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Agilizan el traslado de un interno para recuperar su proceso de rehabilitación.

Un interno tenía pendiente la tramitación de su solicitud para poder cumplir condena en el Centro de Córdoba. Allí participaba con buenos resultados en las terapias de rehabilitación y contaba con un empleo en la lavandería. En su día fue trasladado a Huelva por motivo de la enfermedad grave de su mujer, pero ahora quería recuperar su anterior destino.

Pedimos una agilización de los trámites y se nos informó que se había aceptado su regreso a Córdoba.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Marbella se compromete a ejecutar las obras de soterramiento de unos contenedores en este año 2014.

El interesado indicaba en su escrito de queja que es propietario de un negocio de restaurante-cafetería en San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). En Julio de 2013 había denunciado en el Ayuntamiento los olores insoportables y la acumulación de basura que se producían en los contenedores ubicados en la avenida Pablo Ruiz Picasso, a escasa distancia de su negocio y de los balcones de las viviendas del entorno. Como respuesta, el Ayuntamiento le habían respondido que existía la posibilidad de buscar una nueva ubicación a los contenedores, siempre y cuando se propusiera la misma a través de la asociación de vecinos y de la persona encargada del distrito por parte del Ayuntamiento.

Después de ello, se mantuvieron diversas reuniones, en la se había acordado la ubicación temporal de los contenedores en la acera de un solar de la avenida, para proceder después al soterramiento de los mismos, frente a un edificio de propiedad municipal. Sin embargo, pasaba el tiempo y no se llegaba a acometer el soterramiento de los contenedores según lo pactado, ofreciéndoles, por parte del Ayuntamiento, diversas excusas para justificar este retraso.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos comunicó que estaba prevista la ejecución de la obra de soterramiento dentro de este año 2014, por lo que entendimos que el problema estaba en vías de solución y dimos, por tanto, por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla, aceptando la resolución formulada por esta Institución, lleva a cabo la medición en el domicilio del interesado, en festivo y horario nocturno, de los ruidos provenientes de una actividad de hostelería, bajo su vivienda.

Tras formular resolución en este expediente de queja, el Ayuntamiento nos comunicó, como respuesta a la misma, que se habían dado instrucciones para iniciar los trámites que permitieran llevar a cabo una medición en el domicilio del interesado “con objeto de comprobar si el nivel de ruidos que sufre en su vivienda como consecuencia de la actividad y de su terraza están o no por encima de los límites legales permitidos”, y que se había previsto dicha medición para un sábado, en horario nocturno, de forma coordinada por la Gerencia de Urbanismo y la Dirección General de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla.

En vista de esta información, que suponía la aceptación de nuestra resolución, dimos traslado de la misma al interesado para que, si lo creía oportuno, nos hiciera llegar sus consideraciones. No obstante y después de transcurrir un plazo de tiempo prudencial, éste no respondió por lo que entendimos que no consideraba que fueran necesarias actuaciones adicionales por nuestra parte, dando así por concluidas las mismas y procediendo a su archivo.

Tras acudir al Defensor del Pueblo Andaluz una comunidad de propietarios cercana a la plaza Theresa Zabell, de Fuengirola (Málaga), por las molestias derivadas de la celebración de botellonas en sus cercanías, en un lugar autorizado por el Ayuntamiento, éste se ha comprometido con ellos, tras mantener una reunión, que el verano próximo no se producirán estas molestias.

El interesado, presidente de la comunidad de propietarios de un edificio sito en la calle Oviedo de Fuengirola (Málaga), nos trasladaba en su escrito su "preocupación y la de muchísimos vecinos por los acontecimientos que se están sucediendo día a día y desde hace varios años en Fuengirola con referencia al denominado botellón". En este sentido, manifestaba que existía, en el municipio de Fuengirola, un lugar autorizado por el Ayuntamiento para la realización de estas actividades, que estaba situado en el mismo centro de Fuengirola, Paseo Marítimo, Plaza Teresa Zabell (conocida como Plaza Amarilla), continuando, textualmente, de la siguiente forma:

“... donde la concentración de un gran número de personas, unida al consumo masivo de alcohol ... y a la falta de control o vigilancia por parte de las autoridades, no solo provocan graves problemas de suciedad, ruidos y molestias al vecindario más próximo y a la ciudadanía en general, sino que además da lugar a una creciente alarma social al sucederse diversos incidentes violentos entre quienes acuden a estos botellones.

Si a ello le unimos la constatación de la presencia en estos lugares de ocio de un número creciente de menores de edad no es de extrañar que el botellón figure entre las principales preocupaciones de la ciudadanía de Fuengirola y que surgiere una creciente demanda social hacia los poderes públicos para la adopción de medidas efectivas que pusiesen coto a estas prácticas".

Pese a la gravedad de estos hechos, aseguraba en su escrito que "la respuesta del Ayuntamiento de Fuengirola no ha estado en ningún momento a la altura de las expectativas de la ciudadanía y durante muchos años se ha mostrado y sigue mostrándose incapaz de dar respuesta efectiva a las demandas vecinales y sociales, pese a un problema que no deja de agravarse".

Finalmente, comentaba que muchos vecinos de la localidad habían comunicado estas incidencias y su preocupación general en varias ocasiones al Ayuntamiento, tanto de forma verbal como por escrito, sin que se hubiera tenido una solución favorable, constituyéndose el problema en fuente constante de conflictos, disputas y controversias en la ciudadanía por incidir negativamente en el pleno disfrute por parte de muchas personas de su derecho al descanso. Por todo ello, solicitaba que se cumpliera lo establecido en la Ley 7/2006, y que a tal efecto se adoptaran las medidas que resulten oportunas.

Tras admitir a trámite la queja, nos dirigimos al Ayuntamiento de Fuengirola para conocer qué medidas había adoptado para tratar de ajustar la actividad autorizada del botellón a la normativa vigente, para que no se convirtiera en una actividad molesta e impidiera a los vecinos del entorno del lugar autorizado ejercer su derecho al descanso, así como para conocer si se había tratado este asunto con los colectivos vecinales afectados, a fin de saber de primera mano sobre el problema y tratar posibles soluciones o medidas alternativas que hagan compatible el descanso con el ocio.

Como respuesta, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, nos ha indicado que la Alcaldesa había mantenido una reunión con la comunidad de propietarios, en la que se había comprometido a adoptar medidas para la resolución del problema de los vecinos que viven en las inmediaciones de la plaza Theresa Zabell, entre ellas estudiar la cuestión para que el próximo verano no se produzcan estas molestias. Este compromiso se plasmó en un escrito remitido a la comunidad de propietarios tras la reunión mantenida.

Entendimos, por tanto, que el problema estaba en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Tras la apertura de esta actuación de oficio, el Ayuntamiento de Sevilla nos ha dado cuenta de los expedientes sancionadores abiertos contra la actividad y nos ha informado de que ha dado instrucciones a la Policía Local para que se controle el incumplimiento de la normativa.

Tras la apertura de esta actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Sevilla, para conocer las actuaciones que hubiera realizado ante las denuncias de los vecinos de la zona de la Alameda de Hércules por un bar que, según las noticias que llegaron a esta Institución, desde 1996 había sido objeto de 200 denuncias por ruidos y por la colocación de veladores sin autorización, siendo ésta obtenida en el año 2009 y después de formular resolución al citado Ayuntamiento, finalmente hemos conocido, a través del informe que nos remitió la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que se han abierto diversos expedientes sancionadores contra la actividad ordenando, en la última de ellas, que la “Línea Verde” de la Policía Local realice las comprobaciones pertinentes.

Por tanto, consideramos que, en principio, se había aceptado la Resolución que habíamos formulado, aunque pese a la claridad de nuestros pronunciamientos se nos había informado de manera general, sin dar respuesta a las concretas recomendaciones que hacíamos y, sobre todo, sin darnos a conocer el resultado de la última inspección que la Línea Verde de la Policía Local hubiera llevado a cabo sobre el establecimiento en cuestión.

En cualquier caso y en el momento de dar por concluidas nuestras actuaciones, interesamos de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla que diera las instrucciones para que se controlara, por parte de la Policía Local y con todos los medios legales al alcance del Ayuntamiento, que la actividad de este establecimiento se ajustara tanto a las autorizaciones concedidas como a la normativa en vigor en materia de horarios, con objeto de hacer compatible la actividad económica, el ocio de los clientes y el descanso de las personas que residen en el entorno y que, al fin y al cabo, son los más perjudicados en caso de ruidos y actividades no autorizadas o incumplimientos de normativa.

Ante la negativa por el Ayuntamiento de ceder un local municipal para reunirse una Asociación Vecinal, la Corporación se compromete a regular el uso de las dependencias municipales.

El Presidente de una Asociación vecinal nos traslada la reiterada negativa del Ayuntamiento a cederles una local municipal con objeto de mantener sus reuniones.

Tras ser informados por la Corporación de ser imposible atender todas las peticiones de sedes para los diferentes colectivos del municipio, y en este caso particular por solicitarse en las reuniones de dicha asociación que se incumpla con la legalidad vigente, se dictó Resolución con objeto de que fuera regulado el uso temporal o esporádico de las dependencias municipales que tengan la condición de bienes de dominio público (edificios, locales e instalaciones municipales) por particulares, empresas y asociaciones, así como al establecimiento del tributo adecuado, mediante la aprobación de las correspondientes Ordenanzas municipales.

La Corporación nos responde asumiendo dicha sugerencia por lo que se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Tras nuestra intervención, la Coordinadora de Desarrollo Rural recibe información de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, comunicando el estado de tramitación de los expedientes.

Una Coordinadora de Voluntarios en representación de promotores de proyectos aprobados por el Centro de Desarrollo Rural, nos traslado la grave situación que venían atravesando ante el adeudo de distintas cantidades desde el año 2012.

Solicitamos informe a la Dirección General de Desarrollo sostenible del medio rural, se nos comunica que dos expedientes se encuentran pendientes de autorización previa de la Delegación Territorial, y el resto están pendientes de la solicitud previa de autorización de pago por parte del Grupo de Desarrollo Rural.