La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Semana Europea de Movilidad: Movilidad inteligente, economía fuerte

El modelo actual de ciudad, espacio en el que, en nuestro país, se concentra ya el 80 % de la población, basado, en gran medida, en el desplazamiento en vehículo de motor de uso privado, no es sostenible.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se posiciona, una vez más, en la necesidad de que, desde el planeamiento urbanístico y, en conexión con éste, los planes de movilidad apuesten decididamente por diseñar y entender la ciudad en clave peatonal, impulsar infraestructuras que permitan el uso funcional de la bicicleta e invertir en el transporte colectivo. Con estas medidas impulsaremos un nuevo modelo de ciudad que incorpore los objetivos de mejora de la calidad de vida y protección de la salud de una ciudadanía a cuyo servicio se debe destinar el espacio público que, en la actualidad, continua estando mayoritariamente destinado al uso de los vehículos de motor.

Al mismo tiempo, entender la ciudad en clave peatonal supondrá un paso decisivo en la disminución de los gases de efecto invernadero por lo que facilitarán los objetivos de la lucha contra el calentamiento global fijados en la Cumbre de París.

Esta Institución, comprometida con estos objetivos, en 2014 elaboró el Informe Especial al Parlamento de Andalucía “Seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas”, en el que se incluyen distintas propuestas en la dirección apuntada. Asimismo, el año pasado organizó la jornada “Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles”, en la que se demandaba un cambio en el modelo de desarrollo económico de nuestras ciudades utilizando las TIC para dar respuestas inteligentes a los retos de la sostenibilidad.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/0681 dirigida a Consejería de la Presidencia y Administración Local, Consejería de Justicia e Interior, Federación Andaluza de Municipios y Provincias

Recomendamos que en tanto se aprueba la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, así como su desarrollo reglamentario, se evalúe la oportunidad de desarrollar iniciativas de colaboración entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos que voluntariamente se adhieran a tal pilotaje, en relación a las futuras convocatorias de acceso a Cuerpos de Polícías Locales, en los términos que convengan.

 

ANTECEDENTES

En los últimos tiempos, esta Institución viene recibiendo numerosos escritos de personal aspirante a ingresar en los Cuerpos de las Policías Locales de Andalucía, en relación con posibles deficiencias e irregularidades en la gestión y desarrollo de los procesos selectivos de acceso a los citados Cuerpos funcionariales.

Estudiado detenidamente las exposiciones contenidas en las peticiones/denuncias recibidas, deducimos que no contienen una pretensión sobre un concreto proceso selectivo de alguna entidad local andaluza, sino lo que trasladan son una variada relación, con desigual detalle, de presuntas irregularidades sobre indeterminados procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de las Policías Locales de Andalucía, en los que aseveran que intervienen irregularidades tales como la existencia vínculos familiares de miembros Comisión y participantes, filtraciones de ejercicios, aprobados exclusivos de residentes en el municipio convocante, procesos selectivos objeto de investigación o instrucción en sedes judiciales, suspensiones de pruebas selectivas, etc.

Otros de los aspectos más denunciados por los participantes en estas convocatorias son el establecer derechos de examen (tasas) muy elevados que desincentiva la participación, coincidencias en las fechas de celebración de las pruebas en varios municipios, etc.

No obstante y con independencia del grado de verosimilitud de tales irregularidades y de alcance a los municipios andaluces, lo cierto es que el ejercicio de acciones de impugnación frente a dichas presuntas irregularidades, ya en sede administrativa o jurisdiccional, es tarea ardua, dado los costes y dificultades que implica, habida cuenta de la presunción de legalidad que toca desvirtuar.

Ante estos planteamientos, esta Institución realiza la siguiente

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIÓN UNICA: Marco regulador del Cuerpo de las Policías Locales de Andalucía. Especial referencia al anteproyecto de Ley sobre Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, ejercita las competencias que, en materia de ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas, se atribuyen en el articulo 65.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, competencia estatutaria desarrollada a través de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, que en su artículo 8 enumera de forma taxativa las competencias de la Consejería conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en concreto la atribución relativa a "Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales...” .

En desarrollo del marco competencial, que para el ámbito local establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 92, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), establece un elenco de competencias locales propias y mínimas que tan sólo permiten su modulación mediante Leyes sectoriales, de forma que éstas no podrán en ningún caso suponer una modificación sustancial de dichas competencias locales.

En relación a la materia que nos ocupa, el artículo 14.e) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, viene a señalar como competencia propia de los municipios:

La creación de Cuerpos de Policía Local, siempre que lo consideren necesario en función de las necesidades de dicho municipio (...)” , competencia que se hace extensiva a “... la gestión del personal a su servicio... ”(art. 4.2 de la misma ley).

Sobre este particular, y en base a este referente legislativo, la Junta de Andalucía ha abordado la reglamentación mediante el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, modificado por Decreto 66/2008. de 26 de febrero y la Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local, modificada por los Órdenes de la Consejería de Gobernación de 2 de diciembre de 2004 y de 31 de marzo de 2008.

La circunstancia de que actualmente se encuentre en fase gubernativa la tramitación del Anteproyecto de Ley sobre Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, el cual prevé la posibilidad de que los Ayuntamientos, mediante acuerdo plenario y la firma de un convenio de colaboración, podrán atribuir a la Consejería competente en coordinación de las policías locales la convocatoria y realización de los procesos selectivos , en los términos que reglamentariamente se determine (Art.45.4), posibilita que la colaboración entre ambas Administraciones territoriales de un paso más en todo aquello que pueda redundar en una mejor percepción sobre la regularidad y transparencia de los procesos selectivos relativos a los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía.

Así pues, en tanto la futura Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía concluye su trámite parlamentario, incluyendo la posibilidad de colaboración interadministrativa citada sobre el acceso a dichos Cuerpos, y de que tal habilitación legal se traslade al preceptivo desarrollo reglamentario, ello no impide la anticipación autonómica a este respecto, ya elaborando la correspondiente reglamentación, ya trasladando tal cuestión en sede de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ya pilotando experiencias en determinados municipios que manifiesten tal colaboración anticipada.

Consideramos que esta previsión legislativa, respetuosa con la autonomía local en la medida que requiere un consenso entre ambas Administraciones, podría reforzar la objetividad y transparencia de los procesos legislativos a estos singulares Cuerpos policiales, a la vez que favorecería la normalización del acceso al empleo público en la Administración Local Andaluza, en forma acorde a los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público, al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

A la vista de todo ello este Comisionado formula Posicionamiento sobre el asunto planteado, concretado en la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que en tanto se aprueba la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, así como su desarrollo reglamentario, se evalúe la oportunidad de desarrollar iniciativas de colaboración entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos que voluntariamente se adhieran a tal pilotaje, en relación a las futuras convocatorias de acceso a Cuerpos de Policías Locales, en los términos que convengan.

Ver cierre actuación de oficio

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Investigamos la emisión de música no autorizada en la hostelería andaluza

En el año 2013 iniciamos una actuación de oficio ante todos los municipios de Andalucía destinada a concienciar a los gobiernos locales de que no podían tolerar, y mucho menos autorizar, la instalación de equipos de música pregrabada o la celebración de eventos con música en vivo, en los locales de hostelería que no reunieran los requisitos legales para ello. Habíamos recibido noticias de que algunos gobiernos locales habían autorizado la disposición de terrazas de veladores a establecimientos con música (pubs, bares con música e incluso discotecas), siendo ello contrario a la normativa en vigor. 

De acuerdo con esa idea, enviamos una resolución a todos los Ayuntamientos de Andalucía en la que se incluían unas recomendaciones y sugerencias de acuerdo con una jurisprudencia, muy consolidada, de nuestro Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y tribunales ordinarios. En esa resolución se recordaba, por ejemplo, que «es completamente ilegal la autorización de terrazas en pubs y bares con música y en las salas de fiesta, discotecas y discotecas de juventud» y se solicitaba de los ayuntamientos un «compromiso de tolerancia cero con la ilegal contaminación acústica».

Nos respondieron 469 municipios, la gran mayoría aceptando el contenido de nuestra resolución. De estos informes concluimos que la mayor parte de los establecimientos de hostelería respetan la normativa de aplicación, y sólo una exigua minoría genera el 90% de las reclamaciones. Suele tratarse de locales muy concretos. Lo sabe la Policía Local, lo conocen los servicios técnicos y las autoridades, pero no intervienen. Por todo ello recomendamos a los ayuntamientos y diputaciones una serie de buenas prácticas contra este tipo de contaminación acústica, y nos comprometemos por último a realizar un nuevo trabajo sobre los ruidos generados por las terrazas y veladores.

Esta publicación la presentaremos en las jornadas de coordinación de Defensores del Pueblo que se celebrará en Pamplona jueves 22 y viernes 23 y que abordará como tema principal 'La invasión del domicilio por ruidos : la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica ”.

La Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Jerez nos traslada sus quejas por la contaminación acústica en la zona

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por los problemas que están padeciendo los vecinos como consecuencia de la contaminación acústica que provoca las concentraciones de personas en la zona con motivo de “la botellona”, el consumo de bebidas en la calle y la emisión de música en locales que no reúnen los requisitos para ello.

En una reunión celebrada hoy en la Oficina del Defensor, los representantes vecinales han trasladado también otros problemas de los centros históricos que también vienen sufriendo, tales como la suciedad y basura acumuladas en las vías públicas derivada de esas concentraciones; el deterioro de los inmuebles por el abandono de su conservación, y el creciente despoblamiento de estas zonas urbanas.

Precisamente para denunciar esta situación, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez, ha informado a la Institución que en noviembre esperan celebrar la asamblea constituyente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Vecinos de Centros Históricos, a cuya asistencia se han comprometido 25 grandes municipios de Andalucía.

Los objetivos básicos de esta Federación son luchar porque se adopten políticas públicas que faciliten la conservación de los cascos históricos, el aumento de la calidad de vida facilitando la peatonalización de las vías públicas y la lucha contra la contaminación acústica.

    Reclamamos una ley ante la pobreza energética

    Esta Institución, preocupada por las situaciones de carencia y necesidad que trata de solventar cada día, ha participado hoy en la presentación del Anuario Corresponsables #J95Anuario2016 organizada por la Fundación Endesa. El técnico Ignacio Aycart ha intervenido en la mesa “Pobreza y voluntariado energético” junto a representantes de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE), Ecodes, Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla.

    Aycart ha trasladado la preocupación de la institución por la incapacidad de una parte importante de la población para sufragar el coste de unos suministros básicos que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria, como la luz o el agua. La dimensión que ha alcanzado este problema no sólo es consecuencia de la disminución de ingresos en las familias provocada por la crisis económica, sino también el resultado de los continuos incrementos experimentados por las tarifas que gravan estos suministros básicos, especialmente significativos en el caso de la electricidad. "Siempre ha habido problemas energéticos y ha crecido por la crisis económica y el desempleo", ha dicho Aycart.

    La mayor preocupación del Defensor del Pueblo andaluz surge de la constatación de que, cuando la interrupción del suministro afecta a una unidad familiar que ya se encuentra situada en una posición de vulnerabilidad económica, se produce una degradación de su situación que incrementa de forma notoria su grado de vulnerabilidad y el riesgo de caer en exclusión, lo que se ha denunciado en numerosas ocasiones y se ha reclamado en los Informes Anuales elevados al Parlamento de Andalucía.

    Así, el Defensor del Pueblo andaluz insiste en la reclamación de un marco normativo que permita garantizar el acceso a determinados suministros que se consideren esenciales. La principal reclamación es la aprobación de una Ley o norma sustantiva que, partiendo del reconocimiento del derecho de las personas a unos suministros mínimos en materia de energía y agua, establezca unas garantías concretas para que nadie quede sin acceso a estos suministros por razones económicas y regule unos procedimientos concretos para hacer realidad esta garantía.

    Las dificultades inherentes a la elaboración y tramitación de una normativa de estas características, unida a las incertidumbres jurídicas derivada de la impugnación por el gobierno del Estado de otra norma similar en Cataluña, viene provocando un retraso en la aprobación de esta propuesta legislativa, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a la aprobación de medidas urgentes, en forma de decretos, con el objetivo de facilitar financiación a los Ayuntamientos andaluces para atender situaciones de pobreza energética o hídrica. También ha contribuido a solucionar muchas de esta situaciones la colaboración de algunas empresas suministradoras que han introducido procedimientos que posibilitan la suspensión de las órdenes de corte de suministro mientras se trasladan los casos a los servicios sociales y se busca una solución a los mismos. Estas iniciativas se han visto mejoradas tras el reciente acuerdo entre la FAMP y diversas empresas suministradoras, entre ellas Endesa, que ha posibilitado la aprobación de un modelo de convenio de colaboración.

    Siendo ésta una medida loable, la solución definitiva al problema de la pobreza energética, a nuestro juicio, pasa ineludiblemente por la aprobación de una norma que permita afrontar en Andalucía con garantías, equidad e igualdad los problemas de la pobreza energética. Una norma que aun parece lejana en el tiempo ya que, pese a tratarse de uno de los compromisos anunciados por el Gobierno de la Junta de Andalucía al inicio de la presente legislatura, no se atisba en el horizonte ninguna iniciativa legislativa al respecto. Proponemos que en esta solución participen las empresas suministradoras, a quienes animamos a colaborar con los servicios municipales para la financiación de los costes derivados de las facturas que puedan resultar impagadas.

      La Junta lanza una serie de recomendaciones para evitar fraudes y abusos en consumo sobre las personas mayores

      Por la especial situación de vulnerabilidad, se les recomienda ser cautelosos a la hora de ofrecer sus datos personales.

      Medio: 
      Junta de Andalucía
      Fecha: 
      Mar, 13/09/2016
      Temas: 
      11.45 h: Intervención en la 95 Jornada Corresponsables

      La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz participa en la Mesa Redonda de la 95º Jornada Corresponsables, organizada por Endesa y que hablara sobre "pobreza y voluntariado energético"

      Informamos de nuestras dos becas destinadas a personas con discapacidad psíquica

      El Defensor del Pueblo Andaluz ha mantenido hoy una reunión con ASPANRI  (Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down); FEAFES-ANDALUCIA  (Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental); FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental); FEAPS (Confederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual) y APROSE  (Asociación provincial de Sevilla a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) para informarles de los requisitos y plazos de la convocatoria de sendas becas destinadas a promover la integración de las personas con deficiencias psíquicas en el mercado laboral.

       

      Desde hace años la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene asumiendo la iniciativa de convocar una beca anual destinada a personas con discapacidad psíquica, para la formación en tareas de apoyo a personal subalterno y administrativo.

       

      Para este año, y atendiendo a la demanda de muchas de las asociaciones y organizaciones que trabajan con este colectivo, se ha acordado la convocatoria de dos becas semestrales. Una, destinada a persona con discapacidad psíquica, del tipo enfermedad mental, y otra a persona con discapacidad psíquica, del tipo de discapacidad intelectual.

       

      El plazo de presentación de solicitudes finaliza este 21 de septiembre.

      Toda la información de ambas becas se pueden consultar en los siguientes enlaces:

       

      Solicitamos un protocolo de actuación en los fraudes de suministros eléctricos para garantizar los derechos de las personas consumidoras

      La reiteración de quejas en esta Institución que denuncian vulneración de los derechos y garantías de las personas consumidoras nos lleva a presentar una propuesta relativa a los requerimientos mínimos que deberían incluirse en los expediente de fraude que se tramitan en nuestra Comunidad Autónoma.

      Por ello, nos hemos dirigido a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio) y a Endesa, como principal empresa distribuidora en el ámbito andaluz y por ser la empresa a la que se refieren las quejas recibidas.

      Les hemos trasladado nuestro análisis acerca de las cuestiones que consideramos necesitadas de una mayor protección al consumidor, proponiendo alternativas a la falta de regulación y solicitando compromisos por parte de las empresas implicadas para la adopción de protocolos de actuación con las debidas garantías, así como por parte de las Administraciones competentes para su debida exigencia a través de las pertinentes Instrucciones.

      Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

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