien” (queja 24/0039).
Con bastante frecuencia los problemas de ruido se enmarcan en el seno de las relaciones vecinales, lo que hace especialmente difícil intervenir frente a los mismos, tanto a esta Institución, como a los ayuntamientos afectados, situándose estos conflictos en el ámbito jurídico privado y teniendo como mejor vía de solución la aplicación de las normas de propiedad horizontal que regulan la convivencia entre vecinos.
Los problemas de ruido se enmarcan en el seno de las relaciones vecinales, complicando la intervención de esta Institución y de los ayuntamientos
Un ejemplo de la dificultad de estas situaciones lo tenemos en el caso planteado por una familia que denunciaba los ruidos procedentes de una vivienda vecina, tanto por el uso de instrumentos musicales como por la audición de programas televisivos a gran volumen. Le indicamos al promotor de la queja la conveniencia de acudir a la comunidad de propietarios para que interviniera en el problema, indicándonos el mismo que se daba la circunstancia de que el presidente de la comunidad era precisamente el propietario del piso donde se producían los ruidos (queja 24/2858).
Ocurre también que en ocasiones no son niños y niñas quienes sufren los ruidos, sino los causantes del mismo. Así ocurría en la queja en la que una persona denunciaba los ruidos procedentes de una vivienda aledaña como consecuencia del uso por las personas menores que vivían en esa vivienda de patines dentro de la misma. También en este caso hubimos de indicarle al interesado la conveniencia de tratar de solucionar el problema en el marco de las relaciones de buena vecindad (queja 23/9580).
Un caso similar fue el planteado por una mujer que denunciaba los ruidos ocasionados por unos adolescentes que vivían en su mismo edificio y jugaban al balón en la piscina y en el patio. Hubimos de indicar a la promotora de la queja la necesidad de trasladar su problema a la comunidad de propietarios (queja 24/0043).
La contaminación atmosférica y odorífera perjudica de manera singular la salud y el bienestar de los niños y adolescentes
Pero no solo la contaminación acústica puede ser causa de afección para los menores de edad, sino que los mismos se ven también afectados por otras formas de contaminación, como la atmosférica o la odorífera.
Traemos a colación la queja 24/4911 que denunciaba los humos procedentes del consumo de cannabis en un local próximo que funcionaba como club de fumadores cannábicos sin contar, según nos decían, de licencia para ello.
Tras nuestra intervención el Ayuntamiento nos informó que se había inspeccionado el local comprobando que no disponía de autorización para utilizar aparatos musicales, por lo que se le había requerido para subsanar esa deficiencia. En cuanto al consumo de cannabis nos indicaban que se iba a remitir a la Junta de Andalucía, las actuaciones de la Policía Local que obran en la denuncia,mediante petición razonada para el inicio de procedimiento sancionador. Esta remisión se debe a la posibilidad de tratarse de una infracción muy grave para la que el Ayuntamiento no ostenta competencias en la materia que nos ocupa.
Destacar, por último, las quejas recibidas en relación con las afecciones que los menores sufren como consecuencia del uso indebido de aparatos pirotécnicos. Así en la queja 24/7427, la interesada mostraba su malestar por el “uso abusivo de la pirotecnia antes y durante la feria, la falta de regulación y la desidia del Ayuntamiento, porque no se respeta el derecho al descanso de los vecinos, los derechos de los animales ni los de los colectivos vulnerables (personas con autismo, con patología cardíacas, auditivas, mentales, ...)”.
También en la queja 24/8607 una persona nos decía que padecía ligirofobia y tenía un sobrino autista, denunciando que en su municipio “es excesivo el uso de pirotecnia durante todo el año en la vía pública por particulares”. Asimismo en la queja 24/0279 se nos preguntaba si era posible hacer algo con el tema de “los petardos y cohetes” que tanto afectaban a los niños autistas.
En todos estos casos, nuestra intervención se centra en informar acerca de lo que dispone la normativa vigente sobre el uso de artificios pirotécnicos, incluidas las ordenanzas municipales, cuando las mismas existen, invitando a las personas a dirigirse a los ayuntamientos respectivos en caso de producirse alguna infracción a dichas normas.
En el años 2020 se suscribió entre esta Defensoría y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) un convenio de colaboración en el que se enfatiza la condición de dicha institución como autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales en Andalucía, tanto públicos como privados, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad, tal como establecen los artículos 131 y 217 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En el articulado de dicho convenio se establece el compromiso recíproco de dar traslado a la otra Institución de aquellas peticiones, sugerencias y quejas formuladas por las personas interesadas, individual o colectivamente, que correspondieran al ámbito de competencia de la misma con la finalidad de agilizar su resolución.
Por tanto, en cumplimiento de este convenio la Defensoría ha venido dando traslado al CAA de algunas quejas o reclamaciones que entrarían en su ámbito de competencias tales como las que citamos a continuación a título de ejemplo: queja 24/6641 presentada contra una televisión local de Almonte por no acceder a publicar una nota aclaratoria sobre familiares afectados por informaciones relativas a un doble crimen cometido en la localidad; queja 24/6751 relativa a anuncios publicitarios en televisiones con contenido no apto para menores en franja horaria protegida; queja 24/6752 alusiva al problema de salud mental que sufren los estudiantes con motivo de su excesiva exposición a dispositivos y redes sociales; queja 24/7018 en la que la persona interesada se lamentaba de que su hijo apareciera en un programa de noticias de la RTVA sin su consentimiento.
En relación a campañas publicitarias hemos de destacar la queja presentada por una asociación en disconformidad con la campaña divulgativa que emprendió el Ayuntamiento de Almería sobre prevención de agresiones sexuales a menores que incluía imágenes que apreciadas de forma errónea pudieran considerarse como apología de la pederastia.
Tras admitir la queja a trámite el Ayuntamiento de Almería nos informó que una vez analizado el asunto, y ante el error al que podrían inducir la imágenes reproducidas en algún cartel de la campaña, así como los comentarios que se estaban produciendo en diversos medios de comunicación y, en especial, en las redes sociales digitales, procedió a retirar inmediatamente el cartel que había suscitado la polémica y que podía transmitir un mensaje totalmente opuesto al que se pretendía.
Precisaba el Ayuntamiento que el propósito de la campaña era “conmover profundamente a la sociedad almeriense y fomentar una respuesta integral y comprometida ante la problemática de la violencia sexual, especialmente entre los menores, adolescentes y jóvenes”, lo cual no resultó óbice para que ante la constatación de que los objetivos de la campaña que se había contratado no se estaban cumpliendo e, incluso, había suscitado, en alguna parte de la ciudadanía, una reacción opuesta a la pretendida, se dio por cancelada la campaña al instante y se retiró la cartelería de inmediato (queja 24/3784).
Destacamos también la queja presentada por distintas personas en alusión a un logotipo utilizado por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) que reproducía el dibujo de una niña, el cual consideraban inapropiadamente sexualizado.
En respuesta a estas quejas el Ayuntamiento vino a descartar dichas connotaciones exponiendo sucintamente como “La Niña de Benalmádena” es el principal símbolo de dicho municipio. Se trata de una obra escultórica que desde 1968 ocupa un lugar destacado en la plaza central de Benalmádena y que ha venido siendo utilizada en obsequios a autoridades, en los trofeos deportivos, en los premios del Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo (FICCAB) y en documentos oficiales, siendo así que durante muchos años estuvo su silueta como “marca de agua” de la papelería institucional e incluso una réplica exacta se encuentra en Bruselas al estar “hermanada” y por tanto considerada la “hermana” del Manneken Pis.
El logo en cuestión se desarrolló e implementó con ocasión del 50 aniversario de su creación y el nombramiento de “hijo adoptivo” de la ciudad a su autor. El dibujo o el logotipo contiene la imagen de una niña sin más detalles que su sonrisa, su rostro y carente de detalles que puedan considerarla hipersexualizada (queja 24/0476).
Por último, en relación con la autorización para el tratamiento de datos personales de menores recibimos la queja en la que el interesado nos exponía que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) venía utilizando la imagen de su hija en revistas de titularidad municipal y en redes sociales sin contar con su autorización y que tras quejarse el Ayuntamiento no le ofrecía ninguna solución, salvo una llamada de la Alcaldía para pedirle disculpas.
Tras interesarnos por el caso ante el Ayuntamiento recibimos un informe redactado por la persona que actúa como Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en el que señalaba que el Ayuntamiento le había encomendado la elaboración de una instrucción con el procedimiento a seguir para obtener consentimiento de los titulares de la patria potestad en los casos de publicación, en cualquier plataforma, de datos personales de menores de 14 años. También un protocolo de actuación para subsanar posibles deficiencias, con carácter previo a la edición de cualquier publicación.
En cualquier caso nos fue confirmada la realización de un barrido en busca de los datos personales de la menor en todas las plataformas digitales del Ayuntamiento, procediéndose a eliminar todas las fotos y vídeos en los que aparecía la hija del reclamante (queja 24/7413).
La necesidad de vivienda en nuestra comunidad autónoma afecta a un buen número de personas vulnerables, tratándose en demasiadas ocasiones de mujeres solas con menores a cargo, con graves dificultades para encontrar un empleo y poder compatibilizar la crianza de sus hijos con aquel.
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de las familias vulnerables con hijos a cago
Cada vez más personas se dirigen desesperadas a nuestra Institución, reclamando un techo a un precio que puedan afrontar para vivir de una manera digna con sus familias. Un ejemplo de ello es el que relata una mujer que se dirige a la Defensoría, donde nos traslada las dificultades para encontrar una vivienda de alquiler acorde a sus ingresos: “Vivo con su hija de 12 años en una vivienda sin título legal desde hace ocho años. Me van a desahuciar de manera inminente. Hace 10 meses que trabajo como limpiadora en la universidad y percibo 1000 euros más 300 euros del Ingreso Mínimo Vital y 180 euros de una pensión alimenticia de mi hija. En los servicios sociales me dicen que tengo que buscar una vivienda para alquilar, pero no encuentro nada ni nadie que alquile”.
También recibimos muchas consultas sobre las dificultades para la adquisición de una vivienda y la concesión de un crédito hipotecario, sobre todo de parte de población vulnerable y de familias monomarentales con menores a cargo.
Escuchamos a personas que manifiestan no poder afrontar su alquiler actual y no encontrar otro a unos precios razonable en el mercado libre. El encarecimiento de la vida derivado de la inflación y especialmente el elevado coste de la misma se han convertido en los principales factores generadores de pobreza. Personas que, a pesar de tener una pensión o un trabajo remunerado, nos hacen llegar a decir:
“No sé donde ir, no puedo ir debajo de un puente con mi hijo y mi marido. Tengo dinero para alquilar pero no me alquilan, ¿cómo pueden pedirme tanto?”.
Asimismo, nos encontramos con personas que residen en poblaciones de costa y tienen alquileres asequibles en invierno y otoño, pero cuando llega la época estival las echan porque las personas propietarias alquilan las viviendas a un precio muy superior y por quincenas: “¿Dónde nos vamos?” nos preguntan.
En otras ocasiones, atendemos a familias jóvenes con dificultades para pagar el alquiler de su vivienda, siéndoles de vital importancia las ayudas al alquiler. Sin embargo estas ayudas nunca llegan o llegan después de casi dos años, impidiendo hacer frente a los altos precios actuales de alquiler y llegando algunas a verse obligados a dejar sus casas e instalarse con sus padres, abuelos de sus hijos e hijas.
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En otro orden, como miembro del Foro Profesional de la Infancia, la Institución ha participado en las jornadas celebradas en Sevilla el pasado mes de mayo de 2024 que han llevado por título “Caminando hacia un nuevo contrato social: Del debate a la acción” .

Este encuentro supuso una gran oportunidad para avanzar hacia este pacto social a partir de las propuestas de la comunidad dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una reunión de profesionales que a diario protegen y garantizan el bienestar de esta población y cuyas aportaciones solo se pueden calificar como necesarias.
Así se puso de manifiesto por colegios profesionales, asociaciones, universidades, academias, administración autonómica, entidades provinciales y locales, instituciones públicas, observatorios, federaciones y sindicatos, y esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Todas las partes intervinientes tuvimos la oportunidad de demandar políticas públicas y establecer estrategias ante uno de los mayores retos de esta sociedad: la pobreza infantil, generadora de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.
Si en la primera edición de este encuentro de primavera, bajo el título “Abriendo camino hacia un nuevo contrato Social”, del que ofrecimos detalle en el informe de 2023, tuvimos la oportunidad de debatir sobre el devenir -a veces desesperante- de los trámites administrativos para la garantía y protección de los derechos de las personas menores de edad, en esta ocasión, como ha recogido con acierto el nuevo título, pasamos a la acción.
Las conclusiones de este evento han sido recogidas en una publicación.
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Por otro lado, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ostenta la representación de la zona europea en la Red de la Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), organización que representa a más de 100 defensorías del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de Comisiones de Derechos Humanos de países iberoamericanos junto con España, Portugal y Andorra.
El objetivo de esta Red se centra en trabajar articulada y coordinadamente con el fin de contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en temas de interés común de la Red de Niñez y Adolescencia. Y también fortalecer la institucionalidad de protección a la niñez y adolescencia dentro de los Ombudsperson miembros de la FIO.
El pasado mes de octubre de 2024 se celebró en Paraguay la XXIX Asamblea y XXVIII Congreso de la FIO donde se abordaron asuntos como el Derecho al Agua y la Protección de las Fuentes Hídricas, el Cambio Climático y los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Originarios, y la Justicia para las Mujeres. A través de talleres, ponencias y mesas de trabajo, se generaron reflexiones y propuestas de acción en cada uno de estos ámbitos, renovando el enfoque estratégico para enfrentar los desafíos actuales en derechos humanos.
Por lo que respecta a la Red de la Niñez, en dicho Congreso, sus componentes abordaron específicamente el “Derecho de las infancias a un medio ambiente saludable y sostenible”.
Junto a esta labor, se ha publicado el segundo número de la Revista de la Red de la Niñez dedicada a la agenda ambiental; un derecho fundamental de las infancias y adolescencias que es necesario para el disfrute de otros derechos.
Este tema ha sido también de interés para el Consejo Consultivo de infancias de la FIO; además en las consultas realizadas por el Comité de los Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas para la elaboración de la Observación General Nº. 26. Asimismo en la Declaración Mundial de la Juventud de la COP282, niñas y niños de los diferentes países de la región y del mundo, expresaron su interés en el tema y su preocupación por los efectos negativos que esta problemática tiene para sus vidas y sus derechos.
En este contexto, el documento presenta diversas experiencias de participación de niñas, niños, adolescentes y juventudes en la defensa de su derecho a un medio ambiente saludable desde acciones comunitarias y participación en foros locales y mundiales, demandando la actuación urgente de los Estados y hasta su inclusión en los espacios de incidencia en las políticas ambientales.
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La promoción y divulgación de los derechos de la infancia y adolescencia constituye una herramienta fundamental para garantizar que todos los niños y niñas crezcan en un entorno de dignidad, para que se proteja su desarrollo integral y, también, para que sea posible el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.
Dar a conocer los derechos de las personas menores de edad permite potenciar la concienciación social sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables y, además, empodera a las comunidades para exigir el cumplimiento de políticas y acciones que promuevan su bienestar.
Por otro lado, educar a la infancia sobre sus derechos les facilita reconocer su valor como individuos, fomentando una ciudadanía activa y comprometida desde edades tempranas.
En consecuencia, la promoción y divulgación de los derechos de los niños es una labor clave para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.
Consciente de la importancia de esta actividad así como de los cometidos de la Defensoría, el legislador atribuyó a esta última en la Ley 4/2021, de 27 de julio, de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, la importante misión de promover el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos de este sector de la población en nuestra comunidad autónoma.
Dentro de este amplio campo de intervención y de las diversas actuaciones emprendidas, el presente capítulo se centra en el detalle pormenorizado de dos acciones. Por un lado, las actividades del Consejo de Participación de la Institución denominado “e-Foro de menores” y, por otro, los actos organizados para la conmemoración del Día de la Infancia de 2024 con la celebración de la XVI Edición del Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
La Institución cuenta desde 2008 con un Consejo de participación infantil y juvenil que tiene como función asesorar a la Defensoría en todos aquellos asuntos que directa o indirectamente puedan afectar a la infancia, adolescencia y juventud. Asimismo tiene entre sus cometidos proponer proyectos y líneas de investigación o actuación sobre cuestiones que afecten a la defensa de los derechos de las personas menores o sobre asuntos de su interés. Y por último, corresponde a las personas que componen este órgano asesor contribuir al desarrollo de actuaciones y proyectos de la Institución relativos a la divulgación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Andalucía.
Han transcurrido más de quince años desde que se puso en funcionamiento este órgano de participación. La experiencia acumulada ha sido altamente positiva tanto para la Defensoría como para todos los niños y niñas que a lo largo de este tiempo han tenido la oportunidad de formar parte de los distintos consejos de participación. La iniciativa ha supuesto un impulso decidido en la promoción y desarrollo de la participación infantil y juvenil, haciendo posible el diálogo y el intercambio de puntos de vista de niños, niñas y adolescentes en el cual han asumido importantes responsabilidades en muchas materias.
Desde la creación del mencionado consejo de participación, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de las personas menores de edad. También hemos asistido a un nuevo enfoque en la legislación –tanto a nivel nacional como autonómico– que afecta a la infancia y adolescencia. Unos cambios que han incidido en la propia Defensoría al haberse incrementado sus funciones y competencias según quedan recogidas en los artículos 24 y 25 de la Ley 4/2021, de 27 de julio.
Lo anterior, unido a la necesidad de mejorar determinados mecanismos de funcionamiento del consejo de participación, teniendo en cuenta la trascendencia de la labor que desarrolla tanto a nivel nacional como internacional, han aconsejado que en 2024 se hayan dictado nuevas normas sobre la composición y funcionamiento de este órgano de participación y asesoramiento. Unas normas que han quedado reflejadas en la Resolución de 18 de marzo de 2024, del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía publicada en el BOJA nº 60 de 26 de marzo de 2024.
Como consta en la mencionada Resolución, el mandato de los chicos y chicas que componen el Consejo será por un periodo de dos años. Atendiendo a este mandato, en 2024 se ha producido una renovación de los cargos, poniendo término a las labores del VI Consejo y constituyendo formalmente el VII Consejo de participación.
Aprovechamos esta Memoria para expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes han trabajado y nos han apoyado en estos dos últimos años, y felicitamos a los miembros del VI Consejo por el importante y riguroso trabajo desarrollado: Francisco Burgueño Parra de Huércal-Overa (Almería); Natalia Melero Toledo de Chiclana de la Frontera (Cádiz); Ana Prieto Ruíz de Encinas Reales (Córdoba); Diana López López de Armilla (Granada); Javier Muñoz Martín de Rociana del Condado (Huelva); María Millán Ginés de Úbeda (Jaén); Gerardo Pérez Angulo de Alhaurín el Grande (Málaga); y Jaime Roldán Martín de Dos Hermanas (Sevilla).
Por otro lado, los chicos y chicas del VI y VII Consejo así como sus familiares tuvieron la posibilidad de reunirse en Sevilla. Fue un encuentro cargado de emotividad en el que los antiguos consejeros y consejeras cedieron sus responsabilidades, relataron las vivencias y aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de sus funciones.
En dicho encuentro se llevó a efecto también el acto de nombramiento de los chicos y chicas que componen el VII Consejo: Noa Marín Akapo de Huércal de Almería (Almería); Sofía Leis Fernández-Portillo de La Línea de la Concepción (Cádiz); Mercedes Molina Tarín de Pozoblanco (Córdoba); Mario Romero Rodríguez de Alhendín (Granada); Daniel Díaz López de Huelva; José María Moreno Bellido de Andújar (Jaén); Sofía Guzmán Góngora de Málaga; y Carlos Blanco Sánchez de San José de la Rinconada (Sevilla).

Fuente: Propia. Acto de despedida VI Consejo y Constitución VII Consejo
A continuación destacamos las principales actividades realizadas en 2024 por los ocho chicos y chicas que conforman este órgano de participación, y recogemos sus conclusiones, criterios y opiniones, haciendo posible de este modo que sus voces sean escuchadas también en el Parlamento de Andalucía a través de este informe.
Durante el mes de enero, los miembros del VI Consejo de Participación se implicaron en la consulta “Europe Kids Want”, impulsada por UNICEF, Eurochild, ChildFund Alliance y Save the Children, entre otras entidades comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia. El propósito de esta iniciativa ha sido recoger la visión y opiniones de niños, niñas y adolescentes europeos entre 10 y 18 años sobre las cuestiones que deberían priorizar los líderes europeos para asegurar que la Unión Europea sea un espacio child-friendly.

La consulta se lanzó ante la perspectiva de la celebración de elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024 y seguidamente se recogen algunas de las cuestiones sobre las que se consultaba a los participantes: ¿Qué te gustaría aprender en la escuela?: ¿Qué te gustaría cambiar en la escuela?: En tu opinión, ¿cuáles son los mayores retos para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes?: ¿Cómo pueden los adultos (padres, madres, profesorado, políticos) apoyar la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes?; Cómo pueden ayudar los adultos (por ejemplo, padres, madres, profesores o políticos) a combatir la discriminación?; ¿Cómo pueden los adultos (padres, madres, profesorado, políticos…) asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes participan de manera activa y pueden opinar sobre las decisiones que afectan directamente a sus vidas?; ¿Te preocupa el cambio climático?; ¿Crees que los políticos están tomando las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático?; y ¿Cuál crees que es el asunto que la UE debería marcar como prioritario para la infancia?.
Asimismo se abordaron otros temas de interés para la infancia y adolescencia: acoso y violencia contra la infancia, educación, discriminación, salud mental, cambio climático, pobreza, guerra y conflicto, niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, oportunidades para trabajar y estudiar, proteger a la infancia en movimiento o migrante y refugiada,o la participación
Los resultados de la consulta, en la que participaron 9.200 niños, niñas y adolescentes de toda Europa, se recogieron en un informe que se presentó formalmente ante el Parlamento Europeo el 21 de marzo de 2024 y cuyo contenido completo se encuentra disponible en este enlace.
El Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía forma parte desde hace años de la Red Europea de Jóvenes Asesores (ENYA, por sus siglas en inglés). ENYA está a su vez integrada en la Red Europea de Defensorías de Derechos de la Infancia (ENOC, por sus siglas en inglés) de la que es miembro la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (DIAA).
ENOC propone anualmente un tema de trabajo relacionado con la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. En 2024, el trabajo de la Red se ha centrado en la protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en los sistemas alternativos de protección.

La primera fase de este trabajo se desarrolló en el mes de mayo en un encuentro en Punta Umbría (Huelva) a través del análisis, reflexión y debate sobre el tema propuesto a nivel nacional y/o regional, según el ámbito de los consejos participantes. En el caso de Andalucía se estudió las múltiples dimensiones del tema, se analizó el estado de la cuestión en nuestro ámbito territorial. Para enriquecer el debate y las sesiones de trabajo, se incorporaron al encuentro cinco representantes del Consejo QUEEN, órgano de participación creado en 2020 para dar voz a los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección de Huelva.
Reunión VII Consejo de participación y Consejo Queen

Fuente: propia
Durante un fin de semana completo y mediante actividades dinamizadas por un coach experto en participación infantil y juvenil, los chicos y chicas de los consejos de participación iniciaron un proceso de aprendizaje, reflexión conjunta, escucha y colaboración que les permitió aproximarse a los derechos de la infancia y adolescencia, así como a la regulación específica sobre mecanismos y recursos para la protección de los niños, niñas y jóvenes en situaciones de riesgo o de desamparo; exploraron también la realidad de estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad; y debatieron sobre las deficiencias del sistema para acabar consensuando sus recomendaciones de mejora, dirigidas tanto a las Administraciones Públicas como a las defensorías.
El producto de este intenso fin de semana de trabajo se recoge en un informe de síntesis en el que se abordan los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes, se analizan las señales de desprotección y se examina el proceso de protección, para concluir con cinco recomendaciones clave enfocadas a la visibilización, prevención, información y apoyo, integración y responsabilización de todos los agentes implicados:
RECOMENDACIONES VII CONSEJO Y CONSEJO QUEEN
- Sobre la necesidad de visibilización: se aconseja normalizar y mejorar la percepción pública de los centros de protección de menores para prevenir la discriminación y mejorar la situación de las personas menores tuteladas.
- Sobre la prevención: se requiere identificar y manejar proactivamente los factores de riesgo para evitar situaciones de desamparo.
- Sobre las necesidades de información y apoyo: se sugiere mantener informados a niños y niñas en protección sobre su situación y procesos en los que puedan ser parte interesada, ofreciendo también apoyo emocional y psicológico constante.
- Sobre la integración: se recomienda fomentar la inclusión social y emocional de las personas menores, para asegurar que se sientan comprendidas y valoradas en su entorno.
- Sobre la co-responsabilidad de todos los agentes implicados: se señala la necesidad de inculcar un sentido de responsabilidad colectiva en familias, instituciones y la sociedad en general, para garantizar la protección y el desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes.
La segunda fase del Proyecto ENYA se desarrolló los días 1 y 2 de julio en Bratislava (Eslovaquia), dado que la coordinación general del proyecto fue asumida por el Comisionado de dicho país para los derechos de la infancia y adolescencia. En representación del 7º Consejo de Participación de la DIAA acudieron al Foro ENYA Daniel, consejero por Huelva, y Sofía, consejera por Cádiz, quienes compartieron el trabajo y conclusiones de nuestro Consejo de Participación con los representantes del resto de países y regiones participantes en el Proyecto ENYA 2024.
Reunión ENYA en Bratislava

Fuente: propia
Las jornadas se iniciaron con la puesta en común del trabajo realizado por los 15 equipos participantes a nivel nacional y regional, con un total de 208 chicos y chicas de entre 12 y 17 años implicados en el proyecto, 140 de ellos con experiencia personal directa o indirecta con el tema de trabajo, esto es con los derechos de los niños, niñas y jóvenes en los sistemas alternativos de protección.
De este trabajo previo resultaron cuarenta recomendaciones en torno a los ejes temáticos siguientes: prevención, sensibilización, procesos relacionados con la adopción de medidas de protección, garantía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en los sistemas alternativos de protección, importancia de preservar los derechos individuales de los niños, niñas y jóvenes, preparación para la salida del sistema de protección, necesidad de apoyo psicosocial en todo el proceso y aproximación personalizada e individualizada para cada caso, gestión adecuada de las relaciones familiares y otros vínculos, importancia de informar a los niños, niñas y jóvenes afectados, necesidad de dar cabida a la participación infantil y juvenil en estos procesos, y sobre la necesidad de capacitación de los profesionales implicados.
Con la finalidad de consensuar las recomendaciones que se presentarían ante las personas titulares de las defensorías con ocasión de la celebración de la 28ª Conferencia Anual de ENOC en septiembre de 2024, los chicos y chicas revisaron de manera pormenorizada las cuarenta recomendaciones aportadas por los distintos equipos en sesiones de trabajo grupales y plenarias que les permitieron debatir y reflexionar sobre las distintas aportaciones antes de proceder a la selección de las recomendaciones más relevantes en la última jornada.
Para llevar a cabo la selección, cada participante disponía de 5 votos y un “voto preferencial” para destacar la recomendación más valorada por su parte. Mediante este sistema de votación se seleccionaron las diez recomendaciones consideradas prioritarias por los jóvenes participantes:
RECOMENDACIONES ENYA
Respecto a la necesidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes durante su estancia en sistemas alternativos de protección, los chicos y chicas recomiendan monitorizar las condiciones en las que viven para asegurar que reciben cuidado y protección adecuados. Las autoridades deben comprobar de manera regular y efectiva las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en sistemas alternativos de protección. Esto es importante tanto para la infancia que reside en centros de protección como para la que se encuentra en acogimiento familiar. Es necesario llevar a cabo visitas sin previo aviso para que los procesos de inspección y control sean realmente efectivos, así como responder a los problemas detectados de manera ágil. Estos procesos deberían registrarse por escrito y debería examinarse de manera exhaustiva e individualizada la situación de cada niño o niña.
En cuanto a la mejora de los procesos relacionados con la adopción de medidas de protección, recomiendan:
- Que en la medida de lo posible no se arranque de su territorio y/o cultura de origen a los niños, niñas y jóvenes afectados por tales medidas, para intentar moderar la cantidad de cambios a los que deben enfrentarse.
- Que se mejoren los procesos y el tiempo necesario para la determinación de la medida de protección más adecuada en cada caso, priorizando en la medida de lo posible las medidas de protección que permitan a los niños y niñas integrarse en ambientes familiares, sin perjuicio de reconocer que el acogimiento residencial puede ser necesario según el caso. Asegurar en todo caso que la medida adoptada garantiza la seguridad del menor afectado y responde a su interés superior. Tomar en consideración la opinión del menor afectado de acuerdo con su edad y grado de madurez o desarrollo.
En relación con la necesidad de apoyo psicosocial en todo el proceso, recomiendan:
- Adoptar una aproximación individualizada para cada niño, tomando en consideración sus específicas necesidades y circunstancias y ofreciéndoles apoyo psicológico para afrontar la situación. Los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en sistemas alternativos de protección necesitan a menudo ayuda especializada en salud mental. Tendría que garantizarse que pueden acceder a este apoyo de manera gratuita y asegurarse la capacitación adecuada de tales especialistas, para evitar derivaciones innecesarias.
- Ofrecer apoyo psicosocial a los progenitores con dificultades en las tareas propias de la parentalidad, favorecer el contacto adecuado con el menor para permitir que se reconstruya la relación de confianza siempre que sea posible y asegurar la supervisión del proceso de reunificación familiar, en su caso, por los servicios sociales. Asimismo, ofrecer apoyo tras la salida del sistema de protección: los jóvenes de 18 años deberían recibir apoyo económico y psicosocial para promover y facilitar su integración social hasta que puedan desenvolverse por sí mismos (al menos hasta los 24 años).
Respecto a la salida del sistema de protección, consideran que debería garantizarse que todos los chicas y chicas que se encuentran en sistemas alternativos de protección cuentan con un plan u hoja de ruta para la cobertura de sus necesidades básicas (vivienda, empleo o medios para continuar con sus estudios) tras la salida del sistema de protección a partir de los 18 años (y hasta los 24 años en función del caso).
En cuanto a la capacitación de los profesionales, señalan que las personas adultas implicadas en las vidas de los niños, niñas y jóvenes en sistemas alternativos de protección deberían recibir formación continuada y capacitación en cuestiones como los derechos de la infancia, salud mental y bienestar, cómo gestionar el trauma, discapacidad y diversidad, desarrollo emocional de adolescentes,... Las habilidades en comunicación verbal y no verbal deberían desarrollarse por los profesionales y los jóvenes conjuntamente. Los profesionales de este ámbito deberían contar con apoyo de sus iguales y con personas de referencia para solicitar orientación cuando lo necesitaran.
Respecto a la participación infantil y juvenil, proponen la creación de un consejo asesor formado por niños, niñas y jóvenes del sistema de protección, incluyendo también a jóvenes que ya hayan salido del sistema, para defender los derechos de este colectivo específico y abordar cuestiones que les afectan.
Sobre sus derechos individuales, destacan:
- La importancia del derecho a ser escuchados, indicando que todos los niños y niñas tienen derecho a manifestar su opinión y a que esta sea considerada en la toma de decisiones por los adultos, que “en lugar de hacer presunciones sobre nuestros sentimientos, deberían escuchar y confiar en lo que les decimos”.
- El derecho a la igualdad, a ser queridos y protegidos, evitando el favoritismo en los centros residenciales, que deberían ser más reducidos para ofrecer a los niños y niñas la posibilidad real de sentirse en casa.
El informe completo, que recoge la totalidad de las recomendaciones elaboradas por los más de 200 chicos y chicas de los 15 equipos participantes puede consultarse en este enlace.
También puede encontrarse un vídeo resumen de las jornadas.
La 28ª Conferencia Anual de la Red Europea de Defensorías de la Infancia y Adolescencia, celebrada en Helsinki (Finlandia) en el mes de septiembre, contó con la participación de un representante por cada uno de los quince equipos participantes en el Proyecto ENYA, quienes asumieron la responsabilidad de presentar las principales recomendaciones acordadas en Bratislava, en el Foro ENYA, a las personas titulares de las Instituciones integrantes de la Red, para que se tuviera en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes a la hora de confeccionar la declaración final de ENOC sobre la materia objeto de estudio en 2024.
28ª Conferencia Anual ENOC

Fuente: propia
Mediante actividades lúdicas y participativas diseñadas por los propios consejeros y consejeras, estos presentaron a los titulares de las defensorías el proceso de trabajo seguido a lo largo del año y las conclusiones alcanzadas por su parte, muchas de las cuales se acabaron recogiendo en la declaración final de la Red sobre los derechos de la infancia y adolescencia en sistemas de protección.
Las recomendaciones se articulan en torno a siete ejes:
- Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes a expresar sus opiniones y que estas sean tenidas en cuenta, también en el sistema de protección, conforme a sus capacidades, así como a participar en la toma de decisiones relacionadas con su vida en el sistema alternativo de protección de acuerdo con lo requerido por los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.
- Apoyar los esfuerzos para mantener o devolver a los niños, niñas y jóvenes al cuidado de su familia, siempre que así lo aconseje el interés superior del menor.
- Garantizar medidas de protección disponibles y oportunas, así como una profunda y cuidadosa valoración de las formas de protección más adecuadas en cada caso concreto.
- Asegurar la calidad del sistema de protección.
- Mantener la relación de los niños, niñas y jóvenes con su familia y otras personas cercanas, así como sus raíces étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas.
- Trabajar de manera sistemática para prepara a los niños, niñas y jóvenes del sistema de protección para la vida independiente y para su integración en la comunidad.
- Reforzar los mecanismos de inspección y control del sistema de protección.
5.1.4. Participación en las XXXVII Jornadas de Coordinación de las Defensorías de España
5.1.4. Participación en las XXXVII Jornadas de Coordinación de las Defensorías de España
Taller XXXVII Jornadas coordinación Defensorías

Fuente: propia
Un año más la reunión de las Defensorías de España han contado con la voz de los más jóvenes, haciendo posible su derecho a participar en asuntos que les afectan en el marco de los trabajos preparatorios de las XXXVII Jornadas de Coordinación, que este año han girado en torno a “La labor de las defensorías en la promoción del derecho a una buena administración”.
En el taller inicial de Barcelona (26 y 27 de junio) se reunieron 12 chicos y chicas de entre 12 y 16 años que tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el concepto y la estructura de la Administración Pública, examinar su funcionamiento, analizar el contenido e implicaciones del derecho a una buena administración pública y debatir propuestas de mejora.
Todo ello mediante dinámicas y actividades participativas que les permitieron compartir sus diversas perspectivas y experiencias en torno a las líneas temáticas siguientes:
- La participación como herramienta para “desmontar” el adultocentrismo
- Qué es una buena administración y cómo se relacionan las personas jóvenes con la Administración Pública
- Sugerencias de mejora concretas para una buena administración desde la perspectiva juvenil
En el proceso de trabajo de los jóvenes asesores se pusieron de manifiesto algunas conclusiones y reivindicaciones generales:
- La falta de espacios de participación infantil y juvenil dentro de las Administraciones, lo que dificulta su escucha efectiva
- La falta de un lenguaje inclusivo y claro, que acerque la Administración a los niños, niñas y jóvenes
- La falta de conocimiento, por parte de los niños, niñas y jóvenes, de lo que es la Administración y de que también tienen derecho a una buena administración, lo que puede generarles des protección.
Taller XXXVII Jornadas coordinación Defensorías

Fuente: propia
Sobre la base de estas consideraciones generales, los chicos y chicas desarrollaron una serie de propuestas de mejora de las Administraciones Públicas en determinados ámbitos concretos, propuestas que se presentaron el 30 de octubre en Vitoria, en el marco de las Jornadas de Coordinación de las Defensorías de España:
PROPUESTAS TALLER
- Para combatir la visión adultocéntrica, proponen invitar a las personas jóvenes a colaborar en las decisiones que se tomen y/o actividades que se realicen o impulsen desde la Administración Pública, y charlas en los centros educativos para que puedan obtener conocimientos sobre la Administración Pública.
- Para lograr un lenguaje más accesible: evitar el lenguaje técnico y utilizar palabras más sencillas al hablar con un niño o niña; revisar y adaptar el lenguaje escrito (leyes, decretos...) con ayuda de grupos de jóvenes (asesoría); adaptar toda la documentación y trámites a más idiomas, ya que hay jóvenes migrantes de diferentes orígenes.
- Para reducir las listas de espera en el ámbito de la salud pública: Aumentar el sueldo de las personas profesionales de la salud para mejorar las condiciones laborales en el país, consiguiendo así que no emigren a lugares donde ofrezcan mejores ofertas laborales y permita mejorar los tiempos de espera y servicios de salud.
- Para mejorar el acceso a información sobre el funcionamiento de la Administración: En los institutos, añadir espacios formativos (que no puntúen) sobre burocracia, política y otras temáticas y contenidos que nos sirvan para el día a día; recibir información por parte de profesionales expertas pero sin tecnicismos; reforzar la información sobre la administración en redes sociales (videos, campañas…)
- Para superar la desigualdad territorial: mejorar la distribución de dinero recaudado para garantizar equilibrio entre servicios y población en todos los territorios; promover espacios de ocio y cultura para gente joven en todos los territorios; reducir los precios de la vivienda a los profesionales para mayor facilidad del movimiento territorial.
- Para evitar la desprotección de niños y niñas por parte de profesionales de la Administración: promover encuestas para valorar el trato dispensado por las personas profesionales de la Administración; impulsar formación sobre diversidad destinada hacia los profesionales de la Administración; realizar campañas de sensibilización y formación a niños, niñas y jóvenes sobre la diversidad y la defensa ante la discriminación.
XXXVII Jornadas coordinación Defensorías

Fuente: propia
La Federación Iberoamericana del Ombudsperson se compone por más de 100 representantes de 22 países y tiene la labor de reunirse con otras instituciones para estudiar e investigar en conjunto los temas que les preocupan. La Federación cuenta con 4 redes y una de ellas es la Red de la Niñez y Adolescencia, para la promoción y defensa de derechos de la infancia.
Dado que uno de los principales objetivos de esta Red es que los niños intercambien experiencias y cooperen para atender sus problemas, se ha impulsado un grupo de infancias y adolescencias integrado por niños, niñas y jóvenes de diferentes países del ámbito de la organización, para reflexionar y debatir sobre los temas que les afectan y trasladar sus consideraciones a las instituciones que forman la organización.
Desde la constitución del VII Consejo de Participación de la Defensoría, se han incorporado a este Consejo los consejeros por Almería y Sevilla. El grupo se reúne una vez cada dos meses.
En 2024 se han cumplido 100 años de la Declaración de Ginebra, aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de septiembre de 2024 y considerada la primera declaración internacional que afirma la universalidad de los derechos de los niños y niñas.
Para conmemorar ese centenario, un grupo de jóvenes defensores de los derechos de la infancia, liderado por un miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ha impulsado la iniciativa de renovar ese compromiso mediante la aprobación de una “nueva” declaración de Ginebra.
El texto del nuevo compromiso se dio a conocer el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Ginebra, coincidiendo con los actos de celebración del Día Mundial de la Infancia, en el que se conmemora a su vez la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989).
La nueva declaración cuenta con la firma del actual Presidente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como de diferentes defensorías de la infancia de todo el mundo, incluyendo la Red ENOC, y también ha recibido el apoyo de jóvenes defensores de los derechos de la infancia a nivel internacional, incluyendo a los miembros del Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. //declaration2024.org/
NUEVA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. GINEBRA 2024
20 de noviembre de 2024
Conmemorando el centenario de la Declaración de Ginebra, adoptada por la Sociedad de Naciones el 26 de septiembre de 1924, que constituye la primera declaración de los derechos del niño promulgada por un organismo intergubernamental, y afirmando así el carácter universal del derecho de los niños y niñas,
Recordando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada hace 35 años (20/11/1989) y ratificada desde entonces por 196 Estados partes (de 197), muchos de los cuales también se han adherido al Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC), al Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (OPAC) y al Protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones (OPIC),
Saludando los numerosos logros significativos en materia de derechos y bienestar de los niños y niñas durante los últimos cien años,
Alarmados, no obstante, por los cientos de millones de niños y niñas en el mundo afectados por la pobreza, la violencia y el cambio climático, así como por los numerosos desafíos que enfrentan a lo largo de sus vidas y que impactan su salud física y su resiliencia,
Profundamente preocupados por la situación de los niños y niñas de hoy y de las generaciones futuras a menos que se tomen acciones urgentes, globales y colectivas,
Reconociendo las contribuciones excepcionales de numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, y en particular de los niños y niñas defensores y defensoras de los derechos humanos,
Instamos a cada Estado (autoridades nacionales y locales), organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a todas las personas involucradas, niños, niñas y adultos, a
- reafirmar su compromiso, en un espíritu de cooperación y solidaridad internacional, a respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños y niñas consagrados en la CDN y sus protocolos facultativos sin ninguna discriminación,
- respaldar esta Declaración Ginebra 2024 y difundirla, llamando a comprometerse para que todos los niños y niñas de hoy y de las generaciones futuras:
- puedan vivir en condiciones de dignidad y bienestar, libres de pobreza, y disfrutar del más alto nivel posible de salud,
- crezcan en comunidades libres de conflictos armados,
- sean escuchados y escuchadas y sus opiniones tenidas debidamente en cuenta en todas las decisiones que les conciernen, reconociendo así su derecho fundamental a participar en la construcción de las comunidades en las que viven,
- se desarrollen en un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible, propicio para su supervivencia, desarrollo y disfrute de todos sus derechos,
- se beneficien de una experiencia segura en un entorno digital en constante evolución, manteniendo su autonomía y disponiendo de las herramientas adecuadas para navegar de manera segura,
- estén protegidos y protegidas de todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) en todos los contextos, incluido el hogar,
- vean sus intereses respetados en los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos actuales y futuros,
- accedan a sistemas de justicia adaptados a los niños y niñas y a recursos apropiados en caso de violación de sus derechos,
- reciban una educación temprana, primaria, secundaria y profesional gratuita e inclusiva, equitativa y de calidad sin discriminación,
- vivan la riqueza y singularidad positiva que cada persona podría desear para su propia infancia.

Dentro de este ámbito destacamos la participación de uno de nuestros consejeros en las sesiones de trabajo organizadas por la organización Child Rights Connect para impulsar la elaboración de una guía “child-friendly” sobre los derechos de la infancia y adolescencia en el ámbito de la salud, adaptando para ello la Guía del Consejo de Europa sobre participación infantil en las decisiones sobre su salud.
Nuestro consejero se incorporó a un grupo compuesto por una docena de jóvenes asesores y asesoras de diferentes nacionalidades con experiencia en procesos de participación infantojuvenil y juntos han consensuado los contenidos de la guía, coordinando y revisando tanto los textos como los gráficos.
El resultado del trabajo se presentará en abril de 2025 en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, por una delegación de seis representantes del grupo que ha trabajado en el proyecto. Los miembros de esta delegación han sido seleccionados por los propios chicos y chicas participantes y nuestro consejero ha sido uno de los seleccionados.
Por otro lado, destacamos asimismo que varios de nuestros consejeros y consejeras se han implicado en el proceso participativo impulsado por el Consejo de Europa (CoE) para preparar una recomendación sobre “educación sexual integral y adaptada a la edad”.
Tras cumplimentar una encuesta online sobre la materia, los consejeros y consejeras participantes se unieron el 5 de diciembre a una sesión de trabajo coordinada por la organización Child Rights Connect, que colabora con el CoE en la iniciativa, para debatir los resultados de la encuesta y otros aspectos de la cuestión junto con los miembros de otros consejos de participación infantil y juvenil de Europa. Los resultados del proceso se presentarán en abril de 2025 en Estrasburgo, junto con el resultado del trabajo sobre la guía de derechos de la infancia y la juventud en el ámbito de la salud antes mencionado.

El Consejo de Menores de la Defensoría ha participado en 2024 por primera vez en el Athens Democracy Forum (ADF), un encuentro anual de alto nivel organizado por la Fundación Cultura y Democracia en colaboración con el New York Times y que congrega anualmente a destacados representantes de la sociedad civil, de la escena política y del mundo empresarial en Atenas para reflexionar y debatir sobre los retos a los que se enfrenta la Democracia y que desde hace algunos años acoge también la iniciativa “fU”.
Foro Juvenil para la Democracia

Fuente: propia
Esta iniciativa nace para educar y empoderar a jóvenes ciudadanos con el propósito de implicarles en el debate democrático y en el diálogo intergeneracional, impulsando de este modo la nueva generación de líderes democráticos. La participación juvenil en el ADF promueve la educación cívica, el pensamiento crítico, el empoderamiento, la representación, las habilidades de liderazgo, el sentido de comunidad y la implicación política. El encuentro les ofrece además la oportunidad de familiarizarse con los principios y funcionamiento de la sociedad democrática, les anima a pensar de manera crítica y a implicarse en el diálogo constructivo.
La iniciativa parte del reconocimiento del potencial de los jóvenes para enriquecer los procesos de toma de decisiones, para compartir perspectivas y para participar como ciudadanos y agentes del cambio, reforzando el diálogo democrático y enriqueciendo los resultados del ADF. Esta perspectiva se basa en la importancia del derecho de los niños y niños a participar en los procesos de decisión relacionados con cuestiones que pueden afectar a sus vidas, en línea con los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.
La edición del ADF 2024 tuvo lugar del 1 al 3 de octubre en Atenas, bajo el título “Un momento para la verdad”. En paralelo se celebraron las sesiones de trabajo de los jóvenes participantes en el Foro Juvenil para la Democracia, que reunió a unos 40 chicos y chicas de diversas nacionalidades, con una amplia representación del país anfitrión y de varias instituciones participantes también en la red ENOC y ENYA, cuya experiencia ha servido de inspiración y ejemplo de buena práctica para la iniciativa.
La reflexión de los jóvenes giró en torno a varias cuestiones relacionadas con “El fuerte impacto de la imagen, las Redes Sociales y la Inteligencia Artificial en nuestras sociedades y vidas: ¿Cómo podemos entender su efecto, identificar y protegernos de las noticias falsas y de las intenciones maliciosas?. ¿Ofrecen las nuevas iniciativas como la Plataforma Europea de Participación Infantil o las redes sociales oportunidades reales de participación democrática mejorada?”.
Miembros del Consejo de Participación DIAA

Fuente: propia
Se ha celebrado en el año 2024 la XVII Edición del Premio de la Defensoría de Infancia y Adolescencia de Andalucía. A través de esta iniciativa niños y jóvenes andaluces, de la mano de sus educadores y educadoras, han trabajado para conocer sus derechos y sus deberes, así como la manera de defender los primeros.
Como viene aconteciendo en ediciones anteriores, el concurso se ha hecho extensivo a todo el alumnado de Enseñanza Primaria y Secundaria escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos o en centros privados de Andalucía así como a los alumnos y alumnas escolarizados en centros específicos de educación especial.
El alumnado de Educación Primaria ha podido participar en la modalidad de dibujo y el alumnado escolarizado en Educación Secundaria en la modalidad de vídeo. En ambos casos, trabajaron sobre los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada centro escolar, con carácter previo a su presentación al concurso, debió seleccionar entre su alumnado los trabajos que los representarían.
De nuevo deseamos aprovechar este documento para hacer público nuestro agradecimiento y reconocimiento a la labor del profesorado y de los equipos directivos de los centros docentes participantes en el evento, sin cuya colaboración no sería posible el desarrollo del mismo.
El Jurado del Premio, a la hora de emitir su voto, ha tenido presente tres criterios de valoración: Claridad del derecho representado, donde se valora la representación del derecho elegido para que se entienda y transmita de la mejor manera; calidad del trabajo en cuanto a la técnica; y creatividad, valorando la idea, que sea original e innovadora, el proceso de creación de a obra y la relevancia del resultado.
Una Edición más se ha podido constatar la calidad de los trabajos presentados, la participación de grupos de niños en el tema de los vídeos y, sobre todo, el punto de vista de sus protagonistas para defender o reivindicar algunos de sus derechos son una lección única de cómo viven ellos sus derechos y una oportunidad excepcional para conocer en qué estamos fallando como sociedad y cómo podemos mejorar.
Tras analizar y valorar los trabajos presentado, el Jurado acordó declarar como ganadores de la XVII Edición de los Premios de la Defensoría de la Infancia y adolescencia los siguientes trabajos:
a) Modalidad de dibujo: La persona ganadora ha sido M.,escolarizada en el CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva), representando el derecho a la intimidad.

Fuente: propia. Dibujo ganador XVII Edición del Premio
Además del Premio, en conmemoración al 40 aniversario del Defensor del Pueblo Andaluz y al 25 aniversario de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se acordó conceder para este año 2024 dos áccesits, cuyo reconocimiento recayeron en los siguientes trabajos:
- Primer accésit: Trabajo presentado por M., alumna escolarizada en el CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva), representando el derecho a opinar.
Fuente: propia. Dibujo 1er Accésit XVII Edición del Premio
- Segundo accésit: Trabajo presentado por B. alumno escolarizado en el CEIP Azahares de Sevilla, representando el derecho a la vivienda.
Fuente: propia. Dibujo 2º Accésit XVII Edición del Premio
b) Modalidad de vídeo: Trabajo presentado por el alumnado de 4º de la ESO del IES Retamar de Almería, representando los derechos a la educación y al juego.

Fuente: propia. Vídeo ganador XVII Edición del Premio
Al igual que en la modalidad anterior, en conmemoración al 40 aniversario del Defensor del Pueblo Andaluz y al 25 aniversario de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se acordó conceder para este año 2024 dos áccesits, cuyo reconocimiento recayeron en los siguientes trabajos:
- Primer accésit: Alumnos 3º de la ESO del IES Arboleda de Cádiz, representando el Derecho a la integración.
Fuente: propia. Vídeo 1er. accésit XVII Edición del Premio
- Segundo accésit: Alumnado del IES Generalife de Granada, representando el derecho a la calidad de vida.
Fuente: propia. Vídeo 2ª accésit XVII Edición del Premio
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- Queja 24/3295 ante el Ayuntamiento de Málaga, relativa a la exposición en la línea de cajas de un gran establecimiento comercial de la ciudad de productos eróticos a la vista y fácil acceso de personas menores de edad.
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