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Iniciamos este expediente de oficio tras conocer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de una ciudadana en el servicio de urgencias del hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, pues por medios de prensa escrita supimos que permaneció más de doce horas en las dependencias del mismo, desde que fue trasladada en ambulancia desde el centro de mayores en el que residía hasta que se advirtió su presencia y se comprobó su fallecimiento, ya de madrugada.

Por lo visto la auxiliar que la acompañó en el desplazamiento se marchó, una vez la dejó bajo la tutela del hospital, y al parecer en el transcurso de su estancia en urgencias fue llamada por megafonía para ser atendida, pero o bien no se enteró, o bien el estado en que se encontraba le impidió responder a la llamada, lo que provocó que se eliminara del listado de pacientes, por considerarse que se había ido voluntariamente.

Por ello, al margen de la mayor o menor incidencia que la asistencia debida hubiera podido tener en relación con dicho fallecimiento, y a la vista de la descoordinación que los hechos relatados parecían poner de manifiesto, nos planteamos requerir información sobre el modo de proceder en estos casos.

En primer lugar el informe del centro explica los antecedentes de la paciente y el resultado de la consulta de clasificación, el anuncio de la auxiliar de la residencia que la acompañaba de ausencia, pero con el compromiso de la rápida comparecencia de la familia.

A continuación se relata cómo tras el cambio de la guardia se llamó a la paciente por megafonía, no constando que estuviera sola, repitiéndose la llamada después y procediéndose a una búsqueda activa en la sala de espera de pacientes y la sala de camillas sin que fuera localizada, decretándose entonces el alta por fuga, hasta que un celador que acudió a esta última mucho después encontró a la paciente y llamó al médico de guardia que, cuando acudió, pudo comprobar el fallecimiento.

En este punto el informe del hospital, que repite íntegramente la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, incumpliendo nuestro requerimiento en cuanto a la debida explicación sobre el modo de proceder de los centros residenciales de mayores en estos casos, obvia cualquier aportación en relación con lo sucedido, mientras que se limita a enumerar las medidas que la Consejería de Salud anunció en sede parlamentaria a raíz del caso y que incluyen las siguientes determinaciones:

.-Mejora de la identificación de los pacientes en urgencias para que sea segura e inequívoca a través de una pulsera que incluya nombre y apellido de cada paciente.

.-Medidas de identificación y espacios diferenciados para pacientes vulnerables, aunque cuando solo exista una sala de espera, se dispondrá el espacio de manera que puedan agruparse los pacientes por gravedad y fragilidad a fin de posibilitar una vigilancia más estrecha y su búsqueda siempre sea personalizada.

.-Refuerzo de la vigilancia en las salas de espera de las urgencias de los hospitales, mediante el establecimiento de un control periódico para conocer la situación clínica del paciente, a cuyo fin se están valorando distintas alternativas como la designación de personal específico para esta tarea o Ia realización de rondas periódicas.

.- Revisión de los protocolos de altas cuando no se localiza al paciente exigiendo a los profesionales que realicen una búsqueda activa. En esta línea se planteaban controles en Ia salida, localización por radiofrecuencia y disponibilidad del número de teléfono del paciente y del acompañante, entre otras propuestas.

.- Introducción de cambios en los sistemas informáticos que permitan asegurar que la asistencia se presta con las máximas garantías de seguridad y calidad. En este sentido se plantea Ia adscripción de la enfermera referente para cada paciente desde el momento de triaje, igual que ya se asigna al personal facultativo.

.- Asignación automática del siguiente nivel de prioridad cuando se supere el tiempo máximo de espera aconsejable en el decretado inicialmente, previniendo así demoras en pacientes que pueden experimentar un cambio de evolución.

.- Intensificación del control del número de acompañantes, para que se cumpla la normativa y haya un único acompañante por paciente, de manera que no se dificulte el trabajo asistencial de los profesionales y la vigilancia de los pacientes.

Ciertamente la falta de datos sobre lo sucedido nos impide realizar cualquier pronunciamiento, aunque nos parece que el centro, y la Administración sanitaria en general, toman conciencia de los déficits que planean sobre la asistencia de esta paciente, de manera que motu proprio reflexionan sobre las medidas que pudieran ayudar a que este tipo de situaciones no se repitan.

A la vista de que nuestra actuación en todo caso habría de dirigirse a la formulación de Recomendaciones y Sugerencias con esta misma finalidad, considerando que las propuestas que habrían de incorporarse a las mismas ya se han adoptado, pensamos que lo que nos concierne es el seguimiento y vigilancia estrecha de su puesta en práctica, con el marco de referencia que nos ofrecen los protocolos publicados a este respecto (Procedimiento marco estandarizado para la atención de pacientes en sala de espera, Procedimiento marco estandarizado de alta por ausencia del servicio, y Procedimientos marco estandarizado de identificación de pacientes, todos consultables en la página web del SAS -http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/document..., para evaluar su efectivo cumplimiento en los supuestos que en lo sucesivo puedan someterse a nuestra consideración.

La parte promotora de la presente queja manifestaba que llevaba varios días tratando de contactar por tres teléfonos con el Hospital Comarcal Punta de Europa de Algeciras para poder cancelar una cita y que nunca contestaban; que reside en Tarifa y que tardaría una hora para una gestión tan simple como cancelar una cita.

Añadía que en el volante de cita indica que “en caso de que no acuda a la cita y no lo justifique en un plazo de 15 días causará baja en el registro”.

En el único teléfono en que sí le han contestado del Hospital (centralita) le habrían indicado que ellos no pueden cancelar la cita y que o consigue hablar con los teléfonos 956 025 128 o 956 673 262, o tendría que ir en persona a cancelar la cita.

Interesados ante el Hospital Punta Europa, se nos informa que, efectivamente, los números de teléfono a que hace referencia la reclamante corresponden a las secretaría de consultas externas; las gestiones de cancelaciones, cambio o petición de citas se pueden hacer de forma presencial o a través de tales teléfonos. También es posible solicitar cambios de cita a través de Salud Responde (955 545 060) o a través del centro de salud del paciente.

Concluye el informe indicando que como mejora van a modificar la información de contacto que aparece en los volantes de cita médica para que incluya estas dos vías de contacto, y que se van a habilitar dos líneas telefónicas adicionales para reforzar este servicio.

Considerando que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, procedemos al cierre del expediente.

El reclamante apunta que empezó a sentirse enfermo en febrero del 2018, y que tras varias pruebas le indicaron que tenia parálisis diafragmática y plexo braquial dañado.

Sostiene que el neurólogo del Hospital Juan Ramón Jiménez le indicó que no podía hacer nada por él y le han visto otros especialistas que tampoco le ofrecen alternativas. Refiere que se le ha paralizado la vejiga, que tiene una hija de 13 años y un bebé de 16 meses, al cual no puede ni coger.

Apunta en general que los médicos de Huelva no dan con un diagnóstico ni le hacen las pruebas necesarias viendo la situación y el empeoramiento constante que sufre (dolores intensos sin interrupción, fallo de órganos).

A la vista de lo expuesto señala que su médico de cabecera solicitó especialista en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla el 12/04/2018 (libre elección), pero que todavía no le han dado la cita.

Con ayuda ha podido acudir a consulta privada con neurólogo, el cual les ha manifestado que la situación es urgente.

Interesados ante el Hospital Virgen del Rocío, se recibe informe en el que indican que desde el Centro de Salud “La Orden” en Huelva, se solicitó con fecha 28/06/2018 cita al Centro de Especialidades Virgen de los Reyes para la Unidad de Neurología General.

Se le programará cita en la Unidad de Neurología del Hospital Virgen del Rocío en la segunda quincena de enero de 2019. Mientras tanto, el paciente está siendo atendido en la Unidad de Neurología Muscular del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde ha sido atendido el 10/12/2018 y se le ha programado nueva cita el 04/04/2019.

A la vista de la información recibida, se concluye que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, por lo que procedemos al cierre del expediente de queja.

El reclamante manifiesta que tiene solicitada cita para el traumatólogo, para el cambio de plantillas desde el 02/08/2017. Lleva mucho tiempo utilizando las plantillas y hay que cambiarlas todos los años, ya que al utilizarlas van perdiendo propiedades.

Añade que desde hace unos ocho meses tiene dolores en los pies, y el médico de cabecera le ha diagnosticado fascitis plantar.

Ha puesto en el SAS una hoja de reclamaciones, pero no tiene plazo para contestar.

Interesados ante el Hospital Virgen Macarena, se recibe informe en el que se explica que han modificado el procedimiento que se venía utilizando para la renovación de las plantillas, que antes era un trámite meramente administrativo, y que ahora exige la valoración por el traumatólogo, circunstancia que ha generado una demora, a la vista de la gran cantidad de solicitudes, que están intentando solventar.

Por nuestra parte aún desconocemos si este procedimiento es común al sistema sanitario o por el contrario existen diversas modalidades de actuación, sin que por otro lado este asunto se haya planteado con la frecuencia suficiente para poder valorar la incidencia real del problema.

A la vista de que, según nos dice también, al interesado le fue fijada la cita con el especialista para el pasado 8.11.18, consideramos que el asunto que motivó su recurso a esta Institución se encuentra en vías de solución, y por este motivo vamos a concluir nuestras actuaciones en este expediente, sin perjuicio de que nuevas comparecencias ciudadanas en torno a este asunto nos puedan llevar a plantearnos otro tipo de actuaciones.

El interesado planteaba en su escrito de queja queja desde hacía un mes estaba intentando adquirir una tarjeta de transportes del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Granada (tarjeta verde), pero en ningún establecimiento habilitado para ello la tenían y, según le habían comentado, llevaban un tiempo sin recibirlas para su venta. Según indicaba el interesado “El perjuicio es grave, pues el billete normal cuesta 1,50€, y con dicha tarjeta el coste es de 0,82€, y llevo así un mes”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Consorcio, adscrito a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ésta nos indicó que el número de viajeros que demandaban las tarjetas con la implantación del Metropolitano había superado todas las expectativas, por lo que no habían podido prever en el tiempo este incremento. Además, estaba previsto implantar, a finales de 2019, un nuevo sistema de tarjetas con tecnología diferente a la actual, lo que requerirá la sustitución de las tarjetas vigentes. Por ello, habían contratado la adquisición de 35.000 tarjetas, pero la empresa adjudicataria había incurrido en diversos incumplimientos en los plazos de entrega. En todo caso, en marzo de 2019 ya había tarjetas en todos los puntos de venta.

Por tanto, entendimos que el asunto estaba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, el interesado nos trasladaba que en abril de 2018, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla), inició obras de fresado y asfaltado de la calle en la que reside. Tras estos meses habían comprobado que el firme, al no haberse compactado adecuadamente, no estaba adecuadamente impermeabilizado, por lo que, cuando llovía, el agua en su totalidad era absorbida por el firme y esto podría “ocasionar problemas de humedad en las viviendas”. Habían trasladado estos hechos a diversos responsables municipales y de las empresas que habían intervenido en las obras y tras ello, en lo que respecta a la zona en la que vivía el interesado, “han esparcido un poco de alquitrán liquido y encima cemento espolvoreado. Lo cual no está sirviendo para nada. El grano del asfalto en esta zona se está soltando debido al giro de las ruedas de los vehículos (…) Llevo mas de un año sin poder utilizar mi garaje pues lo llenaría todo de alquitrán que se adhiere a las ruedas, y eso pagando mi vado religiosamente”.

Tras admitir a trámite la queja, nos dirigimos al citado ayuntamiento, que en una rápida respuesta nos trasladó que las obras consistieron en el fresado y asfaltado de la calle, incluyendo la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de agua. Tras las obras, los propios técnicos municipales requirieron a la empresa adjudicataria de las obras la subsanación de los defectos observados, información que se facilitó a los vecinos primero de forma verbal y, posteriormente, en una reunión que se mantuvo con ellos y a través de la respuesta a una pregunta plenaria.

Tras todo ello, los desperfectos que presentaba la calle habían quedado subsanados al realizarse un nuevo fresado y asfaltado del firme, que tuvo lugar el pasado mes de mayo.

Con ello, entendimos que el problema había quedado resuelto y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La madre del interesado estaba padeciendo la demora en el reconocimiento de su situación de dependencia y asignación de recurso del Sistema

Con el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se atendiera la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia de la interesada, procediendo a su valoración y asignación de grado y dando igualmente curso a la aprobación del recurso que a dicho grado correspondiera.

En su respuesta, la citada delegación informó que con fecha 9 de enero de 2018 se elaboró propuesta de PIA por los servicios sociales competentes en la que se señalaba como modalidad de intervención más adecuada el servicio de atención residencial. Una vez valorada la propuesta de PIA se comprobó su idoneidad, estando a la espera de disponibilidad de plaza.

Puesto que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que el pasado 25 de julio de 2016 se solicitó el reconocimiento de la situación de Dependencia a su suegro y ni siquiera le habían llamado para la valoración, encontrándose el mismo ocupando plaza privada en un Centro de Mayores, por lo que habían pasado más de 18 meses y carecía del recurso de dependencia (plaza en dicha residencia) al que tenía derecho, ya que se le estaban acabando los ahorros que estaba gastando en el pago del coste de la plaza.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, que nos indicó que con fecha 7 de mayo de 2018 se aprobó el PIA concediendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial para personas mayores, como modalidad de intervención más adecuada para la persona dependiente según el grado reconocido en la residencia donde se encontraba.

Habiendo sido aceptada la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que solicitó el reconocimiento del grado de dependencia de su padre en febrero de 2017. Nos trasladaba la urgencia de la situación, por cuanto su padre, cuyo estado de salud se había deteriorado aceleradamente, dependía 24 horas al día de oxígeno, tenía un grado de discapacidad del 74% y convivía con su esposa de 86 años, que tenía 86 años de edad y presentaba un grado de discapacidad del 68%, por lo que no podía atenderle adecuadamente.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, quien respondió que con fecha 14 de febrero de 2018 se dictó resolución reconociendo situación de dependencia en Grado II, de Dependencia severa, procediéndose a notificar dicha resolución tanto a la persona interesada como a los servicios comunitarios correspondientes para la elaboración del correspondiente PIA.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.