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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba que, sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, y con ello permitir un mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada que se encuentran en una situación límite y que la falta de estos ingresos, los coloca en una situación de verdadera urgencia social que les impide subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22/07/2021, compareció en esta Institución D (...), y en su queja nos trasladaba la demora en resolver su solicitud de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía que había solicitado en noviembre de 2020.

2.- Con fecha 17/11/2021, hemos recibido el informe de esa Delegación en el que se nos informa que “Con fecha 14 de octubre de 2021 se emite requerimiento de documentación, notificado a la persona interesada el 26 de octubre de 2021, en el que se solicita: “APORTAR CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO-FAMILIAR”.

“(...) En caso de que se reunieran todos los requisitos necesarios para poder acceder a esta prestación los efectos económicos se producirán a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de solicitud, siendo por tanto los efectos económicos desde el 01/12/2020.”

3.- Trasladado dicho informe a la promotora de la queja, esta nos alega la falta de resolución expresa de su solicitud, incidiendo la promotora en fecha 30 de noviembre de 2021, en que ya presentó la documentación requerida por esa Delegación Territorial.

A la vista de cuanto antecede, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Nos ocupamos en la presente queja de un tema recurrente en esta Defensoría, que es la demora en la resolución de la renta mínima de inserción social de Andalucía, regulada en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el marco de los derechos reconocidos en el texto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Se trata de una prestación económica garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción social, que además se contempla de forma expresa en el artículo 42 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, con reconocimiento de su carácter de derecho subjetivo y exigible a las Administraciones Públicas.

No podemos obviar que se constituye como un instrumento para frenar e invertir los procesos de vulnerabilidad y exclusión social que conlleva a la población que se encuentra en dichas situaciones, a la incapacidad de ejercer derechos sociales y entre sus fines, nos encontramos, reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía.

El procedimiento administrativo para su concesión se regula de forma expresa en el artículo 32.2 de la norma reguladora, donde se prevé que el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y de cumplirse todos los requisitos exigidos en la norma, se traduce en una prestación económica mensual que se devenga a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de doce meses.

Con lo que, a partir del tercer mes, la ciudadanía tendría derecho a su regular percepción de reunir los requisitos para ello, y de esta forma atender a las situaciones sociales de urgencia y exclusión que acompañan estas peticiones.

En tanto que procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española que regula que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Abundando en el plazo máximo para resolver, traemos a colación el artículo 21, párrafo 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, que establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, sin que en ningún caso la Administración se pueda eximir de esta obligación de dictar resolución expresa.

Es innegable que la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, citadas con anterioridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que sin más dilación, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente, y con ello permitir un mínimo de subsistencia a las personas en situación de vulnerabilidad social demandantes de esta prestación garantizada que se encuentran en una situación límite y que la falta de estos ingresos, los coloca en una situación de verdadera urgencia social que les impide subvenir a necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, vivienda y suministros básicos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Marbella a nuestra petición de que nos mantuviera informados, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de falta de seguridad vial formuladas por la persona interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una persona que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico.

ANTECEDENTES

1.- La persona reclamante, transcurrido aproximadamente un año desde que dimos por concluidas nuestras actuaciones en un expediente de queja anterior motivado por los problemas de seguridad vial que afectaban al Camino de la Montúa del municipio de Marbella, nos exponía lo siguiente:

“Lamentablemente esta carta es para informarle que ninguna de las acciones prometidas en el decreto ha sido promulgada y ahora ha pasado más de un año, por lo tanto, le preguntamos si sería lo suficientemente amable como para intervenir en nuestro nombre una vez más.

Ha habido más daños a las propiedades y, en diciembre de 2018, un accidente muy grave cuando el automóvil de un vecino de la casa No. 40 fue forzado a salir del borde desprotegido del acantilado hacia el valle inferior debido a que otro automóvil que venía sobre un curva ciega. A alta velocidad en el lado equivocado del camino. El vecino sufrió cortes y magulladuras y el coche quedó completamente destruido. La policía asistió pero dijo que no pudieron hacer un reporte porque el otro conductor no se detuvo. El Ayuntamiento de Marbella fue notificado aún, casi 5 meses después, ni siquiera de ha instalado una barrera protectora temporal o ningún tipo de señalización de advertencia.

Este camino fue resurgido aproximadamente hace un mes, hay obras en otras áreas de Marbella, y el Ayuntamiento ha anunciado públicamente que ahora están asumiendo la responsabilidad del mantenimiento de los caminos dentro de las urbanizaciones individuales que anteriormente era la responsabilidad de la comunidad de propietarios.

Por lo tanto, no podemos entender por qué no se ha instalado una señal de seguridad en este camino público de aproximadamente un kilómetro de largo, a pesar de tantos años de quejas con pruebas, promesas escritas o el Decreto en respuesta a su intervención.”

En vista de todo ello, procedimos a abrir nuevo expediente de queja y, al amparo de lo establecido en el artículo 18.1.de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, interesamos informe a ese Ayuntamiento sobre las causas por las que, según lo manifestado por la reclamante, aún no se habían llevado a cabo las medidas anunciadas en el Decreto 3727/2018 para mejorar la seguridad vial del camino público que nos ocupaba y, en todo caso, para que nos indicara el plazo aproximado en qué podrían acometerse las mismas.

2.- En la respuesta municipal recibida se nos indicaba que, si bien no se habían finalizado la totalidad de las medidas anunciadas para mejorar la seguridad vial en el Camino de la Montúa, sí se ha llevado a cabo el asfaltado y señalización horizontal de gran parte de la citada vía, así como la mejora de la señalización horizontal y vertical de acceso a la Urbanización La Montúa, trabajándose en la señalización vertical de limitación de velocidad a 30 kilómetros/hora y en la instalación de elementos transversales de calmados de tráfico en la zona sin viviendas al borde de la calzada. También se informaba que se estaban estudiando alternativas viables para la instalación de barreras laterales rígidas en los límites de la vía, cuestión complicada por la estrechez del camino y lo escarpado del terreno.

Valorando positivamente las actuaciones ya ejecutadas y las que se encontraban en marcha, quedamos a la espera, de que se nos mantuviera informados de la alternativa por la que finalmente se optara para la instalación de las barreras laterales rígidas y del plazo aproximado en que podrían colocarse en aras de garantizar la seguridad vial en este camino.

3.- En el informe remitido se nos indicó que se estaba tramitando la retención del crédito necesario para llevar a cabo la instalación de la señalización vertical y elementos de calmado del tráfico necesarios en la zona y que, en pocas semanas, se procedería a la consecución de dichos trabajos. También que se había reiterado a la Delegación de Obras que fueran instalados los quitamiedos “barreras laterales rígidas”. En consecuencia, nos dirigimos nuevamente a ese Ayuntamiento solicitando que nos mantuviera informados del comienzo de los trabajos de instalación de la señalización vertical, elementos de calmado del tráfico y barreras laterales rígidas a los que se refería (disponible en sede electrónica).

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 20 de abril y 29 de mayo de 2020 (disponibles en sede electrónica), pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 21 de septiembre de 2020.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta ignoramos si están siendo impulsados debidamente el expediente de instalación de señalización vertical, elementos de calmado de tráfico y barreras laterales rígidas. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1, del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2, del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3, del deber legal de observar los artículos 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

RECOMENDACIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de falta de seguridad vial formuladas por la interesada, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de una ciudadana que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alanís a nuestra petición de que nos informara sobre las medidas a adoptar para facilitar el acceso a la documentación y copias reclamadas por la persona interesada, o de las causas si no resultara posible o procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que realice cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las peticiones formuladas por la persona reclamante, sean objeto de la debida atención y, en su caso, puesta a disposición de la documentación que debe obrar en poder del Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 16 de septiembre de 2019 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Dª. ..., a través de la cual nos exponía lo siguiente:

“He solicitado ya en tres ocasiones (16 junio, 23 de julio y 15 de septiembre de 2019) por escrito e innumerables ocasiones por teléfono e incluso personándome en las dependencias del AYUNTAMIENTO DE ALANIS (Sevilla) la VISTA del Expte de Licencias de obras de nueva planta de c/ ... nº ... de esa localidad y asimismo solicitaba FOTOCOPIAS de la documentación técnica que existe en ese expediente. Se trata de un expediente de principios de los años 80 por lo que es un expediente finalizado, encontrándose en el archivo municipal según me ha indicado el Sr. Secretario del Ayuntamiento, que me ha informado, excusándose en que la custodia y el archivo de los expedientes administrativos no es de su responsabilidad siendo de la Sra. Alcaldesa. Desde la fechas indicadas y a pesar de los innumerables intentos no he tenido respuesta alguna y sólo me indican "vuelva usted mañana".

Mi interés legítimo para acceder al citado expediente es que soy propietaria de una de las viviendas (...) de ese edificio y me es necesario conocer cuáles son los elementos comunes del mismo.”

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración, con fecha 7 de octubre de 2019, se diese una respuesta expresa a los escritos presentados por la interesada, manteniéndonos informados al respecto.

III. En la respuesta municipal, que tuvo fecha de entrada en esta Institución el 6 de noviembre de 2019, se nos daba traslado de la siguiente información literal que se le había facilitado a la interesada:

“Atendiendo a su petición de información técnica con respecto a la obre realizada en la calle Triana nº 1 de Alanís le informo que revisado el programa informático de gestión de Licencias de Obras resulta que la consulta de la misma ha dado un resultado negativo.

Posteriormente se le ha trasladado su expediente al departamento de urbanismo municipal para averiguar más sobre dicha licencia y efectivamente existe información facilitada por algunos vecinos al respecto de la ejecución de la misma.

En base a esa información verbal se ha realizado una inspección física, en el Archivo Municipal, dando un resultado negativo.

Por lo que después de haber realizado, hasta la semana pasada, varias consultas e investigaciones, le informamos que no podemos atender su solicitud debido a la carencia, en soporte físico y digital, de la documentación requerida por usted.”

IV. Trasladado el contenido de dicho informe a la reclamante, formuló las siguientes alegaciones y consideraciones en el mismo mes de febrero:

“(...) ¿Que no hay soporte físico ni digital de la licencia o del proyecto edificatorio que obtuvo licencia de un bloque de viviendas -4 viviendas y 2 locales comerciales- construido en el centro del pueblo -en la calle principal- y además siendo el único bloque de pisos que hay en el pueblo y que fue construido en los años 1980?.

(…) No creo pues que sea una respuesta admisible en un avanzado Estado de Derecho como es el que tenemos puesto que algún rastro de la autorización que hubo de tener esa edificación deberá existir en el Ayuntamiento dado que amén del expediente administrativo y del proyecto edificatorio deberá haber un libro de resoluciones del Alcalde o de actas del Pleno, en su caso donde, deberán constar los acuerdos que se debieron adoptar para autorizar esa edificación que, como les digo, es una manzana edificatoria en el Centro del pueblo.

En consecuencia de ello, no considero que se haya hecho una búsqueda adecuada para dar respuesta a mi petición, (...)”.

En base a la mismas, solicitamos al presente Ayuntamiento con fecha 27 de febrero de 2020 que nos informara sobre las medidas a adoptar para facilitar el acceso a la documentación y copias reclamadas por la interesada, o de las causas si no resultara posible o procedente.

V. Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en tres ocasiones dicha información, con fecha 4 de mayo y 9 de junio de 2020, sin que se nos haya remitido, a pesar del contacto telefónico mantenido con personal de ese Ayuntamiento el 21 de septiembre de 2021 (se adjunta copias).

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- El artículo 12 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, establece, en relación a la custodia de los documentos de titularidad pública, que las personas al servicio del sector público tienen la obligación de custodiar los documentos que tengan a su cargo. La custodia de documentos de titularidad pública conlleva la obligación de preservarlos. Los documentos de titularidad pública solo podrán salir de sus correspondientes unidades administrativas, sistemas de información y archivos en los casos y con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente. El préstamo administrativo y el requerimiento por órganos jurisdiccionales no se considerarán a estos efectos como salida. Las personas responsables de los órganos administrativos, así como cualquier otra persona física que por razón del desempeño de una función en el sector público tenga a su cargo o bajo su custodia documentos de titularidad pública, deberán entregarlos al cesar en sus funciones a quien les suceda en el cargo, o, en su defecto, al archivo público que corresponda.

Quinta- El artículo 49 de la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, establece que las entidades locales de Andalucía garantizarán la prestación de los servicios de archivo dentro de su ámbito territorial. Cada entidad local establecerá su propia red de archivos, que incluirá los de sus entes vinculados o dependientes.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2. - del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RESOLUCIÓN. - para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las peticiones formuladas por la interesada, sean objeto de la debida atención y, en su caso, puesta a disposición de la documentación que debe obrar en poder del Ayuntamiento.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz