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ANTECEDENTES

1.- Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita desde Agosto de 2014 la queja 14/3754 en relación con la creación, dotación y puesta en marcha de unas instalaciones deportivas anexas a la edificación de IES Fidiana en la ciudad de Córdoba.

Para tomar conocimiento de las circunstancias del caso, se solicitaron sendos informes ante la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO).

2.- La petición de información dirigida en Agosto de 2014 se atendió por dicha Delegación Territorial en Septiembre de 2014 mediante un extenso expediente que recogía el proceso de construcción de las instalaciones y concluía con las gestiones que se elaboraban para conveniar finalmente el uso de estos servicios. Y así se indicaba que “no existe la posibilidad de cerrar el convenio de uso porque IMDECO parece no tiene posibilidad económica para dar de alta los suministros y la Junta hasta que no esté concluida la cesión de suelo no puede modificar el convenio que quedó preparado para su posible paso por el consejo rector del IMDECO”.

3.- La información pedida en Agosto de 2014 al Ayuntamiento se recibió en Diciembre de 2014 explicando la posición del Ayuntamiento que ratificaba la falta de un acuerdo para firmar el convenio en base a supuestos impedimentos que la Junta de Andalucía alegaba en relación con el proceso de cesión del inmueble, por más que ratificaba su disposición a agilizar los trámites.

En Marzo de 2015 tuvimos conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía de los trámites de aceptación formal de la cesión del inmueble que quedaban pendientes de la aprobación por Consejo de Gobierno.

4.- De nuevo en Agosto de 2015 recibimos nueva información solicitada al Ayuntamiento en la que se relataba la demanda de aportación de equipamiento deportivo a la Junta ofreciendo una aportación del 50% y explicando que, a falta de convenio suscrito, el reto de las gestiones sobre el inmueble eran competencia la Junta a partir de la aceptación formal del inmueble publicada en BOJA en Abril de 2015.

Mientras, la asociación vecinal Diana procuraba realizar todos los impulsos posibles para obtener una solución al caso a través de sus continuos escritos a esta Institución.

El conocimiento del caso ha supuesto un complejo proceso de peticiones de información a las dos instancias competentes en la materia y, de las informaciones recibidas, podemos realizar un somero resumen del estado de la cuestión en base a la siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Así, el pabellón deportivo del IES Fidiana de Córdoba se construyó en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento cordobés y la Delegación de Educación. La Delegación de la Junta expone que se realizan una serie de obras para la dotación de un centro deportivo que fueron concluidas en Diciembre de 2012 y recepcionadas definitivamente en Febrero de 2013.

La regularización de este elemento patrimonial se produce por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba a lo largo de 2012 y 2013 en función de diversos requerimientos de la Junta de Andalucía para formalizar la cesión gratuita de este inmueble. Hasta el mes de Mayo de 2014 tanto esa Gerencia como el Ayuntamiento no concluyen la tramitación definitiva para la cesión gratuita por parte de las instancias municipales.

Por su parte, la Comunidad Autónoma tramita el expediente de aceptación formal que debe incoarse y resolver la aprobación de dicha cesión patrimonial por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento se apresta a explicar que esa resolución ya fue publicada en BOJA 66, de 8 de abril de 2015.

Desde que la cesión es aprobada se inician las gestiones tendentes a dotar de los servicios y suministros necesarios las nuevas instalaciones. En agosto de 2014 se nos indica desde la Delegación Territorial que no resulta posible avanzar en los términos del convenio que regulará el equipamiento y uso de las instalaciones ya que no se cuenta con disponibilidad municipal de dar de alta los suministros de servicios.

Por parte la administración municipal alega que desde septiembre de 2013 se ofreció un convenio de colaboración la Junta y también que desde marzo de 2015 se le viene insistiendo para que aporte las dotaciones de equipamientos deportivos necesarios y poner en efectivo uso las instalaciones. Se llega a ofrecer una ayuda municipal del 50% de esos elementos para facilitar una solución.

Ambas partes coinciden en sus últimas informaciones en que no se puede firmar el convenio por las razones que de manera diferenciada ofrecen, ya sea por la equipación deportiva o por la ausencia de suministros para las instalaciones. Ni la Junta nos explica las aparentes ausencias del equipamiento deportivo, ni el Ayuntamiento hace mención alguna a problemas con los suministros para la instalación. Ambas coinciden en explicar su estricto cumplimiento y diligencia de las gestiones propias atribuyendo a la otra parte trabas y problemas que no se resuelven.

En esta situación, contamos con la constante petición de las entidades ciudadanas y vecinales rogando la puesta en marcha de mecanismos de colaboración y trabajo en común para poder llevar a buen fin el proyecto de dotar a la ciudad y al barrio concreto de unas necesarias instalaciones deportivas y ciudadanas.

Segunda.- Ciertamente, el proyecto puede resultar complejo ya que supone una serie de disposiciones patrimoniales de titularidad pública cuya gestión está singularmente dotada de unos requisitos y exigencias que implican, necesariamente, unos trámites formales desde la cesión de los bienes inmuebles de titularidad municipal hasta su formal y cumplida recepción a cargo de la Administración Autonómica.

La duda es si tales procedimientos necesitan inexcusablemente el tiempo empleado y si su peculiar gestión merece estar salpicada de un corolario de dificultades que manchan de dudas la verdadera disposición colaboradora entre las Administraciones afectadas y sus responsables.

Cuando menos resulta peculiar, a la vista de las informaciones ofrecidas por la Delegación Territorial cordobesa y por el Ayuntamiento de la capital, que los argumentos expresados son un elenco de estrictos cumplimientos propios y de omisiones de la otra parte.

Tercera.- El análisis de las actuaciones expresadas por las distintas instancias implicadas no permite deducir un comportamiento acorde con los principios de cooperación y colaboración que señala el artículo 103.1 de la Constitución y de los principios que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas en la gestión de los asuntos que afectan al interés general de la ciudadanía.

La concurrencia de respectivas competencias que son atribuidas a las Administraciones intervinientes, ya sea municipal o autonómica, no puede suponer un obstáculo para la aportación respectiva de esfuerzos y gestiones para sumar, desde la lealtad interadministrativa, las acciones de servicio que persigue la propia esencia de toda Administración Pública.

Esta opinión deducida de las informaciones respectivas aportadas, se ratifica desde la percepción de las entidades vecinales y ciudadanas que reciben con desazón la alternancia de impedimentos atribuidos recíprocamente por quienes deberían, y así lo creemos, aportar soluciones e impulsos facilitadores. Sin duda ha resultado en ocasiones paradójico encontrar en la propia asociación vecinal promotora de la queja más ánimo cooperador que el que legal y constitucionalmente deberían acreditar los responsables públicos en su respectivos desempeños.

Con todo, la puesta en marcha del proyecto ha acumulado años de retraso y un esfuerzo económico que merecería ser evaluado, no ya en función de la inversión volcada en la construcción de las instalaciones, sino en el impacto de costes añadidos por la gravosa dilación de unas gestiones que sin duda hubieran merecido más diligencia y eficiencia.

Y, entre esa evaluación de la gestión de asunto que nos ocupa, señalamos, desde luego, el estado de opinión generado en la sociedad cordobesa y el colectivo vecinal de la zona ante las actuaciones de sus gestores públicos. Sólo así, tras el tiempo transcurrido aguardando la solución final del proyecto nos pueden comunicar “la petición de continuar manteniendo su necesaria mediación en el expediente de referencia, por cuanto que la situación que va camino de 4 años, aunque ha podido evolucionar algún paso, en modo alguno están resueltos los diversos problemas que presenta”

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los principios constitucionales de coordinación y colaboración inspiradores de la actuación de las Administraciones Públicas según señala el artículo 103.1 de la Constitución.

RECOMENDACIÓN a fin de que mediante las acciones necesarias ambas Administraciones, en el ejercicio colaborador de sus respectivas competencias, concluyan las actuaciones para conveniar el uso de las instalaciones deportivas en beneficio de la comunidad educativa y las necesidades ciudadanas de la zona, dando cuenta a esta Institución de sus resultados.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Igualmente, el artículo 29.2 de la Ley citada establece que el Defensor del Pueblo Andaluz podrá incluir el caso en el Informe Anual al Parlamento ante la falta de información de las razones que impiden adoptar las medidas expuestas por el Defensor o en aquellos supuestos en que el Defensor del Pueblo Andaluz considere que era posible una solución positiva y ésta no se hubiera conseguido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, concretada en una Recomendación para que dé respuesta expresa al escrito de petición presentado por la persona promotora de la presente queja.

Y para que por la Alcaldía se dicten las Instrucciones o Directrices necesarias para el cumplimiento de las normas que regulan el Registro de documentos administrativos.

ANTECEDENTES

I.- Según nos exponía el interesado, con fecha 12 de febrero de 2015, trató de presentar en el Registro General de esa Entidad de la Administración Local diversos escritos relativos al Proyecto de Investigación Minera Salomé y dirigidos a la Junta de Gobierno Local y a los Grupos municipales, pudiendo hacer entrega en el acto de la petición dirigida a la Junta de Gobierno Local, no así de los escritos dirigidos a los distintos Grupos políticos integrados en el Pleno de la Corporación, al plantear los mismos ciertas dudas a la persona encargada del Registro que, según le manifestó, debía consultar la persona responsable de la Secretaría General sobre la recepción de escritos dirigidos a órganos no administrativos.

Ante esta negativa procedieron a cumplimentar escrito de reclamación en modelo de instancia normalizada y al registrar el mismo comprobaron cómo la persona encargada del registro incluía unas anotaciones manuscritas en la copia ya sellada, anotaciones que le pidieron que hiciera constar igualmente el el documento original.

II.- Tras la admisión a trámite de la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó informe al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que en síntesis nos contestó adjuntando informe de la Técnico municipal de medio ambiente y de la persona encargada de Registro, información que se extracta seguidamente:

La trabajadora encargada del Registro de entrada comunicó al interesado que podría registrar la copia dirigida a la Junta de Gobierno Local, como hizo, pero que no estaba segura de poder hacer lo mismo con los escritos dirigidos a los Grupos, que consultaría con la Secretaria General, sobre la oportunidad y legalidad del caso.

Añadía el informe municipal que como quiera que la Secretaria General estaba en una reunión de trabajo, se le ofreció la posibilidad de volver más tarde, para ver si ésta autorizaba la recepción de los escritos dirigidos a los Grupos políticos y el sellado de las copias, lo que no fue aceptado por el promovente de la queja, que abandonando el Registro no regresó.

Al no facilitarle una respuesta pronta y entendiendo por su parte que se demoraba la recepción de sus escritos de petición de forma injustificada, optó por trasladarse a otra Administración para hacer entrega de los mismos.

Finalmente, sobre el fondo del asunto nos informaba el Ayuntamiento que en los escritos aludidos el interesado no efectuaba solicitud alguna que precisara de respuesta, sino que realizaba una breve exposición del Proyecto de Investigación Minera Salomé, solicitando del Ayuntamiento que se opusiera a la aprobación del mismo.

Expuestos los antecedentes que conforman el resumen fáctico, efectuamos al respecto las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El derecho de petición.

En nuestra opinión, los escritos que el interesado trató de dirigir en fecha 12 de febrero de 2015 a la Junta de Gobierno, como a los Grupos políticos del Ayuntamiento, tanto por su contenido, como por su petitum deben ser considerados como formulados y presentados en ejercicio del derecho de petición regulado en el Art. 29.1 de la Constitución que establece que: «Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley».

En parecidos términos se expresa el Artículo 30.1, d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo: «d) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.»

A este respecto, el Artículo 2 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, establece que: «El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta.»

Asimismo, según regulan los artículos 8 y ss, de la citada Ley Orgánica, la petición podrá ser admitida a trámite o ser declarada inadmisible. En ambos supuestos es preceptivo informar por escrito al solicitante. Así, en el supuesto de que se declare su inadmisibilidad, el artículo 9 dispone en su apartado 1 que: «La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición».

En caso de ser admitida a trámite la petición, el artículo 11 dispone, en su apartado 1 que: «Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.»

En base a estos preceptos es evidente que asiste al interesado el derecho a que le sea notificada en debida forma la respuesta a su escrito de petición. Derecho que no ha sido respetado por la Administración actuante, aduciendo la inexistencia en la solicitud de una petición concreta precisada de respuesta.

Dicho argumento no puede ser acogido por esta Institución, por cuanto resulta evidente que la solicitud hacía referencia a un procedimiento concreto en el que era parte interesada el Ayuntamiento y respecto del cual se le requería una determinada actuación. Actuación, que podía ser aceptada o no por la Corporación, pero que en todo caso debía ser comunicada al Interesado mediante respuesta motivada.

Segunda.- El Registro de documentos en las Administraciones Públicas.

Al tratarse de escritos de petición la Administración Municipal actuante, debió tener en cuenta como establece el Artículo 6 de la Ley Orgánica repetida que:

«1. El escrito en que se deduzca la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.»

Con independencia de la naturaleza jurídica que pudiera corresponder a los distintos escritos a que hace referencia el interesado en esta queja es evidente que los mismos deberían haber sido admitidos por el registro municipal, dando curso a sus destinatarios, por establecerlo así el citado Artículo 6 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, y por así exigirlo el Artículo. 38, 1 y 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, por lo que se refiere al escrito de reclamación presentado ante la negativa de la encargada a registrar el escrito remitido a los Grupos Políticos municipales, el mismo debió ser igualmente registrado, entregándose copia sellada a los interesados, sin incluir anotaciones de ningún tipo en el texto presentado ni en su copia.

Así se desprende de lo dispuesto en el art. 35,c) de la Ley 30/1992, que reconoce el derecho de los ciudadanos a «obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento». Dicho derecho se desarrolla en el art. 38 de la misma Ley rituaria, que dispone en su apartado 5 lo siguiente:

«Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobación de su identidad con el original.»

El documento registrado, así como la copia entregada a los interesados debe corresponderse de forma fiel y totalmente fidedigna con el documento entregado por el interesado, sin que proceda alterar los mismo con anotaciones de ningún tipo.

Todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a la persona encargada del registro a presentar cuantos escritos aclaratorios considere necesarios en relación con la reclamación presentada.

En consecuencia con todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Alcaldía Presidencia la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de cumplir todos y cada uno de los preceptos señalados con antelación, adecuando la actuación de los órganos Administrativos a los mismos.

RECOMENDACIÓN 1 a fin de que se dé respuesta expresa sin más dilaciones al escrito de petición presentado por la persona promotora de la presente queja.

RECOMENDACIÓN 2 en el sentido de que, por esa Alcaldía, en ejercicio de las facultades y competencias que le corresponden de dirección del gobierno y de la administración municipales, conforme al Artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada, se dicten las Instrucciones o Directrices necesarias para el estricto cumplimiento por los Servicios Administrativos municipales de las normas que regulan el Registro de documentos administrativos.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Familias andaluzas planteaban su disconformidad con la incompatibilidad entre las prestaciones y recursos de la dependencia, a los discapacitados en edad de escolarización obligatoria, que se beneficiaban de residencia escolar, así como que no existía uniformidad de criterio en las Delegaciones Territoriales de Igualdad y Políticas Sociales, produciéndose resoluciones dispares según la provincia, creándose desigualdad entre las personas afectadas, según la provincia de nuestra Comunidad Autónoma en la que residiesen.

Un estudio pormenorizado de los informes recibidos de las Delegaciones Territoriales de las 8 provincias andaluzas, aconsejaron formular a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía sugerencia en el sentido de que proceda a dictar las instrucciones que homogeneizasen los criterios a aplicar por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en materia de compatibilidad e intensidad.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Agencia, en relación con el expediente promovido a instancias de diversas familias andaluzas, reclamando la compatibilidad entre la residencia escolar que disfrutan sus hijos discapacitados en su etapa de escolarización obligatoria y determinadas prestaciones o recursos les corresponden por razón del reconocimiento de su situación de dependencia.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. En los primeros meses del año 2012, se dirigieron individualmente a esta Institución diversas familias de las provincias de Granada y de Málaga, mediante escritos en los que respectivamente denunciaban dos cuestiones, a saber:

- Por una parte, su disconformidad con la incompatibilidad de hecho que la Administración competente en materia de dependencia, aplicaba entre las prestaciones y recursos de la dependencia, a los discapacitados en edad de escolarización obligatoria, que se beneficiaban de residencia escolar, por cuanto con ello se les negaba hacer efectivo un derecho que tenían reconocido por razón de su situación de dependencia y que era independiente del asignado en el ámbito educativo.

- Y, por otro lado, trasladaban que no existe uniformidad de criterio en las hoy Delegaciones Territoriales de Igualdad y Políticas Sociales, produciéndose resoluciones dispares según la provincia. De manera que, al no existir una línea de actuación común de la Administración, se creaba desigualdad entre las personas afectadas, según la provincia de nuestra Comunidad Autónoma en la que residiesen.

En relación con la primera cuestión, las personas interesadas concretaban que la pretendida incompatibilidad a que aludía la Administración, hacía que a los discapacitados con residencia escolar de lunes a viernes, con dependencia reconocida, o bien les era aprobado el PIA con un recurso del que no podían hacer uso por no estar en el domicilio familiar (caso del Servicio de Ayuda a Domicilio), siendo éste el único recurso que se les aprobaba, aunque estuviera vacío de contenido, o bien, de tener reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar previamente al acceso a la Residencia escolar, se dictaba Resolución extinguiendo la misma.

Lo que, en definitiva, producía la injusta situación de que la persona discapacitada en residencia escolar, no tenía derecho a ningún recurso en virtud de su dependencia, sin que la Administración contemplase siquiera la posibilidad de modular o adaptar alguno de los disponibles a la situación del dependiente.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de todas y cada una de las ocho provincias andaluzas, así como a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

2. En diferentes fechas, fue atendida la petición por cada una de las Delegaciones requeridas y por la Agencia, resultando lo siguiente.

1º.- Por la Delegación Territorial de Almería, se manifestó que en dicho ámbito territorial solo existen menores dependientes usuarios de residencia escolar, con prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida- (ninguno con SAD), con una intensidad media o parcial, en función del tiempo de permanencia en el domicilio, sin que por este motivo se haya extinguido ninguna prestación.

2º.- La Delegación Territorial de Cádiz explicó que el SAR permanente es incompatible con la Teleasistencia, con el SAD y con Centro de Noche (artículo 11 del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio). Añadiendo, asimismo, que aunque no se cite expresamente, es incompatible con la PECEF, sin que tampoco proceda reconocimiento parcial de la misma.

3º.- La Delegación Territorial de Granada, correspondiente a la provincia de residencia de la mayor parte de los promotores de la queja, por su parte, especificó que los interesados son menores discapacitados psíquicos que, por encontrarse en edad de escolarización (concertada por Educación hasta los 21 años), asisten a un centro específico de educación especial de Guadix, caracterizado por ser de los pocos que ofrece servicio de escuela hogar en régimen de internado y colegio de educación especial al propio tiempo.

El PIA de todos los afectados (consistente en PECEF) fue sometido a revisión de oficio, tras conocer que los dependientes estaban ingresados en Escuela Hogar, dando lugar a la extinción de la prestación y su sustitución por el SAD con la intensidad acomodada a su situación de estancia en el domicilio.

Tampoco considera posible dicha Delegación Territorial, la asignación de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, dado que los dependientes ocupan plazas concertadas de escuela hogar y no privadas, por lo que su coste está cubierto por el sistema educativo, del mismo modo que lo está la plaza escolar. Llegando a dos conclusiones:

- La única viabilidad del SAD, cuya gestión corresponde a las Entidades Locales, siendo éstas por tanto las que tendrían que adaptar la normativa para la aplicación práctica del Servicio (Reglamentos aprobados en Pleno), a los tiempos reales de permanencia en el hogar, cuando se trata de personas dependientes en edad escolar obligatoria, que residan fuera del ámbito doméstico en el período lectivo.

- La puntualización de que aunque los criterios expuestos son los que de forma general se aplican en la provincia de Granada, no existen instrucciones homogéneas al respecto.

4º.- En la Delegación Territorial de Jaén, su entonces Delegada Provincial, explicó que si bien inicialmente se estimó compatible la atención que reciben los discapacitados en centros educativos especializados, con la PECEF con intensidad parcial (50%), posteriormente, sin embargo, se produjo unificación de criterios provinciales y se acordó la incompatibilidad total, al equipararse la atención en el centro educativo con la residencial (artículo 11 de la Orden de 3 de agosto de 2007).

5º.- Informó la Delegación Territorial de Málaga que, “en relación con la incompatibilidad entre residencia escolar y prestación económica para cuidados en el entorno familiar, le participo que en el caso de esta Delegación Provincial sólo existe un caso análogo al expuesto, al que no se ha reconocido PIA alguno, en base a dicha incompatibilidad”.

6º.- La Delegación territorial de Córdoba no se pronunció sobre la cuestión de fondo.

7º.- En Sevilla, la Delegación Territorial informó de la existencia de una incompatibilidad total entre la atención que reciben las personas con discapacidad a través de centros educativos especializados y el reconocimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, al equipararse la primera a la atención residencial. A lo que añade que, conforme a la Orden de 3 de agosto de 2007 (artículo 11), el Servicio de Atención Residencial es incompatible con todos los servicios y prestaciones económicas, con excepción del Servicio de Centro de Día cuando el mismo sea de terapia ocupacional. Del mismo modo que determina la incompatibilidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar con todos los servicios y prestaciones, con excepción del Servicio de Teleasistencia. Concluyendo que la prestación económica en cuestión, no está destinada en ningún caso a sufragar el coste de la plaza en un centro educativo y que, en consecuencia, las personas con discapacidad que tienen reconocida residencia escolar, no pueden ser beneficiarias ni de servicios ni de prestaciones económicas de atención a la dependencia en sus correspondiente programas individualizados de atención, ni siquiera de modo parcial.

8º.- La Delegación Territorial de Huelva estimó oportuno dar traslado de la petición de informe, a los correspondientes efectos, a la ASSDA, al no existir queja por parte de ninguna persona de su provincia.

9º.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, finalmente, manifestó la existencia de una incompatibilidad total en los mismos términos y por el mismo fundamento, explicado en el informe de la Delegación Territorial de Sevilla.

3. Por esta Defensoría, vista la existencia de discordancias en los respectivos informes de las Delegaciones Territoriales, susceptible de vulnerar la igualdad de derechos de las personas discapacitadas dependientes en Andalucía, acordamos dar traslado del resultado de la investigación a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, a efectos de obtener su pronunciamiento, unificando criterios.

En julio de 2015, la Agencia respondió en un escrito en el que aludía en primer lugar a los antecedentes del conflicto, indicando que la propia naturaleza de las residencias escolares en cuestión, llevó a considerar que este servicio educativo de carácter público debía ser equiparado al servicio de atención residencial de la dependencia y, por tanto, a estimar la incompatibilidad entre el primero y las restantes prestaciones de la dependencia.

No obstante y tal como le planteó esta Defensoría, continuaba razonando que las personas dependientes que disfrutan de plaza de residencia escolar, podrían tener reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, si reúnen los requisitos generales para que se les prescriba en el PIA, o cualquier otro recurso, si bien, moderando su intensidad en atención a la permanencia en el domicilio.

Concluyendo en su escrito lo siguiente:

“Entendemos posible que una persona en situación de dependencia pueda ser beneficiario de una plaza en residencia escolar y de cualquier otra prestación de dependencia siempre que las condiciones de internado, jornada e intensidad de aquel servicio permitan la compatibilidad con las prestaciones de dependencia siempre que no resulte incompatible con los requisitos y condiciones específicas de cada prestación”.

CONSIDERACIONES

Como ha quedado expresado en los antecedentes de hecho, plantearon los promotores de la presente queja una problemática que, lejos de quedar circunscrita a sus hijos dependientes, podía hacerse extensiva a todas aquellas personas discapacitadas con dependencia reconocida que, por razón de edad, disfrutaran de residencia escolar en nuestra Comunidad Autónoma.

Esta afectación general de la cuestión debatida, fue la que determinó que las actuaciones de esta Institución se enfocaran a dar a la misma una respuesta de conjunto y que, por tanto, se requiriera el pronunciamiento de todas las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, con inclusión, por competencia específica, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Y ello, con la finalidad de conocer la práctica seguida en cada una de las provincias andaluzas y determinar si existían discrepancias.

El resultado de los informes recabados fue contradictorio, confirmando lo que los interesados habían apuntado en sus escritos iniciales.

Así, mientras en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, se aseveraba la existencia de incompatibilidad total entre la residencia escolar y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, -que posteriormente confirmó la Agencia de Dependencia-, y que había determinado revisiones de oficio del PIA para extinguir las reconocidas, en la de Almería no se oponía objeción a que los menores dependientes usuarios de residencia escolar, se beneficiaran de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con una intensidad media o parcial, en función del tiempo de permanencia en el domicilio.

Igualmente, algunas Delegaciones Territoriales consideraban que existía incompatibilidad absoluta entre la residencia escolar y cualquier recurso del Sistema de la Dependencia (Cádiz, Málaga y Sevilla), por lo que las personas con discapacidad que tienen reconocida residencia escolar, no pueden ser beneficiarias ni de servicios ni de prestaciones económicas de atención a la dependencia en sus correspondiente programas individualizados de atención, ni siquiera de modo parcial.

Otras, en cambio, como la de Granada, consideraba que, en estos casos, el único recurso de la dependencia posible es el del Servicio de Ayuda a Domicilio, con la intensidad acomodada a su situación de estancia en el domicilio.

Destacando que, como reconoció la Delegación Territorial de Granada, “no existen instrucciones homogéneas al respecto”.

Lo que, en resumen, ha venido suponiendo la aplicación divergente e injustificada de la norma a personas en idéntica situación, por razones de ubicación provincial. De forma que mientras a algunos dependientes no se les reconoce recurso o prestación alguna, a otros se les reconoce únicamente el Servicio de Ayuda a Domicilio; así como, entretanto algunos afectados obtienen ex novo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, otros que ya la tenían incluso reconocida, ven revisado de oficio su PIA para suprimirla.

Aunque en su informe inicial la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, como hemos avanzado, se pronunció en el sentido de sostener la incompatibilidad absoluta, más tarde modificó su postura, reconociendo la posibilidad de que el dependiente beneficiario de plaza en residencia escolar, tenga derecho a que en el PIA se le asigne un recurso como dependiente, que resulte compatible, dentro de los requisitos y condiciones específicos de cada prestación. No obstante lo cual, no contenía dicha manifestación una concreción de cuáles hubieran de ser los recursos del Sistema de la Dependencia compatibles con la residencia escolar, ni las instrucciones homogéneas precisas a las que cada Delegación Territorial habría de atenerse para garantizar la igualdad de todos los andaluces en la misma situación.

Por todo lo anterior, y de conformidad con la facultad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos dirigir a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Que para garantizar el derecho de las personas discapacitadas que tengan reconocida plaza en residencia escolar, a beneficiarse del recurso que por su condición de dependientes les corresponda, conforme a su grado, proceda a dictar las instrucciones que homogeneicen los criterios a aplicar por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en materia de compatibilidad e intensidad.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz