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Se clarifica la problemática relativa a la dispensación de la vacuna de la tosferina a los niños de 6 años y se insta a ofrecer una mayor información sobre la misma a los usuarios.

Se inició este expediente de oficio a la vista de las dudas que se nos trasladaban por los ciudadanos y la desorientación mostrada respecto al modo de proceder en cuanto a la dispensación de las dosis disponibles de la vacuna de la tosferina para su administración a los niños de 6 años.

Sabedores de la problemática provocada por el desabastecimiento mundial de la vacuna, y la opción adoptada por la aplicación prioritaria a las mujeres embarazadas, nos planteamos cómo se estaba suministrando la información al respecto, y qué sistema se podía utilizar para dirigir su dispensación actual, aunque fuera escasa.

El informe recibido de la Administración sanitaria explica cómo se han distribuido las dosis disponibles entre las Comunidades Autónomas, y cómo la nuestra las ha repartido entre centros de salud y puntos de vacunación.

Refiere que la protección que se alcanza con las tres primeras dosis de la vacuna es muy alta, y que el retraso en la administración de esta dosis de recuerdo, no conlleva mayor riesgo.

Afirma que una vez se dispongan de las dosis necesarias se harán campañas específicas de captación de los niños que no estén vacunados, y al mismo tiempo se asegura que la información sobre esta cuestión se ha trasladado tanto a los profesionales como a la ciudadanía, por lo que estima que las quejas recibidas obedecen a errores puntuales.

A la vista de lo expuesto consideramos que se han previsto las medidas necesarias para proceder a la vacunación cuando se pueda llevar a cabo, aunque no estaría de más que sobre la futura campaña de captación y el escaso riesgo de la demora en esta dosis de recuerdo, se insistiera ante los usuarios, apreciación que hemos expuesto a la Administración.

Por nuestra parte continuaremos divulgando estos aspectos entre quienes se dirijan a nosotros manifestando su preocupación por este asunto.

Ver cierre de actuación de oficio

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acepta nuestra resolución y va a proceder a instalar un punto limpio al incluir, en el pliego de condiciones de adjudicación del servicio público de limpieza viaria, esta obligación para la empresa que resulte adjudicataria.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al tener conocimiento en su momento, a través de los medios de comunicación, de que el municipio almeriense de Roquetas de Mar, pese a la importante entidad poblacional que posee, en torno a 90.000 habitantes, que además crece ostensiblemente en periodo estival, carecía de un punto limpio para atender las necesidades de depósito y, en su caso, reciclaje de los residuos urbanos sólidos que habitualmente la población deposita en estas instalaciones, tales como chatarra metálica, muebles y enseres, pilas y baterías, teléfonos móviles, aparatos electrónicos, aceites de automoción, pinturas y barnices, lámparas fluorescentes, textiles y calzado, escombros, maderas, restos de poda, electrodomésticos, colchones, neumáticos y medicamentos, además de envases, vidrio y papel, para los que sí se suele disponer de contenedores urbanos y ante la falta de respuesta a nuestra última petición de informe.

Como última actuación, formulamos a la Alcaldía-Presidencia resolución consistente, en esencia, en Recordatorio de su obligación de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones y Recomendación de que realizara, con la máxima celeridad posible, todas las gestiones para que el municipio contara con un punto limpio conforme a las exigencias del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, y del Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, aprobado por Decreto 397/2010.

En su escrito de respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos ha comunicado que se iba a proceder a instalar un punto limpio de forma definitiva pues estaba, en aquellos momentos, en “un proceso de licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, se ha considerado oportuno incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Gestión del Servicio Público de Recogida y Transporte Diario hasta la Planta de Transferencia del Consorcio de todo tipo de Residuos Sólidos Urbanos así como Limpieza Viaria de todos los Espacios Públicos del término municipal de Roquetas de Mar, la obligación de construir un punto limpio junto con las instalaciones del servicio municipal de limpieza viaria poniéndose a disposición de la entidad concesionaria un suelo para la construcción de los referidos equipamientos. De esta forma se opta por la alternativa que han adoptado diversos municipios como el de la propia capital de Almería, donde estas instalaciones, al encontrarse dentro del recinto del servicio municipal de limpieza viaria, cuentan con un mejor mantenimiento y conservación y se da cumplimiento a lo que se establece en el Decreto 73/2012 de 20 de marzo".

Por tanto y entendiendo que se había aceptado nuestra resolución, hemos procedido a archivar esta actuación de oficio.

La Administración responde que acepta los planteamientos recogidos en la mencionadaRecomendación, de modo que en las próximas instrucciones sobre los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado, todas las Delegaciones Provinciales tendrán criterios homogéneos en cuanto a la aplicación en la reserva de plazas para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Esta Institución ha tramitado algunos expedientes de quejas relativos a la ausencia de reserva de plaza en los centros educativos ubicados en la provincia de Cádiz para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales.

En el caso suscitado en el presente expediente de queja, la cuestión fue planteada por el padre de una alumna con altas capacidades, la cual había sido sometida a una evaluación psicopedagógica que recomienda que, dentro de las características que ofrecen los institutos de enseñanza secundaria, sería adecuado que la menor pudiera cursar estudios en una rama bilingüe con objeto de motivarla y seguir un vitae propio de su edad.

Añadía el interesado que, siguiendo las indicaciones especificadas en dicho informe, se dirigió al IES de su localidad, ubicado junto a su domicilio familiar a fin de solicitar la matriculación de su hija, por el cupo de plazas reservadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, al tratarse el mismo de un instituto bilingüe adecuado, por tanto, a las necesidades de la menor.

Sin embargo, al consultar las plazas disponibles comprueba que no hay ninguna reservada para este tipo de alumnado.

Tras la admisión a trámite de la queja, solicitamos informe de la Delegación Territorial de Educación quien, en respuesta, señaló entre otras consideraciones que el alumnado que presenta altas capacidades no requiere de ningún recurso específico, por lo que cualquier centro que ofrezca las enseñanzas solicitadas está en condiciones de atender la escolarización del alumnado con esta tipología, de ahí que el hecho de que un centro sea o no bilingüe, no establece una prioridad a la hora de escolarizar a estos alumnos.

También se destacaba en el informe que la evaluación psicopedagógica no tiene ninguna validez a la hora de diagnosticar o indicar los recursos necesarios para la atención del alumnado con altas capacidades intelectuales. Es el dictamen de escolarización donde se recogen las necesidades y/o recursos que se requieren para su atención y, en todo caso, dicho dictamen no recoge ninguna necesidad de recurso.

Por lo que respecta a la reserva de plazas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el informe alude al Decreto 40/2011, de 25 de febrero, para justificar la inexistencia de plazas reservadas al alumnado con altas capacidades intelectuales, y es por ello que la hija del reclamante tenía plaza en alguno de sus dos centros de adscripción.

Así las cosas, esta Defensoría acordó continuar las gestiones del expediente de queja con la Dirección General de Planificación y Centros a fin de obtener un pronunciamiento expreso sobre dos cuestiones que, en nuestro criterio, podrían quedar fuera de las competencias de la Delegación Territorial: por un lado, el relativo al dictamen de altas capacidades intelectuales y, por otro, el criterio no uniforme entre las distintas Delegaciones Territoriales de Educación en torno a la interpretación de la normativa sobre reserva de plazas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades.

La Dirección General vino a señalar que un informe de evaluación psicopedagógica no se considera documento vinculante para la posterior toma de decisiones en materia de escolarización, sino que recoge la valoración que el orientador u orientadora realiza a las necesidades específicas de apoyo educativo que presente el alumno o alumna. Es cierto que, en el caso que nos ocupa, el mencionado informe aconseja la escolarización de la hija del reclamante en una rama bilingüe, pero ello no conlleva, a juicio de la Dirección General, la obligatoriedad de que la familia formalice la escolarización en un centro de tales características ni insta a la Administración educativa a la admisión de dicha alumna.

Por lo que respecta al dictamen de altas capacidades, en el informe señalado se indica que el mismo no incluye información alguna en relación con la modalidad de escolarización ni con los recursos específicos que el alumnado pudiese requerir ya que estas propuestas solo resultan aplicables a otro tipo de alumnado tales como aquel afectado por trastornos graves del desarrollo, o trastornos graves de conducta.

Continuaba señalando el informe que el dictamen de altas capacidades intelectuales es un documento surgido a raíz de la publicación del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, cuyo modelo de elaboración se establece en las Instrucciones de 10 de marzo de 2011 de la entonces Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (actualmente derogadas y sustituidas por las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa) que tiene como función la acreditación de las altas capacidades del alumno o alumna a efectos de escolarización.

Finalmente, en relación con la supuesta aplicación de criterios distintos entre las distintas Delegaciones Territoriales de Educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el informe de ese Organismo aseguraba que se vienen aplicando unos criterios homogéneos en esta materia, los cuales son conocidos y aplicados de igual manera por todos los organismos conforme a la normativa vigente.

Como puede comprobarse, el asunto suscitado resulta ciertamente complejo por cuanto, entre otras consideraciones, para su abordaje han de intervenir distintos órganos de la Administración educativa, esto es, las Delegaciones Territoriales, la Dirección General de Planificación y Centros, como organismo encargados de la escolarización del alumnado y la propuesta de elaboración de normas para ello, y también la Dirección General de Participación y Equidad, por ser este centro directivo a quien le han sido encomendadas las competencias sobre el diseño, desarrollo y ejecución de las actuaciones y programas destinados a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Es por ello que también hemos demandado información del último de los centros directivos señalados, quien ha indicado que, conforme a las Instrucciones de 22 de junio de 2015, la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo para el alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará a través del proceso de evaluación psicopedagógica. Por ello, la evaluación psicopedagógica debe recoger una propuesta con las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y también con los recursos (generales y específicos) para dar respuestas a las necesidades del alumno así como las orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta en el aula así como en el centro.

También la Dirección General de Participación y Equidad, tras describir algunas de las medidas generales y específicas que se contemplan para el alumnado con altas capacidades intelectuales, destaca que no forma parte de aquellas la escolarización del alumno en un centro bilingüe, como acontece en el asunto que motiva la queja, ya que esta circunstancia es independiente de la organización del centro donde el alumno se encuentre escolarizado y está sujeta a lo establecido y regulado en los procedimientos de planificación de centros y escolarización.

Por todo ello se dictó la siguiente RECOMENDACIÓN:

Que por ese centro directivo se proceda a dar las instrucciones oportunas a las Delegaciones Territoriales de Educación, como organismos encargados de fijar la reservas de plazas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para que con un criterio homogéneo entre ellas, permitan hacer uso de la reserva de plaza para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado con altas capacidades intelectuales, siempre que los recursos o programas de que dispongan esos centros educativos hayan sido recomendados por los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa o por los Departamentos de Orientación Educativa.

La Administración envía un informe describiendo las distintas actuaciones realizadas en orden a responder a las demandas de los centros educativos ubicados en el municipio de Écija para el alumnado que precisa apoyo específico en comunicación y lenguaje.

Además informa que para el próximo curso escolar 2016/2017 se va aumentar los especialistas de pedagogía terapéutica en el CEIP Miguel de Cervantes. Del mismo modo se ha considerado oportuno un incremento de especialista de audición y lenguaje en el CEIP Calvo Sotelo.

Esta Institución conoció, a través de diversos medios de comunicación social, del malestar existente entre padres y madres de todos los centros docentes públicos de Écija por la ausencia de dotación suficiente de maestros de Audición y Lenguaje en los colegios e institutos de la ciudad.

Por la situación expuesta se abrió una queja de oficio.

La Administración informa que algunas de las obras necesarias se irán programando a medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, con respecto al muro perimetral, se ha considerado necesaria su demolición y reconstrucción, que ya se ha adjudicado el proyecto para su reparación.

Por la prensa se conoció la preocupación, e indignación, de los padres y madres de los alumnos y alumnas del centro Pablo Ruiz Picasso, de Fuengirola, centro docente que cuenta con una antigüedad de 50 años sin que nunca se haya llevado a cabo ningún tipo de intervención, reforma o adaptación. La lista de desperfectos es enorme, pero lo más grave es que el muro perimetral del patio está vallado desde hace un año por motivos de seguridad, sin que haya bastado todo este tiempo para que se procure una solución definitiva. Los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, tienen que permanecer durante el recreo en un sitio acordonado por no estar seguros.

Por lo expuesto se decidió incoar un expediente de oficio.

La Administración informa que, acabadas las obras, se está pendiente de las preceptivas comprobaciones y se espera que el próximo mes de Septiembre el gimnasio pueda ser puesto en funcionamiento.

Se conoció por la prensa que desde el Departamento de Educación Física del IES El Majuelo, de Gines, se había enviado una carta a los padres y madres de los aproximadamente 1300 alumnos y alumnas que diariamente acuden a dicho centro docente poniéndoles en conocimiento de los graves problemas de seguridad existentes en el recinto como consecuencia de la situación en la que se encuentran las obras del gimnasio, paralizadas, al parecer, desde Febrero de 2013.

Considerando la anterior información, se inició de oficio un expediente.