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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Conocemos las actuaciones de protección del yacimiento de El Torbiscal de Utrera saqueado con motivo de una obra pública.

22-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas «con el objetivo de que la investigación revierta en un aumento y cualificación del conocimiento histórico de nuestro pasado y presente», en los términos que afirma el Decreto 168/2003, de 17 de Junio (BOJA 134, de 15 de Julio), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza, las autoridades culturales ha venido desarrollando una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado este interés en el conjunto de elementos que componen el rico y variado Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, en el caso de la zona del Bajo Guadalquivir, hemos tenido conocimiento de unas supuestas actuaciones de expolio o saqueo producido en el yacimiento arqueológico de El Torbiscal, en el término municipal de Utrera. Según la información publicada, y a la falta de mayor información, los ataques realizados se habrían producido con motivo de “las catas arqueológicas de carácter preventivo asociadas a unas obras en el enlace de la carretera de Las Cabezas con la Nacional IV”. Se añade que tales actos de vandalismo contra la investigación arqueológica fueron incluso advertidos por guardas de las obras que fueron amenazados y agredidos.

Más allá de esta reseña publicada, interesa conocer las medidas que se han adoptado por las autoridades culturales en orden a la delimitación, valoración y, en su caso, protección de estos hallazgos, así como las medidas que se pretendan acometer respecto de estos restos, por si fueran susceptibles de una determinada protección o, en su caso, las decisiones que se acometan sobre la continuidad de los trabajos y su impacto en dichos hallazgos.

Resulta de sumo interés conocer el resultado práctico de las disposiciones de la autoridad cultural sobre este hallazgo y su implicación con las obras de instalación que se están acometiendo.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura y el Ayuntamiento de Utrera a fin de conocer:

• registro o identificación previa del espacio afectado por las obras en cuanto a su consideración como yacimiento arqueológico.

• medidas adoptadas desde el hallazgo de los restos encontrados en el yacimiento de El Torbiscal, en Utrera.

• labores de intervención que se hubieran realizado o calendario de intervenciones arqueológicas previstas, en su caso, sobre tales restos.

• acciones de control y seguimiento de la ejecución de las mismas.

• estado del proyecto o de su ejecución de la obra pública en relación con la delimitación del hallazgo en dicho yacimiento.

20-05-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Delegación Territorial respondió conforme señala el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando que

“En relación con la Resolución formal del Sr. Defensor del Pueblo Andaluz citada en el encabezamiento, con registro de entrada en esta Delegación Territorial de fecha 18 de octubre de 2019, sobre expolio o saqueo producido en el yacimiento arqueológico de El Torbiscal sito en el término municipal de Utrera, se informa Io siguiente:

Primero.- Las necrópolis de El Torbiscal no fueron halladas como resultado de unos movimientos de tierra descontrolados durante el trascurso de las obras de desdoble de Ia carretera N-IV sino todo Io contrario Io fueron como resultado de la ejecución de una actividad arqueológica preventiva prevista en el articulo 3 c) del Decreto 169/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, que desarrolla Io establecido en el articulo 59 de la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía que permite exigir a la persona o entidad promotora, cuando se presuma Ia existencia de restos del Patrimonio Arqueológico en el subsuelo, la realización de la actividad arqueológica necesaria para su protección, como resulta en el caso de El Torbiscal. La actividad estaba motivada por las obras del desdoblamiento de la antigua carretera N-IV entre los municipios de Dos Hermanas, Los Palacios y Utrera, al sur de Ia provincia de Sevilla En el caso concreto que nos ocupa, el futuro desdoble que aún están construyendo, implicaba Ia reforma necesaria del antiguo nudo de enlace de EI Torbiscal con el viario restante de Ia zona, lo que suponía la construcción de viaductos y conexiones que implicaba una importante alteración del subsuelo que justificaban Ia intervención arqueológica preventiva.

Segundo.- Como consecuencia de Io anterior, con fecha 17 de septiembre de 2018, fue presentada en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla solicitud de autorización de Ia actividad arqueológica preventiva: “Control de movimientos de tierra para el proyecto de reforma del enlace de Ia N-IV en El Torbiscal, Utrera. Sevilla”, presentada por el doctor arqueólogo don Pablo J. Ramírez Moreno actuando como promotor don Juan Antonio Alcántara López en nombre de ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A., quedando registrada con el nº de expediente 12/2018. ARQUEA/8716.

Tercero.- Con fecha 16 de octubre de 2018, Ia solicitud es informada favorablemente por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, siendo autorizada por Resolución emitida por la Delegación Territorial el 22 de noviembre de 2018. Se designó como arqueólogo inspector al doctor en Arqueología don Javier Verdugo Santos, funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio Histórico de Ia Junta de Andalucia. La actividad se inicio el 8 de noviembre de 2018 y finalizó el 29 de enero de 2019.

Cuarto.- De Io expuesto se deduce que no se despliega ningún protocolo tras el hallazgo como se afirma en Ia Segunda Consideración de la Resolución del Sr. Defensor del Pueblo puesto que el descubrimiento de las tumbas se materializa el 27 de noviembre de 2018 en el transcurso de la actividad autorizada el día 16 de octubre e iniciada el 8 de noviembre. Posteriormente el día 3 de diciembre se produjo la aparición de once tumbas. Ante la aparición de estos hallazgos se advirtió oralmente a ACCIONA de la conveniencia de establecer una vigilancia de seguridad.

Quinto.- Que es cierta la constatación de la especial virulencia en los atacantes expoliadores, circunstancia ésta que no se ha producido en las mas de 250 intervenciones arqueológicas realizadas durante 2018 en Sevilla y su provincia, Io que indica que estamos ante un hecho excepcional de forma de actuar propia de una banda organizada.

Sexto.- Que se considera muy acertada la observación recogida en Ia Cuarta Consideración relativa a la "necesidad de mayores capacidades para disponer medidas de seguridad preventiva, y también, no tanto de vigilancia, sino con capacidad reactiva antes estos casos de violencia tan expresa contra las personas o guardas que permanecen en los espacios de trabajo arqueológico”.

En tal sentido por esta Delegación Territorial se adoptará Ia siguientes medida:

Incluir en las resoluciones de autorización Ia obligación a los promotores de disponer, a juicio de los arqueólogos inspectores, de especiales medidas de seguridad cuando Ia circunstancia de los hallazgos así lo aconseje.

Si se contase con más recursos humanos -para Sevilla y Provincia solo se cuenta con cuatro arqueólogos- se ampliarían las medidas a:

1.- Trasladar a los Ayuntamientos, no solo Ia resolución de las autorizaciones arqueológica en su término como es habitual, sino también comunicar el inicio y finalización de cada actividad para que sean conocidas por la policía local.

2.- Comunicar las autorizaciones a la Policía autonómica y al Seprona.

3.- intensificar las inspecciones arqueológicas.”

Según la respuesta recibida, la previsión de estas medidas de protección se ha considerado oportuna y adecuada. Y así, el Defensor ha de interpretar la aceptación de la Resolución dirigida y, por tanto, la conformidad con las medidas propuestas ante la autoridad cultural en orden a disponer de medidas preventivas y anticipadas para ejecutar acciones de seguridad y protección de carácter inmediato en los yacimientos frente a posibles expolios.

Hemos de destacar la importancia de que esa valoración colaboradora, expresada en la respuesta de la Administración, se concrete en acciones específicas para adecuar los contenidos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y clausulado de los contratos del Sector Público recogiendo las condiciones que permitan habilitar servicios añadidos de seguridad y vigilancia ante supuestos motivados de riesgo de expolios o frente a ataques a las intervenciones arqueológicas, y con todo lo expuesto se procede al archivo del expediente.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos informan de los proyectos para la reforma del Mercado de La Concepción en La Línea y la disposición de potenciar su uso y aprovechamiento.

22-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Cádiz y en concreto del Campo de Gibraltar.

Es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura.

Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección de varios elementos de distinta tipología que se encontrarían en situación de riesgo a tenor de algunos informes de organizaciones conservacionistas y de protección histórica, de los que se han hecho eco los medios de comunicación recientemente. Un informe, presentado por la entidad Hispania Nostra, alude a las medidas necesarias de protección para Las Cuevas del Pajarraco, en Los Barrios; la iglesia de Santiago o de Jesús en Tarifa; y el Marcado de la Concepción en la localidad de La Línea.

Se da la circunstancia de que sobre dos de estos tres casos, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha desplegado sus actuaciones, a través de la queja 18/228 en el caso de Tarifa, y en la queja 16/5720, incoada de oficio, para las Cuevas del Pajarraco y la protección de sus pinturas rupestres y sus valores arqueológicos.

Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del aludido Mercado de La Concepción en La Línea, Según se cita, está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico desde 2007 y para su conservación se habrían realizado varios proyectos procurando garantizar las condiciones de uso así como su puesta en valor, aunque finalmente no han sido ejecutados.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, a fin de conocer:

• estado de conservación del inmueble del Mercado de La Concepción, en la Línea.

• relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos.

• régimen de uso o aprovechamiento previsto.

22-07-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras la tramitación de la queja de oficio incoada ante la situación que presenta el Mercado de Abastos de la ciudad de La Línea de la Concepción (Cádiz), con fecha 11 de junio 2019, recibimos informe de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz en el que se expresa lo siguiente:

“Estado de Conservación:

No se han detectado problemas estructurales relevantes, tales como desplomes de muros, grietas, asientos, etc. siempre refiriéndonos a la parte histórica catalogada, sin entrar a valorar los añadidos, o partes de nueva construcción, ejecutadas con posterioridad a ambos lados de la nave central del edificio. Se han observado ligeras deficiencias en paramentos, tanto exterior como interiormente.

Si bien el edificio posee dos plantas, la superior está fuera de uso. En la nave central se ha instalado un falso techo, lo que no hace posible valorar la cubierta, aunque por documentación aportada con anterioridad se sabe que la estructura está realizada a base de cerchas metálicas, ejecutadas con remaches.

Intervenciones y proyectos redactados y/o ejecutados en los últimos años.

A partir del mes de junio de 2009, el Ayuntamiento de la Línea presentó, para consulta a sta Delegación una serie de proyectos que debieron ser sometidos sucesivamente a determinadas subsanaciones.

En abril de 2010 se dictaminó finalmente la viabilidad de la propuesta, requiriéndose no obstante la presentación de un proyecto de conservación, de conformidad con el artículo 35.5, y con las condiciones establecidas en el artículo 21, ambos de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En dicha propuesta, se planteaba la demolición de determinadas partes del inmueble, consideradas añadidos no originales, y la conservación y restauración de otras, correspondientes a partes originales integrantes del edificio original, construido en 1881 (nave central).

Hasta el día de la fecha no se ha presentado proyecto alguno que desarrolle la nueva propuesta de construcción/conservación del Mercado de Abastos”.

Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de la ciudad linense nos informó de manera cumplida y detallada que:

“En relación a los proyectos llevados a cabo en los últimos años:

• Sustitución de canaletas.

• Creación de rampas de acceso.

• Adecuación de un nuevo baño y adecentamiento de los existentes.

• Pintado interior y exterior del Mercado.

• Adecentamiento del cuarto de residuos con nuevas puertas de acceso y creación de habitación para depósito de envases.

• Arreglo de zonas en desuso y deterioradas (zona pescadería y zona de frutas y verduras).

• Habilitación cuarto de limpieza para enseres.

En cuanto a futuros actuaciones, hay que destacar que este Ayuntamiento ha sido beneficiario a través de la estrategia DUSl de una subvención de 125 millones de (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) cofinanciados al 80%» es decir, el Ayuntamiento financiará 2,5 millones.

Entre los proyectos que se recogen en dicha estrategia de ciudad aparece el proyecto de regeneración del Mercado Municipal, que supondrá una inversión total de 3.648.000 euros. La redacción de este proyecto está prevista para principios de 2020 y su finalización para antes de 2023.

Las obras supondrán la modernización integral del edificio y la adaptación del mismo a las normativas de accesibilidad salubridad, etc. vigente. Para ello se actuará en las dos plantas reordenando los espacios y favoreciendo la convivencia de dos usos: el de mercado tradicional y el uso hostelero o gastronómico.

El proyecto, por contener elementos protegidos incluidos en el catálogo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. deberá contar con el visto bueno de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, garantizando así la preservación y puesta en valor de dichos componentes arquitectónicos”.

A la vista de sendas informaciones, hemos de entender que ambas administraciones, en el marco de sus respectivas iniciativas, vienen interviniendo sobre el Mercado de Abastos de la localidad en los términos que se recogen en dichos escritos.

Es intención de esta Institución proseguir impulsado las actuaciones necesarias de todas las instancias competentes para salvaguardar la integridad de dicho monumento merecedor de la protección y tutela que la normativa establece para los inmuebles inscritos en el CGPHA.

En particular, destacamos los proyectos que se anuncian para la reforma del inmueble y la disposición de potenciar su uso y aprovechamiento por la sociedad linense. Por ello, hemos de reiterar al Ayuntamiento, así como a la Delegación de Cultura, la importancia de imprimir continuidad de los proyectos emprendidos y el impulso de las medidas anunciadas, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Entendiendo que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones.

Con motivo de las actuaciones llevadas a cabo en la queja 18/5970, hemos comprobado mediante accesos al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zufre, y por indicación de la que fue parte interesada en la queja aludida, que en fechas de 17 de diciembre de 2018 al 21 de febrero de 2019, no se han incluido en el citado Portal la reseña y publicación de las actas de las sesiones de pleno celebradas desde la última que consta incluida, de fecha 14 de julio de 2015.

Cabe tener en cuenta al respecto la obligación de hacer públicas las actas de las sesiones plenarias de las Entidades Locales, tras la realización y confección del acta de una sesión plenaria por el Secretario/a de la Corporación. Dichas actas habrán de ser sometidas a su aprobación como primer asunto del orden del día de la sesión ordinaria siguiente y si resultare aprobada, deberán ser sometidas a la publicación pertinente.

La normativa de transparencia autonómica (articulo 10.3, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía) ha establecido al respecto la obligación respecto de las entidades locales andaluzas de “publicar, además, la información cuya publicidad viene establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones plenarias”.

Por cuanto antecede, constatada la falta de publicación mediante los acceso al Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Zufre, en ejercicio de las facultades y atribuciones que al Defensor del Pueblo Andaluz asignan los articulo 1 y 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución, se propone que por el titular de la misma, se adopte acuerdo de iniciación de queja de oficio al respecto del posible incumplimiento por el Ayuntamiento de Zufre de su obligación de publicidad activa respecto de las actas del Pleno.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite ordinario, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos requerir de ese Ayuntamiento de Zufre la emisión del preceptivo informe al objeto de que nos traslade su parecer al respecto del asunto analizado.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos explican sistemas de localización GPS a deportistas en determinados eventos deportivos.

22-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento, por los medios de comunicación y redes sociales y por testimonios directos de varios deportistas participantes, del fallecimiento el pasado sábado 30 de marzo de un corredor que actuaba como voluntario de la organización en un evento deportivo celebrado en la Sierra Norte de Sevilla.

Más allá de las circunstancias específicas de la concreta prueba deportiva en la que se produjo el lamentable fallecimiento, queremos detenernos en el ámbito deportivo que abarca a muchas disciplinas con exigencias y requisitos especiales de resistencia y dificultad.

Debemos partir de la consideración del deporte como factor corrector de desequilibrios sociales, así la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, lo señala en su preámbulo «como elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social ...».

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte Andaluz, incide en dicho aspecto «derecho de la ciudadanía, mediante el reconocimiento de la existencia de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye desde el deporte de competición al deporte de ocio», «teniendo la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud», «inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial … reconociendo del derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la practica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades».

Partiendo de esta premisa y el relación al hechos que nos ocupa, debemos destacar como novedad introducida por nuestra Ley del Deporte tanto la protección de salud a tenor del gran número de deportistas que ya sean en competiciones oficiales y no oficiales, o de mero ocio, como el fomento de las actividades deportivas en el medio natural.

La propia exposición de motivos hace repetidas referencias tanto a la protección a la salud «se plantea la estructura de la presente ley ... como gran dintel de la estructura deportiva andaluza que se encuentra soportado por cuatro pilares básicos, cuales son la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia del nuevo modelo deportivo en Andalucía», «los reconocimientos médicos previos de no contraindicación para la práctica deportiva, que habrán de implantarse progresivamente como instrumento para la prevención y protección de la salud de los deportistas federados», como al medio natural que «además de promover las actividades deportivas en el medio natural, fomenta la utilización racional de los recursos naturales a fin de que la práctica deportiva se realice de manera sostenible, y reconoce al medio natural el carácter de instalación deportiva no convencional».

A este respecto, ya hemos tramitado expediente de queja (Q17/2997) ante la Secretaria General para el Deporte relativo a la práctica de reconocimientos médicos previos de no contraindicación para la práctica deportiva, donde se realizó la siguiente Sugerencia «que el Decreto de protección de la salud y lucha contra el dopaje, en desarrollo del mandato contenido en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte Andaluz, contemple tanto la necesidad de superar un examen médico previo para obtener una licencia federativa, como -más importante- la obligación de aportar un certificado médico de estar apto para tomar parte en las pruebas y eventos deportivos que dicho reglamento establezca». Dicha Resolución fue aceptada por la Secretaría General.

Se trata, por tanto en el caso que analizamos, de promover la práctica deportiva de un modo de vida saludable desde un concepto integral, donde la salud de la persona practicante es consustancial a los hábitos deportivos acordes con el estado de salud y capacidad de cada persona, y que dicha practica se desarrolla en el contexto de un medio natural.

A todo ello se une el gran auge que está suponiendo en los últimos años la práctica del deporte por la ciudadanía, redundando en un más que considerable aumento de celebración de eventos deportivos, como las disciplinas de Trail, Ultratrail, Carreras por montaña o MTB que se desarrollan en un extenso, amplio e incluso abrupto medio natural.

Esa dimensión colectivizada y amplia de esta práctica deportiva aconseja, correlativamente, la disposición de sistemas de seguridad que identifiquen y permitan un seguimiento de los participantes en escenarios que, habitualmente, cuentan con un extenso territorio o largos recorridos.

Desde un punto de vista deportivo permitiría el control del desarrollo de la prueba, pero también, en atención al riesgo o esfuerzo que se genera en el entorno, habilitaría la capacidad de reacción ante cualquier posible incidencia.

Precisamente, una de las medidas o aparentes soluciones técnicas para facilitar estas labores de control sería emplear sistemas de localización GPS para generar escenarios de seguridad y prevención en la salud de los practicantes. En todo caso, parece un aspecto técnico y muy específico que necesita la aportación y criterio de los expertos.

Por ello, se entiende oportuno que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tome mayor conocimiento de la situación, y en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, se propone iniciar una actuación de oficio para que por parte de la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Educación y Deporte y las Federaciones Andaluzas de Montaña, Atletismos y Ciclismo, se nos informe sobre los siguientes extremos:

• sistemas de seguimiento y control de los participantes en eventos deportivos que se desarrollan en un medio natural (instalaciones deportivas no convencionales).

• Estudios o ensayos que se hubieran realizado para aplicar medidas de seguimiento.

02-08-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Para hacer constar la recepción en el presente expediente de todos los informes que habían sido interesados a diferentes Federaciones Deportivas implicadas en el desarrollo de pruebas deportivas en el medio natural.

Por la Federación Andaluza de Montaña (FAM) se nos informa de las medidas de prevención, autoprotección y emergencia que le son solicitadas a los organizadores en relación a la seguridad de los participantes, transcribiéndonos diversos artículos del reglamento de competición de la Carreras por Montaña. Y en el concreto aspecto de la localización de los participantes, se nos indica que existen organizadores que están trabajando con la tecnología GPS mediante una central de datos que recoge la ubicación exacta de cada participante a través de un dispositivo móvil, tecnología que no esta al alcance de todos los bolsillos, realizándose de momento a través de controles de paso.

Por la Federación Andaluza de Atletismo (FAA), se nos informa que los únicos medios de control existentes son dispositivos GPS o bien usando los móviles de los participantes, por lo tanto esto supone un sobrecoste para la organización que ante la falta de control queda a expensas de que la organización tenga a bien invertir en estos medios de seguridad.

Por parte de la FAC se nos indica no haber realizado estudios al respecto, si bien están en la búsqueda de financiación para la adquisición de un sistema de chips que de la posición del ciclista en las pruebas.

Y por último, la Secretaria General para el Deporte nos traslada en su informe la implicación de todas las Federaciones Deportivas en la protección de la salud de los deportistas participantes en los distintos eventos deportivos, considerando interesante plantear un estudio sobre los distintos sistemas que actualmente existen y que se podrían utilizar en las distintas pruebas.

A este respecto, consideran que actualmente estos sistemas no están suficientemente desarrollados y tendría que ser a través de los teléfonos móviles de los participantes (que no todos llevan o quieren llevarlo) o mediante unos complicados y caros sistemas que encarecerían mucho la organización de estas pruebas.

Sobre este particular, somos conocedores de que muchas de las pruebas deportivas que se desarrollan en un medio natural -instalaciones no convencionales- se exige a los deportistas por la organización, como material obligatorio, que se porte un teléfono móvil.

Concluye su informe manifestando la conveniencia de plantear y convocar una reunión a las federaciones implicadas en este tipo de carreras en medio natural, y realizar un estudios sobre las ventajas e inconvenientes de los sistemas de Geo-localización. Compartimos tal iniciativa, ofreciéndoles, si lo creyeran conveniente, las dependencias de esta Institución para la celebración de dicha reunión, o en todo caso nuestra disposición a participar en las mismas.

Tras agradecerles la colaboración prestada, y puesto que del contenido de los informes emitidos se desprende que el tema analizado se encuentra en vías de solución, le comunicamos que con esta fecha se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de un posterior seguimiento.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos informan de las medidas para la protección del Lavadero de El Realejo, en Granada.

22-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz tramitó queja ante la situación de deterioro del lavadero y la Placeta de la Puerta del Sol en El Realejo, de la ciudad de Granada. Para ello recabamos información a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, así como al propio Ayuntamiento de la capital granadina. La citada Delegación Territorial nos ha manifestado al respecto que

“Esta Delegación Territorial considera que según "lo dispuesto por el artículo 155,1 dela Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y lo establecido por el artículo 14,1 de /a Ley 14/2007, de 26 de diciembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, son los propietarios de terrenos, construcciones y edificios quienes tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores y se mantengan en un adecuado estado de seguridad salubridad y ornato. En consecuencia, es deber del Ayuntamiento el adoptar las medidas necesarias para que el citado lavadero no se vea deteriorado”. En este sentido, se remitió oficio al Ayuntamiento de Granada instándole a la adopción de las medidas necesarias para la conservación del Bien (documento adjunto número 4)”.

Del mismo modo, el propio Ayuntamiento de Granada nos informó con fecha 3 de diciembre de 2018 que:

“Actualmente el Lavadero y su estructura presenta un estado que no es irreversible, pero que si requiere de una actuación integral. De los primeros estudios realizados, parece que la cimentación realizada no fuera muy sólida y debido a los continuos derrames del vaso al realizar las tareas de lavado, la estructura presenta un asiento visible, el cual es necesario corregirlo. Así mismo las armaduras que componen la cubierta presentan síntomas de deterioro, debido a la falta de estanqueidad de la cubierta y a la no aplicación de protectores en su larga vida. Por otra parte, se observa que el uso incívico que ha tenido el entorno por parte de algún "ciudadano", tampoco ha ayudado a su estado actual, sirviendo de estercolero, retrete y pintadas, que lo han deteriorado aún más. Por ello los Servicios Técnicos, proponen una ordenación del entorno de la placeta y la restauración del lavadero, desmontando toda la estructura (armaduras de madera, columnas, basas y vaso), para después volverla a montar para devolverle la horizontalidad a la totalidad de la construcción. Para ello se realizó un levantamiento taquimétrico del lavadero, habiéndose efectuado los correspondiente planos del estado actual ( los cuales se adjuntan), En este momento estamos recopilando los documentos históricos para proceder a su intervención con un sentido científico”.

A la vista de sendas informaciones, entendimos que ambas administraciones, en el marco de sus respectivas iniciativas, vienen interviniendo sobre el inmueble y entorno de la citada ermita en los términos que se recogen en dichos escritos. Además manifestamos que “Es intención de esta Institución proseguir impulsado las actuaciones necesarias de todas las instancias competentes para salvaguardar la integridad de dicho entorno merecedor de la protección y tutela que la normativa establece para los inmuebles inscritos en el CGPHA”.

Finalmente “reiteramos, tanto al Ayuntamiento de Granada como a la Delegación de Cultura gaditana, la importancia de imprimir continuidad de los proyectos emprendidos, y que se anuncian en su información, y el impulso de las medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas, en sus respectivos ámbitos competenciales, en la normativa patrimonial y artística”.

Pues bien, recientemente hemos tenido conocimiento del agravamiento de la situación y en particular del estado del lavadero, que es el último con estas interesantes características que quedan en la zona. Aun a pesar de las recientes actuaciones sobre la zona, las noticias publicadas y la propia preocupación generada por ciudadanos y entidades vecinales aconsejan un seguimiento formal de la situación y de las medias de protección que se anunciaban tras nuestra tramitación anterior.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el Ayuntamiento de Granada a fin de conocer:

• grado de protección del Lavadero situado en el Rincón del Sol, en El Realejo granadino.

• labores de intervención que se hubieran realizado o calendario de intervenciones previstas, en su caso.

• acciones de control y seguimiento de la ejecución de las mismas.

• evaluación o estudio para dotar al elemento de alguna categoría singular de protección patrimonial.

11-07-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras la tramitación de la queja el Defensor ha recibido informe en el que se indica que:

“Desde hace unos meses el Servicio de Arquitectura se encuentra realizando el correspondiente proyecto de Restauración del Lavadero del Sol y la reordenación de la Placeta que lleva su nombre.

En la actualidad la ejecución del proyecto se encuentra pendiente de la realización del preceptivo estudio geotécnico, existiendo un pequeño escollo, que entendemos se solventará en breve, en relación con la dificultad de acceso dela maquinaría de sondeos.

No obstante señalar que si bien es cierto que la situación del Lavadero es privilegiada, siendo uno de los miradores más bellos de la ciudad, y que necesita una actuación de regeneración. Algunos ciudadanos no lo consideran así, habiéndolo convertido en un autentico estercolero.

Por un lado los que sin pudor miccionan en la Placeta, por otros los que organizan "fiestas", dejando las botellas tiradas, rompiéndolas en algún caso, dejando los cristales con el consiguiente peligro que ello conlleva.

En cuanto al olor, existe una mezcla de "maría", alcohol, orines y aceites vegetales que “alguien” vierte en los muretes del lavadero y en distintas partes de la Placeta, con el objeto de impedir la estancia de los visitantes, tanto de los cívicos como de los incívicos.

Todo esto impide que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de dicho espacio público, por lo que nuestra preocupación va mas allá dela restauración y recuperación del entorno, dado que la tendencia que actualmente se describe mucho me temo no va a cesar con la inversión de recuperación.

En este sentido, se propone que se realice una labor de vigilancia e investigación por parte de la Policía, para que todas estas actitudes dejen de realizarse. Y si llega el caso se aplique las sanciones que correspondan”.

A la vista de los datos aportados, podemos distinguir dos tipologías de intervenciones anunciadas. Una referida a la conservación de los elementos del Lavadero consistentes en “la actualidad la ejecución del proyecto se encuentra pendiente de la realización del preceptivo estudio geotécnico, existiendo un pequeño escollo, que entendemos se solventará en breve, en relación con la dificultad de acceso dela maquinaría de sondeos”.

De otro lado se informe de la necesidad de desplegar actuaciones que están más referidas a la vigilancia, control y reacción policial frente a la presencia incívica y malos usos de este espacio público.

Tras la respuesta dada, entendemos que el Ayuntamiento dispone de un actual conocimiento del estado del entorno y actúa en los términos señalados, por lo que se considera que no procede un pronunciamiento formal en modo de Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz. En todo caso insistimos en la importancia de imprimir continuidad de los proyectos emprendidos, y que se anuncian en su información, y el impulso de las medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas, en los diferentes ámbitos competenciales.

Debemos pues, confirmar en la continuidad de los trabajos y acciones manifestadas por la autoridades municipales, considerando que el asunto se encuentra en vías de solución.

De ahí que procedamos a concluir nuestra intervención, sin perjuicio de desplegar las actividades de seguimiento que el caso aconseje.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

La Administración está actuando para la protección del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce.

22-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.

Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.

En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección.

Sin duda, en determinadas comarcas y localidades de Andalucía, esta tarea compleja e ingente adquiere la dificultad de la alta concentración de este patrimonio histórico y monumental. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de la provincia de Sevilla.

Por otra parte, es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de las ciudades de esta provincia. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura.

Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.

En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y puesta en valor del Monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, situado en la localidad de Santiponce (Sevilla).

Recientes informaciones hacen mención a la situación del Monasterio aludiendo a dificultades para la ordenación y prestación de los servicios de vigilancia y de ordenación de las visitas y actividades de puesta en valor, a través de mecanismos de contratación con entidades externas a la Administración.

Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del inmueble y la programación que permita incluir la puesta en valor y régimen de visitas de este inmueble que ocupa, sin duda, un lugar preeminente entre la vasta riqueza patrimonial de la localidad, en particular por el futuro que se cierne el inmueble al quedar sin aparente custodia, lo que ha propiciado, en otros momentos, expolios y robos.

Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial de Cultura de Sevilla a fin de conocer:

• régimen de protección que ostente en la actualidad el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla.

• estado de conservación del inmueble.

• relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años.

• régimen de uso o aprovechamiento y programa de visitas públicas la inmueble.

- inventariado del patrimonio mueble albergado en el recinto y disposiciones en relación con su custodia, conservación y puesta en valor.

16-12-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Administración informa que se vienen adoptado las medidas previstas para la debida protección y tutela de los valores arquitectónicos sobre el interesante conjunto de San Isidoro del Campo.

Entendiendo que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones en el expediente de queja.