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La interesada, víctima de violencia de género, exponía que llegó junto con su hija de 14 años a Málaga huyendo de su pareja, que la maltrataba. Tras vivir en una casa de acogida consiguieron un poco de dinero para poder pagar los dos meses de alquiler que les pedían por adelantado.

No obstante, a los dos meses les llegó una orden de desahucio a nombre de otra persona. Su casero había desaparecido, denunció la situación, pero el desahucio siguió su curso y se enfrentaron al desalojo el día 28 de junio.

Intentó negociar con la entidad bancaria propietaria del inmueble el alquiler social, sin respuesta. Le había sido concedida la ayuda al alquiler, por tres años. Sin embargo, no encontraban vivienda donde realojarse.

Solicitado informe al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, se nos participaban las diversas intervenciones que el Ayuntamiento había estado realizando, por lo que podíamos concluir que se le había venido prestando la colaboración y ayuda necesaria en orden a poder satisfacer la necesidad de vivienda asequible para la interesada y su hija. Asimismo, dado que en ese momento se encontraba alojada en un piso de emergencia proporcionado por dicha administración municipal, no estimamos oportuno proseguir con nuestras actuaciones.

A la vista de la respuesta dada por la Secretaría General de Vivienda a las Sugerencias formuladas por esta Defensoría, procede el cierre de la queja citada al aceptarse la Resolución.

En su informe, la mencionada Secretaría General indica que la reunión con representantes de la SAREB tuvo lugar el 4 de octubre de 2018 y estuvieron presentes el Director de Responsabilidad Social Corporativa de la citada Sociedad y dicha Secretaria General, procediéndose a analizar la evolución del Convenio suscrito el 21 de junio de 2016, reconociéndose las dificultades en encontrar viviendas apropiadas para el objetivo perseguido con la firma del citado Convenio y emplazándose ambas partes a un nuevo encuentro para revisar los términos del Convenio para, en su caso, proceder a su modificación.

Con fechas 6 de marzo de 2018 y 9 de mayo de 2018 se procedió a la firma de nuevos contratos de cesión en usufructo de viviendas para su administración y gestión en alquiler asequible. Concretamente mediante el contrato de 6 de marzo se cedieron 14 nuevas viviendas, de las cuales 7 se encontraban disponibles y 7 ocupadas Igualmente, a través del contrato de 9 de mayo se cedieron otras 14 viviendas, con el mismo número de disponibles (7) y ocupadas (7). En conjunto, de las 400 viviendas inicialmente previstas, a fecha de elaboración del informe que nos ocupa se habían cedido un total de 308 viviendas, 214 de las cuales se encontraban disponibles inicialmente y 94 ocupadas.

En cuanto a las Sugerencias formuladas, la Secretaría General de Vivienda exponía las siguientes consideraciones:

1. Realizar gestiones para formalizar la cesión de las restantes 120 viviendas de que dispone SAREB en Andalucía: Se acepta y, de hecho, se vienen realizando dichas gestiones. Así, se habían cedido 28 nuevas viviendas, quedando pendientes 98 para completar el Convenio. No obstante, señalaban las dificultades en encontrar viviendas apropiadas para destinarlas a alquiler asequible y paliar el problema social de escasez de oferta de vivienda en los municipios con mayor demanda de vivienda.

2. Coordinación con las administraciones locales andaluzas en cuyos municipios radiquen las viviendas cedidas: Dicha labor de coordinación ha de realizarse forzosamente por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a la que la Consejería había encomendado la gestión del contrato suscrito en su día con la SAREB, toda vez que la ocupación efectiva de las mismas había de realizarse a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas. No obstante, se aceptaba la Sugerencia y se instaría a la citada Agencia a reforzar los mecanismos de coordinación.

3. Realizar actuaciones necesarias con los organismos competentes para recabar información de las viviendas del Fondo Social de la Vivienda. Con independencia de que la Consejería ya en su día solicitó de la Administración General del Estado la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de dicho Fondo y fue denegada, se acepta la Sugerencia formulada y se recabaría la información señalada.

Ver actuación de oficio

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, nos informa de las campañas que viene realizando para concienciar a la ciudadanía de las consecuencias para el medio ambiente y para las infraestructuras públicas de arrojar a los inodoros toallitas húmedas y otros residuos.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, que la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, emprendió en 2017 una campaña para que no se tiren en los inodoros las toallitas húmedas por el problema de atasco que generan. Estos residuos, junto con otros, provocan atascos y roturas en las infraestructuras de saneamiento, tanto en las tuberías como en las depuradoras ya que dañan los sistemas de bombeo.

Al mismo tiempo, las redes de alcantarillado también se ven afectadas por estos residuos, lo que se traduce en que con frecuencia se produzcan, también, atascos en sus tuberías.

Por otro lado, estos residuos tienen un efecto contaminante por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el papel higiénico, no se descomponen en contacto con el agua. Esto, con la consecuencia de que, además de afectar a las estaciones de impulso y bombeo, al acumularse con otros residuos provoca atascos, dando lugar a la emisión de malos olores e, incluso, vertidos de aguas fecales a la vía pública.

Esto, además de las disfuncionalidades y molestias, a veces importantes, que provoca, conlleva un gasto importante para las administraciones públicas y para la ciudadanía, por cuanto que, siempre según los datos a los que ha tenido acceso esta Institución, estos residuos, que se arrojan al inodoro, terminan por incrementar entre 4 y 6 euros por persona y año los costes de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales.

La situación cambiaría drásticamente si existiera una sensibilización clara por parte de la ciudadanía, pues bastaría con que ésta depositara estos residuos en el lugar idóneo en vez de tirarlos en el inodoro. Los beneficios serían múltiples, tanto en el ahorro de costes como en la protección del medio ambiente.

Por todo ello, en su momento nos dirigimos a la citada asociación para que completara la información a la que tuvimos acceso sobre el problema que representa el indebido depósito de estos residuos en los inodoros con objeto de trasladar a las administraciones públicas la necesidad de adoptar medidas para evitar estos hechos, así como conocer, en síntesis, las posibles medidas que se podrían adoptar, además de concienciar a la ciudadanía, para fomentar que se cambien estos comportamientos.

En la respuesta que nos facilitó la citada asociación nos trasladaba su agradecimiento por esta iniciativa y ponía en nuestro conocimiento las diversas actividades de divulgación y comunicación en lo relativo al arrojo indebido de toallitas en inodoros, con los consecuentes problemas económicos, ambientales y de gestión de las infraestructuras derivados. También nos informaba de que seguían desarrollando una labor de recopilación y actualización de los datos y cifras asociados a esta problemática, en relación también con las posibles medidas adicionales de concienciación y buenos hábitos a proyectar en la ciudadanía.

Valoraban muy positivamente nuestra iniciativa de trasladar a las diferentes administraciones la necesidad de adoptar medidas para evitar estos hechos y circunstancias. Estaban realizando diversas campañas de sensibilización en torno a esta cuestión (#ToallitasALaPapelera es una de ellas) con el objetivo de concienciar sobre la responsabilidad ciudadana y creciente necesidad de compromiso con buenas pautas y hábitos en ámbitos como el doméstico o el educativo, a través de mensajes clave a la población infantil.

En este escenario, se habían propuesto, en coordinación con la administración andaluza, realizar una campaña estratégica de comunicación y divulgación para su inserción y materialización en el entorno escolar con la idea de concienciar a los más pequeños, aunando educación y sensibilización medioambiental a través de la interacción en el aula, innovación y tecnología.

A la vista de esta respuesta, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones dado que la apertura de la actuación de oficio había conseguido su objetivo, conocer las actuaciones que estuviera realizando esta asociación. Con esta respuesta y en un contexto más amplio en materia de residuos nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la actuación de oficio 18/1733, para conocer su posición.

Ver actuación de oficio

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Algeciras toma conciencia del deficiente estado de conservación y mantenimiento de una zona verde de la ciudad, ordenando la ejecución de medidas necesarias para su adecentamiento.

En su escrito de queja, el interesado, como representante de una plataforma vecinal del municipio gaditano de Algeciras, denunciaba el estado del arbolado de la zona verde de la localidad, que “sufre la sistemática desaparición de árboles de norte a sur”, que “presenta perforaciones mecánicas con secreciones en los troncos de encinas y eucaliptos” y que “a simple vista se puede apreciar gran cantidad de tocones resultado de la tala practicada en las encinas”. Además, añadía que “dicho espacio público municipal es zona verde, con mobiliario urbano y presente numerosos accesos particulares a la zona de uso público. Tal circunstancia entendemos que supone un uso privativo del área de uso general”. Siempre según la plataforma vecinal “de manera programada viene manteniendo el lugar a través de los servicios de limpieza y de parques y jardines como prueba las sucesivas podas, limpiezas periódicas, limpiezas de choque, tratamiento contra la procesionaria del pino que queda, etc. Los servicios municipales solícitos, retiran los árboles que acaban secándose”.

Consideraba la plataforma vecinal que “es deber de disciplina urbanística velar por la protección del patrimonio medio ambiental de la ciudad y acometer las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan General Municipal de Ordenación, de manera que si se produce un incumplimiento, proceder en consecuencia. Es decir, con independencia de la responsabilidad del mantenimiento del espacio público no por ello ha de admitirse la pérdida del patrimonio medio ambiental por cuanto los instrumentos municipales especializados en razón de la materia han de incoar expediente y repercutirse los costes ocasionados al responsable”.

Sobre estos hechos, habían presentado escrito en el Ayuntamiento solicitando información, pero no habían obtenido respuesta, por lo que acudían a esta Institución.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Algeciras, éste, en su respuesta, nos trasladó varios informes emitidos por policía local, ingeniero técnico forestal, arquitecto técnico de planeamiento y arquitecto de patrimonio, en los que se ponía de manifiesto la situación física y jurídica del espacio objeto de la queja. De estos informes se desprendía la confirmación de los motivos que llevaron a su presentación, de ahí que la Concejalía de Medio Ambiente nos indicase en su oficio de remisión que del contenido de tales informes “e indicaciones que participan se han dado cuenta a la Delegación de Parques y Jardines y al Departamento de Disciplina Urbanística, al objeto de que en su caso inicien las actuaciones pertinentes”.

Por tanto, entendimos que el problema se encontraba en vías de solución por lo que procedimos al archivo de este expediente de queja, aunque, en nuestro escrito de cierre, interesamos del Ayuntamiento que se tomasen todas las medidas necesarias para que el espacio objeto de esta queja sea recuperado y debidamente adecentado y conservado, conforme a su naturaleza y destino.

Tras ello, hemos recibido un nuevo escrito del Ayuntamiento en el que nos indicaba que se había dado cuenta a la Delegación de Urbanismo (“al objeto de que en su caso se inicien las actuaciones pertinentes”) de las circunstancias que, gracias a la tramitación de la queja, se habían puesto de manifiesto en este asunto.

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga decreta el cierre de un bar-restaurante con parque infantil de bolas, por no cumplir las condiciones impuestas en la autorización concedida en su momento, generando elevados niveles de ruido que sufren quienes residen en las viviendas colindantes.

El interesado indicaba en su escrito de queja que bajo su vivienda se ubicaba un establecimiento con actividad de bar-restaurante y parque infantil de bolas, que generaba elevados niveles de ruido. Había denunciado estos hechos, en varias ocasiones, al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga). Siempre según el interesado, al establecimiento en cuestión se le había concedido licencia sujeta a diversos condicionantes, que al no ser cumplidos, provocó que el local fuera clausurado en su día, pero el local permanecía abierto con la seguridad, siempre según el interesado, de que no se habían ejecutado obras de ningún tipo de aislamiento acústico para que la actividad no superara los límites de ruido establecidos en la normativa.

En este sentido, aseguraba que sufría ruidos de todo tipo, tales como música a elevado volumen, arrastre de mobiliario, gritos de niños jugando y de los padres, usuarios hablando, fuertes olores en el interior de su vivienda y en las zonas comunes de la urbanización. Toda esta situación estaba generando perjuicios en la salud de todos los miembros de la familia, algunos de ellos estaban bajo tratamiento médico.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, éste nos comunicó, a través del informe remitido por el técnico municipal, que el establecimiento estaba tramitando licencia de apertura mediante declaración responsable, procedimiento que, en aquel momento, estaba pendiente de realizar medición acústica en el interior de las viviendas colindantes. También nos indicaban que el establecimiento estaba cerrado por resolución municipal.

Por tanto, entendiendo que se había atendido la pretensión del interesado de que el establecimiento permaneciera cerrado entretanto tramitaba la apertura mediante declaración responsable, en la que se han de cumplir las exigencias técnicas que habiliten el desarrollo de la actividad sin menoscabo de sus derechos como colindante, consideramos que no procedían nuevas actuaciones por parte de esta Institución, por lo que archivamos el expediente de queja.

El Ayuntamiento de Carboneras apaga y deja de utilizar el sistema de climatización del edificio municipal debido a los elevados niveles de ruido que genera en las viviendas y edificios colindantes a la sede municipal.

La interesada denunciaba en su escrito de queja los ruidos que debía soportar provenientes del aparato de aire acondicionado del edificio en el que tiene su sede el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), de grandes dimensiones, dado que este edificio era colindante al que constituía su domicilio. Aseguraba que llevaba diez años denunciando estos ruidos y, en prueba de ello, nos remitía copia de varios escritos que desde el año 2008 había presentado en el ayuntamiento, sin que hasta aquel momento se hubiera tomado medida alguna al respecto, pese a que en muchos de esos escritos indicaba que su salud se estaba ya viendo afectada seriamente.

También nos remitió un estudio acústico del ruido generado por este aparato, realizado por un técnico acreditado en contaminación acústica, de octubre de 2017, en el que se concluía que superaba, en todas las evaluaciones, los límites del Decreto 6/2012, fijándose en 6 e incluso 7 dBA lo que se establece como límites en el mismo, por lo que se debían adoptar medidas correctoras. Las conversaciones que había tenido con técnicos municipales o cargos políticos sólo habían servido, siempre según la interesada, para que redujeran el horario de encendido de la máquina, insuficiente dado el nivel de ruido que generaba, y dada la cercanía, a solo 7 metros de su domicilio.

Tras dirigirnos al citado ayuntamiento, éste nos indicó que, coincidiendo con una avería del aparato, habían ordenado el apagado del mismo y que no iban a volver a utilizarlo hasta que se sustituyera el sistema de climatización municipal, que en aquellos momentos estaban presupuestando y que acometerían cuando tuvieran disponibilidad presupuestaria para ello.

Por tanto, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte pues había desaparecido toda emisión sonora al permanecer apagado el aparato, con lo que archivamos el expediente de queja.

El Ayuntamiento de Punta Umbría, ante el ruido que generan unos motores frigoríficos del mercado municipal, toma la decisión de presupuestar las obras necesarias para corregir esos ruidos y poder ejecutar las medidas de aislamiento.

En su escrito de queja, el interesado denunciaba el ruido que sufría en su domicilio, en el municipio onubense de Punta Umbría, con motivo del funcionamiento de dos motores que alimentaban las cámaras frigoríficas de los puestos del mercado de abastos municipal, situado en la acera de enfrente a su vivienda: “Estos motores se colocaron allí en su día de forma un tanto forzada por variación del destino que se le iba a dar al edificio, ya que en principio no se proyectó como mercado, sino como centro comercial. Los motores emiten un fuerte ruido a intervalos de tiempo durante todo el día y toda la noche, que me perturba el sueño y me impide disfrutar del descanso nocturno”.

Tras conversación con los técnicos municipales y después de una visita de éstos, reconocieron el ruido que provocaban los motores, pero no se realizó actuación alguna por lo que tuvo que denunciar estos hechos. La solución que proponía el Ayuntamiento era que se colocara, en el edificio donde se encontraba el mercado, un tabique aislante con puerta en el pasillo, entre los motores y el muelle de carga, que impidiera el paso del ruido al exterior. Sin embargo, hasta aquel momento, ni se había ejecutado ese tabique ni había vuelto a tener noticias de este asunto por parte del Ayuntamiento.

Aseguraba el afectado que en todo momento el Ayuntamiento había reconocido este problema y las molestias que generaba, y la necesidad de darle una solución y “tan es así que he tenido conocimiento extraoficialmente que han presupuestado el coste de la construcción del muro con la puerta y los aislantes”, aunque supone que la inactividad actual obedece “a la escasez de fondos”, lo cual considera que no habilita para incumplir la normativa, ya que, finaliza, “no puedo dormir ni disfrutar de un descanso reparador en condiciones normales, ya que tengo que pasar la noche con las ventanas cerradas, pasando calor, y aún así es muy molesto, así que imagínese si abriera las ventanas”.

Tras dar traslado de esta situación al Ayuntamiento para que nos remitiera su respuesta, éste nos indicó, en esencia, que tras una visita de inspección por parte de técnicos municipales al foco ruidoso “se ha elaborado el presupuesto y las mediciones para ejecutar la reforma en la zona del muelle de carga del mercado por parte del arquitecto técnico municipal”, y que “Actualmente, desde los servicios técnicos municipales de urbanismo se ha solicitado presupuesto a diferentes empresas especializadas en materia acústica para la ejecución de la actuación tendente a la reducción o desaparición de los decibelios emitidos hacia el exterior y posteriormente, se realizará la asignación presupuestaria necesaria”. Ello no obstante, también se indicaba que “no hay una fecha programada, pero se están haciendo las gestiones oportunas para ejecutar la actuación a la mayor brevedad posible”.

A la vista de esta información, consideramos que el asunto objeto de la queja se encontraba en vías de solución, por lo que procedimos a su archivo.