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En relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, en la que la parte afectada exponían una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente el derecho a una buena administración, contenido en el artículo 31 de la citada norma, y el obtener resolución expresa y motivada a la solicitud realizada por los interesados ante ese Ayuntamiento, en este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en los referidos expedientes, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

I. Con fecha 13 de junio de 2022 fue registrada de entrada en esta Defensoría escrito de queja presentado por el interesado comunicando que con fecha 23-12-2021 presentó escrito ante el Ayuntamiento de Sevilla en relación a la falta de seguridad existente en los huertos urbanos ante los actos vandálicos que se producen, habiendo transcurrido más de seis meses sin haber recibido respuesta alguna.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó con fecha 6 de julio de 2022 admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Corporación Local una respuesta expresa y motivada a la referida solicitud.

III. Con fecha 8 de septiembre de 2022, procedimos a reiterar nuestra petición al Ayuntamiento de Sevilla, sin recibir resolución alguna al respecto.

En base a los referidos antecedentes y alegaciones tras analizar toda la información, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

En desarrollo de dichas previsiones constitucionales, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, viene a reseñar que «el articulo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

En este contexto, debemos considerar como inherente a una sociedad democrática avanzada el acceso de los ciudadanos a la información pública, contando tanto la Constitución Española (CE) como el Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia (arts 9.2 y 3, 20.1 y 105.b CE., y arts 10.1, 11. 30.1 EAA).

Segunda.- De la obligación de resolver por parte de las Administraciones Públicas.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas inicia su Exposición de Motivos indicando que «La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución».

Continuando en lo que se refiere al procedimiento administrativo, que «… su carácter de común resulta de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al considerar que la regulación del procedimiento administrativo común por el Estado no obsta a que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de Procedimiento Administrativo Común con carácter básico».

Y así, se estipula como una de las garantías de los administrados la obligación de dictar resolución expresa y su notificación en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1), estableciéndose como plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento sin que pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2), o que la norma reguladora del concreto procedimiento no fijen el plazo máximo, en cuyo caso éste será de tres meses.

Partiendo de esta premisa general, en el concreto asunto que nos ocupa el Ayuntamiento de Sevilla creo tiene aprobado -y publicado en su página web-, el Reglamento de Participación Ciudadana como proceso de acercamiento de la gestión de asuntos públicos a los ciudadanos, constituyendo un intento de acercarnos a un modelo de Administración en el que el sistema de democracia representativa se complementa con instituciones que posibilitan la penetración de los ciudadanos en las estructuras administrativas para intervenir en la formación de decisiones que afectan al interés general.

Así, dicho Reglamento viene a establecer (art. 3) los derechos y deberes de los vecinos, entre otros participar en la gestión municipal, ser informado y dirigir solicitudes a la administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con lo previsto en el art. 105 de la Constitución, o exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

En relación a esto último, «las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del Ayuntamiento en petición de aclaraciones o actuaciones municipales se cursarán necesariamente por escrito y serán contestadas en los términos previstos en la Legislación sobre procedimiento administrativo» (art. 15).

A tenor de todo lo anterior, la solicitud realizada por el interesado en el presente expediente ante ese Ayuntamiento ha debido tener una respuesta expresa en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en el registro general de esa Corporación.

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.

RECOMENDACIÓN. - Que se proceda de forma urgente a dar respuesta a la solicitud realizada por el interesado, así como que se adopten las medidas que se consideren necesarias y adecuadas que permitan dar respuesta a los ciudadanos en los plazos establecidos en la normativa que sea de aplicación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la queja identificada con el número señalado en el encabezamiento. Las diferentes actuaciones en el curso de este expediente nos han permitido analizar la situación planteada en la queja y, tras diversos trámites, que a continuación se detallan, hemos considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.

ANTECEDENTES

I. Tuvo entrada en esta Institución escrito remitido por el interesado en el que nos daba traslado de haber interpuesto "... una reclamación a la Policía Local de San Juan del Puerto-Huelva, el día 11/09/2020 y a fecha de hoy sigo sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento …".

El interesado aporta una Hoja de Reclamación de Consumo, que había sido facilitada por la policía local ante su insistencia con poner de manifiesto la atención dada por dos agentes al promotor de la queja y su falta de identificación durante las actuaciones. La citada hoja se había sellado, si bien no se había informado al promotor de la reclamación sobre el trámite que había de dar a las copias entregadas, ni se había tramitado conforme a la normativa de aplicación de Consumo, por lo que nos transmite en la queja a esta Defensoría que y “a fecha de hoy sigo sin obtener respuesta por parte del ayuntamiento, que medidas puedo tomar al respecto?”

II. Reunidos cuantos requisitos formales se prevén en el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la referida queja y, consiguientemente, solicitar del Ayuntamiento de San Juan del Puerto la emisión de informe referido al trámite dado a la reclamación de consumo presentada por el ciudadano.

III. A este respecto, con fecha 24 de marzo de 2021 se nos remite por el Sr. Teniente de Alcaldesa informe sobre la atención dada al reclamante por los Agentes que le atendieron -nº 11383 y 11385-, en el cual se documentaba que ante la solicitud de identificación de los agentes, la Guardia Civil personada a instancia suya, concluye que “el agente de la Policía Local, esta correctamente uniformado e identificado, con su número de identificación profesional que porta en el escudo de pecho.”

Continúa el informe diciendo que “ .. a pesar de lo explicado tanto por los agentes de la Guardia Civil como por los agentes de la Policía Local, el llamante insiste y se reiteran en su idea de poner una hoja de reclamaciones, que es entregada por la Policía Local y rellenada por el llamante, al cual se da las copias legales de su queja para que de el tramite oportuno”.

IV.- A tenor del informe en el que no se concretaba si se le había respondido a la reclamación, ni el trámite dado a la misma, nuevamente se procedió a solicitar expresamente del Ayuntamiento conocer el “trámite dado a la reclamación interpuesta por el interesado, toda vez que la documentación que nos aporta el interesado en su queja consiste en una “Hoja de Reclamación” en materia de consumo para presentar ante la Consejería de Salud”

Atendiendo a nuestra petición, con fecha 22 de junio de 2021 fuimos informados por el Ayuntamiento en el sentido de que “examinadas las versiones de las partes intervinientes, desde esta concejalía no se han apreciado actuaciones meritorias de inicio de acciones disciplinarias”

Y de la misma forma en relación al trámite dado a la reclamación interpuesta por el interesado, se amplia la información recibida con fecha 13 de septiembre del mismo año en el siguiente sentido:

“ (…)

Como se indicó en escrito de 26 de Junio de 2021, del concejal que suscribe de Seguridad Ciudadana y Teniente de Alcaldesa, no se han apreciado en los hechos relativos a la presente queja, actuaciones meritorias del inicio de acciones disciplinarias, con lo que desde el consistorio no se ha cursado trámite alguno relacionado con los hechos referidos.

Añadir que, con independencia de la instancia/modelo utilizado por el denunciante, del contenido del escrito se ha deducido que la reclamación iba dirigida al ayuntamiento al que represento, por lo que no se ha dado traslado a la Consejería de Salud que encabezaba dicha reclamación.

Todo ello con independencia de que el interesado pueda ejercer los derechos que estime pertinentes, ante la jurisdicción que entienda oportuna. Del mismo modo, le participo que se dará traslado al denunciante del resultado de las presentes actuaciones”.

De la misma forma, hemos tenido conocimiento por el interesado que, atendiendo a lo indicado en el informe, se le ha dado “traslado del resultado de las actuaciones”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

En desarrollo de dichas previsiones constitucionales, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, viene a reseñar que «el articulo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

En este contexto, debemos considerar como inherente a una sociedad democrática avanzada el acceso de los ciudadanos a la información pública, contando tanto la Constitución Española (CE) como el Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia (arts 9.2 y 3, 20.1 y 105.b CE., y arts 10.1, 11. 30.1 EAA).

A este respecto, debemos volver a reseñar el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 31 del EAA con la transparencia, que repetimos comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Así, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley autonómica 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, han regulado las obligaciones transparencia de la actuación de los poderes públicos mediante la publicidad activa y el acceso a la información pública.

Segunda.- Del procedimiento administrativo y la normativa de aplicación de la Corporación municipal.

Continuando con la Exposición de Motivos de Ley de Procedimiento Administrativo (LPAC), «... El legislador ha hecho evolucionar el concepto de procedimiento administrativo y adaptando la forma de actuación de las Administraciones al contexto histórico y la realidad social de cada momento … El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas».

En cuanto al objeto de la Ley viene a establecer su artículo primero que «La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, ...».

Para ello otorga capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a «Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles» (art. 3.a), así como la consideración de interesados en el procedimiento administrativo (art. 4.1)».

Este conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, constituye el Expediente administrativo (art. 70.1).

En cuanto a la iniciación de los procedimientos podrán realizarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 53), se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (art. 58), mientras que las solicitudes de iniciación a petición del interesado deberán contener los datos que el artículo 66 establece.

A este respecto la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales viene a establecer en relación a la competencia sancionadora que «Corresponde al Alcalde la sanción de las faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21.1.h), de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local» (art. 37).

La referida norma determina que «El Alcalde es el Presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones:

… h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley.

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j)» (art. 21.1.h) LRBRL).

Por último debemos hacer mención al Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa, norma que pretende clarificar la utilidad real de las hojas de quejas y reclamaciones ya que, con frecuencia, la ciudadanía ve defraudadas sus expectativas.

Así, se configura el mecanismo de hojas de quejas y reclamaciones en dos fases: una primera que pretende, a través de la puesta a disposición general de un formulario fácil de completar y que también se modifica en su Anexo I, la solución de los conflictos de consumo directamente entre empresas y personas consumidoras y usuarias; y una segunda fase, ya administrativa, en la que el Servicio de Consumo de la Administración más próxima a la ciudadanía, tras analizar el conflicto, propondrá una solución o justificará la imposibilidad de alcanzarla, intentará lograr un acuerdo y, en última instancia, asesorará a la persona consumidora acerca de la mejor vía a seguir para garantizar sus derechos.

Se establece en cuanto al objeto y ámbito de aplicación que «el presente decreto no será de aplicación a las reclamaciones relativas al funcionamiento de los servicios administrativos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades públicas, a las que les será de aplicación su normativa específica» (art. 1.3).

Una vez analizados los informes recibidos, a la luz de estas consideraciones, las actuaciones de esta Defensoría se centran en la información facilitada al ciudadano tras solicitar poner la reclamación y en la obligación de contestar en plazo y forma.

En este sentido entendemos que los agentes debiendo conocer las intenciones del reclamante que era poner en conocimiento de la corporación lo que consideraba irregular, debieron de haberle dado un modelo de instancia del Ayuntamiento informándole del trámite posterior y no una “Hoja de Reclamaciones de Consumo”, la cual tiene una tramitación específica que difiere de la anterior.

Con independencia de los trámites que le correspondan al reclamante respecto al trámite de la Hoja de Quejas y Reclamaciones en soporte papel, existe en este caso la obligación de contestar en plazo y forma tal y como se prevé en la normativa de aplicación.

«Cualquiera que sea el soporte, papel o electrónico, para la presentación de una hoja de quejas y reclamaciones, la empresa titular de la actividad que la reciba deberá contestar directamente a la persona reclamante mediante escrito razonado, de manera que quede constancia de la fecha de remisión de dicha respuesta, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la presentación de la misma, constituyendo el incumplimiento de la obligación de contestar en plazo una infracción tipificada en el artículo 71.8.3.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre» (art. 10.1 D. 472/2019).

Para finalizar, indicar que tras la consulta de la página web del Ayuntamiento, hemos podido verificar que la Corporación adolece de un Reglamento de Buen Gobierno, entendiendo que la existencia del mismo permitiría definir los principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública, el comportamiento ético de los servidores públicos, miembros de la Corporación Local y empleados públicos, y mejorar las relaciones de confianza entre la Corporación y la ciudadanía.

Con ello, se podrían establecer como principios generales de la actuación municipal los principios de legalidad, objetividad, igualdad, prevalencia del interés general, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y transversalidad, integridad, confidencialidad, transparencia, austeridad, publicidad, participación, colaboración, simplificación administrativa, modernización y responsabilidad.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se realiza al Ayuntamiento de San Juan del Puerto la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de cumplir los preceptos de legalidad constitucional y ordinaria que hemos referido en la parte expositiva, así como los que son de debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1. - de que se impartan las instrucciones oportunas en las distintas Unidades de Policía Local para que la atención e información que se facilite a los ciudadanos, en relación a las reclamaciones que se interpongan sean no solo veraces sino completas, de forma que se entienda el alcance de los actos.

RECOMENDACIÓN 2. - de que, ante los escritos de quejas presentados por los ciudadanos sean contestadas en plazo y forma.

SUGERENCIA. - de que se proceda a la elaboración de un Reglamento de Buen Gobierno que mejore la relación de confianza entre la ciudadanía y la Corporación municipal.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la queja identificada con el número señalado en el encabezamiento. Las diferentes actuaciones en el curso de este expediente nos han permitido analizar la situación planteada en la queja y, tras diversos trámites, que a continuación se detallan, hemos considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.

ANTECEDENTES

I. Tuvo entrada en esta Institución escrito remitido por el interesado en el que nos daba traslado que hacía 14 meses él y sus perros habían sido agredidos por el perro pitbull de una vecina, y tras poner denuncia ante la Policía Local, aportar parte de lesiones y la presentación de siete escritos debido al cúmulo de irregularidades, aún no se habían tomado medida alguna, continuando esta vecina paseando al perro que es sumamente agresivo todos los días sin bozal.

Los hechos ocurrieron el 23-7-19, personándose dos agentes de la Policía Local que tomaron los datos de las dos partes, y tras acudir en dos ocasiones a la comisaria no es hasta el día 25 cuando le recogen la denuncia y parte de lesiones, indicándose que "se procederá a realizar las averiguaciones necesarias para el esclarecimiento de lo denunciado y su posterior remisión a la autoridad judicial competente".

Al día siguiente (26-7-19) se personan en el domicilio del interesado los Agentes nº 293 y 621, para conocer los datos de la persona denunciada, siendo informados de que ya fueron reconocidos por los agentes que comparecieron el día 23 pero que la denunciada vivía en su mismo edificio en el 1º piso, puerta 3.

Con fecha 21-8-19, ante la falta de información, presenta escrito ante el Ayuntamiento para que se proceda conforme al Decreto 42/2008 de 12 de febrero y Ley 50/1999 de 23 de diciembre. Posteriormente, con fecha 16-10-19 y 12-12-19 se vuelve a solicitar información y copia del atestado con objeto de poder ejercer acciones civiles.

Con fecha 16-12-19 se recibe comunicación del Servicio del Laboratorio Municipal indicando no haber tenido conocimiento de los hechos hasta entonces y que procedían a oficiar a la Policía Local en información de lo ocurrido e identidad de la propietaria del perro para la observación del mismo. Y de la misma forma, con fecha 2-1-20 recibe información de la Policía Local comunicándole que han sido negativas las hasta 5 visitas realizadas a la dirección de (...). A este respecto, indicar que siempre se indicó que la denunciada era vecina del mismo bloque (nº35), 1º piso, puerta 3, con lo que además de tomar mal la dirección, se entiende que "están faltando a la verdad ya que no existe en la calle (….)".

Con fecha 13-1-20, 5-2-20, 14-2-20 y 20-5-20 se vuelve a solicitar ante el Ayuntamiento copia del atestado.

II. Reunidos cuantos requisitos formales se prevén en el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la referida queja en noviembre de 2020 y, consiguientemente, solicitar la evacuación de informe a esa Corporación Municipal, que no es evacuado hasta el mes de mayo siguiente (2021), tras varios recordatorios y advertencias por nuestra parte.

En dicho informe se justificaban las actuaciones de los agentes de policía local, calificándolos de error involuntario, así como las razones -basadas en la Ley de Protección de Datos- por las que no se le facilitaba al interesado la información requerida en sede policial. Sin embargo, tuvimos que solicitar un segundo informe ya que no se hacía mención a las medidas adoptadas con respecto al perro y a la propietaria del animal.

A este respecto, en Septiembre de 2021 recibimos como respuesta que “... identificada la propietaria, se comprueba que la documentación del animal se encuentra ajustada a la normativa vigente, dando en ese instante conocimiento al Jefe del Servicio Zoosanitario de los hechos acontecidos, motivo éste por el que se emplazó a la propietaria a personarse en las instalaciones Municipales del Servicio Zoosanitario al objeto de cumplir con el protocolo establecido al efecto ...”.

Por lo tanto, a tenor de los tiempos transcurridos consideramos oportuno solicitar un tercer informe con objeto de que se concretasen las medidas adoptadas respecto al animal y su propietaria, fecha en que fue identificada la propietaria del animal, fecha en que se da traslado al Servicio Zoosanitario, así como del emplazamiento de la propietaria ante dicho servicio, y protocolo establecido al efecto.

III. En atención a esta tercera solicitud cursada, se recibe en diciembre de 2021 oficio del Ayuntamiento informando lo siguiente:

1. En cuanto a las medidas adoptadas respecto a la propietaria del animal, el atestado fue remitido al Juzgado de Guardia con fecha 23-7-2020, por lo que judicialmente corresponde al Juzgado que en su caso instruya el caso a quien le corresponde adoptar dichas medidas, y administrativamente de conformidad con la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, la administración competente para adoptar medidas es la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

2. Respecto a la fecha en la que se identifica a la propietaria del animal, el 29-9-2020 se requiere a la propietaria del animal agresor para que pida cita previa y lleve al animal al Centro Municipal de Protección y Control Animal (CMPCA), siendo presentado el animal el 21-10-2020 y obteniendo informe de alta de observación antirrábica.

3. Nos traslada las fechas en que se da traslado al CMPCA y emplazamientos de la propietaria.

(….)

4. Respecto al Protocolo en las observaciones por lesiones causadas por animales, tras la recepción de parte de lesiones de facultativo sanitario y denuncia de Policía Local, si se desconoce el propietario se realizan averiguaciones, si no se responde a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud para su conocimiento y actuaciones que procedan, y de conocerse se le cita para que se presente en el CMPCA con el animal.

En la Observación antirrábica del animal en el CMPCA o domicilio, si no hay síntomas de rabia se da el Alta, y si hay síntomas se da conocimiento a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud para su conocimiento y actuaciones que procedan.

5. Entre otras cuestiones trasladadas, se reseña:

(...)

22-10-2020: Informe del Técnico veterinario del CMPCA considerando que no puede ser catalogado como PPP, si bien por su peso tiene que circular por la vía pública con bozal según las Ordenanzas (art. 12.2). Se añade que en el parte informativo de Policía Local de fecha 4-3-2020 se dice, sobre el animal que “ante nuestra presencia el animal presenta actitud dócil, amigable y tranquila”, acompañando documentación sanitaria del animal y fotografías.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

En desarrollo de dichas previsiones constitucionales, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, viene a reseñar que «el articulo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

En este contexto, debemos considerar como inherente a una sociedad democrática avanzada el acceso de los ciudadanos a la información pública, contando tanto la Constitución Española (CE) como el Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia (arts 9.2 y 3, 20.1 y 105.b CE., y arts 10.1, 11. 30.1 EAA).

Segunda.- De la transparencia, la participación y la protección de datos.

Enlazando con la anterior consideración, debemos volver a reseñar el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 31 del EAA con la transparencia, que repetimos comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Así, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley autonómica 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, han regulado las obligaciones transparencia de la actuación de los poderes públicos mediante la publicidad activa y el acceso a la información pública.

Estos principios, introducidos en la tramitación parlamentaria de la Ley 4/1999, son consecuencia de las previsiones constitucionales establecidas en los artículos 23 y 105, y su desarrollo legal en las normas que regulan entre otros el acceso a los registros y documentos públicos, la legitimación para iniciar o participar en los procedimientos administrativos o el derecho de petición.

Con el artículo 105 de la CE. se culmina una largo trayecto normativo que nos lleva del principio del secreto al principio de la transparencia, así los ciudadanos tienen derecho acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, con las lógicas excepciones que la propia norma (art. 37 LRJPAC) o la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establecen.

No obstante, el objetivo de la transparencia perseguido se encontraba solo parcialmente desarrollado, en principio al resultar insuficientes por el limitado ámbito de actuación de los artículos 35 y 37 de la LRJPAC y posteriormente por el desarrollo de las tecnologías de la información que nos permiten un acceso a la información pública disponible. De ahí la necesidad de configurar el derecho de acceso como derecho fundamental que ha venido a regular la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la vez que suple las carencias de la normativa previa subsanando sus deficiencias, crea un marco jurídico acorde a los tiempos e intereses de los ciudadanos.

Ambos principios van de la mano, constituyendo una dualidad difícil de separar, que vienen a suponer una mejora de nuestra condición democrática y en la efectividad al derechos a una buena administración.

De esta forma dicha participación, en relación con los anteriormente mencionados principios de buena fe y confianza legítima, debería suponer la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones adoptadas, si bien para ello es necesario que exista de forma previa unos niveles de transparencia que permitan tener la información suficiente y necesaria.

La Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, vino a regular la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno como ejes fundamentales de toda acción política, estableciendo que «Toda las personas tiene derecho a acceder a la información pública» (art. 12), entendiéndose como tal «... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

La norma autonómica, establecida por la Ley 1/2014, de 24 de Junio, vuelve a reiterar en su exposición de motivos que «sin el conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están obligados a fomentar». De esta forma, reproduce en su artículo 24 el derecho de acceso a la información pública, definiendo en su artículo 2 qué entiende por información pública y el acceso a la misma.

A este respecto, el título IV se dedica al fomento de la transparencia, así el artículo 35 viene a regular la integración de la transparencia en la gestión y el artículo 39 su divulgación.

Por lo tanto, siendo indiscutible el derechos de cualquier ciudadano/a –por sí o por medio de sus representantes legítimos- a tener acceso a la información pública que obre en poder de la administración, tan solo podrá limitarse dicho acceso en los casos específicamente contemplados en la norma (art. 14 LTAIP).

A este respecto, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales recoge expresamente el deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, que será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable (art. 5), el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, aludiendo específicamente al consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado (art. 6).

Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal

Por otro parte, el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos establece las condiciones para que un tratamiento sea válido, y en su apartado 1.f, establece qué se considerará lícito cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Tercero.- Conclusiones.

Realizada la anterior fundamentación de la normativa de aplicación, podemos concluir que los errores o irregularidades cometidos en la gestión y tramitación de los hechos denunciados, ha originado que una mordedura de perro ocurrida en julio de 2019 el animal no haya sido reconocido en el Centro Municipal de Protección y Control Animal hasta algo más de un año después, en octubre de 2020.

Debemos recordar que el interesado acudía a esta Institución en septiembre de 2020 manifestando que hacía 14 meses él y sus perros habían sido agredidos por el perro pitbull de una vecina, y tras poner denuncia ante la Policía Local, aportar parte de lesiones y la presentación de siete escritos debido al cúmulo de irregularidades, aún no se habían tomado medida alguna, continuando esta vecina paseando al perro que es sumamente agresivo todos los días sin bozal.

Desde un principio el interesado manifiesta que la propietaria del animal es una vecina del mismo bloque del primer piso.

A estas irregularidades debemos añadir una falta de coordinación tanto entre las distintas unidades de la Policía Local como con los CMPCA y LMS.

Por otro lado, se ha producido una falta de información y transparencia por parte de la Policía Local, así el interesado ante la falta de información presente escrito con fecha 21-8-19, que reitera con fecha 16-1019 y 12-12-19 solicitando copia del atestado para ejercer acciones civiles, solicitud que reproduce en sus escritos de fecha 13-1-20, 5-2-20, 14-2-20 y 20-5-20.

Una falta de transparencia que también se ha producido ante esta Defensoría, ya que nos hemos tenido que dirigir hasta en tres ocasiones para recibir finalmente una información que a tenor de las fechas indicadas se nos podía haber sido facilitada desde un primer momento.

A este respecto, recibe comunicación de fecha 10-2-2020 indicando que de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no pueden comunicarse datos de tal naturaleza sin consentimiento de los interesados y titulares salvo los solicitados por el Ministerio Fiscal o los Juzgado y Tribunales.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Ayuntamiento de Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los preceptos anteriormente citados.

RECOMENDACIÓN 1. Que conforme al derecho de la ciudadanía a una buena administración, se impartan las oportunas instrucciones a los Servicios Municipales para que el ciudadano obtenga una información veraz, y que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN 2. Que se establezcan sistemas de integración de la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la organización y en la gestión de las solicitudes de información tanto por la ciudadanía como por cualquier organismo que solicite su colaboración.

RECOMENDACIÓN 3. Que se solicite informe al Delegado de Protección de Datos de ese Ayuntamiento sobre cómo acreditar un interés legítimo de un solicitante de información de un tercero sin que conste el consentimiento de éste.

RECOMENDACIÓN 4. Que cuando sea denegado el acceso a la información solicitada en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informe igualmente al solicitante sobre el derecho a contactar o consultar dicha denegación con el Delegado de Protección de datos de ese Ayuntamiento, facilitando sus datos de contacto, en este caso dpd@sevilla.org.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz