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En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, al no haber recibido respuesta alguna la persona promotora del expediente de la Administración sanitaria al Recurso Potestativo de Reposición presentado con fecha 15 de marzo de 2021, en el que expone su disconformidad con la baremación de sus méritos publicada en la Resolución definitiva de la Bolsa de Empleo del SAS, en base a las razones que alega en dicho recurso.

ANTECEDENTES

I. La persona interesada, con fecha 15 de marzo de 2021, formuló Recurso Potestativo de Reposición contra la baremación concedida a sus méritos en los listados definitivos de la Bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de Octubre de 2019, sin haber obtenido respuesta.

Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante esa Administración sanitaria, al objeto de obtener la preceptiva respuesta al recurso presentado en esa Agencia pública

II. Una vez transcurrido el plazo legal para la resolución del recurso se procedió a admitir a trámite la queja, solicitando en la misma fecha a esa Dirección General el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el Art. 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Con fecha 20 de septiembre de 2021 tiene entrada en esta Institución la respuesta a la solicitud de información cursada a esa Dirección General, de la que cabe reseñar lo siguiente:

“El punto 6, “Recursos” de la base Novena, “Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas”, de la última Resolución reseñada, dispone que contra la relación de personas candidatas, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de dicho orden Jurisdiccional, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 2971998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción-Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente a la de la publicación de la citada relación en la página web del Servicio Andaluz de Salud.

Efectivamente como indica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada anteriormente, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes desde la fecha en que el recurso haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este sentido, informar a esa Institución que la voluntad de esta Administración Sanitaria, en todo momento, es cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente; pero hay que considerar que en la Bolsa Única de Empleo del SAS se encuentran inscritos 515.042 candidatos en las diferentes categorías disponibles. Este volumen excepcional de candidatos genera un gran número de recursos de reposición haciendo difícil, considerando los medios humanos disponibles, poder cumplir con los plazos establecidos. Por otra parte, el art. 123 de la citada Ley establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Por tanto, el mismo procedimiento administrativo faculta a los candidatos a interponer Recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado competente, en defensa de sus derechos, desde el momento mismo de la publicación de los listados definitivos.

En conclusión, el objetivo último de esta Administración Sanitaria es resolver de manera motivada todos y cada uno de los aspectos alegados por los recurrentes en sus recursos de reposición dentro del plazo legalmente establecido. En el caso de la (...), al igual que el resto de los recurrentes, recibirán próximamente resolución expresa de sus recursos presentados.”

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, procedemos a plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su art. 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

La Resolución de 10 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Personal del SAS, por la que aprueba y se hace público el listado definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2019 de la Bolsa de Empleo del SAS, establece que contra la misma, “que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un mes”, conforme a lo establecido en los vigentes artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015.

De modo más concreto, en el art. 124.2 de dicha Ley se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

Por otra parte, el art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En consecuencia, esta Institución está obligada a actuar ante cualquier Administración pública sujeta a su ámbito de supervisión cuando la persona interesada solicita nuestra intervención como consecuencia de la demora en la resolución de las peticiones y recursos que haya dirigido a la misma.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del recurso de la persona interesada queda acreditado que se presenta en esa Agencia con fecha 15 de marzo de 2021, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se le haya notificado a la misma respuesta al recurso formulado, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015.

Como ya hemos indicado con ocasión de expedientes similares, la intervención supervisora de esta Institución no supone poner en duda “el esfuerzo e interés” de esa Dirección General en la resolución de los recursos interpuestos en los plazos legalmente establecidos. No dudamos de su encomiable empeño y afán en resolver estos recursos en plazo, pero la realidad es que cuando se admite la queja a trámite y se solicita el correspondiente informe (el 1 de junio de 2021), ha transcurrido casi tres meses desde la presentación del recurso potestativo de reposición por la persona interesada y, por tanto, se cumplen todas las circunstancias que obligan a esta Institución a intervenir en cumplimiento de las normas legales a que está sujeta su actuación para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Por tanto, al no constarnos que se haya resuelto dicho recurso, nos dirigimos a esa Administración cuando ha transcurrido más de un mes desde que se presentó, plazo del que no puede concluirse que suponga una “precipitación en el traslado de la queja”, y que consideramos más que prudencial para interesar la oportuna respuesta dada la demora existente. Demora que, por el contenido de su informe, parece que continúa ya que en ningún momento se hace constar en el mismo que se haya notificado la preceptiva resolución a la persona interesada a fecha de su remisión (20 de septiembre).

En cualquier caso, en relación con las manifestaciones que se contienen en su referido escrito, también estimamos conveniente aclararle que en las quejas que se reciben en esta Institución relativas a impugnaciones que afecten al desarrollo de los procesos selectivos, esta Institución tiene como criterio de actuación remitir a las personas interesadas a lo que establecen las bases reguladoras del proceso en cuestión que constituyen la “ley del proceso de selección” y que garantizan que en todas sus fases se puedan plantear las alegaciones y recursos oportunos que tendrán que ser resueltos por los órganos correspondientes, garantizándose con ello que no se producirá indefensión en el orden administrativo por las posibles irregularidades que se puedan producir en el desarrollo de dichos procesos.

Con independencia de ello, cuando la queja formulada se refiere al incumplimiento de los plazos legales para contestar a los recursos previstos en las propias bases del proceso, esta Institución está obligada a intervenir a fin de procurar la resolución y notificación del recurso interpuesto. Recursos que, como en el caso que nos ocupa, por su propia naturaleza, deben resolverse más si cabe en los plazos legalmente establecidos a fin de poder finalizar este tipo de procedimientos de concurrencia competitiva que afectan a numerosas personas y cuyo retraso produce notables perjuicios en todos los órdenes.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015 preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Segunda.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados y que debe tener en cuenta, como ocurre en el caso objeto de la presente queja, las impugnaciones que habitualmente se plantean tras la finalización de un proceso selectivo a fin de asignar los recursos necesarios para su resolución en los plazos legalmente establecidos para ello.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el citado art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a resolver y notificar la correspondiente respuesta al Recurso Potestativo de Reposición presentado ante esa Dirección General por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.

SUGERENCIA: Para que, en caso de ser preciso, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para poder resolver en los plazos legalmente establecidos para ello los recursos de reposición presentados tras la finalización de un proceso selectivo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Hospital Universitario San Cecilio y el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, por la que sugiere que se realice una revisión del caso de la paciente afectada en la presente queja, y del protocolo de atención en los niveles de atención primaria y urgencias, para determinar aspectos de mejora en la búsqueda del diagnóstico y derivación a la atención especializada.

ANTECEDENTES

Como recordará, comparecía ante esta Institución la promotora de la queja, quien nos trasladaba lo que califica como “una experiencia triste y traumática que ha llevado a la muerte de mi suegra, la persona que ha sido mi segunda madre durante 20 años, en ausencia de la mía”.

En su escrito, la interesada realizaba un relato sintético del acaecer de los acontecimientos, desde que su suegra comenzara con dolores que, según expresa, no levantaron las sospechas de su médico de atención primaria, dado que no prescribió ninguna prueba destinada a conocer su causa y que simplemente achacó a dolores de la edad.

Sostenía que su intención no era ejercitar acción alguna, sino poner de relieve los hechos sucedidos y que a su parecer han de ser corregidos, por lo que le había acontecido a su familiar, ya de edad mayor y que quizás por ello no había sido objeto de una atención médica más compleja que pueden recibir personas más jóvenes y con ello dar a conocer una situación de desidia hacia las personas mayores que debe corregirse, porque su sufrimiento, que se suele justificar en la edad, es infravalorado, como si no pudiesen padecer las mismas enfermedades que el resto de la población menos añeja.

Y así literalmente nos contaba de su suegra: “Ella, mujer sufridora de la época nunca se quejó de nada, hasta que empezó a dolerle el costado, cada vez más. Su doctora de cabecera le decía durante más de un año que estaba gordita, que tenía artrosis, que sería una contractura, cosas de la edad... con 70... Ni una prueba en un año, ni una. Le mandó antiinflamatorios y peor aún, sesiones de fisio, donde se gastó en 1 mes 300 euros y salía con un dolor aún más intenso, cosa totalmente contraindicada con lo que luego vimos que tenía. Un día fue su hijo con ella a la doctora. Le pidió, hágale usted una eco, mi madre nunca se queja y no puede ni dormir. Ella le dijo que no, no era necesario, que adelgazara. Una semana después no podía ni respirar del dolor y la llevé a urgencias del PTS, allí sin tocarla, ni mirarla, ni pruebas, le pincharon un calmante y a casa, que volviera y le pincharían más... si volviera a dolerle. Al día siguiente, yo, pagué 90€ por una simple eco de abdomen por privado. Recuerdo cómo el doctor mientras la hacía se tocaba la frente arriba y abajo, dos horas estuvo haciendo fotos y solo con tumbarla yo me di cuenta que un bulto extraño se le marcaba en el costado. Nadie pudo verlo... era fácil, solo había que pensar que no era una anciana sino una persona con dolor, un paciente al que curar, la vocación de un médico supongo que es esa, curar. El final ya se intuye: cáncer estadio 4 con metástasis en múltiples órganos que la ha destrozado tras una lucha en la que ella ha sido como siempre una gran mujer. Murió el 9 de diciembre y con ella hemos muerto todos un poco, no solo muere el paciente, se destroza una familia entera”.

Pues bien, admitida a trámite la queja, se interesó informe aclaratorio de los hechos expuestos por la interesada al Distrito Sanitario Metropolitano de Granada y al Hospital Universitario San Cecilio.

Recibidos sendos informes administrativos, se nos informaba de lo siguiente:

Por parte del Distrito Sanitario se trasladaba el pésame por el fallecimiento del familiar de la promotora de la queja y brevemente se describían los pasos dados en la asistencia médica.

Sitúan la primera intervención en el 09/05/2018, cuando por primera vez acude la paciente, aquejada de “dolor en FRD” que sostienen que, tras exploración por médica de Familia, resulta ser anodina. Refieren que es vista en ocasiones posteriores por permanecer el dolor que refería y que se prescribió para ello la medicación habitual y que, ante Ia insistencia de los síntomas varios meses después (15/01/2019), su médico le solicitaba el 14/04/2019 una Radiografía de Tórax/abdomen, tras otras consultas intermedias, resultando un diagnóstico de Rizartrosis, sin apreciación de signos de sospecha alguna hacia otro diagnóstico.

Nos cuentan que el día 20/05/2019 acudía Ia paciente al Servicio de Urgencias del Hospital San Cecilio por presentar dolor a nivel de FRD siendo diagnosticada de Lumbalgia, al ser el resto de exploración anodina y sin datos de interés hacia otros procesos.

Y en esta tesitura, informan que en una posterior visita al mismo centro de urgencias, el día 24/05/2019 por dolor en FRD, la paciente aporta una Ecografía abdominal realizada en estamentos privados donde se recoge la presencia de una masa renal, momento este en que se aconseja su estudio por Urología y se cita de forma preferente para confirmar diagnóstico de sospecha.

Desde este momento, refieren que Ia paciente ha sido vista en multitud de ocasiones tanto en urgencias, como en consultas de Urología, Oncología Médica y Oncología radiológica, tras confirmarse la presencia de una tumoración metastásica de origen transicional en la zona descrita.

Ante ello, informan que, en ningún momento Ia usuaria quedó desasistida o desamparada por su Médica de Familia, como queda demostrado en el número de veces atendida por ella y justifican los hechos en que, como es conocido por la comunidad científica, no todo proceso patológico da la cara con síntomas floridos desde el comienzo del caso y que, ante la falta de estos síntomas evidentes que pudiesen llevar a diagnóstico de certeza, desde todos los puntos de vista se obró de forma profesional y ética.

Lamentan la situación tan traumática y triste e insisten en la correcta conducta médica, incidiendo en la necesidad de contemplar que la profesión médica se ejerce en un contexto concreto y determinado en el que concurren numerosos factores que condicionan las decisiones que se toman respecto a diagnósticos y tratamientos.

Y ante ello, concluyen, que aun cuando parezca obvio señalarlo, en muchas ocasiones existen enfermedades que en un primer estadio cursan con síntomas parecidos y que no dan la cara hasta después de pasado un tiempo, lo que dificulta en gran medida el diagnóstico exacto.

Por su parte, desde el Hospital Universitario San Cecilio, se nos informa de la atención dispensada a la paciente en el servicio de urgencias y posterior actuación en ese centro hospitalario, sin entrar en la atención dispensada por el médico de atención primaria de la paciente.

En este sentido, informan que la paciente fue atendida en el servicio de urgencias el día 20 de mayo de 2019, en el contexto de signos de dolor en fosa renal derecha y, tras una amplia anamnesis, exploración física y vista la evolución se le ofrecía eI alta con modificación del tratamiento analgésico y control evolutivo por su médico de atención primaria y advertencia de volver ante signos o síntomas de alarma.

Sostienen que el 24 de mayo de 2019 (por error el informe cita 2020) acudía de nuevo al servicio de urgencias por persistencia de la sintomatología inicial y tras evaluar los resultados de una prueba de imagen realizada en la medicina privada se decide su valoración, de forma preferente, por parte del servicio de urología el día 31 de mayo de 2019 (por error el informe cita 2020) y, finalmente, por el servicio de oncología.

Consideran que la asistencia sanitaria prestada a la paciente en ese centro, fue, en todo momento, adecuada a las recomendaciones establecidas en los protocolos asistenciales al uso y a los conocimientos actuales de la ciencia médica e informan que se pusieron a disposición de la usuaria todos los medios diagnósticos y terapéuticos disponibles, siendo los indicados en cada momento a las circunstancias y la situación clínica que fue presentando.

De dichos informes se ha dado traslado a la promotora de la queja quien no ha realizado consideraciones al mismo.

CONSIDERACIONES

Se sustancia en la presente queja la reclamación de los familiares de la paciente en el acierto de su diagnóstico y fundamentalmente el factor temporal, ya que centran su pretensión en la tardanza del mismo pese a las recurrentes visitas al médico de familia y petición de pruebas complementarias. Y en esta tesitura, cuestionan la influencia del factor edad y se preguntan sobre la justificación de algunas dolencias en la propia edad, como si las mismas no pudiesen ser asimilables a las que sufre y padece el resto de la población menos añeja.

De forma previa, queremos dejar sentada la inexistencia de pretensión por esta Defensoría de enjuiciar la práctica médica, por no disponer de los medios necesarios para ello, puesto que deberíamos contar con información, datos y elementos de los que carecemos y tampoco contamos con la capacidad técnica pericial para ello

No obstante ello, sí nos proponemos reflexionar sobre los hechos acaecidos e identificar aspectos que sirvan de experiencia para el aprendizaje o revisión de protocolos.

Es un hecho no controvertido el malestar recurrente de la usuaria desde su primera atención en el centro de salud a primeros del mes de mayo de 2018 y las recurrentes visitas desde aquel momento hasta la atención en urgencias en el mes de mayo de 2019.

Cierto es que no disponemos de un registro de las visitas al centro de atención primaria, aun cuando los familiares señalan que las visitas al centro de salud se sucedieron de forma frecuente y por parte del Distrito de Atención Primaria se confirma este dato, sin entrar en más detalles, indicando que en el mes de abril de 2019, es decir once meses después de la primera visita, se prescribe una Radiografía de Tórax/abdomen, tras otras consultas intermedias, resultando un diagnóstico de Rizartrosis, sin apreciación de signos de sospecha alguna, hacia otro diagnóstico.

Ninguna explicación se nos ofrece en el informe sobre el tipo de consultas intermedias realizadas, más allá de su mención y la familia no parece haber quedado informada de ellas por el tenor de su escrito, ya que sostienen que, pese a la petición de realización de pruebas complementarias, las mismas no fueron cursadas.

En cuanto al factor de la edad y las patologías frecuentemente asociadas a la misma, que planteaban los familiares y que justifican algunas dolencias, ninguna mención merece en ambos informes administrativos, pese a ser uno de los aspectos esenciales del escrito de queja de la promotora y respecto del cual manifestaba su inquietud.

Por nuestra parte, la cuestión que nos preocupa de la lectura del relato es la frecuencia en las visitas médicas en el centro de atención primaria y en las que, pese a la evolución tórpida que nos describen los familiares sin sensible mejoría pese al tratamiento, no se plantea una derivación para asistencia especializada, a fin de identificar un diagnóstico diferente, ya que las pruebas radiológicas no parecían mostrar la justificación a las persistentes molestias.

Aún así, nos resulta realmente significativo que en la primera exploración del servicio de urgencias del Hospital San Cecilio, se alcanzasen similares conclusiones que en la atención primaria y nos inclinamos pensar que en cierto modo podrían influir los datos registrados en la historia clínica y el propio carácter que tienen los servicios de urgencias de atención médica inaplazable y no propiamente de búsqueda de un diagnóstico.

En esta tesitura, y sin aventurarnos a ninguna manifestación sobre las implicaciones que hubieran derivado de un diagnóstico en menor tiempo y cómo hubiera influido en la evolución de la enfermedad padecida por la paciente, sí queremos incidir sobre la oportunidad de haber valorado un diagnóstico diferencial ante la persistencia de la dolencia.

Desde esta Defensoría y por el análisis de otras quejas en la materia y del recurso a la literatura científica, conocemos que ante un dolor persistente en la fosa renal derecha, se sugieren como pruebas complementarias: analítica de sangre, orina, radiografía de tórax, abdomen y para diagnóstico diferencial, ecografía e incluso TAC abdominal.

En el acontecer de los hechos, se revela que es la ecografía la determinante para apuntar a un diagnóstico diferente, que determina posteriormente la intervención especializada.

Así las cosas y comprendiendo lo razonable de cuanto se expresa en el informe médico acerca del ejercicio de la profesión médica, en cuanto que se ejerce en un contexto concreto y determinado, en el que concurren numerosos factores que condicionan las decisiones que se toman respecto a diagnósticos y tratamientos, así como poniendo en valor el esfuerzo y dedicación de los profesionales sanitarios, consideramos que en el caso analizado, quizás hubiera sido acertada la búsqueda de un diagnóstico diferencial y la derivación a la atención médica especializada.

Llegados a este punto, y con toda la cautela que ello merece, de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: “Que se realice una revisión del caso de la paciente y del protocolo de atención en los niveles de atención primaria y urgencias, para determinar aspectos de mejora en la búsqueda del diagnóstico y derivación a la atención especializada”.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz