La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

Defensor del Menor

Contáctanos

Ayuda

Alerta por correo electrónico de las novedades

DEscripción newsleter

Reclamaciones ante el cierre de clínicas de iDental

Ante la recepción de numerosos escritos de personas afectadas por el cierre de las clínicas iDENTAL demandando información sobre cómo se debe actuar en estos casos, consideramos oportuno informar de que actualmente existen ya varios procesos judiciales en curso, así como actuaciones administrativas por parte de la Consejería de Salud y por parte de los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía.

Para saber cómo actuar, facilitamos enlace a la información que ofrece el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para las personas afectadas por el cierre de alguna de las clínicas iDENTAL:
 http://www.consumoresponde.es/artículos/aviso-cierre-determinadas-clínicas-idental

Recomendamos seguir estas indicaciones y nos ponemos a disposición de cualquier persona que considere insuficiente o inadecuada la respuesta recibida de las Administraciones o entidades afectadas.

El Defensor aboga por un nuevo modelo económico para alcanzar sociedades más justas e inclusivas
  • Participamos en el II Foro Ibeoramericano de Economía Social

 

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reivindicado hoy un nuevo modelo económico en un contexto de cohesión social y de equidad en la distribución de los recursos para alcanzar sociedades más justas, éticas, sostenibles e inclusivas.

En este sentido, ha apostado por la economía social como un instrumento privilegiado para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alcanzar la necesaria igualdad y justicia social que demanda la crisis ecosocial global que atravesamos. " Lo es, porque rescata el apellido social que la economía nunca debió perder, convirtiéndose de nuevo en un medio de intercambio y desarrollo para satisfacer las necesidades humanas, y no como un fin en sí misma", ha dicho.

 

Durante su intervención, ha recordado que la desigualdad social y los procesos relacionados con la pobreza, la defensa del medioambiente, la igualdad de género, el respeto de los derechos humanos y la consecución de sociedades más pacíficas son hoy en día globales: tienen manifestaciones en todos los países y su superación pasa por la acción coordinada y responsables a nivel internacional.

 

"Es por esto, que las instituciones y los agentes sociales de todo el mundo estamos llamados actualmente a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos que abarcan muchas de las áreas necesarias para conseguir un planeta más sostenible e igualitario. Estos objetivos incluyen retos relacionados con el fin de la pobreza, con el derecho a una salud y educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el respeto del medioambiente y la consecución de ciudades y comunidades sostenibles".

 

Estas declaraciones del Defensor del Pueblo Andaluz han tenido lugar durante la ponencia que ha ofrecido este miércoles 5, en Osuna, en uno de los ejes temáticos del II Foro Iberoamericano de Economía Social. Estrategia y Alianzas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, el eje sobre "Inclusión social. Economía social en Andalucía e Iberoamerica".

    El defensor imparte la ponencia central sobre "Inclusión Social. Economía social en Andalucía e Iberoamérica". Osuna (Sevilla)

    El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, imparte hoy la ponencia marco del eje "Inclusión Social. Economía Social en Andalucía e Iberoamérica", que celebra el II Foro  Iberoamericano  de  Economía  Social. Estrategias  y  Alianzas  para  las  ODS", organizado por la Fundación  Escuela  Andaluza  de Economía Social en Osuna y Sevilla del 5, 6 y 7 de junio de 2018.

    El  objetivo  de  este  encuentro consiste  en “compartir  experiencias  en  torno  a  las  dinámicas  del  conjunto  de  las  instituciones,  organizaciones  y  empresas  de  la  economía  social  iberoamericana  que faciliten  la  promoción  del  modelo  en  los  distintos  países  desde  los  Objetivos  para  el  Desarrollo Sostenible (ODS)”, en torno a cinco ejes:

    1. Crecimiento Económico y Trabajo Decente

    2. Ciudades y Desarrollo Local Sostenible

    3. Igualdad de Género e Inclusión Social

    4. Cambio Climático

    5. Alianzas Estratégicas

    II

      Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/3061 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Secretaría General de Servicios Sociales

      El 27 de diciembre de 2017, fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que tiene por objeto regular la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, denominada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que tiene como objetivo garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y laboral.

      Esta prestación ha venido a sustituir al anteriormente denominado “Salario Social”, o Ingreso Mínimo de Solidaridad que regulaba el Decreto 2/1999, dentro del conocido Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y desigualdad en Andalucía.

      Como ya conoce, desde que en Andalucía se decidió crear un ingreso destinado a erradicar la marginació­n y desigualdad en esta Comunidad, hace ya más de 25 años, ha sido una constante la presentación de quejas de la ciudadanía por los retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación, la insuficiencia del presupuesto destinado a la misma para cada ejercicio, así como otro tipo de disfunciones derivadas del propio contenido normativo de los sucesivos Decretos reguladores de este Programa. La recopilación de nuestras actuaciones en las quejas citadas, dio lugar a nuestro Informe Especial al Parlamento de Andalucía, “25 años del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz”.

      Pues bien, hoy como ayer, se está recibiendo ya en esta Defensoría un número, que comienza a ser importante, de quejas de ciudadanos y ciudadanas tanto en nuestra sede como a través de las redes sociales, manifestando su desesperación debido a que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018, aún no saben nada de las mismas, cuando tal prestación les es absolutamente necesaria para poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias, al encontrarse en situaciones de verdadera necesidad.

      No sería necesario acudir si quiera a las dramáticas situaciones que nos describen las personas que se dirigen a nosotros en queja, para poner de manifiesto el nivel de pobreza o de en riesgo de estarlo de amplios sectores de la ciudadanía andaluza, bastando para ello acudir a la Exposición de Motivos del propio Decreto-Ley que nos ocupa, en la que se afirma que según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía (35,4%) está entre las más altas de las regiones españolas, superando en 13,1 puntos porcentuales la media española. En 2016 el riego de pobreza o exclusión social era del 32,2% si empleamos el umbral de pobreza de Andalucía, y del 41,7% con el umbral de pobreza de España; con carencia material severa, está el 7,1% de la población; viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo, el 23,5 %.

      Asimismo, se informa que el estudio realizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a principios de 2017, de personas sin hogar en las ocho ciudades de mayor población de cada una de las provincias andaluzas dio como resultado el número de 1.731 personas sin hogar. Estos datos se traducen además, entre otras situaciones, en familias con menores de edad a su cargo, sobre todo familias monoparentales o monomarentales, sin necesidades básicas cubiertas, o en personas inmigrantes que no acceden a recursos sociales.

      La crisis financiera internacional iniciada en 2008 y el desigual reparto de cargas de su coste derivó en una crisis social y económica que perdura en el tiempo, configurando un escenario económico y social muy diferente al que existía, produciéndose un deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad.

      Los efectos de la reforma laboral en España y la consecuente situación de precariedad laboral ha hecho que la igualdad de oportunidades inherente a los Estados de bienestar se haya mermado notablemente. Esta crisis ha conllevado, igualmente, al empobrecimiento de las clases trabajadoras y medias y a la exclusión de las personas más vulnerables desde la perspectiva económica y social, llegando incluso a imposibilitar el acceso de las mismas a los servicios y derechos más básicos para desarrollarse dignamente como personas.

      Esta situación se ha visto agravada tanto en las mujeres, cuyo acceso y mantenimiento del empleo se ha visto más reducido que en el caso de los hombres, como en las niñas y niños, derivado de las consecuencias directas que sobre la infancia tiene el hecho de que las familias se encuentren inmersas en un proceso de exclusión económica y social.

      El loable intento de corregir de forma urgente esta situación, mediante la implantación de una renta garantizada en Andalucía, la RMISA, puede verse totalmente empañado si la misma no se tramita de forma eficaz y eficiente en los plazos legales previstos para ello, en concreto, en el artículo 32 del Decreto-Ley que nos ocupa, según el cual el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver.

      En vista de todo ello, teniendo en cuenta que el artículo 39.1 de la Constitución Española, indica que «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia» y que el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce, también, un importante número de derechos íntimamente relacionados con las políticas sociales, entre ellos, el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales, a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la Ley, y a la atención social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, conforme a los artículos artículos 10.4.14, 23 y 37.1.7 y 37.2 22 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, haciendo uso de la posibilidad que otorga el artículo 10, apartado 1 de la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se incoa de oficio la presente queja, ante la Secretaría General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

      entravista_al_defensor_del_pueblo_andaluz.mp3

      Más de 170.000 personas acuden al Defensor del Pueblo andaluz en 2017

      El 40% de las quejas nuevas afectaban a la Junta de Andalucía y el 28,8% a ayuntamientos y diputaciones

       

      Un total de 170.872 personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en 2017 en defensa de sus derechos y libertades, ante lo que consideraban una irregularidad o una mala gestión en las actuaciones de las administraciones públicas.

      En su intervención hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2017 de la institución, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha aclarado que, del número total de personas, 143.000 lo hicieron con requerimientos por el Impuesto de Donaciones y Sucesiones. No obstante, los 27.000 restantes que solicitaron una actuación de este comisionado parlamentario entran en la media de las personas que acuden cada año al Defensor y registraron un número superior a 2016, cuando acudieron 22.492.

      Entre otros datos, el Defensor señaló que de las 6.792 quejas nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) que se registraron en 2017, un total de 2.760 (el 40,6%) afectaban a la Junta de Andalucía. Las consejerías de Educación (770), Igualdad y Políticas Sociales (723), Salud (419) y Fomento y Vivienda (419) fueron las más afectadas. De otro lado, las quejas recibidas fueron dirigidas en 1.969 casos (el 28,8%) a los entes locales: ayuntamientos y diputaciones. El resto afectaron a Administración del Estado, empresas prestadoras de interés general, órganos judiciales, universidades, etc.

      A las quejas nuevas se sumó la tramitación de otras más de 3.000 procedentes de años anteriores, hasta un total de 9.815. Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz atendió 10.378 consultas y realizó 675 actividades de promoción de derechos, con un balance global de 20.868 actuaciones. Un año más, la actuación del Defensor del Pueblo andaluz estuvo caracterizada por materias que afectan al Estado de Bienestar, que coparon el 54% de las actuaciones.

      El mayor número de quejas gestionadas en 2017 estuvieron relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas); la vivienda (1.061 quejas); la educación (968 quejas); los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas). Asimismo, las materias que más crecieron fueron igualdad de género (105%); Obras públicas y expropiaciones (32,4%); Dependencia (22,9%) y Consumo (21,9%).

      El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que del total de las quejas gestionadas en 2017, 6.493 expedientes (66%) se cerraron y otro 34% está pendiente. De los 3.305 casos admitidos a trámite y cerrados en este ejercicio, en 2.008 se ha detectado que existe irregularidad de la Administración. De ellos, en 1.899 de los casos, un 94%, las administraciones han aceptado nuestra actuación y el Defensor del Pueblo andaluz ha logrado que el asunto se haya solucionado o se encuentre en vías de solución.

      Sobre la colaboración de las administraciones, Jesús Maeztu ha subrayado que con la Junta de Andalucía ha sido adecuada en el 78% de los casos y con los ayuntamientos, el 63%.

      Por último en cuanto a datos, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que la valoración de satisfacción de los ciudadanos con el trabajo de la institución es de un 7,6, la nota más alta desde que se hacen estas evaluaciones, desde 2004. La nota se obtiene de las encuestas que se remite a las personas que presentan una queja cuando se finaliza el expediente.

      Sobre las actuaciones, el Defensor del Pueblo andaluz ha resaltado la labor realizada el año pasado con la defensa del espacio natural de Doñana, las consecuencias del Brexit para Andalucía o los perjuicios en la población rural del cierre de oficinas bancarias, así como la elaboración de un informe especial sobre la muerte digna y las carencias en su aplicación.

      Por materias, en educación ha vuelto a denunciar un año más la situación de la educación especial. Las quejas siguen creciendo, en este ejercicio, un 12% más que en el año anterior, principalmente por la no dotación de recursos personales a los centros educativos. Este año además la institución recibió quejas por el nuevo decreto que regula el acceso a las guarderías y, en especial, las dificultades para acceder a una plaza para los alumnos en peligro de exclusión social.

      En salud, las quejas relacionadas en el ámbito de la atención especializada fueron más numerosas y ello sin contar con las relativas a la demora en la asistencia, cualquiera que sea su modalidad (consultas, pruebas, intervenciones, ...). El protagonismo siguió recayendo en las listas de espera. Durante 2016 el Defensor cifró las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25% de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en 2017 dicho porcentaje incluso se superó.

      En servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que la ciudadanía sigue denunciando retrasos en la tramitación de las ayudas a la dependencia, tanto en los procedimientos de la Administración autonómica, como de la Administración local, que está generando una tramitación media de hasta dos años, cuadriplicando con ello el máximo legal. Sobre la recién aprobada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, la institución ha iniciado esta semana una queja de oficio para conocer cómo se está desarrollando.

      En vivienda, el Defensor ha llamado la atención por el incremento de lanzamientos derivados de desahucios por impago de rentas de alquiler y por los desalojos por ocupaciones sin titulo de vivienda, tanto públicas como privadas (entidades financieras). Asimismo, Jesús Maeztu ha trasladado su preocupación por el auge de los apartamentos turísticos y las consecuencias que este fenómeno está teniendo en la carencia de viviendas, las expulsiones de inquilinos, el precio de los alquileres o en la pérdida de identidad de los barrios.

      En justicia, el Defensor del Pueblo andaluz ha descrito el colapso en numerosos órganos judiciales, principalmente en aquellos asuntos vinculados a los escenarios de esta situación económica, como son los órganos de lo social -prestaciones de invalidez, jubilación o viudedad- y los juzgados mercantiles. Como novedad, ha comentado el impacto provocado por los litigios derivados de operaciones de préstamos con garantías hipotecarias.

      En relación con suministros básicos, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante 2017 las quejas por cortes derivados de impagos han disminuido, lo que “responderá a una mejora de los mecanismos de respuesta administrativa y a una mayor sensibilidad de las empresas a la hora de utilizar dichos mecanismos ante situaciones de dificultad en el pago de recibos”.

      En empleo, el Defensor del Pueblo andaluz ha anotado que a un buen número de alumnos y alumnas se les sigue adeudando el pago de las ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo, demorándose hasta siete años en un número significativo de ellas.

      Por último, el Defensor ha reseñado que durante 2017, el nuevo servicio de mediación de la institución ha tramitado un total de 57 quejas, de las cuales solo una de ellas es una queja de oficio, abierta en 2016, referida a la intervención mediadora del Defensor del Pueblo en el proceso integral y participativo que se está desarrollando en la barriada de El Puche, en la ciudad de Almería, que ha sido cerrado en este ejercicio con el compromiso de llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos adoptados. Según Jesús Maeztu, la mediación ha procurado un 80% de acuerdos entre las partes afectadas por la queja, sin un solo asunto en el que se haya mediado y las partes no hayan podido lograr un pacto.

      Queja número 18/0612

      En relación con escrito de queja donde el interesado expone que hace un año que presentó demanda de desahucio por falta de pago de la renta, que el juicio se iba a celebrar el pasado diciembre y que se suspendió porque sus inquilinos solicitaron asistencia jurídica gratuita, la Fiscalía Provincial de Cádiz nos traslada lo siguiente:

      Denegación por parte del Colegio de Abogados de la asistencia jurídica gratuita con fecha de entrada en el Juzgado de 12/9/17.

      Comparecencia de 13/10/17 de los demandado por dicha denegación así como la presentación de escrito de misma fecha impugnando dicha denegación en el Registro General del Ayuntamiento de San Fernando con remisión del mismo a la Delegación del Gobierno, secretaría General de la Consejería de Justicia e Interior de Cádiz con dirección en la Plaza de España de Cádiz.

      Diligencia de ordenación de 17/10/17 acordando la suspensión hasta resolución de la impugnación presentada por los demandados.

      A raíz de la impugnación se apertura en el mismo Juzgado Mixto nº 1 de San Fernando procedimiento de impugnación de resoluciones de justicia gratuita con número 948/17 de 13 de diciembre de 2017 por el cual se admite escrito de impugnación. Se elabora escrito por Letrado de la Junta de Andalucía y finalmente se resuelve por Auto de 22 de marzo de 2018 la estimación de la impugnación interpuesta reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de desahucio, notificada a los interesados en fecha de 3 de abril de 2018.

      Por todo ello se puede inferir que finalizado el procedimiento de impugnación (abril 2018) que dio lugar a la paralización del juicio verbal se reiniciará el mismo tras nombramiento de letrado a los demandados.”

      Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/1169 dirigida a Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Profesionales

      RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

      Se adoptan medidas relativas a la  problemática de profesionales del SAS en situación de eventuales interinos.

      30-04-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

      Hemos tenido conocimiento a través de numerosas quejas individuales que se vienen recibiendo en esta Institución, de la situación en la que se encuentran los Médicos de Familia, Pediatras y Enfermeros del SAS, en situación de Eventuales Interinos.

      La problemática que plantean estos trabajadores del Sistema Andaluz de Salud incide en la situación que vienen sufriendo desde hace años, al desempeñar su servicio en unas condiciones de precariedad e inestabilidad laboral, sin apenas opción a poder conseguir una plaza fija, ya que las oposiciones han estado sin convocarse en los últimos años.

      En este sentido, manifiestan que en julio del año 2007 se convocaron unas oposiciones que se resolvieron en septiembre del año 2010, es decir, más de tres años después de su convocatoria. Desde el año 2007 no se volvieron a convocar oposiciones hasta el año 2013, en el que, a pesar de haberse convocado, no se realizaron, por lo que se unieron las plazas ofertadas a otras plazas que se convocaron en el año 2014, que tampoco se realizaron, y que unieron por último a las plazas de la Convocatoria de marzo del año 2015, quedando esta oferta de empleo público como OEP 2013-2015, que se convocó en marzo del año 2015.

      Las personas afectadas denuncian que hace casi tres años que se convocaron y dos años desde que realizaron el examen, pero que aún se encuentran por resolver, estando en el momento actual en la última fase que es la de resolución de la fase de méritos.

      No obstante todo lo anterior, el problema empeora cuando el SAS, aparte de esta OEP 2013-2015 aún sin resolver, en septiembre del año 2016 convocó una nueva OEP para dicho año, de la cual han debido abonar las tasas de examen, pero sin que se sepa aún una fecha para realizar los exámenes pues se han ido posponiendo, por lo que a día de hoy no ha salido publicada ni siquiera la lista de admitidos, a pesar de haber transcurrido 16 meses desde la inscripción y abono de las tasas de examen.

      Por otro lado, ante recientes pronunciamientos judiciales a nivel europeo y la autorización en las leyes generales presupuestarias para proceder a la estabilización laboral de los puestos del sector público que se vienen desempeñando temporalmente, se ha convocado otra Oferta de Empleo Público de Estabilización, que se sumaría a las anteriores pendientes de resolver. Con estas tres convocatorias de oposiciones en el ámbito del SAS, la situación de estos Médicos de Familia, Pediatras de Atención Primaria y Enfermeros es la siguiente:

      * OEP 2013-2015: convocada en marzo del 2015, exámenes realizados en enero y febrero del 2016 y aún sin resolver.

      * OEP 2016: convocada y pagadas las tasas en septiembre del 2016, en Mesa Sectorial aprobada fecha de examen para Medicina de Familia de Atención Primaria y Pediatría de Atención Primaria, el 16 de junio del 2018, y para Enfermería, el 9 de junio del 2018, sin saber si han obtenido plaza o no en la anterior convocatoria; es decir, esperando resolución de las oposiciones del 2013-2015, por lo que desconocen si tienen que presentarse a la siguiente con el escaso tiempo que les queda para preparar el examen en el que optarían a una plaza fija.

      * OEP Estabilización: fijado en Mesa Sectorial las fechas de los exámenes para el 12 de mayo de 2019, Enfermería; 17 de noviembre de 2019, para Médicos de Familia; y 1 de Diciembre del 2019, para Pediatras de Atención Primaria.

      Las personas afectadas afirman que, “sabiendo el SAS que se tardan más de tres años en resolver unas oposiciones, estarán en la misma situación; es decir, se realizarán los exámenes de la OEP de 2016 en junio del 2018 y habrá que seguir estudiando y preparándose las siguientes oposiciones que se realizarán meses después porque no se sabía quién ha obtenido plaza.

      Ante ello, consideran que no es de recibo tratar así a personas trabajadoras afirmando, “que llevamos toda la vida estudiando porque nuestro trabajo así lo requiere, trabajando en condiciones extenuantes sobrecargados con un exceso de la carga física y emocional que supone trabajar con esos horarios, con turnos e inestabilidad laboral y sacrificando nuestra vida personal y familiar, y cuando tienes, después de tantos años sin oposiciones en el SAS, la opción de optar a una plaza fija, te encuentras en la situación que se ha descrito, con la dificultad e inseguridad que este solapamiento de fechas va a generar a la hora de preparar unas oposiciones y hacer unos exámenes”.

      Por ello, la reivindicación de las personas afectadas es que se resuelva lo antes posible la OPE 2013-2015, y que las otras dos convocatorias que quedarían pendientes, que son la OPE del año 2016 y la OPE de Estabilización, se unifiquen en un solo examen, como se hará con otras especialidades y categorías, con la suma de las plazas de las dos convocatorias, debido al escaso tiempo que existe entre los dos exámenes.

      Una vez relatados los hechos que nos describe este colectivo de participantes en estas Ofertas de Empleo Publico, y ante la delicada situación que está creándose, aunque las quejas se están formulando por los afectados de forma individual, esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado procedente y necesario iniciar Actuación de Oficio, en aplicación de lo establecido en el artículo 1.1, en relación con el 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, para que por parte de la Administración sanitaria se nos proporcione información actualizada y especifica sobre la referida problemática y las medidas que se pudieran estar adoptando en relación con las cuestiones que nos han planteado los colectivos afectados.

      En consecuencia, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitamos formalmente la colaboración de esa Dirección General, para que se nos proporcione información actualizada y especifica sobre los extremos anteriormente expresados, sin perjuicio de que nos traslade cualquier otra información y/o documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión, que nos permita contar con los datos necesarios su valoración y poder adoptar una decisión al respecto.

      31-03-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

      La información remitida por esa Agencia, se deduce, entre otras consideraciones, una muy importante: la necesidad que el SAS ha hecho suya de poner en marcha medidas que acaben con los elevados índices de temporalidad en el sector sanitario, tal y como pedían los promotores de las quejas recibidas en esta Defensoría, lo que ha conducido a esa Administración, previa negociación y pacto en la Mesa Sectorial de Sanidad, a adoptar una serie de medidas tendentes a mejorar la estabilidad del empleo en el Servicio Andaluz de Salud.

      Fruto del consenso se han venido adoptando una serie de iniciativas, que en el informe se detallan, que han permitido pactar que se elaborará un Plan bienal de ordenación de los procesos de selección de recursos humanos en esa Agencia, de los procesos de movilidad voluntaria, mediante concursos de traslados, de OEP anuales en los centros sanitarios, teniendo presente la reserva de plazas para personas con discapacidad psíquica con convocatorias en turnos independientes.

      Igualmente importante es la coordinación existente de esa Administración autonómica con el Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente en materia de fechas para las pruebas selectivas de las categorías profesionales más numerosas, aunque ello imponga nuevas exigencias en la ejecución del calendario de esas ofertas de empleo.

      A ello hay que añadir el esfuerzo que desde esta Institución comprendemos que supone la necesidad de dotar al SAS de los recursos personales y materiales necesarios para afrontar con éxito estos procesos, entre los cuales se encuentra la implementación de una herramienta indispensable para el desarrollo y provisión de un sistema de funcionamiento íntegramente electrónico, la Ventanilla Electrónica de la Persona Candidata (VEC), que permitirá -una vez se superen los problemas que han existido en los inicios de su funcionamiento-, agilizar la tramitación, reducir cargas administrativas y automatizar los procesos de baremación al mayor nivel que los avances tecnológicos vayan permitiendo.

      En conclusión, con la normativa para la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2019, y con la que se realice para este año 2020, si las condiciones lo permiten, esa Dirección General pretende culminar la planificación de las ofertas de empleo para dar estabilidad y mayor calidad al empleo en el sistema sanitario de Andalucía, y según se afirma, reducir el uso de la temporalidad solo a situaciones para atender necesidades puntuales de personal, estimadas en un 8% máximo para el conjunto del sistema sanitario estatal. Esa Administración concluye afirmando que el esfuerzo de aprobar la creación y convocatorias de unas 35.000 plazas en estos 7 años, supone triplicar los puestos ofertados en los 20 años anteriores en la sanidad pública.

      A su vez, se nos informa que actualmente los tiempos de ejecución de cada nuevo proceso selectivo se han acelerado, y el compromiso es de aún más, haciendo constar como ejemplo de todo ello, respecto a las tres categorías profesionales en base a cuyas denuncias se inició esta actuación de Oficio, que:

      En Médico/a de Familia de Atención Primaria: en la OEP 2013-15 (hoy finalizada) entre la convocatoria y el examen transcurrieron unos 11 meses. Por el contrario, en la OEP de Estabilización, entre la convocatoria y el examen solo habrán transcurrido 6 meses.

      En Pediatría de Atención Primaria: en la OEP 2013-15 (hoy finalizada) entre la convocatoria y el examen transcurrieron unos 11 meses. Por el contrario, en la OEP de Estabilización, entre la convocatoria y el examen está previsto que transcurran poco más de 6 meses.

      En Enfermería: en la OEP 2013-15 (hoy finalizada) entre la convocatoria y el examen transcurrieron unos 11 meses, y entre la convocatoria y el listado de personas que superaron la fase de oposición transcurrieron 22 meses. Por el contrario, en la OEP de Estabilización entre la convocatoria y el examen han transcurrido 4 meses, y entre la convocatoria y el listado de personas que superaron la fase de oposición sólo 6 meses.

      A fecha de hoy, de las 119 convocatorias que han producido en base a las Ofertas Públicas de Empleo para 2016, OEP 2017 y OEP de Estabilización, 107 de ellas han finalizado la fase de oposición y publicados los listados de las personas que las han superado.

      En consecuencia con toda la información expuesta, y en la consideración de que nos encontramos ante un nuevo tiempo en relación con estos procesos selectivos, aunque habrá que realizar un seguimiento del tema para estar “in vigilando” que los problemas y dificultades surgidas en convocatorias anteriores no vuelvan a producirse, y el nuevo método de trabajo implementado por esa Administración garantice al sistema agilidad y transparencia en esos procesos, le comunicamos que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en la presente actuación de Oficio, así como en los expedientes de queja con ella relacionados, a cuyas personas promotoras se les dará debida cuenta de todo lo actuado y de la resolución adoptada.”

       

      Por todo lo anterior, hemos procedido a dar por concluidas nuestras actuaciones en la citada Actuación de Oficio y por consiguiente en todos los expedientes de queja con ella relacionados.

      16 h: Presentación del Informe Anual 2017 del dPA en Comisión del Parlamento
      La Oficina de Atención Ciudadana se desplaza a La Janda (Cádiz) los días 6, 7 y 8 de junio

      La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en la comarca de la Janda, en Cádiz, los próximos días 6, 7 y 8 de junio para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

       

      El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, sunimistros de luz y agua, etc.

       

      La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se instalará cada día en un municipio diferente para favorecer el desplazamiento al mayor número de vecinos y vecinas de las localidades próximas. Así, el miércoles 6 de junio atenderá las quejas y consultas ciudadanas en Medina Sidona, en la sede de la Mancomunidad de municipios de la comarca, en calle San Juan, nº 12. El jueves 7, estará en Barbate, en la Casa de la Juventud, sita en Avenida del Mar, 58. Y el viernes 8, en Conil, en Centro de Interpretación de La Chanca, en la Biblioteca municipal, en calle Almadraba, s/n.

       

      El horario de atención al público será de de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, excepto el viernes 8 (de 9.00 a 14.00 Horas).

       

      Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También por twitter (@DefensorAndaluz) o por facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz).

       

      El Defensor del Pueblo Andaluz también tiene previsto reunirse con los alcaldes de la zona, representantes de asociaciones, y entidades con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

       

      Queja número 18/0184

      Interesado presenta escrito de queja en relación a problemas de recepción de canales de TDT en Alcalá del Valle.

      En fecha reciente hemos recibido informe de la Dirección General de Comunicación Social del que pasamos a transcribirle a continuación fragmento del mismo:

      En el marco de esta iniciativa el municipio de Alcalá del Valle cuenta con un centro local de titularidad del Ayuntamiento, cuya área de cobertura abarca la totalidad del núcleo de población y desde el que se hace la reemisión de los siguientes múltiples:

      • RGE1 (La 1, La 2, Clan, 24h y la 1 HD)

      • MPE1 (Disney Channel, Paramount Channel, Discovery Max y Gol TV)

      • MPE2 (A3, A3 HD, La 6 HD, Neox y Nova)

      • MPE3 (T5, Cuatro, FDF, Divinity, T5 HD y Cuatro HD)

      • MPE4 (Energy, Boing, Mega y 12 TV)m

      El múltiple MPE (Atreseries, BE Mad y Real Madrid TV) no se emite desde este centro local.

      Las emisiones autonómicas se reciben en el municipio desde un centro titularidad de Axión denominado Alcalá del Valle.

      Corresponde al Ayuntamiento de Alcalá del valle, como titular del centro local, adoptar las medidas necesarias para su adecuado mantenimiento y funcionamiento. De este modo si se constata la existencia de una incidencia generalizada en el núcleo de población cubierto por el centro, con problemas de recepción del os contenidos correspondientes a los múltiples que se emiten desde el mismo, el Ayuntamiento debe ser informado de dicha situación a fin de que pueda promover la ejecución, por técnicos competentes, de las intervenciones necesarias para resolver la incidencia.

      Entre las funciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de sus Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, se encuentra la realización comprobaciones técnicas de emisiones radioeléctricas a fin de identificar, localizar y eliminar interferencias perjudiciales o perturbaciones en los sistemas de radiocomunicación. De este modo en el supuesto de que los problemas de recepción de los contenidos correspondientes a los múltiples que se emiten desde el centro local tuvieran su origen en interferencias producidas en la señal reemitida, generadas por otro servicio disponible en el núcleo, corresponde a la Jefatura Provincial de Cádiz adoptar las medidas que resulten necesarias para subsanar dicha situación.”

      • Defensor del Pueblo Andaluz
      • Otras defensorías