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El interesado exponía su preocupación porque aún no se le había abonado la ayuda concedida para el pago de la renta de alquiler de vivienda, desde su concesión en julio de 2011.

Solicitamos informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) quien nos indicó que constaba que el interesado suscribió, en calidad de arrendatario, contrato de alquiler el 2 de septiembre de 2010. Con posterioridad, el 30 de septiembre de 2010, presentó solicitud de subvención a personas inquilinas de vivienda, que obtuvo Resolución favorable el 20 de julio de 2011, por lo que correspondía al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. En base a dicha resolución, solicito ayudas para cuatro períodos semestrales comprendidos entre el 2 de septiembre de 2010 y el 1 de septiembre de 2014.

La ayuda solicitada para el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2010 y el 1 de marzo de 2011 fue abonada el 12 de septiembre de 2018. El resto de solicitudes se encontraban pendientes de abono, pues habían sido consideradas favorables. Se nos informó que las cuantías pendientes serían abonadas según el criterio de pago establecido en la Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de 18 de julio de 2018, por la que se transferían a AVRA fondos destinados al pago de las ayudas a personas inquilinas del programa de Fomento al Alquiler. Es decir, el abono de las ayudas solicitadas se produciría atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud de pago semestral.

La primera de las tres solicitudes pendientes fue presentada el 28 de septiembre de 2011, siendo previsible que el abono de la cuantía correspondiente a dicha solicitud se produjera en fechas próximas dado que en el momento de elaboración del informe remitido, se estaban abonando las ayudas solicitadas en agosto de 2011.

Por tanto, entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada manifestaba que carecía de ingresos para poder acceder a una vivienda en el mercado libre. Tenía una menor a su cargo y vivía en una habitación por la que pagaba 250 euros. Solicitaba por ello que se le reconociera la ayuda al alquiler, para poder acceder a una vivienda digna en la que su hija pudiera desarrollar su vida con normalidad.

Exponía que en octubre de 2017 presentó una solicitud de ayuda al alquiler ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. No obstante, en el mes de mayo de 2018, visto que no se resolvía, se personó en las dependencias de dicho organismo donde se le informó que su concesión dependía de los servicios sociales.

En consecuencia, se personó en los servicios sociales, solicitando el informe y valoración oportuna para poder solicitar la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Málaga, sin que en octubre de 2018 se hubiera efectuado tal trámite, por lo que nos dirigimos a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga en solicitud de información.

Por esto, nos indicó que dada su situación de alquiler de hecho, pero sin contrato legal del mismo ni recibos que justificasen su pago, no pudo optar ni entonces ni ahora a ayudas al pago del alquiler al no poder acreditar documentalmente su situación. Tampoco estaba inmersa en un proceso judicial de desahucio que exigiera una actuación de urgencia ante la inminente falta de alojamiento.

Después de un tiempo en que se había intervenido con el caso, gestionando una Prestación Económica de Inserción Social y realizando una intervención social con la familia, decidieron enviar hacia el Instituto Municipal de la Vivienda una propuesta de incorporación al Comité FRES para inclusión en el Plan de Ayudas al Alquiler.

Entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones, no sin antes aconsejar a la interesada que se informara en el Instituto Municipal de la Vivienda y que, si transcurrido un tiempo prudencial no se producían avances, se dirigiera de nuevo a esta institución a fin de valorar una posible reapertura de la queja.

La interesada nos trasladaba su necesidad inminente de una vivienda para ella y sus hijos de, entonces, 16 y 17 años. Desde hacía diez años residía en la casa de un familiar, la cual había sido vendida, por lo que debía abandonarla próximamente.

Sus únicos ingresos se limitaban a 410€ mensuales de pensión por incapacidad permanente total, sin tan siquiera recibir pensión de alimentos del padre de sus hijos, por lo que no podía asumir el pago de un alquiler.

Estaba inscrita como demandante de vivienda en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Pública Protegida de El Puerto de Santa María desde el año 2011, formando parte de varios grupos de especial protección: familia monoparental, personas procedentes de rupturas de unidades familiares y personas con discapacidad, a lo que podría sumarse próximamente la circunstancia de que tenía que abandonar la vivienda en la que residía.

La interesada nos trasladaba la existencia, en la pedanía en la que residía, de varias casas de propiedad municipal que eran susceptibles de ser asignadas a familias con necesidad de vivienda.

Manifestaba que se había dirigido en varias ocasiones a los servicios sociales, donde le pedían que presentara una propuesta de alquiler para que se le pudiera conceder una ayuda económica, si bien con sus ingresos no encontraba ninguna vivienda que le quisieran alquilar, puesto que los propietarios exigían aval o contrato de trabajo y el pago de una fianza. Asimismo, nos trasladaba que los servicios sociales le habían ofrecido como alternativa habitacional que acudieran al albergue municipal, lo que había rechazado, al considerar que no era adecuado para sus hijos, por lo que intentaría reubicarse temporalmente en casa de algún otro familiar.

Ante la situación descrita solicitamos informe a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A. (Suvipuerto) y a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Por parte de Suvipuerto se indicó el puesto en el que la interesada se encontraba en la lista de espera para una vivienda de 3 dormitorios, si bien no había previsión alguna de nuevas adjudicaciones de vivienda en el municipio. Asimismo se señalaba que los servicios sociales no les habían informado que la familia se encontrase en situación de riesgo de exclusión social.

Por los servicios sociales se indicaba que en ese momento los ingresos de la unidad familiar ascendían a 925 € mensuales, lo que superaba el límite de ingresos que se establecía en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. No obstante, se planteó a la interesada la posibilidad de presentar una propuesta de alquiler para ser valorada por la Comisión de ayudas. Como otra alternativa habitacional, únicamente se contaba con el centro de acogida temporal.

Trasladado el contenido de dichos informes a la interesada, precisó lo siguiente:

- Actualmente cobraba 404 € de pensión por incapacidad y 430 € de la RAI, si bien esta última finalizaba en octubre. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos dejó de cobrarlo hace un año. Afirmaba que los servicios sociales eran conocedores de estas circunstancias.

- Afirmaba que le estaba resultando imposible encontrar una vivienda de alquiler, ni en El Puerto de Santa María, ni en ningún otro de los muchos municipios de la provincia en los que había buscado vivienda, teniendo en cuenta que a partir de septiembre solo dispondría de los 404 € de la pensión, además de no disponer de nómina ni aval, requisitos exigidos por todos los arrendadores.

- Contaba con apoyo familiar, lo que le había permitido las últimas semanas pernoctar en la vivienda de su hermana, si bien en unas condiciones inadecuadas, por cuanto ella y sus hijos debían dormir en un cobertizo con elevados niveles de calor y humedad. Se trataba, por tanto, de una precaria situación que no se podía alargar en el tiempo.

A la vista de lo anterior, se desprendía que las medidas adoptadas hasta la fecha por los servicios sociales municipales no habían sido eficaces en la solución del problema planteado, pues resultaba prácticamente imposible suscribir un contrato de alquiler en el mercado libre sin nómina ni aval y con los que serían sus ingresos a partir de octubre.

La situación descrita está lamentablemente generalizada en muchos municipios de nuestra Comunidad autónoma. Por ello, algunos ayuntamientos han adoptado medidas que, si bien no remedian el problema de la necesidad de vivienda y la falta de vivienda pública, van más allá de la concesión puntual de ayudas al pago del alquiler (que en caso como el que nos ocupaba no tenían la eficacia necesaria) y se dirigen a facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna; medidas como ejercer de intermediarios con posibles arrendadores (garantizando el pago del alquiler o abonando por adelantado una cantidad), suscribir los contratos de alquiler a nombre de la propia administración, captación de viviendas privadas no usadas por particulares y otras iniciativas.

En atención a lo expuesto, solicitamos a los servicios sociales municipales un nuevo informe sobre las posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución real al grave problema habitacional de la interesada y sus hijos.

En el informe se trasladaba que fue derivada a la empresa municipal de vivienda de El Puerto de Santa María, (SUVIPUERTO), quienes tenían competencia en viviendas públicas protegidas, donde constaba en el Registro municipal como demandante de vivienda desde el 2010. En cuanto a las alternativas habitacionales que podían ofrecer, además de ayudas económicas en concepto de alquiler, en los casos de emergencia o urgencia social contaban con un centro de Acogida temporal. Aunque en este caso no se consideraba adecuado y además contaban con redes de apoyo familiar. Además, podían acudir en cualquier momento para ser atendidos desde los Servicios sociales y valorar la situación socio-económica actual para buscar soluciones a su problemática.

Trasladado el informe recibido a la interesada, nos remitió escrito exponiéndonos sus alegaciones:

“(...)

Servicios sociales se comprometió en ayudar con un porcentaje en ayuda al alquiler y al pago de la fianza y mes corriente al inicio del contrato.

Con esta garantía por parte de ellos y la desesperación por alquilar algo dónde estar con mis hijos antes de que empezara el invierno ya que en el garaje con las lluvias se filtra el agua y hubiera sido imposible poder habitar con la humedad.

Una vecina de la urbanización de mis padres accedió a alquilarme su vivienda. Mi familia me hizo el favor de reunir y prestarme la fianza de la casa (900€) y medio mes desde el 15 de octubre a 31 octubre, medio mes (250€) un total de 1.150€ para entrar. Por la gran necesidad y el aprecio de no perder esa oportunidad.

Según servicios sociales como ya se pagó la fianza se niegan a pagarme la fianza de ese dinero prestado que tengo que devolver.

(...)”

Pues bien, al objeto de poder continuar con nuestra investigación y esclarecer así las circunstancias que parecían concurrir en el presente caso, solicitamos a los servicios sociales municipales que nos remitiera información sobre los nuevos hechos que nos trasladó la interesada, así como sobre las ayudas o recursos públicos a la que la misma pudiera acceder dada su situación de precariedad.

Finalmente, en la respuesta recibida se indicaba que habiéndose valorado la situación económica familiar que presentaba la interesada en el momento de la solicitud de alquiler de vivienda (octubre 2018), ésta no cumplía con los requisitos recogidos en la Ordenanza según el artículo 37, donde se establecía que “Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que pueden concurrir en las siguientes circunstancias: (…) b) Que el solicitante o la unidad familiar cuente con recursos económicos superiores a los establecidos en el Art 22- j (límite de ingresos de la unidad familiar por 3 miembros y/o gastos de vivienda (1.50 IPREM).”

No obstante se había propuesto la concesión de nuevas ayudas de alquiler a partir de enero del presente año 2019, ya que la situación económica de la familia había cambiado, al percibir únicamente la pensión de Incapacidad de 421 euros/mes, cumpliendo con los límites económicos establecidos en esta Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales (BOP 221- 21/11/2016) del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Considerando, por tanto, que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que venía ocupando una vivienda que estaba abandonada hacía más de 5 años. Afirmaba que se vio obligada a ocuparla pues desde el año 2012 estaba huyendo de su maltratador, que tenía una orden de alejamiento y nunca la cumplía. La ayuda que recibía era de alimentos y atención psicológica, pero no le servía de nada mientras seguía teniendo su ex pareja cerca, y tenía una hija que proteger. Cobraba una pensión de 404,77 euros mensuales de la seguridad social.

En el curso del procedimiento judicial iniciado por la ocupación de la vivienda fue condenada a pagar una multa de 540 euros y abandonar la vivienda en 20 días.

Decía que se había puesto en contacto con la propiedad del inmueble para colaborar, además de poder demostrarle los cuidados y mantenimientos realizados a la vivienda.

En vista de lo expuesto, solicitamos informe al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (Emvisesa).

Esta última nos comunicó que la interesada figuraba inscrita como demandante de vivienda protegida, en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla desde el 25 de febrero de 2016,

Junto con la solicitud, se aportaba documentación que acreditaba que su estado civil era divorciada, inscribiéndose junto con una hija como unidad familiar y haciéndose constar que los ingresos de su unidad familiar correspondientes al ejercicio del año 2014 suponían 0,55 veces el IPREM (5826,53 Euros), optando a vivienda en compra, en alquiler y alquiler con opción a compra, de tres dormitorios, sin necesidad de vivienda adaptada, figurando en los grupos de especial protección de “familia monoparental", "cupo para victima de violencia de género” y “discapacitados”.

EI 15 de mayo de 2018 presentó documentación para actualizar el dato de ingresos, resultando que los correspondientes al ejercicio del año 2016 suponían 0,5 veces el IPREM (5376,12 Euros).

Su inscripción había participado en los sorteos de 17 de marzo de 2016, y 12 de diciembre de 2017, indicándonos el número de orden obtenido en cada uno, por lo que, hasta la fecha de emisión del informe, no había resultado incluida en ninguna lista de posibles adjudicatarios ni como titular ni como suplente.

Por parte del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla se nos indicó que la interesada había sido informada y orientada sobre su solicitud como demandante de vivienda en el Registro de Emvisesa, habiendo realizado su solicitud de incorporación a dicho registro a finales del mes de diciembre de 2015.

Tras ser valorada su situación socio/familiar, se realizó informe de baremo de vivienda de 2ª adjudicación.

En fecha 19/04/2018 se realizó “Informe de la situación socio familiar y concurrencia de circunstancias de excepcionalidad para la solicitud de adjudicación de vivienda por grave situación de exclusión social”.

Se le había informado también de las ayudas de las que podía beneficiarse del programa de Prestaciones Complementarias de ayudas al alquiler (PPC 2018), con el objetivo de acceder a vivienda de renta libre de alquiler, asimismo, se le había concedido diversas ayudas para alimentación y el pago del suministro de la luz.

En octubre de 2018, la interesada manifestó que le habían adjudicado una vivienda de Emvisesa.

Se realizaron gestiones telefónicas diversas con Emvisesa, donde confirmaron que tenía asignada una vivienda que había sido adquirida a través del programa de captación de viviendas privadas.

En enero de 2019, la vivienda se encontraba en fase de reparación, cuando estuvieran concluidas las obras pertinentes le sería adjudicada.

Considerando, por tanto, que el asunto planteado se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía lo siguiente:

“(...) Somos matrimonio homosexual formado por 2 hombres, tras dos años sufriendo la homofobia tan extrema y límite por una vecina del mismo bloque, demostrada por sentencias y comunicadas a Emvisesa, que son los dueños de las viviendas, seguimos sin tener ninguna solución aún amparándonos en el tal protocolo de convivencia que supuestamente nos ampara.

Lo último es que esta agresora se ha aliado con otro vecino de su misma condición mental, y no cesan en seguir agrediéndonos.

Hemos solicitado una permuta ante la gravedad y ya que no nos han dado ninguna solución y hasta la fecha no tenemos noticias alguna para quitarnos de aquí y que cese el maltrato.

Mi marido está enfermo de cáncer y, aparte, tiene una discapacidad. Todo esto lo sabe Emvisesa y no pone remedio ni solución para zanjar el problema y podamos vivir en armonía y tranquilos centrándonos en el bienestar de lo que conlleva una persona enferma de cáncer.”

Ante la situación descrita solicitamos informe a Emvisesa, que nos confirmó que efectivamente habían sufrido una situación de acoso por parte de una vecina muy problemática. Se inició el protocolo de convivencia y se intentó realizar una mediación que, al no ser posible, desembocó en la resolución del contrato y en una demanda judicial para que la mencionada vecina abandonase la vivienda.

En relación al cambio de vivienda se nos informaba de lo siguiente:

- EI 25 de julio de 2018 se recibió en la Oficina Municipal para la Defensa de la Vivienda (OMDV) de Emvisesa impreso de solicitud de inclusión en la Bolsa de Permutas de Emvisesa, con motivo en problemas de convivencia y problemas de salud graves. Inmediatamente se le dio trámite, verificando el incumplimiento de varios de los requisitos necesarios para la inserción en dicha Bolsa de Permutas.

- Con fecha 26 de julio de 2018 se le remitió carta certificada con acuse de recibo requiriendo la aportación de documentación y el pago de las rentas adeudadas. Asimismo, se le recordó en la misma que había de estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

- El 8 de agosto de 2018 se recibió escrito aportando certificado de la comunidad y copias de facturas. No obstante, al no acreditar el pago de las rentas atrasadas, no podía darse aún trámite al expediente. Una vez se subsanara este defecto, se procedería a la inclusión de la vivienda en la Bolsa de Permutas de EMVISESA.

En el mes de octubre de 2018, el interesado nos trasladó que le habían ofrecido una vivienda, si bien la zona no era de su agrado. Asimismo, les preocupaba el coste del alquiler.

Así, nos dirigimos nuevamente a Emvisesa solicitando nos informara de si dicho ofrecimiento se había llevado a cabo y cuál era la situación actual.

Tras diversos informes, en enero de 2019 Emvisesa nos confirmó que se había realizado la aceptación de la vivienda por parte de los interesados y estaban esperando la adecuación de la misma para poder entregarla en condiciones óptimas, que esperaban fuera en breve.

Con esta información, por fin, pudimos dar por concluidas nuestras actuaciones al considerar que el asunto se encontraba solucionado.

La interesada manifestaba que tenían un contrato de alquiler con derecho a compra con una entidad financiera, la cual cedió el inmueble a la SAREB. Estuvieron intentando renegociar las condiciones del contrato con ambas entidades, sin éxito. A raíz de esto tenían orden de lanzamiento.

Estaban muy desesperados porque tenían tres hijos menores (12, 7 y 4 años) y no tenían donde ir. Habían acudido a los servicios sociales correspondientes y les habían indicado que su caso no era de emergencia. También fueron a Cáritas y estaban pendientes de respuesta. Pedían una ayuda para asumir un alquiler. Vivían con 350 euros al mes aproximadamente.

El año anterior fueron derivados desde los servicios sociales a EMVISESA pero no habían vuelto a saber nada más.

En vista de ello, contactamos telefónicamente con la interesada quien nos informó que ya habían sido desalojados de su vivienda y se encontraban viviendo en casa de su suegra., donde vivían diez personas en un piso de tres dormitorios. Los servicios sociales y Cáritas se habían comprometido a ayudarles para que pudieran alquilar una vivienda en el mercado libre. Había encontrado una vivienda con una renta de 300 euros mensuales y estaba pendiente de quedar con el propietario para verla y dejar señalado el arrendamiento, pero los servicios sociales le habían dicho que el dinero que necesitaba no se lo podían dar de un día para otro. Por ello, solicitaba nuestra intervención para poder alquilar dicha vivienda.

En vista de lo anterior, solicitamos informe al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, la cual nos comunicó que esta unidad familiar venía siendo atendida desde enero de 2013, siéndoles concedidas diferentes ayudas y recursos de apoyo.

En el mes de junio de 2018. se les derivó a la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda y se les ofreció la posibilidad de acceder a un piso de tránsito como recurso intermedio de urgencia, rechazando esta alternativa habitacional.

En coordinación con Cáritas Diocesana, a finales de julio 2018 se tramitó una ayuda económica en concepto de alquiler de vivienda por un periodo de seis meses.

En vista de esta información, consideramos que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla -hoy de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación- recomendando que se adoptaran las medidas que se consideraran oportunas para que los centros docentes y el Servicio de Inspección extremen las precauciones para valorar los hechos que pudieran dar lugar a la incoación del Protocolo en caso de agresión al profesorado; que se dieran las instrucciones precisas para que, incoado, se deje constancia documental de todo cuanto se actúe; así como que se apliquen medidas de concienciación para conseguir una mayor empatía y comprensión con el profesorado, evitando el sentimiento de soledad e impotencia ante quienes tienen el deber de protegerlos o asistirlos cuando los hechos son debidos al ejercicio de sus funciones docentes.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente las Recomendaciones formuladas.