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El Defensor del Pueblo Andaluz, tras la tramitación de una queja presentada por un particular, ha formulado Resolución a la Delegación del Gobierno de Sevilla y al Ayuntamiento de Sevilla para que, con un ejercicio eficaz y coordinado de sus competencias en materia de urbanismo y de espectáculos públicos y actividades recreativas, procedan a inspeccionar la situación en la que se encuentran las autorizaciones concedidas en su momento a una discoteca y las obras que en ella se han llevado a cabo, habida cuenta de que su actual aforo máximo autorizado, que se acerca a las 900 personas, se concedió por la Delegación del Gobierno en base a unas supuestas obras de reforma y ampliación de las que no tiene constancia el Ayuntamiento de Sevilla, produciéndose por tanto una discordancia entre los aforos que cada una de estas Administraciones cree que tiene este establecimiento. Todo ello en aras de garantizar la seguridad de los usuarios de esta discoteca y de comprobar su adecuación a la legalidad vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

ANTECEDENTES

La queja fue admitida a trámite porque su promotor puso en nuestro conocimiento, en esencia, que una discoteca de la ciudad de Sevilla, situada en la zona de un polígono industrial de esta ciudad, que tenía, en un primer momento, licencia de apertura para sala de fiesta con un aforo máximo de público para 706 personas, se había ampliado hasta un aforo máximo autorizado de 878 personas, sin que, siempre según el denunciante, se hubieran cumplido todos los requisitos para este aumento del aforo, pues el local tendría una superficie insuficiente para albergar tal capacidad.

Con ello, como quiera que las cuestiones de aforo de establecimientos públicos afectan a la seguridad de los usuarios, entendimos que procedía admitir a trámite la queja a fin de esclarecer cuál era el aforo máximo autorizado y en base a qué documentos o circunstancias se había concedido, por lo que solicitamos inicialmente la colaboración de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla mediante la petición del preceptivo informe. En dicho informe se nos trasladaba lo siguiente:

-        Que consultado el expediente para la concesión del Documento de Titularidad, Aforo y Horario de la actividad, en el mismo constaba licencia de apertura para la actividad de sala de fiesta con un aforo de 706 personas.

-        Que, no obstante lo anterior, como consecuencia de una solicitud de aforo de 16 de Enero de 2012, con la que se aportó plano acreditativo de la realización de unas obras de reforma, se autorizó por la Delegación del Gobierno un aforo de 878 personas, expidiéndose nuevo Documento de Titularidad, Aforo y Horario el día 19 de Enero de 2012.

A la vista de esta información, y como quiera que la licencia inicialmente otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla determinaba un aforo de 706 personas, en lugar de las 878 autorizadas posteriormente, decidimos solicitar la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a fin de que nos informara sobre si tenía conocimiento de las obras de reforma que se habían realizado en la misma y en base a las que, supuestamente, se había ampliado el aforo hasta las 878 mencionadas. Así, interesamos informe, que recibimos tanto del Área de Medio Ambiente como de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el 28 de Agosto de 2013. En el informe de Medio Ambiente se decía, respecto de la licencia concedida en su momento a la entonces “...”, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Se autoriza en la mencionada licencia un aforo de 706 personas, entendiéndose que el mismo se deduce de la documentación técnica presentada para la obtención de la licencia.

Igualmente ha de informarse que no consta en el expediente solicitud alguna de modificación de aforo posterior a la concesión de la Licencia de Apertura ni, por tanto, autorización de modificación del mismo”.

Por su parte, en el informe de la Gerencia de Urbanismo se nos daba cuenta de que ya habían tenido conocimiento, por las denuncias de un particular, de obras que se estaban realizando en el inmueble, aunque no habían podido visitarlo para inspeccionarlas y determinar su adecuación a la legalidad. Finalmente, una vez que se logró visitar el inmueble, constaba en el informe lo siguiente:

“Se realiza la visita con fecha 30 de marzo de 2012, comprobándose que no existen obras en ejecución y apreciándose algunos desajustes en relación a las obras con licencia concedida, por lo que se requiere la legalización de estas obras, y la retirada de la cancela metálica no ajustada a la alineación exterior, mediante informe de 5 de junio de 2012. Se emite resolución con fecha 27 de junio de 2012, que no se recibe por la propiedad. Con fecha 16 de octubre de 2012, se remite Edicto para su inserción y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº ....

Por otra parte, se han seguido formulando denuncias con fechas 18 de septiembre, 9 y 23 de octubre de 2012. De igual forma, el 10 de diciembre de 2012, se aporta denuncia en la que se indica que no se han realizado las obras de restitución referidas anteriormente. Con fecha 18 de diciembre, el denunciante aporta escrituras en las que acredita (...). Con fecha 16 de diciembre de 2012, se aporta una nueva denuncia referente a la instalación de dos aparatos de aire acondicionado. Con fecha 28 de diciembre, se presenta nueva denuncia referente al cegado de unos huecos de puerta y ventanas, colocación de carteles y pintura exterior. Con fecha 13 de marzo de 2013, se aporta nuevo escrito, ampliando las obras denunciadas.

Como respuesta a todas las denuncias anteriores, con fecha de 10 de mayo de 2013, se emitió informe por parte de este Servicio, en el que expone la existencia de un mayor número de obras realizadas no ajustadas a licencia concedida, creyéndose necesario requerir a la propiedad para que contacte con este Servicio a fin de que se concierte nueva visita de inspección para comprobar tales extremos.

Con posterioridad se ha intentado girar visita de inspección, con fecha 25 de junio de 2013, indicándose en el acta de inspección que la sala se encuentra terminada y en uso. No se pudo realizar la inspección ya que no se permitió, por parte de la propiedad, que se realizara.

Consecuentemente, se va a proceder a realizar un nuevo requerimiento fehaciente a la propiedad, a fin de que se facilite el acceso a la finca, para proceder a otra visita de inspección”.

En resumen, de la información facilitada por el Ayuntamiento se desprendía, en principio, que las obras de reforma realizadas en el inmueble no habían sido autorizadas por la Gerencia de Urbanismo. Tampoco se decía en estos informes municipales que tales obras de reforma fueran de ampliación o de aumento del propio establecimiento. Por ello, podía surgir la duda sobre cuál había sido el plano acreditativo de la obra de reforma que habría servido para aumentar el aforo pasando de 706 personas a 878. Ante tal duda, interesamos un segundo informe a la Delegación del Gobierno de Sevilla, que recibimos el 1 de octubre de 2013, y del que se desprendía lo siguiente:

-        Que el documento por el cual se había autorizado un aforo máximo de 878 personas al establecimiento en cuestión se expidió en base “a los planos realizados por técnico competente acreditativos de la realización de obras de reforma”. Y se añadía que en base a tales planos, el funcionario técnico del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos “emite informe en el que conforme a los criterios de ocupación establecidos en el Código Técnico de la Edificación, DOCUMENTO BÁSICO SI Seguridad en Caso de Incendio, en su Sección SI3 (...) se establece que el aforo máximo autorizable es de 878 personas”. Y se finalizaba indicando que todo ello “sin perjuicio de las condiciones o limitaciones al aforo que pudiera tener impuestas por el correspondiente Ayuntamiento”.

-        Que en la expedición de cualquier Documento de Aforo se atiende básicamente a lo que resulte de los planos de planta que se aporten, todo ello con objeto de que el aforo máximo se ajuste a la realidad.

-        Que la concesión de licencias de actividad o de obras es una competencia que corresponde a los Ayuntamientos, que son en definitiva quienes tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad y efectuar cuantos controles previos o a posteriori estime pertinentes.

-        Que en el caso de este establecimiento, no corresponde a la Delegación del Gobierno entrar a valorar o investigar la legalidad o ilegalidad de las obras de reforma que se lleven a cabo, hasta tal punto que tal como obra en el expediente, de haber algún tipo de denuncia o irregularidad, se pone inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento.

Tras dar traslado de esta información al promotor de la queja para que presentara alegaciones, nos hizo llegar un escrito con el que manifestaba su desacuerdo con los datos que constaban en los planos aportados para aumentar el aforo hasta 878 personas, dudando de su veracidad. Por ello, antes de adoptar la resolución que procediera en este expediente de queja, creímos conveniente recabar un segundo informe de la Gerencia de Urbanismo de ese Ayuntamiento. En este segundo informe se nos decía lo siguiente:

-        Que, a tenor de lo que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía decía en su primer informe, se reconocía por ésta que se había emitido la declaración de aforo sin conocer las condiciones o limitaciones impuestas al mismo por el Ayuntamiento.

-        Que el único antecedente que constaba en el Ayuntamiento es el que se corresponde con un aforo reconocido de 706 personas.

-        Que, en todo caso, en este asunto no se discutía la actuación municipal, sino la expedición del documento de aforo por parte de la Junta de Andalucía, ampliando de 706 a 878 personas, y la validez o presunta falsedad de los documentos que para obtenerla hubiera utilizado el titular de la actividad.

-        Que, como tal, el promotor de esta queja habría de dirigir su reclamación a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y si la resolución no fuera conforme a su derecho, agotada esa vía, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, así como al Ministerio Fiscal si apreciara elementos que pudieran ser constitutivos de delito o falta.

A tenor de los cuatro informes recabados, dos por parte de la Delegación del Gobierno y otros dos por parte del Ayuntamiento de Sevilla, cabía concluir:

Primero. Que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla había autorizado un aumento del aforo de esta discoteca, pasando de un aforo inicial de 706 a un aforo de 878 personas.

Segundo. Que este aumento de aforo fue autorizado en base a unos determinados planos que aportó el titular de la actividad, supuestamente acreditativos de obras realizadas en el local.

Tercero. Que de tales planos, de los que cabría suponer que serían de ampliación del local, no hay constancia en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, lo que llevaría a la conclusión de que las obras, cuando menos, no han contado con la preceptiva licencia municipal.

Cuarto. Que, en todo caso, al margen de que dichas obras se hayan o no realizado, y si lo han hecho o no con licencia municipal, no está claro si son obras que han supuesto la ampliación del espacio a ocupar por el público en la discoteca y que, en condiciones normales, legitimarían el aumento del aforo objeto de controversia.

Quinto. Que, en definitiva, de los informes recabados tras nuestra intervención en este asunto, puede concluirse que la ampliación del aforo autorizada por la Delegación del Gobierno se ha llevado a cabo en base a una documentación técnica aportada por el promotor o promotores de la ampliación, sin otra consideración a la legalidad de la ejecución de las obras.

CONSIDERACIONES

La cuestión controvertida objeto del presente expediente de queja debe resolverse de la forma más efectiva posible partiendo de la base de que las Administraciones a las que nos hemos dirigido tienen competencias concurrentes en la materia y, en última instancia, tales competencias están destinadas no sólo a preservar el cumplimiento de la legalidad sino la protección misma y seguridad de las personas que son usuarios de este tipo de espacios como discotecas o salas de fiesta.

En este sentido, aunque el hecho de que el aforo sea de más de 700 personas, implica que la competencia para determinadas cuestiones relativas a la de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (en adelante, LEPARA) sean, fundamentalmente, competencia de la Administración autonómica, no hay que perder de vista que es al Ayuntamiento de Sevilla a quien compete, además de aquellas funciones que le encomienda la propia LEPARA, la autorización, inspección de las obras efectuadas en las que se desarrollarán los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la concesión de la licencia de apertura, actividad o, en caso de declaración responsable, verificar el pleno cumplimiento de las instalaciones, de sus obras de reforma, ampliaciones, modificaciones, etc., a la legalidad y a lo autorizado por el propio Ayuntamiento.

No en vano el artículo 2.1 de la LEPARA establece que la celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa que se desarrollen dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía (excluidas las celebraciones privadas o que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en los términos del artículo 1.4 de la misma norma) requerirá la previa obtención de las licencias y autorizaciones administrativas previstas en la propia LEPARA y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las específicas que requiera el tipo de actuación. Asimismo, el artículo 2.2 de la LEPARA señala que la modificación o alteración sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, así como la modificación de las condiciones de la autorización, requerirá la previa autorización del órgano competente.

A mayor abundamiento, el artículo 6 de la LEPARA el que regula las competencias de los municipios, atribuyéndoles, entre otras, la competencia para la concesión de las autorizaciones municipales de obra o urbanísticas y de apertura de cualquier establecimiento público que haya de destinarse a la celebración de espectáculos o a la práctica de actividades recreativas sometidas a la LEPARA, de conformidad con la normativa aplicable (apartado 1).

La normativa aplicable mencionada es, fundamentalmente, la prevista en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en lo sucesivo), cuyo artículo 169.1.d) establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras de construcción, edificación e implantación de actividades de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior.

No cabe duda que, en un caso como el que nos ocupa, y a tenor de las denuncias formuladas, en el que se ha ampliado el aforo de un establecimiento pasando de 706 a 878 personas, debe adoptarse una posición de prudencia desde el momento en que el Ayuntamiento tiene conocimiento, por una denuncia o por la intervención de esta Institución, de que tal ampliación se ha realizado en base a unos planos que justificarían unas supuestas obras de las que la Gerencia de Urbanismo no tiene constancia. Es cierto, en este sentido, que los técnicos municipales se han personado en el establecimiento en cuestión, aunque sin embargo nos parece, habida cuenta que se trata de un local cerrado en el que pueden concentrarse cerca de 900 personas, que la actividad seguida no ha sido del todo efectiva al no haberse podido comprobar qué tipo de obras se han hecho, al no haberse podido entrar en el local en cualquier de las formas que el Derecho permite.

En definitiva, lo que queremos tratar de hacer ver es que en el presente asunto, tanto el Ayuntamiento de Sevilla, como la Delegación del Gobierno de Sevilla deben ejercer sus competencias de forma decidida y rápida en vista de que cabe la duda, en primer lugar, sobre si se han realizado obras de ampliación –pues ningún organismo oficial parece haberlas revisado-; y, en segundo lugar, en caso de haberse realizado, no hay inspección que verifique si están realizadas debidamente y si en tal caso pueden albergar el aumento del aforo autorizado, con las debidas medidas de seguridad.

Por tanto, creemos que tratándose de un asunto en el que las competencias son concurrentes y, sobre todo, afectando a la seguridad de las personas, debe adoptarse una actitud proactiva y de prevención, y llegado el caso, de sanción y/o de restauración de la legalidad alterada. Recordemos que en el informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que recibimos con fecha de 28 de agosto de 2013 (antes transcrito) se decía que:

“... con fecha de 10 de mayo de 2013, se emitió informe por parte de este Servicio, en el que expone la existencia de un mayor número de obras realizadas no ajustadas a licencia concedida, creyéndose necesario requerir a la propiedad para que contacte con este Servicio a fin de que se concierte nueva visita de inspección para comprobar tales extremos.

Con posterioridad se ha intentado girar visita de inspección, con fecha 25 de junio de 2013, indicándose en el acta de inspección que la sala se encuentra terminada y en uso. No se pudo realizar la inspección ya que no se permitió, por parte de la propiedad, que se realizara.

Consecuentemente, se va a proceder a realizar un nuevo requerimiento fehaciente a la propiedad, a fin de que se facilite el acceso a la finca, para proceder a otra visita de inspección”.

A la presente fecha no tenemos constancia de que la visita de inspección se haya realizado, de tal forma que la actividad estaría en funcionamiento con una ampliación de aforo con base en unas obras que no han podido ser inspeccionadas por el Ayuntamiento de Sevilla.

Es decir, no se ha comprobado la seguridad del edificio para este nuevo aforo, olvidando que la LEPARA señala en su Exposición de Motivos, entre otras cuestiones, que “Uno de los aspectos más importantes de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas es el que se refiere a las condiciones técnicas de los recintos locales, establecimientos o instalaciones destinados a albergar la realización y desarrollo de estas actividades”; y, se añade, que entre los principios básicos que deben inspirar la normativa y la concesión de autorizaciones debe primar, en todo caso, “la exigencia de condiciones técnicas idóneas de seguridad (...)”.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula, al Ayuntamiento de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: de los deberes legales que, con carácter general, comporta el ejercicio de las facultades de disciplina urbanística previstas en el artículo 168 de la LOUA, según el cual la Administración asegura el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas mediante la intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, la inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva, la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como la sanción de las infracciones urbanísticas, y del deber de ejercitarlos conforme a los principios de eficacia y eficiencia previstos en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RECORDATORIO 2: de los deberes legales que, con carácter particular, afectan al ejercicio de las facultades de inspección previstas en los artículos 179 y 180 de la LOUA, en relación con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la LEPARA sobre, respectivamente, las competencias de los municipios en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y el deber de colaboración entre Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN para que, sin más demoras ni dilaciones, y previos los trámites que resulten preceptivos, se proceda a realizar una visita de inspección de carácter técnico al establecimiento objeto de este expediente de queja, a fin de verificar:

Primero. Si el establecimiento presenta las mismas condiciones que se tuvieron en cuenta en su momento para concederle licencia de apertura con un aforo máximo de 706 personas, o por el contrario se han realizado obras sin la preceptiva licencia.

Segundo. Para el caso de que se hayan realizado obras sin la preceptiva licencia, que se inste a su legalización, si ello fuera posible, o bien al restablecimiento de la legalidad alterada, sin perjuicio de los expedientes sancionadores a que, en su caso, haya lugar.

Tercero. Que se emita informe sobre si las condiciones y requisitos técnicos que actualmente presenta el establecimiento son suficientes para albergar el aumento de aforo autorizado en su momento, pasando de 706 personas a 878, y se traslade a la Delegación del Gobierno de Sevilla en virtud del deber de colaboración y cooperación que debe presidir las relaciones entre Administraciones Públicas, para que desde dicho organismo autonómico se proceda en consecuencia.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO: del deber de ejercitar, por si misma o con la coordinación y asistencia de los municipios, las competencias legales previstas en los artículos 5.8 y 5.9 de la LEPARA y 1.3.b), relativas al control e inspección de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas, y relativas a la comprobación periódica del cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones que sirvieron de base para otorgar licencias y autorizaciones, en aras a garantizar la seguridad de las personas que asistan a los espectáculos públicos y actividades recreativas.

RECOMENDACIÓN 1: para que, sin más dilaciones, bien con medios propios de esa Delegación del Gobierno, bien con la asistencia o coordinación de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, se proceda a realizar una visita de inspección al establecimiento denominado “...”, objeto de esta queja, a fin de determinar si el mismo cumple todos los requisitos y condiciones exigibles en la normativa para que en su momento se le hubiera autorizado la ampliación del aforo pasando de 706 a 878 personas.

RECOMENDACIÓN 2: para que, si como consecuencia de esa visita de inspección, se llegara a la conclusión de que el establecimiento en cuestión no cumple los requisitos y condiciones exigibles en la normativa para albergar un aforo de 878 personas, se proceda, en primer lugar, a expedir nuevo Documento de Titularidad, Aforo y Horario, en el que se indique el aforo que resulte de las circunstancias apreciadas; y, en segundo lugar, se proceda a incoar los expedientes administrativos que resulten pertinentes si la documentación presentada en su momento por el titular de la actividad no se ajustara a la realidad o fuera constitutiva de infracción administrativa. Ello, sin perjuicio de valorar la situación que se ha creado y que motiva esta Resolución y, en función de las conclusiones a las que se llegue, se actúe en consecuencia para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Los padres y madres de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en el Aula específica de un  CEIP en Dos Hermanas, se dirigieron a esta Institución para denunciar la falta de recursos personales para la debida atención educativa e integración de sus hijos. Referían que cuando se inició el presente curso escolar 2013-2014, dicha Aula solo contaba con la maestra de Pedagogía Terapéutica y una Monitora a tiempo parcial, pues sus servicios eran compartidos con otro centro. En cuanto al profesorado de Audición y Lenguaje, señalaban que en aquella fecha acudía al colegio exclusivamente un día a la semana, debiendo atender no sólo a los niños del Aula específica sino también al resto del alumnado que asiste al Aula de apoyo.

Estos recursos personales del Aula específica, a juicio de los reclamantes, resultaban insuficientes teniendo en cuenta las necesidades y patologías de los niños.

Admitida a trámite la queja, se acordó solicitar informe a la Delegación Territorial de Educación, y, en respuesta, recibimos un oficio en el que se venía a poner de relieve que tras el análisis de las necesidades educativas y asistenciales de los alumnos de nueva escolarización para el curso escolar 2013-2014, el dispone de los recursos especializados de Educación Especial, al haber sido dotado de una nueva Aula de Educación Especial para apoyo a la integración, así como de una nueva Aula específica y un monitor de Educación especial.

Continuaba indicando el informe que la mencionada Aula de apoyo es un recurso destinado a ser compartido por el CEIP (que cuenta con ocho alumnos con modalidad de escolarización en apoyos variables) y otro CEIP de la misma localidad (con seis alumnos de necesidades educativas especiales). Considerando que la ratio determinada para estas unidades queda establecida en un intervalo de entre quince y veinte alumnos, y atendiendo a que las necesidades educativas especiales concretas presentan una patología de baja afectación, se permite satisfacer la atención educativa a través de una unidad de apoyo para los dos centros mencionados.

Por lo que respecta al Aula de Educación especial que el centro acoge al ser denominada como de Plurideficientes, la Delegación Territorial nos relataba que la ratio de la misma se sitúa entre cuatro a seis alumnos; por lo tanto, no existe excedente de ratio, sino dos alumnos menos de la permitida, según los datos de la plataforma Séneca.

Asimismo, puntualizaba el informe que el monitor de Educación especial es también compartido con otro CEIP, no siendo posible dar respuesta a la atención personalizada de los alumnos durante toda la jornada escolar, añadiendo que los recursos de difícil generalización en la localidad pueden ser asignados en función de las necesidades asistenciales de alumnado, de manera compartida o itinerante.

En cuanto al recurso de Audición y Lenguaje, se ponía de manifiesto en el informe que en principio contaban con la intervención de la maestra especialista en esta área del Equipo de Orientación Educativa de manera quincenal y a principios de años se ha concedido un maestro de Audición y Lenguaje que compartirá servicios con otro CEIP de la misma localidad. Asimismo, teniendo en cuenta que existe coordinación entre las Delegaciones Territoriales de Educación y Salud a través del Equipo de Orientación Educativa especializado en Atención Temprana, la atención dada a estos alumnos se ve incrementada por el Centro de Atención Temprana de Dos Hermanas en cuatro sesiones mensuales.

Finalmente el informe concluía que el centro actualmente cuenta con asignación suficiente de recursos especializados para la atención de las necesidades educativas especiales presentes en su contexto, y en tanto, deberán ser arbitradas cuantas medidas organizativas y curriculares sean necesarias con el objeto de desarrollar una respuesta educativa de calidad.

Analizado el contenido de la información facilitada por la Administración educativa, acordamos dar traslado de la misma a las personas promotoras de la queja con objeto de que nos presentaran las consideraciones y alegaciones que creyeran convenientes.

En cumplimiento de esta solicitud hemos recibido un escrito suscrito por todos los padres de los alumnos escolarizados en el Aula específica del mencionado colegio donde expresan su disconformidad con el contenido del informe facilitado por la Administración educativa, reiterando que los menores no están recibiendo la atención educativa que requieren conforme a sus necesidades, las cuales quedan expresamente recogidas en los correspondientes dictámenes de escolarización.

Así las cosas, ante la disparidad de criterios entre la Administración educativa y las familias en torno a la atención educativa que están recibiendo los menores en el Aula específica, esta Institución, como paso previo a la adopción de una resolución definitiva en el asunto que motiva la queja, ha acordado realizar una visita a las instalaciones del colegio Huerta de la Princesa, actuación que se ha llevado a cabo el pasado miércoles 12 de marzo.

En el curso de dicha visita el personal al servicio de esta Defensoría ha visitado las instalaciones donde se ubica la citada Aula específica, del mismo modo que ha tenido la oportunidad de mantener diversas entrevistas con el equipo de dirección del colegio y con los profesionales que atienden a los alumnos.

CONSIDERACIONES

I.- Hemos de comenzar por reconocer que en los últimos años se han producido importantes y significativos avances en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Así, la apuesta por su integración en centros ordinarios y normalizar las respuestas educativas en Andalucía ha sido clara y generalizada. También se han producido modificaciones normativas, organizativas, además de ampliarse el colectivo de personas consideradas potenciales sujetos de dichas necesidades educativas.  Y como no, ha sido necesario proporcionar los correspondientes recursos personales y materiales a los centros educativos.

Recordemos que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre el principio de «esfuerzo compartido» de toda la comunidad educativa, reconoce que para la consecución de una educación de calidad «Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar en el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesiten y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo», añadiendo que resulta necesario atender a la diversidad del alumnado contribuyendo de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera.

Se trata, en última instancia, de que todos los centros asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones. Pero a cambio, todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. En este sentido, son los responsables de la educación los que «deben proporcionar a los centros los recursos y los medios necesarios que necesitan para desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo».

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre) reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo tal concepción el alumno que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

No podemos obviar, por otro lado, que el alumnado que presenta estas necesidades constituye uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, de exclusión social. De ahí que la calidad en la atención educativa que se preste a estos estudiantes se convierta en un objetivo de primer orden para un sistema educativo que pretenda conseguir una educación para todas las personas.

En este contexto, debemos insistir en que para conseguir una adecuada integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se precisa la existencia de recursos en los términos que hemos tenido ocasión se señalar. Caso contrario, las proclamas y principios reconocidos en las normas no pasarán de ser más que una quimera, una integración formal y no una esperada y anhelada integración real.

II.- El asunto que se somete a debate se centra en valorar si los recursos personales asignados al Aula específica del CEIP son suficientes para que los menores escolarizados en la misma reciban una atención educativa acorde con los principios y proclamas reconocidos en las normas traídas a colación. No en vano los profesionales que atienden a estos niños y niñas desempeñan un papel fundamental para que éstos puedan alcanzar su desarrollo y bienestar personal, así como para ayudarles a adquirir conocimientos y habilidades claves que necesitan como personas.

Por otro lado, hemos de recordar que el Aula específica es un recurso educativo de los centros de enseñanza para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como queda recogido en la Ley 9/1999, de Solidaridad en la Educación, y cuya finalidad es favorecer el desarrollo del alumnado, permitiendo una atención y tratamiento más personalizado, tanto en el ámbito educativo como en el afectivo y social.

Bajo estas premisas hemos de centrar nuestra atención exclusivamente en aquellos aspectos objeto de conflicto y discordancia entre las familias y la Administración educativa, dejando al margen aquellos otros que a pesar de que afectan al colegio, cual es el caso del Aula de apoyo a la integración, no han sido objeto de discusión por los reclamantes. Nos vamos a referir, por tanto, al monitor de Educación especial y al profesional de audición y lenguaje que atienden a los 4 menores del Aula específica del colegio.

Comencemos por el profesional que ejerce la labor de monitor de Educación especial. La petición que vienen realizando las familias desde el inicio del curso escolar es que la monitora permanezca en el centro durante todo la jornada lectiva ya que, en la actualidad, dicha profesional, al ser compartida con otro colegio del municipio, finaliza su jornada en el colegio a las 11,30 horas. A resultas de esta limitación de horario, su labor durante el resto de la jornada debe ser suplida por la profesora de Pedagogía Terapéutica o por las propias familias, las cuales se encuentran conminadas a acudir al centro cada vez que hay que cambiar a los menores ya que ninguno de ellos controla esfínteres.

La discapacidad reconocida a estos alumnos así como las limitaciones a su autonomía personal, conforme a la evaluación del propio Equipo de Orientación Educativa, ponen en evidencia sin mayores argumentaciones la necesidad de contar con una persona de apoyo durante todo el espacio de tiempo en el que están en el centro escolar, especialmente para las labores de ayuda al control de esfínteres.

Las funciones de la monitora, durante las horas que no se encuentra en el centro, deben ser suplidas, como decimos, por la profesora de Pedagogía Terapéutica y por las familias, extremo que pudimos comprobar  durante la vista del personal de esta Institución al colegio. En efecto, al acceder a diversa documentación obrante en el Aula específica, comprobamos la existencia de unos cuadrantes relativos a la atención personal a cada uno de los alumnos, agrupada semanalmente, y en los que se dejaba constancia de las ocasiones en las que padres y madres habían acudido al colegio para cambiar a los niños por no haber controlado los esfínteres a partir de las 11,30 horas, horario en la que ya no se encontraba presente la monitora. Pudimos advertir que, en alguna ocasión, se habían realizado hasta 3 y 4 asistencias de la familia al colegio en un mismo día.

Esta dinámica incide gravemente en la vida familiar y personal de los padres. Argumentan que algunos de ellos han debido abandonar sus trabajos o ven limitadas las posibilidades de búsqueda por la disposición que están obligados a tener para acudir al colegio cuando son requeridos durante el periodo de tiempo en que la monitora no se encuentra en el centro. Sin embargo, con todo, el principal objeto de queja de estas familias no son las molestias que les pueda ocasionar las idas y venidas diarias al centro o la imposibilidad de conciliar esta tarea con su vida laboral, lo que realmente les inquieta es la calidad de la atención que reciben sus hijos.

En el desarrollo de nuestra argumentación nos hemos centrado hasta el momento en una de la actividad asistencial que desarrolla la monitora con los menores, la cual como explicamos debe ser suplica por las familias. Sin embargo dicha labor asistencial es más amplia, y así, como se refleja en los Criterios para indicar la necesidad de atención asistencial para el alumnado con necesidades educativas especiales dictados por la Consejería de Educación, la misma se extiende a la supervisión frecuente del alumno, a la ayuda a los desplazamientos por el centro o el transporte escolar; y la ayuda en la alimentación.

Por todo lo señalado, no podemos por menos que mostrarnos proclives a las peticiones que desde el comienzo del curso académico vienen reclamando las familias y los responsables del centro en cuanto a la necesidad de que, para proporcionar a los niños que acuden al Aula específica del colegio una atención educativa de calidad, es necesario que cuenten con los servicios de un profesional que ejerce las funciones de monitor durante toda la jornada escolar y no sólo a media jornada como viene ocurriendo hasta la fecha.

II.- El otro asunto de análisis debe ser la atención de audición y lenguaje. En este ámbito hemos de censurar que durante el primer trimestre del curso sólo se contara con una profesional que acudía al colegio de manera quincenal, cuando por los dictámenes de escolarización de los alumnos se tenía conocimiento con carácter previo al inicio del curso de cuales eran las necesidades en este ámbito, por lo que debió realizarse un mejor ejercicio de la actividad de planificación de recursos, evitando las disfunciones iniciales.

Bien es cierto que desde principios del presente año se ha puesto a disposición del colegio una maestra de Audición y Lenguaje que, presta sus servicios solo durante 3 días a la semana al tener que compartir estos con otro centro. Pero así las cosas y a pesar de esta notable mejora, hemos de cuestionarnos si el mismo es suficiente para una adecuada atención de los niños o, por el contrario, los servicios de esta especialidad deberían ser incrementados aún más.

No resulta tarea fácil dar respuesta a este interrogante. Ciertamente cualquier demanda de ampliación de la atención que se presta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se encuentra plenamente justificada. Sin embargo, debemos ser realistas y rigurosos al abordar este tema para no caer en la utopía, especialmente en épocas como las actuales de profunda crisis económica y de contención del gasto público.

Pues bien, de todos es conocido el debate en torno a la prestación del servicio de audición y lenguaje en el sentido de clarificar y determinar qué parte ha de ser prestado por la Administración educativa y qué parte por la Administración sanitaria. Estos servicios se suelen combinar entre el colegio y los centros de Atención Temprana en los que el lenguaje es una de las líneas de trabajo con los menores usuarios del servicio.

Partiendo de esta necesaria prudencia, hemos considerado que lo procedente en este caso es valorar las circunstancias concretas que confluyen en el CEIP teniendo en cuenta la carga de trabajo de la profesional de Audición y Lenguaje, las peculiaridades de las patologías de los menores escolarizados en el Aula específica y, como no podría ser de otro modo, el criterio de los profesionales que atienden a los alumnos.

Respecto al primero de los asuntos expuestos, durante la visita girada al centro corroboramos que la profesional de Audición y Lenguaje no sólo atendía a los 4 niños de la mencionada Aula específica sino que trabajaba también con otros 10 niños, por lo que en total atiende a 14, de modo que la media de atención a cada uno de ellos los días que acude al centro es de 30 minutos aproximadamente. A mayor abundamiento existen otros 3 menores a los que se les ha detectado problemas de audición y lenguaje pero que no pueden ser tratados por imposibilidad material, dada la reducción de la jornada de la profesional. En el momento de nuestra visita estos menores se encontraban, por tanto, en lista de espera para ser atendidos.

Y por otro lado, hemos de tener en cuenta las patologías que padecen los alumnos del Aula específica. Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, tres de los niños padecen Trastorno del espectro autista.

No viene al caso que entremos a detallar las particularidades de la patología, basta con recordar que cualquier programa de intervención con estos niños debe ser especialmente individualizado y estructurado, prueba de ello es que la ratio profesor-alumno en las aulas donde se atiende a este tipo de alumnado es inferior a cualquier otra de necesidades educativas especiales. A lo que hay que añadir que aunque existe una gran variabilidad dentro de esta área, desde niños que no desarrollan ningún lenguaje hablado, personas que muestran un lenguaje repetitivo y poco funcional, hasta personas que con un buen lenguaje formal lo utilizan de forma desajustada, lo cierto es que todas ellas muestran limitaciones para la utilización y comprensión de los elementos de la comunicación no verbal, como el uso de gestos, la mirada o las expresiones emocionales, dificultades para mantener conversaciones y alteraciones en el uso social de la comunicación, por lo que la atención de logopedia se perfila como un recurso básico y esencial.

Por último hemos de recordar que los Equipos de Orientación Educativa, cuando emiten en certificado de escolarización, tras la correspondiente evaluación psicopedagógica, recomiendan los recursos materiales y apoyos personales para cada alumno pero no detalla cómo se han de prestar los servicios correspondientes.

Así las cosas, y con estos condicionantes, hemos de otorgar la mayor de las valoraciones al criterio de los profesionales que trabajan con los menores. Es por ello que durante la visita al colegio Huerta de la Princesa preguntamos expresamente a la profesional de Audición y Lenguaje sobre su opinión acerca de la atención que se debe prestar a los 4 menores escolarizados en el Área específica, concluyendo que, a su juicio, teniendo en cuenta las características de los menores, para mejorar su rendimiento sería oportuno que los alumnos recibieran atención a diario en lugar de tres veces a la semana como viene aconteciendo hasta el momento.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1: Que, en tanto se mantenga la actual ratio de alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo, se realicen con la mayor celeridad las actuaciones necesarias para hacer posible que la persona que desarrolla las funciones de monitora de Educación especial en el Aula Específica del CEIP en Dos Hermanas preste sus servicios durante toda la jornada escolar y durante todos los días lectivos del presente curso escolar 2013-2014.

RECOMENDACIÓN 2:- Que se estudie la conveniencia y posibilidad de incrementar los servicios de Audición y Lenguaje que actualmente se prestan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en el CEIP durante el presente curso escolar 2013-2014.

Ver Asunto Solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz