Alerta por correo electrónico de las novedades

La persona promotora de la queja manifestaba que los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida por la oficina de accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, incluidos en el perímetro de varias calles, aparcamientos recogidos en Google mapas, carecían de la señal vertical oportuna y rotulación necesaria para distinguirlos claramente, entendiendo que no cumplían la normativa establecida.

Admitimos la queja a trámite e interesamos del citado Ayuntamiento que nos informara de las actuaciones de esa materia incluidas en los presupuestos generales vigente así como las actuaciones previstas para el próximo ejercicio presupuestario con expresión de "código de proyecto" en los términos que recoge la normativa vigente presupuestaria.

En la respuesta municipal se nos facilitó un listado de las actuaciones llevadas a cabo y las previstas por la Delegación de Inclusión y Accesibilidad desde el año 2020 hasta la fecha de elaboración del informe, incluyendo el coste de cada una (en total 13).

Con esa información consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las peticiones expresadas para la mejora de atención a los alumnos con necesidades especiales en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Málaga.

En su día esta Defensoría se hizo eco del caso y nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga para conocer las actuaciones emprendidas ante la situación creada.

La Delegación ha enviado un informe en el que se manifestaba lo siguiente:

“En respuesta a su solicitud de colaboración por parte de este organismo, remitida a la Delegada Territorial de Educación y Deporte de Málaga en torno a la reclamación presentada por Dña. ..., previa solicitud de informe al Servicio de Planificación y Escolarización, le comunicamos que estudiada la situación de dicho centro y los recursos de los que dispone, se ha procedido a atender la petición realizada dotándolo de una nueva unidad de tres años, con el incremento de medios que conlleva”.

Así pues, creemos deducir que desde la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga se han mostrado receptivos para ofrecer las respuestas que se suscitan ante las consultas, demandas o comentarios de la representante del AMPA y promotora de la queja.

A la vista del caso analizado, deducir un comportamiento adecuado y colaborador por parte de las autoridades educativas a la hora de asignar para el centro la nueva línea solicitada de tres años con especial repercusión en la mejora de atención al alumnado con NEAE

Procedemos a concluir el presente expediente de queja reiterando la disposición para desplegar las acciones de seguimiento que resulten, en su caso, necesarias.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino del municipio de Pizarra (Málaga) en el que exponía, en esencia, que con fecha de 23 de diciembre de 2020 había presentado en ese Ayuntamiento de dicha localidad, un escrito de denuncia por los ruidos que sufría en su vivienda,a consecuencia de los ladridos de perros que se encontraban en construcciones del entorno, presuntamente ilegales.

Acompañaba a su escrito un informe de ensayo acústico con resultado desfavorable para el periodo nocturno. Además de los ruidos, también denunciaba en su escrito la presunta ilegalidad de las construcciones que albergaban los perros, así como las indebidas condiciones en las que se encontrarían los animales. Dicha denuncia la había reiterado mediante nuevos escritos de fechas 5 de abril y 6 de julio de 2021.

El motivo de la queja ante esta Institución era, por un lado, la falta de respuesta de ese Ayuntamiento ante su denuncia, y por otro lado, la ausencia de adopción de medidas en relación con las presuntas irregularidades denunciadas.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente al escrito del interesado, informándonos de ello.

El ayuntamiento nos traslado la respuesta que se le había dado al promotor de la queja, poniendo así fin a la situación de silencio administrativo que motivó la queja en esta Institución. En dicha respuesta se le indicaba, en esencia, que:

"Respecto del tema de los ruidos, el Ayuntamiento solicitó a la Diputación Provincial la medición acústica por carecer el Ayuntamiento de medios para ello. Aunque tenemos conocimiento de que tal medición se hizo, aún no se ha recibido el informe, pese a haberlo reiterado el Ayuntamiento varias veces.

Respecto al posible sometimiento de la actividad a la Ley 7/2007, de 9 de julio, según los informes emitidos, las citadas perreras no suponen una actividad mercantil ni industrial, sino doméstica, por lo cual no precisa de calificación ambiental según dicha norma, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a la Administración autonómica en materia de Salud Animal.

Y respecto a la legalidad urbanística, se han requerido a los titulares identificados de las perreras que acrediten los títulos habilitantes de las instalaciones, estando en plazo de contestación. En función de dichas contestaciones, se iniciarán o no los procedimientos de disciplina urbanística procedentes ".

También nos trasladaba el Ayuntamiento dos oficios enviados a la Diputación Provincial de Málaga, de fechas 15 de febrero de 2021 (solicitando asistencia técnica para la realización de una medición acústica), y 10 de septiembre de 2021 (reiterando la solicitud de asistencia técnica). El Ayuntamiento refería expresamente en ambos oficios que:

"Se indica que el suelo donde se ubica la construcciones objeto de la medición es Suelo no urbanizable especialmente protegido, Entorno del (...) y Suelo no urbanizable especialmente protegido riesgo alto de erosión (...), de conformidad con el PGOU publicado en el BOJA 226 de 17/11/2011".

En relación con el hecho de que el suelo donde se ubicabann estas construcciones fuese suelo no urbanizable, y su incidencia en la problemática del ruido generado por los ladridos de perro, se debía tener en cuenta que el Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra el ruido en Andalucía, recoge en su artículo 9 una tabla (Tabla I) de "Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en decibelios acústicos con ponderación A (dBA)". Adviértase el matiz de áreas "urbanizadas".

Esta tabla I contempla, a su vez, distintos tipos de áreas acústicas en función del uso que predomine en el sector de territorio de que se trate y, en concreto uso residencial; industrial; recreativo y de espectáculos; turístico u otro uso terciario distinto al recreativo y de espectáculos; sanitario, docente o cultural que requiera de una especial protección contra la contaminación acústica; sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen; espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

Citamos esta particularidad porque dado que la vivienda donde se perciben los ruidos objeto de queja, se encuentra en suelo no urbanizable, así como las instalaciones y/o edificaciones donde se ubican los perros que generan el ruido denunciado, se sitúa la problemática en un ámbito difícil de controlar por parte del Ayuntamiento de Pizarra, pues hemos de suponer que este suelo no urbanizable no tiene como usos predominantes ninguno de los citados en la Tabla I, ni tampoco constituye un espacio natural que requiera de especial protección contra el ruido, pues según informaba el Ayuntamiento es suelo no urbanizable de especial protección "por riesgo alto de erosión". De hecho, en el informe de ensayo acústico sufragado por el interesado, y aportado al Ayuntamiento, se indicaba que la vivienda de propiedad del denunciante:

"... se ubica en un diseminado a las afueras de la ciudad de Pizarra, donde no existen otras viviendas pero sí parcelas con pequeñas construcciones donde albergan perros utilizados para la caza. El uso predominante del suelo donde se ubica la residencia es rústico ‐ agrario ".

El propio informe de inspección acústica, después de citar que el uso predominante del suelo donde se ubica la casa es rústico-agrario, continuaba diciendo que:

"La actividad que produce molestias en la vivienda es la de los ladridos de los perros de varias parcelas utilizadas para albergar dichos perros que están destinados a la caza".

Existía cierta incongruencia en el propio informe de ensayo acústico, pues, por un lado se indicaba que el suelo donde se ubica la vivienda es un diseminado donde no existen otras viviendas y que tiene un uso predominante rústico-agrario (y que el propio Ayuntamiento refiere como suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de erosión); y por otro lado, a continuación, se refería que "en el caso que nos ocupa, la zona tiene predominio de suelo de uso residencial", lo cual no parece ajustado a la situación real de la ubicación ("donde no existen otras viviendas"), de uso predominante rústico-agrario en consonancia con su clasificación como suelo no urbanizable.

A la vista de todas estas consideraciones, y sin perjuicio del resto de previsiones del Decreto 6/2012, para supuestos de viviendas aisladas fuera de zonas urbanizadas, entendimos que el hecho de haber obtenido respuesta expresa del Ayuntamiento de Pizarra a las denuncias (entrando tanto en el asunto de los ladridos y de las edificaciones que albergan los perros), y de que se hubiera pedido asistencia técnica a la Diputación Provincial, era indicativo de que sí se había producido actividad municipal, incluso antes de la presentación de queja en esta Institución, como se demostraba con las fechas de los documentos aportados.

Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino del municipio de Torremolinos, Málaga, en el que nos exponía la problemática de la ubicación de un contenedor de basura en la acera de acceso a su vivienda, junto a la fachada y puerta de entrada.

Según exponía, había mantenido distintas comunicaciones con LITOSA, empresa encargada de la recogida de residuos urbanos en Torremolinos. En uno de los escritos presentados ante esta empresa, exponía el reclamante, entre otras cuestiones, que la ubicación del contenedor objeto de queja "entre otros aspectos, obstaculiza la acera de acceso (comprometiendo el paso de PMR)...”

En septiembre de 2021, el interesado había enviado un correo electrónico mediante el cual exponía que "El contenedor está situado en la misma acera de acceso a las nuevas viviendas, no permitiendo el paso de PMR ya que se ha tenido que hacer un encastre en la misma...”Aportaba fotografías de la ubicación del contenedor.

Continuaba el correo explicando que “LITOSA autorizó hace apenas 2-3 meses una nueva ubicación para dicho contenedor (adjunto evidencias), por lo que entiendo que la situación tuvo que ser analizada convenientemente y con el rigor que merece ya que, entre otros aspectos, dicha decisión ha conllevado al cierre y posterior apertura del encastre en la acera con el consecuente gasto público.”

Finalmente exponía en el escrito enviado a LITOSA que “Existen al menos dos opciones de emplazamiento muy próximas a su actual ubicación, una de ellas precisamente la autorizada por Vds. en su día, donde el contenedor no quedaría en la misma acera de ningún vecino ya que estaría la calzada de por medio.” Aportaba fotografías de dichos emplazamientos.

A este correo, según decía el reclamante, no habría tenido respuesta.

Nos parecía ciertamente relevante el asunto del más que probable incumplimiento de las normas de accesibilidad, además de otras cuestiones propias de olores y salubridad, siempre que, como parecía, existieran lugares alternativos.

En cuanto al asunto de la accesibilidad, parecía que el contenedor objeto de queja, encastrado en el acerado, había dejado un espacio para el tránsito que aparentemente incumplía la normativa de accesibilidad del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

El artículo 48 de este Decreto establece en su apartado 1 que cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios libres de uso público, «se dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad», mientras que el artículo 15 del citado Decreto señala (apartado a), primer párrafo) que:

«Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública se diseñaran de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, a cuyos efectos cumplirán las siguientes condiciones:

a) El ancho mínimo libre de obstáculos será de 1,50 metros de manera que se garantice el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. En el caso de que en viales existentes no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos».

A tenor de las fotografías que el reclamante nos aportaba, no nos parecía que se respetase dicha anchura mínima. Además de ello, nos parecía, salvo que se nos acreditase lo contrario, que asistía la razón al reclamante al exponer una serie de lugares donde se podía situar alternativamente este contenedor.

Por todo ello, admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos para interesar que se emitiera informe del arquitecto municipal en el que se pronunciase sobre si el tramo de acerado donde está encastrado el contenedor objeto de queja, cumplía o no la normativa de accesibilidad y tránsito libre del Decreto Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En respuesta recibimos comunicación del Ayuntamiento con la que se nos trasladaba informe del Jefe de Infraestructuras, según el cual, el acerado de la calle donde se ubicaba el contenedor objeto de queja no cumplía con la normativa vigente de accesibilidad, por lo que se debía trasladar el contenedor de RSU y reponer el acerado del retranqueo.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de este informe, no se nos informaba por el Ayuntamiento si se había cambiado de ubicación el contenedor en los términos indicados. No obstante, tras preguntar por tal extremo al promotor de la queja, este nos informó que el contenedor se había cambiado de ubicación pero que seguía en el acerado el retranqueo para ubicar el contenedor.

Entendíamos que sólo se había solventado el problema parcialmente, pero que seguía siendo necesario revertir el acerado a su estado original, convirtiendo el hueco del retranqueo en acerado.

Solicitamos nuevamente la colaboración del Ayuntamiento y le instamos a ejecutar las obras precisas, informándonos de ello.

Posteriormente nos informaron desde LITOSA que ya se había retirado el contenedor de la ubicación objeto de queja, y añadían que el pasado mes de agosto de 2022 terminaron las obras de anulación del retranqueo donde estaba el contenedor.

Con ello, se acogía totalmente la pretensión del promotor por lo que dimos por terminada nuestra intervención en la queja y procedimos a su archivo.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte. La persona interesada, que presta servicios en un Ayuntamiento andaluz, denunciaba que realizaba funciones distintas al puesto que ocupa y manifestaba que desde el 2015 venía solicitando una respuesta del Ayuntamiento competente a su situación.

Recibida la respuesta solicitada al Ayuntamiento afectado éste nos informaba que durante determinados periodos y dentro de su jornada laboral la persona promotora del expediente de queja ha realizado otras tareas distintas a su puesto, por lo que había percibido un complemento retributivo al efecto.

En el expediente de queja, con el número arriba indicado, nos indicaba la falta de resolución expresa del Ayuntamiento de Córdoba, ante la solicitud de empadronamiento presentada con fecha 27 de agosto de 2021, reiterando la pretensión con fecha 22 de marzo de 2022. Un trámite que considera necesario para solucionar asuntos relacionados con las elecciones andaluzas así como para solicitar comisiones de servicio, derechos que le amparan.

Tras la petición de informe interesando la necesidad de emitir resolución expresa y motivada, sin más dilaciones a la solicitud presentada, desde el Ayuntamiento nos remite escrito, en el cual nos manifiesta que se ha procedido a dar de alta en el Padrón de Habitantes.

Al haberse puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

La presente queja fue incoada de oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz respecto al estado de conservación de un columbario con valores patrimoniales e históricos del siglo XVIII en Isla Cristina.

Con los trámites seguidos, hemos obtenido información de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva y del Ayuntamiento de Isla Cristina. La Delegación Territorial viene a reseñar con fecha 11 de mayo de 2022:

“Teniendo en cuenta todo lo referido, y atendiendo a su requerimiento de información, respecto a la las medidas de protección del columbario; los proyectos de protección o conservación, en su caso realizados; las iniciativas para dotar al columbario de un régimen de protección acorde con sus valores patrimoniales..., cabe señalar que el columbario forma parte del complejo agrícola del siglo XVIIl conocido como Huerta Noble o Huerta del Carmen, el cual se encuentra inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andauz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Lugar de Interés Etnológico «como ya apuntara con anterioridad-. Por ello, el inmueble en cuestión cuenta con el máximo grado de protección que le otorga la legislación vigente en materia de patrimonio histórico.

En este sentido, esta Delegación Territorial, conforme al deber legal establecido en el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, viene requiriendo a los titulares del Bien de Interés Cultural en cuestión el cumplimiento de su deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo para la salvaguarda de sus valores. Si bien es cierto que el cumplimiento de dicho deber legal ha de ser exigido sin dilación no es menos cierto que, a su vez, debemos garantizar la salvaguarda de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente otorga a cualquier ciudadano o ciudadana.

Del cumplimiento de la orden de ejecución de obras emitido por esta Delegación Territorial de fecha 13/04/2021, los titulares del Lugar de Interés Etnológico deberán presentar el correspondiente proyecto de conservación según los establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, De otra parte, en esta Delegación Territorial sólo obra solicitud de autorización de "Reposición de cubierta de nave en polígono 6, parcela 18 de la finca Huerta Noble de La Redondela (Isla Cristina, Huelva) (Expte. 153/2017), de fecha de entrada en el registro general de la Delegación Territorial de 11/10/2017. Dicha solicitud fue desestimada por encontrarse en curso un expediente de exigencia del deber de conservación del Bien de Interés Cultura del Lugar de Interés Etnológico Huerta Noble.

Tras sendas reuniones mantenidas entre técnicos del Servicio de Bienes Culturales adscrito a esta Delegación Territorial y, por un lado, con dos delos titulares del inmueble denominado Huerta Noble, y por otro lado, con un miembro del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina así como técnica del mismo, ambas partes manifestaron el interés en ceder y adquirir derechos de usos, según corresponde, sobre el Bien de Interés Cultural en cuestión para su conservación y puesta en valor, Todo ello, una vez se finalice con el expediente de exigencia del deber de conservación incoado por nosotros. En este sentido, estamos a la espera de la emisión del nuevo informe de los servicios técnicos del Consistorio isteño actualizando el contenido del ya emitido en fecha de 20/09/2018. Tras su puesta a disposición a la totalidad de los interesados, desde esta Delegación Territorial se promoverá mantener una nueva reunión entre todas las partes titulares del Bien de Interés Cultural y Corporación local para cerrar un acuerdo de cesión de derechos sobre tan singular bien cultural de la provincia de Huelva”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Cristina también ofreció su informe con fecha 8 de septiembre de 2022 en el que viene a señalar:

“Que, una vez visto el bien y estudiado el proyecto con Delegación, con fecha 26 de enero de 2018, enviamos convocatoria para reunirnos con los propietarios y hacerles saber nuestra propuesta, que no es otra que llegar a un acuerdo de cesión temporal del bien para poder actuar en el mismo y así paliar la carga que un posible expediente sancionador puede acarrearles.

A dicha reunión acceden dos propietarios que están dispuestos a ceder la propiedad de manera temporal, entendiendo que para ellos es imposible atender la demanda de la Consejería de Cultura, por el alto desembolso económico que ello requiere.

Que, tras reiteradas llamadas e intentos de reuniones, hay un tercer propietario que no accede a ello, incluso sabiendo que es muy posible que su negativa termine en sanción. Puesto que sin la afirmación de los tres propietarios es imposible llegar a un acuerdo, sólo nos queda instar a los propietarios al deber de conservación del BIC.

Que, con fecha 17 de agosto de 2018 se nos solicita a los servicios municipales, por parte de la Delegación Territorial, informe sobre la concreción y valoración de las obras a ejecutar para la conservación del bien en relación con cada uno de los titulares, a fin de continuar con el expediente. Dicho informe se entrega con fecha 20 de septiembre de 2018.

Que, en 2021, se recibe llamada de la Delegación Territorial de Cultura de Huelva, por la que se nos comunica que se ha iniciado el expediente sancionador contra los propietarios de Huerta Noble y, al ponerse en contacto con ellos, quieren llegar a un acuerdo para evitar dicho expediente. Por ello, nos volvemos a reunir en la Delegación y en Huerta Noble y, actualmente, estamos esperando respuesta por parte de uno de los propietarios para reunirnos todas las partes y poder llegar a algún tipo de acuerdo que evite que el bien siga deteriorándose y su futura puesta en valor.

Que, a pesar de las negativas de uno de los propietarios, curiosamente el de la zona en peor estado de conservación, la respuesta de los otros dos propietarios siempre ha sido positiva, dejándonos actuar en su propiedad para labores de limpieza y desbroce e incluso actuando ellos en zonas afectadas”.

Los informes transcritos atribuyen el marco de responsabilidad de las acciones de conservación y mantenimiento del inmueble, que se sitúan en los titulares propietarios del mismo. Una vez que el informe de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico aclara que el inmuble cuenta con la calificación de BIC, el marco de responsabilidad respecto al inmueble se sitúa conforme establece el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que requiere a los titulares del Bien de Interés Cultural en cuestión el cumplimiento del deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo para la salvaguarda de sus valores. Y, en el mismo sentido, la presente queja incoada por iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz, no ha dejado de tener presente un factor de riesgo por el agravamiento de daños para el propio inmueble y sus elementos de valor cultural, en especial su columbario

Como vemos, la conservación y mantenimiento corresponde a la titularidad del inmueble y es en este marco de responsabilidad en el que se deben definir las medidas que superen los problemas y debilidades del inmueble. Y precisamente, ante dichas circunstancias, se establecen por la normativa las potestades que persiguen dotar a las administraciones públicas de herramientas efectivas y ejecutivas para garantizar la conservación y puesta en valor de estos elementos culturales, tal y como hemos visto.

Desde luego, la finalidad de la actuación de oficio emprendida por propia iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado dirigida a conocer la situación de un inmueble que, ostenta un Bien de Interés Cultural (BIC), con un indudable interés histórico y artístico; a la vez que su fin último es lograr el efectivo respecto a los mandatos legales de protección de estos intereses patrimoniales que están en juego una vez confirmado el deficiente estado de conservación del inmueble.

Insistimos en que la responsabilidad primaria se debe atribuir a los propietarios del inmueble. Pero no se puede omitir la capacidad de intervención que ostentan las autoridades culturales para instar desde su función tutelar la adopción de todas las medidas técnicamente adecuadas para abordar una situación de riesgo para su conservación.

En suma, la oportunidad de incoar la queja de oficio queda cumplida a la vista de las informaciones recibidas y que ponen de manifiesto una situación progresiva de desatención de la Huerta Noble en La Redondela, de Isla Cristina. Un deterioro labrado en el tiempo que fue advertido de manera expresa por estudios realizados por técnicos de la Delegación Territorial en matera de Cultura y el Ayuntamiento de la localidad, al menos desde 2018.

Durante este plazo se conocen iniciativas y contactos con varios titulares para colaborar en la consolidación de varios elementos del inmueble y estudiar alternativamente unas fórmulas de cesión que garanticen los proyectos de conservación necesarios.

En todo caso, y más allá del éxito de estas conversaciones, no se puede soslayar la reglada intervención de las autoridades culturales para ordenar, en su caso, a la propiedad las actuaciones necesarias de rehabilitación y disponer todas las medidas que resultaran precisas para la protección del inmueble.

Por tanto, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no podemos dejar de posicionarnos en favor del impulso ante las medidas de conservación y protección de la Huerta Noble en La Redondela, de Isla Cristina requiriendo de las Administraciones Públicas competentes las actuaciones que hemos apuntado. Es decir, impulsando desde el ayuntamiento los estudios y actuaciones que indica en su informe y, por otra parte, esperamos que la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva pueda ofrecer su apoyo y asesoramiento técnico en todas las cuestiones que puedan afectar a los valores históricos y artísticos del inmueble.

En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.