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Recordamos al Ayuntamiento de Sevilla la obligación legal de dictar resolución expresa y le recomendamos que resuelva expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la persona promotora de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha de febrero de 2020 recibimos comunicación remitida por una Asociación de Consumidores en nombre de su asociado, a través de la cual nos exponía que con fecha de junio de 2018, el interesado había presentado en el Ayuntamiento de Sevilla una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos a consecuencia de la caída de una rama en la calle Real de la Jara, mientras caminaba por la misma, y que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información.

2. Reunidos los requisitos formales que resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

3. En respuesta, recibimos oficio de mayo de 2020, acompañado del informe del Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, en el que nos decía que el expediente de reclamación patrimonial objeto de esta queja se encontraba entonces pendiente de informe técnico “el cual una vez recibido se procederá a la continuación del expediente, dado el volumen de reclamaciones en este servicio se procede con la máxima celeridad posible”.

4. En relación a esta información, mediante nueva comunicación que enviamos al Ayuntamiento con fecha de mayo de 2020, le trasladamos que, entonces, eran ya casi dos años los transcurridos desde que el afectado había presentado su reclamación, tiempo que estimábamos más que suficiente para que se hubiera evacuado ese informe técnico que tenía paralizado el expediente administrativo. De ahí que no pudiéramos , por tanto, dar por terminadas nuestras actuaciones en este expediente de queja porque ni siquiera se nos daba una fecha, aunque fuera aproximada, de cuándo se podría emitir ese informe técnico y cuándo la resolución expresa definitiva.

De ahí que, en esa comunicación, requiriésemos de nuevo la colaboración del Ayuntamiento para que se agilizase al máximo posible la tramitación del expediente de reclamación patrimonial objeto de esta queja, y el resto que se encontrasen antes de éste en el orden de tramitación, y se dictase la resolución expresa que en Derecho procediera, notificándose al interesado y remitiendo copia a esta Institución.

V. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

“Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de resolver expresamente, a la mayor brevedad posible, la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la parte afectada con fecha de 2018, notificándosela a ésta y remitiendo copia a esta Institución.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

I.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha recibido comunicación en la que exponía las graves carencias de personal técnico de integración social (PTIS), o monitores, destinados a dar apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales (NEE) en Cádiz.

La persona promotora del expediente exponía la necesidad de reforzar de manera muy significativa estas funciones a tenor de la demanda de estos servicios en los centros educativos de la provincia de Cádiz. Describía la esencial labor de apoyo y la presencia de estos Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) si bien consideraba que tales dotaciones de personal no están siendo facilitadas por las autoridades educativas responsables.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite como queja y ello provocó la petición de información dirigida a la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. El informe de fecha 18 de junio de 2020 señalaba:

“1º.- El recurso PTIS en la provincia de Cádiz está formado por dos tipos de colectivos:

- PTIS de contrato a través de la Agencia Publica Andaluza de Educación (APAE).

- PTIS de Función Pública (Laborales).

2°.- Respecto a los contratados a través de APAE, se ha pasado de 4.330'5 horas contratadas en 2018/2019 a tener 4.647'5 horas contratadas en 2019/2020. Así mismo se ha producido una ampliación de la plantilla de PTIS de Función Pública, (todos contratados a 30 horas semanales), en 10 personas asignadas a la Relación de Puestos de Trabajo de diferentes Equipos de Orientación Educativa en la provincia, y ubicados en centros escolares concretos por parte de la Delegación Territorial”.

III.- Este relato fue trasladado al interesado para que formulara alegaciones que, básicamente, ratificaron la disconformidad por las carencias de personal PTIS y además se alegaba la rotunda disconformidad con la escueta información ofrecida por la Delegación. Ciertamente, frente a una extensa y documentada argumentación del sindicato, la posición de la Delegación se limitaba a ofrecer unos datos de horas contratadas anuales y el aumento de diez personas en la plantilla para los centros educativos de la provincia gaditana.

Analizado el contenido de la información recibida y a la vista de los trámites seguidos en la queja, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Hemos de comenzar por reconocer que, en los últimos años, se han producido importantes y significativos avances en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Así, la apuesta por su integración en centros ordinarios y normalizar las respuestas educativas en Andalucía ha sido clara y generalizada. También se han producido modificaciones normativas, organizativas, además de ampliarse el colectivo de personas consideradas potenciales sujetos de dichas necesidades educativas. Y como no, ha sido necesario proporcionar los correspondientes recursos personales y materiales a los centros educativos.

Recordemos que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre el principio de «esfuerzo compartido» de toda la comunidad educativa, reconoce que para la consecución de una educación de calidad «Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar en el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesiten y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo», añadiendo que resulta necesario atender a la diversidad del alumnado contribuyendo de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera.

Se trata, en última instancia, de que todos los centros asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones. Pero a cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. En este sentido, son los responsables de la educación los que «deben proporcionar a los centros los recursos y los medios necesarios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo».

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre) reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo tal concepción el alumno que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

No podemos obviar, por otro lado, que el alumnado que presenta estas necesidades constituye uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, de exclusión social. De ahí que la calidad en la atención educativa que se preste a estos estudiantes se convierta en un objetivo de primer orden para un sistema educativo que pretenda conseguir una educación para todas las personas.

En este contexto, debemos insistir en que para conseguir una adecuada integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se precisa la existencia de recursos en los términos que hemos tenido ocasión de señalar. Caso contrario, las proclamas y principios reconocidos en las normas no pasarán de ser más que una quimera, una integración formal y no una esperada y anhelada integración real.

Segunda.- El asunto que se somete a debate se centra en valorar si los recursos de personal, en la categoría de Profesional Técnico de integración Social (PTIS), son suficientes o adecuados para atender las necesidades educativas especiales del alumnado de referencia en la provincia de Cádiz.

Ciertamente, este ejercicio de evaluación no resulta fácil a partir de las afirmaciones, datos y argumentos que dirige el sindicato:

“EI sindicato manifiesta su indignación por la falta de monitores de Necesidades Educativas Especiales (llamados profesionales PTIS) en la provincia de Cádiz. Según los cálculos que nos han sido facilitados desde la Delegación Territorial de Educación hacen falta cubrir para este curso 2.649 horas más semanales de este personal. Dado que desde que empezó el curso se ha ampliado la contratación 317 horas mas, faltan por cubrir 2.332 horas semanales Io que corresponde a 93 PTlS trabajando las 25 horas semanales.

Esta cifra de 93 PTIS más sale de dictámenes de escolarización de los equipos de orientación escolar que cubre el servicio de los distintos centros educativos. No es una cifra caprichosa y encierra una terrible verdad: la Consejería de Educación de Ia Junta de Andalucía no atiende al alumnado que más Io necesita del modo en el que Io necesita. Y, en muchos casos, de ningún modo”.

Los indicadores que dice manejar el sindicato parten del elemento diagnóstico básico para la definición de las necesidades de este alumnado, como son los dictámenes de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). Y tales necesidades resultan de aplicar datos que el sindicato atribuye a la propia Delegación Territorial, circunstancia que no ha sido desmentida por dicho organismo en el informe que en su día le solicitamos.

El dato que parece clave es el de 2.649 horas de déficit o carencia que presenta el sistema educativo en Cádiz para atender la suma de atenciones establecidas en los dictámenes aprobados. Ante dicha carencia, se apunta el dato actualizado de añadir con nuevos refuerzos 317 horas, por lo que restan pendientes de ser atendidas 2.332 horas, o, traducido en plazas, 93 nuevos PTIS a razón de 25 horas de desempeño semanal.

Para disponer del criterio de la Delegación de Educación solicitamos el oportuno informe que nos llega manifestando: “(...) se ha pasado de 4.330'5 horas contratadas en 2018/2019 a tener 4.647'5 horas contratadas en 2019/2020. Así mismo se ha producido una ampliación de la plantilla de PTIS de Función Pública, (todos contratados a 30 horas semanales), en 10 personas asignadas a la Relación de Puestos de Trabajo de diferentes Equipos de Orientación Educativa en la provincia, y ubicados en centros escolares concretos por parte de la Delegación Territorial”.

En este caso, los datos se aportan con un criterio diferente al presentado en la queja; y es que se cita el número total de horas facilitadas por los servicios de PTIS (4.330,5 h.) y el incremento que se realiza para el curso pasado 2019/2020 (4.647,5 h.). Se añade además que se ha ampliado el número de plazas con 10 personas a razón de 30 horas semanales. Se alude pues a los totales de horas prestadas, sin que podamos colegirlo con las horas no atendidas que es el criterio inicial que ofrece el contenido de la queja sometida a estudio.

Tampoco acudiendo al criterio de plazas disponibles de PTIS se pueden realizar comparaciones. La queja afirma una carencia de 93 PTIS y la Delegación responde que ha incrementado en 10 plazas el pasado curso, por lo que ni confirma el déficit de plazas, ni tampoco expresa el número total de efectivos disponibles.

Desde luego, podríamos valernos de cualquiera de ambos indicadores para realizar la aproximación valorativa que pretendemos desplegar. No es mejor, ni peor, el criterio de las horas deficitarias que expresa el sindicato, frente a las horas acumuladas ofertadas al año, como hace la Delegación. Pero, en todo caso, sí hubiera facilitado el análisis dirigir el informe oficial partiendo de las manifestaciones expresadas en la queja y remitidas desde esta Institución, con la sola intención de seguir el argumento del indicador inicial elegido en el texto de la queja. Resulta, pues, muy difícil cotejar un datos iniciales (horas no prestadas por PTIS) con las horas totales del servicio. Hubiera sido más coherente replicar con datos oficiales si esas carencias de horas son, o no, exactas para así ajustar el debate a los términos que se recogen en la queja tramitada.

Tercera.- Este tipo de situaciones, donde se producen afirmaciones tan rotundamente contradictorias, provoca la necesidad de ratificar o concretar las posiciones que las partes expresan ante una determinada discrepancia. Y, en este caso, más bien, nos vemos abocados a interpretar que las manifestaciones de la queja no quedan desvirtuadas con los datos que la Delegación ofrece. Y ello por varias razones: la primera porque hemos de entender que cualquier dato erróneo, o sencillamente falso, debe motivar la inmediata respuesta correctiva a cargo de las autoridades responsables de tan delicada materia; segunda, porque los datos que expone la queja sindical dicen tener su origen en la misma Delegación; y tercera, porque la experiencia de esta Institución a la hora de tramitar quejas de este tipo nos sitúa reiteradamente en una mayoritaria confirmación de carencias de recursos que no logran ser desmentidas por la información oficial.

Añadimos que las argumentaciones que ha ofrecido la organización sindical se han reforzado posteriormente con nuevos datos aportados en base a informes realizados por la Cámara de Cuentas, magnitudes de porcentajes de gasto extraídas de los presupuestos, análisis comparativos de otras normativas autonómicas sobre las ratios de atención para este alumnado, etc. Todo un esfuerzo argumental que contrasta sobremanera con la reacción que merece desde la Delegación Territorial a la hora de ser solicitada su aportación sobre el tema desde esta Institución durante la tramitación de la queja.

Con todo, esa frecuente falta de concreción y de información desde la Delegación, que dificulta gravemente nuestra labor de estudio y supervisión, no evita la constatación de tales carencias. La frecuencia de quejas producidas por una insuficiencia de recursos PTIS para el alumnado con necesidades educativas especiales en centros de la provincia de Cádiz se transforma también en un argumento que inclina una valoración sobre tales recursos en un sentido crítico.

La falta de una información más detallada por la Delegación Territorial —que hubiera sido muy bien recibida desde esta Institución para valorar las circunstancias del caso— no ha desmentido las dificultades de acceder a las prestaciones de los PTIS en el número de plazas y régimen horario acordes con las demandas que son determinadas por los Equipos de Orientación Educativa (EOE), cuando recomiendan los recursos materiales y apoyos personales para cada alumno en atención a las singularidades de cada caso y la ordenación de los recursos que se despliegan en cada Centro.

Cuarta.- A modo de conclusión, tras la información ofrecida, hemos podido recopilar dos datos fundamentales de cara a la tramitación de la queja. De un lado, la ausencia de datos claros y descriptivos que avalen las posiciones de la Delegación para rebatir las demandas de la entidad promotora de la queja; y, de otro, la experiencia confirmatoria desde esta Institución de las carencias de medios personales de PTIS a lo largo de un cumplido número de quejas suscitadas en centros educativos de la provincia de Cádiz dedicados al alumnado con necesidades educativas especiales.

Por todo lo señalado, no podemos por menos que mostrarnos proclives a las peticiones que desde el comienzo del curso académico vienen reclamando las familias, sectores profesionales y entidades —también sindicatos— para adecuar los servicios del Profesional Técnico de Integración en los centros acordes con las demandas de servicios diagnosticadas por los EOE. De inmediato, como hemos pronunciado en otras ocasiones ante las autoridades educativas y en concreto la Dirección General de Planificación y Centros, avanzamos que no resulta tarea fácil dar respuesta a estas medidas, porque ciertamente cualquier demanda de ampliación de la atención que se presta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se debe encontrar plenamente justificada, especialmente en épocas como las actuales de contención del gasto público.

Por todo ello, consideramos que la atención del alumnado con necesidades educativas especiales ha acreditado una profunda evaluación de sus recursos disponibles dirigidos a la justificación de los refuerzos en las tareas de apoyo del Profesional Técnico de Integración. Y, acorde con dichos resultados, se proceda desde la Delegación Territorial de Educación de Cádiz a programar las medidas de dotación de estos servicios para el alumnado con necesidades educativas especiales para la adecuada asignación de recursos desde los servicios centrales de la Consejería.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Educación en Cádiz y la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte, en el ámbito de sus respectivas competencias, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para evaluar la ordenación de los recursos de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia de Cádiz y promoviendo, en su caso, los refuerzos o ajustes que resulten adecuados para la cobertura del servicio educativo de integración de este alumnado

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

I.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibió queja de un Club Deportivo de la provincia de Jaén, en la que se venía a reclamar el pago de diversas subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Jaén. Explicaba que, a pesar de sus repetidos escritos solicitando el abono, no había conseguido una respuesta ni tampoco el pago de dichas cantidades.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite y ello provocó la petición de información dirigida al ayuntamiento jiennense con fecha 26 de septiembre de 2019, que tuvo que ser reiterada el 4 de noviembre y 13 de diciembre de 2019. Se recibe informe de la Concejalía de Hacienda con fecha 20 de Febrero, en el que se nos reproducía el contenido del artículo 25 de la Ley 47/2003, y se afirmaba que, “consultados los documentos debía entenderse prescrito el derecho a percibir el pago de la cantidad reclamada”.

III.- De dicho informe no se deducía la argumentación expresa que realiza la Administración municipal sobre el caso concreto, ni las respuestas específicas ante las argumentaciones que el interesado ha trasladado a través de sucesivos escritos y gestiones en orden a reclamar el pago de la deuda (24 de Enero, 10 de Febrero y 29 de Noviembre de 2011). Tampoco consta que semejante decisión municipal sobre la prescripción haya sido formalizada y notificada al interesado.

Por ello volvimos a dirigirnos a los servicios municipales requiriendo nueva información con fecha 17 de marzo de 2020, relativa a las respuestas dirigidas a la entidad ante las iniciativas presentadas para reclamar el pago y, en su caso, la resolución expresamente acordada que suponga la declaración formal de la supuesta prescripción y su consiguiente notificación al interesado.

IV.- El ayuntamiento de Jaén remite nuevo informe en el que se da cuenta de que “Con fecha 20 de febrero de 2020 se remite escrito firmado por la Tercera Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda reclamando documentación alguna para la interrupción de la prescripción de la deuda, de acuerdo con la legislación vigente, que al día de la fecha no ha sido remitida a esta Concejalía”.

Concluye el informe señalando que “al día de la fecha el Ayuntamiento de Jaén no tiene documentación suficiente pura llevar a cabo el pago de Ia deuda toda vez que las obligaciones podrían incurrir en prescripción, por lo que el interesado habrá de acreditar la interrupción de la prescripción conforme a las disposiciones del Código Civil (Art. 25 de la Ley 47/2001 de 26 de noviembre, General Presupuestaria)”.

Analizado el contenido de la información recibida y a la vista de los trámites seguidos en la queja, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La documentación aportada en la queja por la entidad Club Deportivo recoge la concesión de diversas subvenciones a cargo del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén (ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), por un importe que suma 1.327,02 euros. Así consta en la hoja informativa de “Pendiente por Acreedor” expedida con fecha 22 de septiembre de 2020.

Al menos desde 2010 (15 de abril de 2010) y en 2011 (11 de febrero y 1 de julio) la entidad aporta las comunicaciones dirigidas al ayuntamiento requiriendo el abono y aludiendo, a su vez, a otras iniciativas informales para instar el pago de esta cuantía.

No consta ni de la documentación presentada con la queja, ni de la información recibida por el Ayuntamiento que se hubiera cursado respuesta formal de ese organismo ante las peticiones de la entidad contenidas en dichos escritos.

Segunda.-La situación creada se describe a partir de la existencia de unos derechos económicos reconocidos por el Ayuntamiento, a partir de la formalización de los correspondientes documentos ADOP, según consta en el documento ofrecido por la entidad deportiva de fecha 17/7/2019 y que actualiza el propio ayuntamiento con fecha 22/9/2020.

Nada se informa acerca de las vicisitudes que pudieran explicar la ausencia del pago coherente a partir de la expedición de los sucesivos documentos ADOP y que pudieran enervar esos abonos en función de determinados requisitos. Por tanto, estas obligaciones contraídas no se atienden en el proceso normalizado de proceder a sus abonos respectivos; en el mismo sentido, no parece aceptable que la ausencia injustificada del pago de las subvenciones se atribuya a una supuesta falta de impulso de la entidad beneficiaria a la hora de persistir en estos abonos cuyos sucesivos impagos no han quedado explicados a lo largo de los sucesivos años

Esta singular pendencia sólo presenta algún impulso acreditado en 2010 por parte de la entidad interesada que no obtiene una respuesta formal, salvo alguna manifestación verbal en orden a una posible prescripción que no se formaliza con argumento alguno, ni se concreta en los ejercicios que pudieran verse afectados. A la vista de la documentación aportada, los escritos dirigidos en 2010 (15 de abril de 2010) y en 2011 (11 de febrero y 1 de julio) supondrían una manifestación evidente de reclamación de los pagos pendientes a esas fechas.

Como respuesta municipal, sólo consta la comunicación que se dirige por los servicios de tesorería el 23 de octubre de 2020 a fin de aportar una serie de documentación.

Tercera.- Por tanto, a la vista de la situación, debemos reiterar la necesidad de dar cumplida respuesta a las peticiones del club deportivo superando las manifestaciones informales y carentes de garantía que se han ofrecido a lo largo de diversas gestiones directas del ayuntamiento con la entidad o con motivo de las comunicaciones dirigidas a esta Institución en las que se menciona “la posibilidad”, o bien “la insuficiencia de la documentación aportada para proceder al pago”.

En particular, hemos de considerar la obligación de ese organismo de proceder a evaluar las reclamaciones y, a tenor de los factores que resultan dirimentes para entender la extinción de las obligaciones de pago por supuesta prescripción, se obtenga el pronunciamiento formal y expreso de esa Administración para resolver la reclamación y oponer, en su caso, la causa de la prescripción de los derechos económicos en función de los distintos ejercicios presupuestarios.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir al Ayuntamiento de Jaén la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para resolver sin mayor dilación de manera expresa las reclamaciones de la entidad deportiva reclamando el pago de las cantidades reconocidas en su día acreditando en derecho las razones que fundamenten la resolución dictada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz