DEscripción newsleter
Queja número 16/0626
En su escrito de queja, la presidenta de una asociación de vecinos de una barriada de Almería denunciaba, en síntesis, los problemas de alcantarillado que existían en la barriada de Monteleva en Almería, que se sitúa dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en el que exponía, textualmente, lo siguiente:
“Nos ponemos en contacto con Usted para decirle que nuestro barrio carece de alcantarillado, son en torno a cuatrocientas viviendas a la orilla de la playa de Cabo de Gata que funcionan con pozos negros, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del Parque Natural de Cabo de Gata este proyecto debe ser prioritario.
En noviembre presentamos 2.000 firmas en el registro del Ayuntamiento, llevamos cuatro años con escritos y reuniones, en la última reunión del 26 de enero con el nuevo alcalde, éste nos dijo que el Ayuntamiento por sí solo no podría financiar este proyecto, y que hace falta dinero desde fuera.
Necesitamos que se mueva esta solicitud, que vaya a donde sea necesario para que con tanto dinero que se mueve de la U.E. se mueva y se destine una partida para canalizar las aguas fecales dentro del Parque Natural, una zona altamente protegida medioambientalmente y con un atractivo turístico que cada año va a mas."
Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló resolución tanto al Ayuntamiento de Almería como a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a fin de que, en resumen, coordinaran sus actividades para iniciar las obras de alcantarillado de la barriada de Monteleva y, en su caso, adoptaran las medidas necesarias para que la fórmula que se adoptara fuera la menos gravosa para acometer estas obras.
Como respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos informó que aceptaban el contenido de nuestra resolución y preveían dotar “de partida presupuestaria en el próximo ejercicio presupuestario de este Excmo, Ayuntamiento de Almería, para el inicio de las obras encaminadas para dotar a esa Barriada de la Fabriquilla en el ámbito perteneciente al término municipal de Almería, de la red correspondiente de saneamiento y su conexión para evacuación y posterior depuración a través de la red general municipal de alcantarillado, mediante la solución técnica que se considere más ventajosa para los intereses municipales”.
En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible nos informó que la Dirección General de Infraestructuras del Agua estaba tramitando el pliego de prescripciones técnicas para redacción del proyecto de agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de la zona este de Almería, que definiría las obras necesarias para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Amadraba de Monteleva y La Fabriquilla, así como su posterior tratamiento, para lo que se estaban estudiando tres alternativas: construcción de una nueva EDAR; impulsar las aguas residuales a la EDAR situada en San Miguel de Cabo de Gata (y al mismo tiempo incrementar la capacidad de tratamiento de esta EDAR, ampliando las actuales instalaciones y equipos para que pueda tratar las aguas residuales tanto de la población fija como de la estacional) o impulsar las aguas residuales hasta la actual EDAR de Almería Este situada en El Toyo.
Con ello entendimos que se había aceptado nuestra resolución y, además, el problema planteado por la asociación de vecinos estaba en vías de solución, mucho más cuando fue la propia asociación la que, poco tiempo después, nos comunicó que ya había tenido conocimiento de que se iba a ampliar la depuradora de Cabo de Gata y el Ayuntamiento iba a ejecutar las obras para canalizar las aguas residuales a la misma, por lo que agradecían nuestras actuaciones.
Por tanto, dimos por concluidas las mismas y procedimos al archivo de este expediente de queja.
Queja número 19/3466
En su escrito de queja, el interesado manifestaba que había solicitado la inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios (ROPO) (Decreto 96/2016, de 3 de mayo) y, para ello, precisaba una certificación de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, en la que hizo sus estudios. Mediante escrito que tuvo entrada en el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en enero de 2019, dirigido a la Facultad de Biología de dicha universidad, solicitó “certificación académica que acredite el cumplimiento del Anexo II del RD 1311/2012 sobre créditos ECT's en materia de Producción Vegetal y al menos 12 ECT's en Protección Vegetal”. Sin embargo, no había recibido respuesta a esta solicitud.
Admitimos a trámite la queja sin entrar en el fondo del asunto planteado, solo a efectos de la que la Universidad de Sevilla respondiera a la solicitud del interesado, informándonos de la respuesta que le diera.
La Universidad nos respondió dando cuenta de los motivos por los que no podía acreditar que el interesado tuviera los créditos necesarios para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1311/2012 y que de ello ya había dado cuenta al mismo.
Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a la solicitud del interesado, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 20/0357 dirigida a Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia
Diferentes medios de comunicación de Andalucía, se han hecho eco del elevado porcentaje de abandonos de menores extranjeros no acompañados residentes en el centro “Serrano” de Corteconcepción (Huelva) -27 en los últimos 5 meses- quienes permanecen aún sin localizar.
De la crónica periodística se ha de destacar el elevado porcentaje de menores desaparecidos del aludido centro de protección respecto del total de menores desaparecidos inscritos en el registro nacional, lo cual nos mueve a emprender una actuación, en ejercicio de nuestros cometidos como Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, a fin de esclarecer las causas de esta alta incidencia de abandonos no autorizados del centro y las actuaciones desarrolladas por el Ente Público para la localización de los menores.
Es por ello que, al amparo de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos acordado iniciar, de oficio, un expediente de queja en relación con esta cuestión.
El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados en nuestro país y en nuestra comunidad, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que luchan para lograr acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas para llegar a conseguir una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible. Esta celebración y esta lucha debe ser de mujeres y hombres porque la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos, beneficia a toda la sociedad que también tiene la responsabilidad de actuar.
Este año el tema de la ONU se denomina Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres , siguiendo los pasos de la campaña de ONU Mujeres con el mismo nombre (Generación Igualdad) y que conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que supuso hace 25 años el plan a nivel mundial más progresista que jamás había existido para promover los derechos de las mujeres, presentando el empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave del desarrollo; se celebra también el 5º aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 5 es "La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas".
El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo ha costado conseguir por lo que el año 2020 representa una oportunidad para movilizarnos y seguir insistiendo en lograr la igualdad de género real y efectiva y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/5192 dirigida a Consejería de Salud y Familias, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Personal
En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte relativo a la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Personal del SAS al recurso de reposición formulado con fecha 19 de junio de 2019.
ANTECEDENTES
I. La persona interesada, con fecha 19 de junio de 2019, formuló Recurso de Reposición contra la no valoración del SAS como méritos de los servicios prestados en un Hospital de Francia.
Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante esa Administración sanitaria, al objeto de obtener la preceptiva respuesta al recurso presentado en esa Dirección General.
II. Una vez transcurrido el plazo legal para la resolución del recurso se procedió a admitir a trámite la queja, con fecha 10 de octubre de 2019, solicitando en la misma fecha a esa Dirección General el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el Art. 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.
-
Con fecha 12 de noviembre de 2019 tiene entrada en esta Institución la respuesta a la solicitud de información cursada a esa Dirección General, de la que cabe reseñar lo siguiente:
“En relación con la queja n°19/5192, interpuesta ante esa Institución por (...), en la que expone el problema que dice le afecta, referente a la no obtención de respuesta al recurso de reposición de fecha 19 de junio de 2019, le informo lo siguiente:
Una vez comprobado desde esta Dirección el expediente de (...) se constata la entrada el pasado día 26 de junio, y la recepción del recurso de referencia de 19 de junio de 2019, junto a una importante cantidad de recursos potestativos de reposición en esta Dirección General, interpuestos por los profesionales que presuntamente se entienden afectados en sus derechos profesionales pertenecientes a las diferentes categorías.”
En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, procedemos a plantear a esa Administración las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su art. 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
La Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases de la convocatoria del proceso de selección de personal estatutario temporal para la cobertura de plazas básicas, establece en su Base Novena.6 que “contra la relación de personas candidatas, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, en el plazo de un mes”, conforme a lo establecido en los vigentes artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015.
De modo más concreto, en el art. 124.2 de dicha Ley se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.
Por otra parte, el art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
En consecuencia, esta Institución esta obligada a actuar ante cualquier Administración pública sujeta a su ámbito de supervisión cuando la persona interesada solicita nuestra intervención como consecuencia de la demora en la resolución de las peticiones y recursos que haya dirigido a la misma.
En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del recurso del interesado queda acreditado que se presenta en esa Agencia con fecha 3 de septiembre de 2019, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se haya notificado al interesado respuesta al recurso formulado, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015.
Por otro lado, en una parte del informe remitido por ese Centro Directivo se manifiesta que:
“Desde esta Dirección General queremos transmitirle a su Defensoría el máximo esfuerzo e interés, así como la confianza que mantenemos en la resolución de los recursos interpuestos conforme a derecho, y dentro de los plazos legalmente establecidos para su resolución expresa.
De igual manera, y en relación con sus solicitudes de información respecto a las quejas que les llegan de los interesados, su Defensoría debe tener en consideración estos mismos cómputos de plazos previstos para la resolución expresa y su comunicación al interesado, no precipitando el traslado de las citadas quejas que ya se encuentran inmersas en el cauce correcto de un procedimiento administrativo, y otorgando un margen de confianza ante la situación descrita a esta Agencia”.
Como puede comprender, la intervención supervisora de esta Institución no supone poner en duda “el esfuerzo e interés” de esa Dirección General en la resolución de los recursos interpuestos en los plazos legalmente establecidos. No dudamos de su encomiable empeño y afán en resolver estos recursos en plazo, pero la realidad es que cuando se admite la queja a trámite y se solicita el correspondiente informe (el 10 de octubre de 2019), ha transcurrido más de dos meses desde la presentación del recurso de reposición por el interesado y, por tanto, se cumplen todas las circunstancias que obligan a esta Institución a intervenir en cumplimiento de las normas legales a que está sujeta su actuación para la defensa de los derechos de la ciudadanía, a fin de procurar la resolución y notificación del recurso interpuesto.
Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015 preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.
Segunda.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.
El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.
De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.
En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados y que debe tener en cuenta, como ocurre en el caso objeto de la presente queja, las impugnaciones que habitualmente se plantean tras la finalización de un proceso selectivo a fin de asignar los recursos necesarios para su resolución en los plazos legalmente establecidos para ello.
Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el citado art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.
RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, en caso de no haberse resuelto, se proceda a resolver y notificar, sin más dilación, la correspondiente respuesta al Recurso de Reposición presentado ante esa Dirección General por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 20/1261 dirigida a Consejería de Salud y Famililas, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Personal
En esta Institución se vienen recibiendo distintas quejas promovidas por personal estatutario del SAS, en las que se ponen de manifiesto la posible discriminación en que se pudiera estar incurriendo al no poder acceder dicho colectivo al premio de jubilación, coincidiendo con el pase a dicha situación, a diferencia del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que sí tienen reconocido este derecho.
Efectivamente, el premio de jubilación para el personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía fue establecido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el Acuerdo de 24 de octubre de 2003 de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, sobre mejora de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en dicha Administración, dentro del proceso de modernización de esta Administración pública en el marco de los principios recogidos en el art. 103 de la Constitución.
A este respecto, el art. 10.2 de dicho Acuerdo establece que “a partir del 1 de enero de 2004, el personal funcionario que se jubile por cumplimiento de la edad correspondiente percibirá un premio de jubilación consistente en 150 euros por año de servicio”.
Con las medidas de ajuste presupuestario que introdujo el Decreto-Ley 1/2012 de 19 de Julio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Publica, de acuerdo con lo establecido en su art. 31, quedaba suspendida la convocatoria y concesión de cualquier ayuda derivada del concepto de acción social, entre las que se incluyen los denominados premios de permanencia, fidelidad, jubilación voluntaria o cumplimiento de la edad reglamentaria para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y entidades instrumentales.
Con posterioridad, la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, dio una nueva redacción al contenido del referido artículo, disponiéndose en el art. 28 de dicha Ley que la suspensión afectaría solo a las ayudas que se deriven del concepto de acción social, exceptuadas las relativas a la atención a personas con discapacidad.
Para el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, el premio de jubilación inicialmente fue recogido en el art. 62.1 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de esta Administración, para incentivar la jubilación anticipada a los 64 años como medida de fomento de la contratación de trabajadores desempleados.
Dicho sistema de jubilación anticipada, al que se vinculaba el premio de jubilación del personal laboral, fue derogado por la Ley estatal 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que, entre otras medidas, da una nueva orientación a dicha modalidad de jubilación, desvinculándola de la creación de empleo y reservando el acceso anticipado a la pensión de jubilación para los casos en que se acreditaran largas carreras de cotización.
En la administración andaluza, el ya citado Decreto-Ley 1/2012, también suspende la aplicación de los artículos 36.4 y 62 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, relativos a la jubilación anticipada y a la percepción del premio de jubilación vinculado a dicha modalidad. Suspensión que se mantiene tras la aprobación de la Ley 3/2012, vinculada a la modalidad de jubilación anticipada.
Estas medidas se inscriben en el marco que establecía la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ampliaba las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a las existentes hasta el momento y debiendo respetar, no sólo un límite máximo de déficit, sino también un crecimiento limitado del gasto público y un objetivo de deuda, pudiendo ser sancionadas en caso de incumplimiento.
Coincidiendo con la remisión de la situación de crisis, por Acuerdo de 21 de junio de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, se aprobó el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
Dicha recuperación de derechos beneficiaría a unos 270.000 empleados públicos. Derechos que fueron suspendido en 2012 como consecuencia de la aplicación de las referidas normas estatales y autonómicas, en materia de ahorros y de reequilibrio económico financiero.
Con posterioridad, la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación de dicha Administración, con fecha 23 de noviembre de 2018, acordó establecer un premio de jubilación para este colectivo incorporando para ello un nuevo artículo 62.bis al vigente VI Convenio Colectivo.
El origen de esta posibilidad se encuentra en el mencionado Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, firmado con todas las Organizaciones Sindicales presentes en la citada Mesa -CSIF, UGT y CCOO- y aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018, en el que, entre otras medidas, se contempla la generación de fondos adicionales para que la Administración de la Junta de Andalucía pueda incrementar la masa salarial, y que, en relación con el personal laboral, se destinará a la incorporación del premio de jubilación.
Este premio de jubilación fue incorporado en el nuevo artículo 62.bis del actual Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que establece “un premio de jubilación consistente en 156,22 euros por año de servicio o fracción superior a seis meses, prestados en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía”, con los requisitos y en las condiciones que se establecen en los apartados siguientes del mismo.
En este contexto, en la exposición de motivos del referido Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, que posibilita la incorporación del premio de jubilación para el personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, se indica expresamente que “la voluntad de esta Mesa General es completar, de forma global y plurianual, el Acuerdo estatal de 9 de marzo de 2018 y mejorarlo, sumando para ello nuevas medidas, así como también aplicar en Andalucía todas aquellas que regula la legislación básica estatal, agotando sus posibilidades máximas. Todo ello asumiendo, asimismo, el compromiso de continuar trabajando en el desarrollo y mejora de los derechos del personal que presta servicios en el sector público andaluz, desde el convencimiento de que el nivel de calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se incrementa si a ello se suman la mejora y el refuerzo de la calidad del empleo público, que favorece su reconocimiento y su nivel de satisfacción y, como consecuencia, también la mejora de la gestión pública”.
Voluntad que se materializa en los distintos acuerdos alcanzados y que se plasman en el mencionado Acuerdo Marco, entre los que se incluyen, en el Segundo de ellos, “la generación de fondos adicionales, que se destinarán principalmente, entre otras finalidades particulares y especiales”, además de a la incorporación del premio de jubilación para el personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, respecto al Sector Sanitario Público Andaluz, “la recuperación y extensión a todas las categorías de la carrera profesional, incluida su consolidación en la promoción interna, también para el personal de las agencias públicas empresariales sanitarias”.
No se contempla, sin embargo, en dicho Acuerdo previsión alguna respecto a la implantación del premio de jubilación para el personal estatutario de la Junta de Andalucía.
Ante esta situación, y no teniendo conocimiento de las previsiones que se pudieran tener por parte de la Administración sanitaria para el acceso al premio de jubilación por parte de dichos empleados públicos, como denuncian las personas promotoras de las quejas remitidas a este Comisionado por ese motivo, constatamos la diferencia de trato existente entre dicho colectivo y los de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía en relación con su derecho a acceder a un premio de jubilación en condiciones similares al que se reconoce para los mismos.
Por cuanto antecede, teniendo en cuenta los hechos reseñados, y ante la posible afectación de los derechos de dicho colectivo profesional, iniciamos actuación de oficio en aplicación de lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud a fin de que nos informe sobre las cuestiones expuestas que pudieran afectar a los derechos que se derivan para la ciudadanía de los artículos 14 y 103.1 de la Constitución Española.
Los servicios sociales, la vivienda y los asuntos relacionados con la atención a los niños y niñas han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2019.
Un año más, la mayoría de las personas que solicitaron la intervención de este comisionado parlamentario, dirigido por Jesús Maeztu, fueron mujeres (55%). Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2019 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este domingo, 8 de marzo. Las conclusiones de este Informe aportan que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la vivienda o la educación son mayoritariamente abordados por las mujeres a diferencia de los hombres.
En cambio, los asuntos que más han preocupado a los hombres son, al igual que a las mujeres, los servicios sociales y a continuación los asuntos relacionados con los menores y la vivienda. Asimismo, las quejas y consultas sobre prisiones; agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y tráfico y transportes son los asuntos sobre los cuales los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres.
En el presente ejercicio, por primera vez las quejas presentadas por mujeres superan en número a las presentadas por el sexo masculino, aunque bien es verdad que esa superación es en solo cinco unidades, por lo que podemos hablar de una práctica equiparación cuantitativa por sexos en 2019. En cuanto a las consultas, siguen suponiendo mayoría, con un 54% de las mismas.
Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. Son casos, por ejemplo, relacionados con el empleo público, donde el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado las actuaciones dirigidas a corregir y prevenir situaciones de desigualdad en estos ámbitos ante la persistencia de situaciones de discriminación al no quedar garantizado el principio constitucional de igualdad y no aplicarse las medidas de acción positiva que aseguren la efectiva igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de sus derechos en estas materias.
Las cuestiones de género también están presentes en lo que atañe a la salud de las personas, así en relación directa con la prestación de la atención sanitaria, la vinculación entre salud e igualdad de género nos suele llevar a centrarnos en los procesos que son típicamente femeninos o que están vinculados a la sexualidad orgánica, que precisamente por ello se dispensan en el nivel de la atención especializada. La reproducción humana asistida y las técnicas que comporta han suscitado alguna comparecencia en 2019, que de algún modo reproducen las problemáticas analizadas en Informes precedentes.
Por otra parte, persisten demandas alusivas a las intervenciones de reconstrucción mamaria, así como las relativas a las operaciones para reducción de mamas, que no gozan de plazo de garantía, a diferencia de las de reconstrucción mamaria postmastectomía, y que acumulan demoras muy importantes.
Asimismo, en el Área de educación, personas menores y cultura muchas de las quejas están relacionadas con el fenómeno de la violencia de género: denuncias por ausencia de medidas cautelares en procesos de separación de mujer víctima de violencia de género; escasa protección para los hijos e hijas de la víctima; o demanda de ayuda a la Institución ante las dificultades para el acceso a una vivienda de la mujer víctima.
En materia de servicios sociales destacamos la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en vigor desde el 1 de enero de 2018, para recordar que el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, que la regula reconoció específicamente como situación de urgencia social aquella en la que se encuentran las víctimas de violencia de género y desde el punto de vista de la tramitación del procedimiento, también la situación de víctima de violencia de género ha merecido un abordaje especial.
En el ámbito de los servicios de interés general, referido concretamente al servicio de suministro de agua, debemos reseñar durante 2019 la presentación de quejas relacionadas con los problemas para su contratación por mujeres a consecuencia de los complejos problemas habidos a consecuencia de su separación o divorcio tras adjudicárseles la vivienda familiar y estar los contratos de suministro a nombre de sus ex-maridos.
En cuanto al asociacionismo entendido como una forma de participación social, en materia de administración local podemos citar una queja en la que una asociación de mujeres se quejaba de que le había retirado la cesión del local social que le fue cedido por el ayuntamiento para desarrollar sus proyectos.
Por otra parte, especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda presentadas por mujeres víctimas de violencia de género; ello debido a que a su condición de víctima se unen otros muchos factores de vulnerabilidad que agravan su situación, colocándolas al borde de la exclusión, cuando no en verdadera situación de exclusión social. Son las mujeres víctimas de esta lacra social que, además, son titulares de familias monoparentales con personas menores a cargo; ellas mismas o alguno de sus hijos e hijas, con discapacidades reconocidas; con carencia casi absoluta de ingresos, sin empleo o con empleos precarios o en economía informal; en situaciones también de extrema exclusión residencial, como es el ocupar viviendas ya sean públicas o privadas de entidades financieras sin título legal para ello; o que van a ser desahuciadas por falta de pago de la renta de la vivienda que tienen alquilada en fechas muy próximas, etc.
En materia de violencia de género desgraciadamente hemos de destacar que al menos 55 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas en 2019, de las que 13 vivían en Andalucía, siendo nuestra comunidad la que acumula un mayor número de victimas mortales por esta causa en este año, al igual que en otros años anteriores. Esta Defensoría, siguiendo ya la línea emprendida hace unos años, ha abierto quejas de oficio en los casos de muertes por violencia de género, a fin de conocer si las víctimas habían acudido a solicitar ayuda a los recursos existentes y si se les había prestado la protección integral a la que tenían derecho que incluiría medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas, conforme al artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Entre otras cuestiones planteadas relacionadas con la violencia de género, podemos destacar la presentación de varias quejas por organizaciones, entidades y asociaciones de mujeres discrepando de la campaña de publicidad institucional de la Junta de Andalucía contra la violencia de género y algunas quejas a instancia de parte sobre los recursos específicos para mujeres victimas de violencia de género y en relación a las ayudas económicas existentes para estas.
Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, felicita el Día de Andalucía 2020
-
Defensor del Pueblo Andaluz -
Otras defensorías