Alerta por correo electrónico de las novedades

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Punta Umbría aclara en qué situación se encuentran dos establecimientos hosteleros con terraza de veladores que se apuntan por una comunidad de propietarios como focos principales de contaminación acústica incompatible con el descanso de los residentes, y se nos informa de qué medidas se han puesto en marcha para reducir el impacto acústico.

Recibimos queja de la comunidad de propietarios de un edificio de Punta Umbría, relacionada con un establecimiento hostelero abierto durante el año 2021, que tenía entrada por las calles adyacentes al edificio en cuestión y cuyas puertas permanecían abiertas durante todo el día. Dichas puertas se encontraban bajo y frente a todas las ventanas de pisos de la comunidad denunciante, "agrupando además grandes cantidades de personas con un comportamiento bastante incívico". Además de este bar, se nos decía que había otros dos establecimientos hosteleros que también instalaban veladores en la calle afectada.

El problema venía motivado, al parecer, por el ruido que generaban los veladores principalmente del primer establecimiento, del que se decía que: "entre finales de junio y principios de septiembre de 2021, fechas en las que permaneció abierto el bar todos los días de la semana, en horario de aproximadamente 20 a 1 horas (...) y por el exagerado ruido producido por los veladores del establecimiento, constan llamadas de quejas a la Policía Local prácticamente a diario por numerosos vecinos, como el mismo Ayuntamiento de Punta Umbría reconoce en resolución (...)".

Tras esto y ante lo que los afectados consideraban una situación de inactividad del Ayuntamiento de Punta Umbría, se presentó contra el establecimiento "un primer escrito por parte de la comunidad y posteriormente otros individuales por al menos 5 de los 7 vecinos del bloque", exponiendo la grave problemática de ruidos padecida y solicitando información en relación con la licencia de apertura del establecimiento, así como denunciando incumplimientos de la normativa de accesibilidad.

Al parecer, el establecimiento al tiempo de esa primera denuncia no contaba con licencia para veladores, pese a lo cual se llegaban a poner más de 20 mesas con grupos de entre 4 y 6 personas cada una, limitándose el Ayuntamiento: "a contestar al citado escrito, que el local cuenta con una licencia de apertura como restaurante cedida por un negocio que hubo en el local en el año 2012, que no posibilita poner música y que se abrirá un expediente por haberse comprobado que un día han puesto música, pero que ha sido un hecho puntual y que en todo caso dicha música no trasciende a la calle".

La disposición de música sin embargo se siguió denunciando posteriormente en este bar, advirtiendo que ello no era un hecho puntual sino habitual y continuado, con el agravante de que la música trascendía al exterior por la disposición de puertas abiertas a dos calles.

Esta situación se había agravado en el año 2022, ya que se seguía: "con un ruido insoportable, no se han limitado ni establecido la ubicación de los veladores de los tres locales que afectan con contaminación acústica al edificio, lejos de eso se han incrementado. El ruido de veladores es insoportable y continuo, se bajan persianas metálicas a altas horas de la madrugada sin ninguna consideración (...). Se amontona a golpes el mobiliario, se sujetan con cadenas con el correspondiente escándalo, se canta, se grita (...)".

Ante esta situación, se había vuelto a presentar escrito por la comunidad de propietarios ante el Ayuntamiento, quejándose del ruido y solicitando que se le facilitase plano de ubicación y número de veladores aprobados a estos tres establecimientos. Además, se había denunciado el incumplimiento de horarios de utilización de la terraza de veladores.

Estos hechos constituían a juicio de esta comunidad de propietarios el incumplimiento de las ordenanzas municipales, del Decreto andaluz 155/2018. En este sentido, solicitaban la aplicación de la Instrucción Técnica IT. 8 Metodología para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a terrazas y veladores, previa al inicio de la actividad, prevista en el Decreto-ley autonómico 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario-y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

En relación con esta IT, decía el escrito de queja que: "nos gustaría que el Ayuntamiento de Punta Umbría, pusiera a nuestra disposición las correspondientes evaluaciones previas al inicio de las actividades del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, que justifiquen el número, ubicación y otras características de los veladores aprobados por dicha entidad, y ello para su estudio y posible contradicción".

No obstante, matizaban que aunque el problema era global de los tres establecimientos ya citados y sus veladores, concretaban que: "con quien realmente resulta y ha resultado imposible la convivencia es con las cervecerías […] , en dichos establecimientos se produce un botellón encubierto, no tienen límites de aforo, la gente consume de pie sin ningún tipo de orden o lugar, tocan guitarras, cantan, gritan, palmotean y mantienen un comportamiento totalmente incívico. Sus veladores (por llamarlo de alguna manera) exceden en tres y cuatro veces lo que se establecería por Ley. Recogen el mobiliario a golpes, sus clientes continúan consumiendo alcohol en la calle incluso después de recoger los veladores, dejando las puertas y ventanas abierta después de dicha recogida y manteniendo a sus clientes en la calle bebiendo, amén de haber sido aperturados en los veranos de 2021 y 2022, donde la normativa y sensibilidad en relación a los daños provocados por el ruido han aumentado las exigencias".

En definitiva, seguía la queja, esta comunidad: "para nada se manifiesta en contra de los establecimientos de ocio, lo que se pretende es que se respete la ley y se equilibren los correspondientes derechos de ambos colectivos, que el Ayuntamiento conceda un número de veladores, ubicación y aforo ajustado a derecho (...)".

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría, que en respuesta nos envió hasta seis informes en relación con la problemática de fondo y de los que se desprendían las circunstancias de cada establecimiento y las actuaciones realizadas por el ayuntamiento al respecto.

En lo que respecta a la instrucción I.T.8, se nos informó que se habían iniciado los trámites para proceder a la regularización de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento para los cuales dicha instalación estaría sujeta a licencia municipal, habiéndose ya realizado requerimiento a los titulares de los dos bares.

A la vista de esta información, tras haber quedado esclarecida la situación de los dos establecimientos apuntados como focos principales del ruido y después de que la comunidad de propietarios pudo obtener la información que pretendía, entendimos que no procedían más actuaciones por nuestra parte en este asunto. Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

En cualquier caso, expresamente pedimos al Ayuntamiento de Punta Umbría que se mantuviese vigilante en relación con los dos establecimientos en cuestión a fin de impedir, en la medida de lo posible, nuevas situaciones de irregularidad que se constituyesen en focos de ruido.

El Ayuntamiento de Tarifa nos informa de las actuaciones puestas en marcha para dar cumplimiento a una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo en la que se le condenaba a emitir informe técnico para verificar si el casco antiguo de Tarifa, en el que se encuentra la calle donde reside el promotor de la queja, es zona acústicamente saturada.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Tarifa, concretamente de la calle Guzmán el Bueno, mediante el cual exponía, en esencia, la grave problemática de ruidos que tanto su familia como otras personas residentes en la citada calle, sufrían en sus domicilios por la saturación acústica derivada de establecimientos hosteleros con veladores y por la afluencia masiva de clientes, la cual, por lo que más adelante se relata, podría contar con las características de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y, por lo tanto, podría ser formalmente declarada como tal por ese Ayuntamiento.

El interesado nos enviaba una sentencia del año 2015, del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras, por la que se que condenaba al Ayuntamiento de Tarifa a: "la realización del correspondiente informe técnico en orden a verificar si el casco antiguo de Tarifa, según descripción del art. 17 de la Ordenanza Municipal de 1994, Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, es zona acústicamente saturada, a tenor de los niveles contemplados en la normativa actualmente vigente, manteniendo o no la consideración del mismo como zona acústicamente saturada".

Pues bien, a este respecto nos decía que ese informe técnico al que había sido condenado a realizar ese Ayuntamiento, siete años después de la Sentencia, aún no se había elaborado.

Por otra parte, en el relato de la queja se expresaba que la referida Sentencia: "concluía que no está derogada la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa con fecha de 11 de noviembre de 1994 y publicada en el BOP de Cádiz nº 262".

Y pese a ello, seguía el relato de la queja: "el Ayuntamiento de Tarifa ha seguido otorgando licencias para la apertura de bares, cafeterías y similares, o la reapertura de aquellos a los que, por cualquier causa, les fuera retirada la licencia o permanecieron cerrados durante más de seis meses consecutivos, en el casco antiguo de Tarifa delimitado por la muralla en contra de la legalidad jurídica".

Además de lo anterior, la queja versaba sobre el incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de las terrazas de veladores de ese Ayuntamiento, aprobada el 3 de abril de 2018. En este sentido, se relataba en la queja que la ocupación con veladores que se venía produciendo en la calle Guzmán el Bueno incumplía los artículos 6, 12 apartados 1 y 2, 14, 31, 39.2, 47 y 56.4.

Particular mención nos merecía la cita del artículo 12.1 de la citada Ordenanza, según el cual los solicitantes de la licencia para veladores habrían de: "presentar escrito de conformidad de los vecinos propietarios de viviendas del mismo inmueble y de inmuebles que presenten linderos con el establecimiento o, en otro caso, acreditar haber efectuado la notificación a los vecinos interesados".

Sin embargo, aseguraba el promotor de la queja que: "no ha sido solicitado ni recabado de mi parte el escrito de conformidad aludido, en mi calidad de vecino propietario de vivienda en la calle Guzmán el Bueno, en el mismo inmueble, así como lindante, con establecimientos que actualmente vienen ocupando la vía pública con terrazas".

Se denunciaba también que las licencias para terraza de veladores de los denominados "Bar [...]" y "Bar [...]", ambos en la calle Guzmán el Bueno, se concedieron con informes desfavorables de policía local y jurídico de fecha 1 de junio de 2018, lo cual iría en contra del artículo 13 de la Ordenanza vigente. Al parecer, se habrían concedido esas licencias al amparo de la anterior ordenanza que ya estaba derogada.

Por lo demás, el promotor nos daba cuenta de una serie de escritos que había presentado en ese Ayuntamiento solicitando determinada documentación y/o información sobre el problema de fondo, sin haber obtenido respuesta.

Uno de los aspectos que el afectado destacaba de la peatonalización de la calle Guzmán el Bueno, con la saturación de veladores que presentaba, era que "compromete la seguridad de las personas", y ponía como ejemplo una evacuación y traslado de un paciente que tuvo lugar el 2 de agosto de 2022, en horario nocturno.

Por todo lo expuesto, lo que se pedía, según literalidad del escrito de queja que nos había dirigido el promotor de la misma, era lo siguiente:

1.- Que se dejasen de otorgar licencias para la apertura de bares, cafeterías y similares en el casco antiguo de Tarifa delimitado por la muralla, ni la reapertura de aquellos que por cualquier causa les sea retirada la licencia o permanezcan cerrados durante más de seis meses, en contra de la legalidad jurídica.

2.- Que se acatase por ese Ayuntamiento el fallo de la Sentencia de 2015 del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras y se emitiera el informe técnico al que quedó condenado.

3.- Que se dejase de obrar en beneficio de la ocupación de la vía pública con terrazas por parte de aquellos establecimientos hosteleros sin legitimación jurídica para ello en base a la normativa en vigor, en especial respecto de los dos bares denominados "Bar [...]" y "Bar [...]", cuyas licencias para veladores se habrían concedido presuntamente en contra de los informes jurídico y policiales.

4.- Que se adoptasen medidas que evitasen la privatización de facto de la calle Guzmán el Bueno por los veladores de locales y que impedían el acceso rodado con vehículos particulares de residentes en la zona y ponían en riesgo la seguridad de las personas.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa trasladando la queja del reclamante e interesando varias cuestiones sobre la misma. En respuesta, el Ayuntamiento nos remitió informe del cual destacamos varios aspectos:

- Se había incoado expediente 2022/5013 de contratación menor de servicios de asistencia técnica para zonificación acústica y propuesta de declaración de ZAS en el centro histórico de Tarifa.

- Se incoó en su momento expediente 2018/3616 de contratación de servicios de asistencia técnica en materia de contaminación acústica, vibraciones y asistencia técnica en la redacción de la nueva ordenanza municipal del ruido de Tarifa.

- Se estaba ultimando el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal del Ruido cuya adaptación al marco normativo vigente exigía una rigurosa tramitación técnica y jurídica, con participación pública previa.

Estas tres cuestiones venían a dar cumplimiento a la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras, que condenaba al Ayuntamiento de Tarifa a: "la realización del correspondiente informe técnico en orden a verificar si el casco antiguo de Tarifa, según descripción del art. 17 de la Ordenanza Municipal de 1994, Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, es zona acústicamente saturada, a tenor de los niveles contemplados en la normativa actualmente vigente, manteniendo o no la consideración del mismo como zona acústicamente saturada".

Por otra parte, se nos informaba que el estudio acústico, encargado a la empresa VIROCEM S.L., estaba pendiente de su finalización, y que se había declarado la urgencia de los expedientes vinculados con la referida Sentencia, ratificándose por el Pleno Municipal dicho carácter urgente.

A la vista de esta información, entendimos que el asunto objeto de queja se encontraba, en lo esencial, en vías de solución por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

La interesada se queja de que le hayan reconocido la prestación por parto múltiple pero no la relativa al cuidado de menores de 3 años.

Exponía que en relación a la solicitud de ayuda de hijo menores de 3 años, cuando las hijas últimas nacieron, tenían las hijas mayores dos años y ocho meses, teniendo en cuenta que había tenido dos partos múltiples, y que la solicitud la había hecho en febrero y las hijas cumplían los 3 años en abril, consideraba tener derecho a la ayuda.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz. En el informe emitido por la Administración acredita haber emitido la resolución por la que se le reconoce la ayuda.

Considerando que el motivo de la queja está solucionado se procede al cierre de la misma.

La Administración acepta las Recomendaciones planteadas por esta Defensoría por ello se procede al archivo del expediente.

Esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha tramitado un expediente de queja a instancias del padre de 2 menores con necesidades especiales, en relación con la participación de ambos menores en actividades deportivas acuáticas organizadas por el  Ayuntamiento de su localidad de residencia. Se quejaba porque sus hijos tenían que abonar la tasa prevista para adultos cuando las específicas Ordenanzas Municipales diferencian entre tasas para menores o para adultos, pero sin ninguna distinción entre los usuarios infantiles, fuere cual fuere su condición o específicas circunstancias.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe a la Administración local, siéndonos remitido como respuesta copia de diversa documentación entre la que destacan las explicaciones ofrecidas al interesado en respuesta al correo electrónico que dirigió al Ayuntamiento; también el informe emitido en relación con la citada tasa por la Tesorería Municipal; y por último a resolución denegatoria de la devolución de la tasa emitida por el Ayuntamiento.

Tras una lectura detenida de esta documentación deducimos que las cuotas satisfechas por el interesado se corresponden con las recogidas en las Ordenanzas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 181, de 6 de agosto de 2021, que regulan la tasa por prestación de servicios deportivos en el complejo deportivo La Venta. Para la modalidad de “actividades dirigidas” el artículo 5 de las Ordenanzas establece dos tarifas para los no abonados dependiendo del número de días a la semana en que se realiza dicha “actividad dirigida”, resultando una tarifa de 25 euros en caso de 3 días y de 19 euros en el caso de 2.

En las citadas Ordenanzas se indica que la tarifa para “actividades dirigidas” es para adultos, sin ninguna alusión o referencia relativa a menores tal como ocurre en el caso de los cursos de natación. Así las cosas, al existir una única tarifa para “actividades dirigidas” y a pesar de estar referida a personas adultas ésta se aplica sin distinción para todos los usuarios, fuesen adultos o menores de edad.

En las explicaciones ofrecidas al interesado para dar respuesta a su reclamación se añade lo siguiente:

“… Sobre la cuota del grupo de natación de diversidad funcional, debo comunicarle lo siguiente: Este grupo, debido a sus características intrínsecas, se toma como una actividad dirigida, ya que el monitor enfoca la sesión con un trato personalizado a cada uno de los alumnos que componen el grupo. Por este motivo, el número máximo se establece en ocho usuarios (acompañado de otras ocho personas mayores de edad a quienes no se les cobra el acceso a la piscina pequeña), siendo, junto a peques, la menor de las ratio que se oferta en nuestro centro …”

Por todo lo expuesto, se emitió la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.

Recomendación:

Apreciamos que en el caso expuesto en la queja se ha producido un cálculo erróneo del importe de la tasa a abonar por el interesado, por lo que resultaría procedente que se corregirse la misma y se redujera a la cuantía prevista para usuarios infantiles.

Sugerencia:

Consideramos necesario que de cara al futuro se acometa una revisión de las Ordenanzas municipales para que se definan con claridad las tasas a abonar tanto por personas adultas como por menores y también, en su caso, por personas con alguna diversidad funcional, diferenciando en este supuesto también entre personas adultas y menores.

El Ayuntamiento responde a nuestra resolución en sentido favorable aunque precisando que no se aprecia error en el importe de la tasa abonada, dado que en las Ordenanzas en vigor las actividades calificadas como "dirigidas" no se diferencia entre personas usuarias adultas e infantiles. Por otro lado, atendiendo a nuestra Sugerencia, nos manifiesta su compromiso a realizar de cara al futuro una revisión de las Ordenanzas Municipales.

La persona interesada se queja de que se ha producido un cambio en el modo en que se realiza el seguimiento y apoyo del acogimiento familiar del menor que tiene a su cargo (entre otros motivos, su familia pasaría a depender del Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar (SAAF) de Huelva, en vez del de Sevilla tal como hasta ahora). Refiere que se trata de una decisión arbitraria, sin justificación clara, y realizada sin previo aviso:

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe de la Delegaición Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla

En el informe de la Delegación Territorial se alude a la evolución del caso, siendo así que con acuerdo de todas las partes (menor, familia acogedora y madre biológica) se tiene intención de iniciar un proceso para que el menor sea adoptado por dicha familia en la modalidad de adopción "abierta", lo cual permitiría al menor mantener contactos con su progenitora.

Damos por concluida nuestra intervención en la queja al considerar que el asunto planteado se encuentra en vías de solución.

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Huétor Vega emprende actuaciones de inspección y comprobación de un establecimiento hostelero que dispone de música sin licencia y que era motivo de denuncias por ruido, detectándose diversas deficiencias técnicas y ordenándose la adopción de medidas correctoras y disciplinarias.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Huétor Vega, Granada, formulando queja porque junto a su domicilio se encontraba un establecimiento "que pone música en el exterior a un volumen elevado", lo cual había denunciado en el Ayuntamiento a través de varias instancias presentadas en julio de 2019, junio de 2020, mayo y julio de 2021, mayo, junio y septiembre de 2022. Aseguraba que no había tenido contestación a ninguna de estas instancias, en las que se denunciaban distintas situaciones que solían darse viernes, sábados y domingos, desde música en exterior con altavoces, hasta una orquesta o grupos flamencos y el cierre a las 6 de la mañana.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Huétor Vega en relación con la problemática planteada, recibiendo en respuesta la siguiente documentación:

- Certificado del acuerdo adoptado por una Junta de Gobierno Local celebrada en enero de 2023, en el que se citaba informe de la Unidad Técnica Funcional de Asistencia Municipal en el cual se advertían determinadas deficiencias del restaurante citado y modificaciones sustanciales no autorizadas algunas de ellas afectantes a la seguridad y medioambientales. En este acuerdo de Junta de Gobierno Local se tomaban, en esencia, los siguientes acuerdos:

1.- Iniciar procedimiento para la enmienda de defectos o carencias de requisitos de la actividad.

2.- Requerir a la titular del restaurante que resuelva las deficiencias detectadas en el plazo de un mes.

3.- Prohibir el uso de equipos de reproducción sonora al no contemplarse en las condiciones de licencia de la actividad, debiendo retirarse los mismos para evitar su uso hasta que se legalicen, en su caso.

- Certificado del acuerdo adoptado por otra Junta de Gobierno Local celebrada en marzo de 2023, acordándose:

Proceder de inmediato al cumplimiento de la medida cautelar de acuerdo con lo informado por la UTFAM, esto es, al precintado de los equipos de reproducción musical existentes, hasta su legalización, en su caso.

Teniendo en cuenta que la queja venía motivada por el ruido generado con la música en exterior de este restaurante, sin licencia según se nos había informado, cabía considerar que ese último acuerdo de la Junta de Gobierno Local había satisfecho la pretensión de la queja, al evitarse que se pudieran seguir produciendo estas situaciones. Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas por una entidad ciudadana para la protección de las instalaciones del Puente Zuazo, como zonas históricas de la Isla de León y entornos de Cádiz relacionadas con los acontecimientos de 1812.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 16 de agosto de 2023 el necesario informe ante los ayuntamientos implicados de San Fernando y de Puerto Real.

El ayuntamiento de San Fernando con fecha 19 de septiembre de 2023 nos daba cuenta de sus actuaciones:

“El Ayuntamiento de San Fernando quiere apostar por la promoción pública del valor histórico y natural del Sitio Histórico del Puente Zuazo y su entorno. Por ese motivo, está yendo de la mano de la Fundación Legado de las Cortes en lo que respecta a la actuación de instalación de una colección de paneles informativos con los cuales pueden establecerse puntos de recepción e información para visitantes, que permitan su visita libre con el máximo de información para las personas interesadas.

Fruto de esta colaboración, está previsto que el próximo lunes 18 de septiembre se descubra junto al Baluarte del Puente Zuazo un panel informativo del Sitio Histórico del Puente que ha sido promovido por la mencionada Fundación, financiado con cargo a la subvención nominativa que este Consistorio otorga a la entidad, y que va a instalar el propio Ayuntamiento de San Fernando. En este acto estarán presentes las regidoras de las localidades de San Fernando y de Puerto Real, como gesto evidente de compromiso con el futuro de este enclave.

Y es que hay que incidir en que este Ayuntamiento tiene entre sus planes contribuir a la conservación y mantenimiento de este Sitio Histórico, de la mano del vecino Ayuntamiento de Puerto Real, con el que hay abiertas líneas de colaboración que se van a mantener y reforzar.

Del mismo modo, se van a analizar las diferentes alternativas que permitan seguir contribuyendo a la rehabilitación y la puesta en valor de este Sitio Histórico, fundamentalmente a través de la intervención de otras administraciones como el antiguo Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Hasta la fecha ha habido compromisos adquiridos, e incluso intentos de financiación de estas millonarias obras con cargo al 1% cultural o a fondos europeos, pero que no se han llegado a materializar.

Sin duda, esta segunda fase del proyecto de recuperación del conjunto histórico de la zona tras las primeras actuaciones en el Real Carenero- permitiría dar un mayor uso a este legado del Bicentenario y promocionar parte de la historia de esta provincia y del país, dando un desarrollo turístico a este conjunto monumental de referencia para la ciudad de San Fernando.

De esta forma, estamos convencidos de que las acciones propias como las que se van a llevar a cabo en próximas semanas, así como la colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real, son pasos muy necesarios. Pero para la definitiva puesta en valor desde el punto de vista turístico es fundamental que se sumen a las actuaciones otras administraciones. Y en esa línea va a trabajar el Consistorio isleño, máxime en el actual contexto de reparto de fondos europeos que dan cabida a actuaciones como las que precisa el Sitio Histórico”

Y, por su parte, el ayuntamiento de Puerto Real explicaba en su detallado escrito de fecha 4 de diciembre:

“ANTECEDENTES DE HECHO:

El Real Carenero se encuentra en el término municipal Puerto Real: es exponente de la tradición naval de la localidad, se emplaza dentro del Sitio Histórico del Puente Suazo, que se reparte entre las localidades de San Fernando y Puerto Real. Fue declarado BIC en 1985 como Sitio Histórico del Puente Suazo y sus fortificaciones anejas. El 31 de julio 2000 se firma un convenio colaboración para la redacción del proyecto de adecuación, rehabilitación y mejora del entorno del sitio histórico. El 3 febrero 2004 se aprueba la financiación con cargo al 1% cultural: 1.950.000 €. Ya en noviembre 2006: Ayuntamientos San Fernando y Puerto Real presentan el proyecto de rehabilitación, que ven sus frutos el 30 noviembre 2009, con la licitación en dos fases, y el 25 mayo 2010, con la adjudicación de las obras de la primera fase, con un presupuesto de 3.097.335,69 €:

• Primera fase: “Rehabilitación del Real Carenero y Restauración de las baterías defensivas del Sitio Histórico del Puente Suazo y fortificaciones anejas”. Las obras se concretaron en la recuperación volumétrica y tipológica de los edificios principales y baterías defensivas, elementos básicos de conexión entre ellos, infraestructura básica en los almacenes y alumbrado general. La mayor parte de las instalaciones previstas no se ejecutaron y fueron sustituidas por instalaciones de emergencia de cuya documentación carecemos.

• Segunda fase: Pendiente en su totalidad: Conclusión de las edificaciones y las infraestructuras necesarias para la puesta en marcha, recuperación del puente Suazo y reconstrucción del caballero Suazo (Batería) en el término de San Fernando. Presupuesto: 19.502.402, 93 €.

Hay que matizar que la ejecución de la restauración del puente impediría el único acceso hoy al Sitio, que se produce desde el término de San Fernando. Es absolutamente necesario preparar el acceso desde el Polígono Tres Caminos —ya contemplado en el proyecto del nuevo nudo de la A4 en Tres Caminos, que lleva varios años en proyecto y aún no se ha iniciado— aunque según parece es ya inminente su ejecución.

El 1 de agosto de 2014 se firma el acta entrega a la Ayuntamiento de Puerto Real para su uso y mantenimiento. En la reunión previa se fuerza a la Ayuntamiento a la recepción de las obras pese a la opinión contraria de la Oficina Técnica Municipal y la U.A. de Cultura respecto a su oportunidad y conveniencia, en cuanto a que las mismas no estaban finalizadas ni en condiciones aptas para su uso. También se acordó la necesidad de obtener la propiedad de las edificaciones restantes, ‘Venta del Corral’ y ‘Venta del Inesperado’. Ésta última se expropió pero no se derribó, con el consecuente problema de ocupaciones indeseadas.

Asimismo, se acuerda un grado de urbanización e infraestructuras mínimo, inexistente para el acceso al recinto, y la conexión garantizada desde el término municipal de Puerto Real, mediante la remodelación del acceso al polígono industrial de Tres Caminos. En la propia acta de entrega se recoge la conexión de los servicios urbanos e instalación de aseos y el inicio del expediente de expropiación de la finca El Inesperado.

En este estado de cosas, el Ayuntamiento de Puerto Real se ha visto forzado a encargarse de la vigilancia y mantenimiento de un recinto abierto, con unas edificaciones ajenas no controlables en él, sin accesibilidad desde el término municipal y sin unas infraestructuras básicas necesarias para su uso, incluso había sido sustraído todo el cableado de la red de alumbrado.

Desde antes incluso de la entrega y a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento, que incluso en los primeros meses de posesión del recinto estuvo soportando una vigilancia permanente por parte de seguridad privada, que llegó a hacerse insostenible económicamente, se han producido desperfectos debido al vandalismo que se ha ido sucediendo a lo largo de los años y por la escasa calidad constructiva de la ejecución. La intervención y vigilancia de la Policía Local y otros cuerpos de seguridad no han podido evitarlo, entre otras cosas, debido a la imposibilidad de uso y la distancia con el núcleo urbano, que impiden una vigilancia y control permanente. Junto a la Policía Local, el personal de mantenimiento del Ayuntamiento ha realizado visitas semanalmente de revisión y de reparación de los desperfectos.

Esta reparación de desperfectos comenzó con el arreglo de las puertas ubicadas en las baterías que se han visto forzadas y dañadas continuamente, por lo que se ha optado por tapiarlas provisionalmente, tapiado que a su vez sigue apareciendo destrozado y requiere continuas reposiciones. Igualmente, las puertas de los distintos edificios han sido objeto de vandalismo, desapareciendo la totalidad de los pomos. Por esto, se han reforzado estas puertas desde el interior, toda vez que como ha ido detectando e informando la Policía Local, aparecían forzadas y abiertas.

Ante el inicio del saqueo de las luminarias del suelo del perímetro de las edificaciones, se procedió a retirar los que quedaban por parte del personal municipal y a su almacenamiento en instalaciones municipales hasta que se pueda producir su reposición con garantías.

También se ha realizado en distintas ocasiones la limpieza de vegetación y basuras de las parcelas que pertenecen al conjunto. Pero no se ha podido actuar en la parcela en la que se haya la venta El Inesperado, que presenta una gran acumulación de basura y desechos varios.

Los paramentos exteriores presentan cada vez más la degradación. Se está separando la capa de enlucido del soporte, en parte por el ambiente marino y quizás por la utilización de materiales no adecuados y de baja calidad en la rehabilitación. Hubo intentos por parte del Ayuntamiento de aclarar la situación de la garantía de la obra por si era posible una reclamación por parte del promotor, el Ministerio de Fomento, a la empresa constructora, pero no se obtuvo respuesta.

Por otro lado, el episodio más llamativo de los saqueos ocurridos ha sido el intento de expolio de parte de la solería de la batería de San Pablo, la situada al noreste del recinto. Esta solería está conformada por piezas de gran formato de “piedra de Tarifa”, labradas e incrustadas en el terreno para soportar el movimiento de los cañones y sus balas. Se valoró por la Oficina Técnica Municipal en trece mil doscientos euros (13200 €) la reposición en su lugar de las piezas removidas dada la dificultad de manejo que requería especialización. Finalmente, se incluyó en el presupuesto municipal y se ejecutó la reparación. A raíz de estos antecedentes se han intensificado las actuaciones en el espacio en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento.

CONCLUSIONES:

De las secuencias y vicisitudes del proyecto, del desarrollo de las obras e interrupción de la continuidad de las mismas, de la información de los proyectos y de la obra prevista y ejecutada, y de lo precario de la entrega con las posteriores dificultades derivadas de ello, se puede concluir lo siguiente:

1. La paralización de la 2ª Fase ha impedido obtener las edificaciones y el conjunto del recinto en condiciones óptimas. La 1ª fase se quedó a falta de ordenar los espacios exteriores, salvo las baterías y conexiones de infraestructuras.

2. Sería necesario reponer el cableado de la red de alumbrado y completar su conexión al centro de transformación, que ya fue sustraído con anterioridad a la entrega.

3. Para un mejor control sobre el recinto, al menos debería derribarse el edificio de la Venta del Inesperado y expropiarse la finca Venta del Corral, que dificultan enormemente el control de los espacios e incluso el mantenimiento.

4. Necesidad de acceso directo a las instalaciones desde el propio término municipal de Puerto Real, mediante la remodelación del acceso al polígono industrial de Tres Caminos recogido en el proyecto general del nudo. Además, las obras de la 2ª fase, de reforma del puente Zuazo, inhabilitarían el acceso al recinto. En este sentido, el Ayuntamiento de Puerto Real ha trasladado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que incluya en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz en el que se están trabajando, entre otras cosas, los accesos al Real Carenero desde Puerto Real.

5. Ha habido varias propuestas a lo largo de los años para la explotación y uso del lugar por parte de terceros interesados. Cualquier actuación ha sido imposible debido a las dificultades físicas del lugar y a la indefinición en cuanto a la viabilidad de que por parte del Ayuntamiento se pueda hacer una concesión administrativa a tercero al objeto de la puesta en valor de sitio histórico. Debemos señalar que el Ayuntamiento mantiene la posesión de la zona desde el acta firmada , pero no es el propietario. En este sentido, en noviembre de 2021, se llegó a mantener una reunión en el Ministerio en la pasada legislatura con el objeto de aclarar estos términos, pero no hubo respuesta alguna. Un factor en contra de las posibles propuestas, es que el estado tan precario de las instalaciones y el lugar, exigen la necesidad de una fuerte inversión previa al uso por parte de los interesados y condiciona, entre otras cosas, los posibles periodos de concesión.

6. Se ha intentado iniciar diferentes estrategias de difusión, visualización y presencia en los espacios. En este sentido se ha acordado con la Fundación Legado de las Cortes de la Real Isla de León el uso de las instalaciones para realizar visitas y se les permite integrar el recinto en las visitas temáticas sobre los lugares de las Cortes que organicen o la instalación de panelería informativa del lugar. También han existido colaboraciones con la Sociedad de Amigos del País de Puerto Real, con varias celebraciones y conferencias en el lugar.

Para terminar, debemos señalar que ya en lo que llevamos de la presente legislatura, ante el estado de bloqueo de la situación en los años anteriores, se han mantenido reuniones de análisis del problema. En estas reuniones se han puesto sobre la mesa las vicisitudes y problemas del Sitio Histórico y las posibles vías de solución. El equipo de gobierno ha decidido una estrategia que pasa en primer lugar por la redacción de un Plan de Uso, con el objetivo de la consecución de unos objetivos, planificando una serie de fases de realización del proyecto de ejecución existente, para ir habilitando y poniendo en uso la zona progresivamente, buscando la financiación a través del 2% Cultural, coincidiendo con el inicio inminente de la ejecución de la obra del Nudo de Tres Caminos”.

A la vista de las respuestas recibidas por los dos municipios implicados sobre la zona de influencia del histórico Puente Zuazo, podemos destacar las actuaciones derivadas de las labores de mantenimiento, conservación y protección del entorno, afectadas por una serie de circunstancias ciertamente complejas.

Demos recordar que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ya desplegó su interés por la protección de estos valores patrimoniales en varias quejas. En sus tramitaciones se consideró oportuno formular Resolución dirigida el 23 de abril de 2018 a la, entonces, Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz, al Ayuntamiento de Puerto Real y al Ayuntamiento de San Fernando, en los siguientes términos:

“RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1 de que se estudien y se definen por las Administraciones afectadas las medidas de cooperación necesarias en relación con las actuaciones de rehabilitación y conservación del Puente Zuazo sometido a la protección de la normativa de patrimonio histórico.

RECOMENDACIÓN 2 para que se implique a la Administración General del Estado en el proceso de estudio y definición de las actuaciones que necesita el BIC afectado.

RECOMENDACIÓN 3 para que se extremen las medidas de seguridad y protección de los inmuebles y espacios sometidos a riesgo de expolio y destrucción de sus elementos originales, así como de las instalaciones o de las obras ejecutadas hasta la fecha.

SUGERENCIA a fin de que desde las Administraciones implicadas se promueva el diálogo y la participación de las entidades ciudadanas comprometidas con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la zona”.

Después de tiempo transcurrido, y sumando el relato de las actuaciones que se han desplegado hasta la fecha, hemos de entender que las Administraciones implicadas en el conjunto de proyectos relacionadas con el Puente Zuazo expresan su intención coincidente de perseverar en estas actuaciones que podrían resumirse en una evaluación de los diferentes proyectos acordados y, finalmente, el estado de situación de su ejecución para programar las actuaciones futuras.

Para ello, las respuestas recibidas también expresan los contactos que se vienen acometiendo, así como el compromiso de continuar estos trabajos de cooperación dirigidos a las intervenciones que se definen en los elementos monumentales y otras actuaciones en la zona. En particular, destacamos la próxima ejecución de las obra en el Nudo de Tres Caminos, que facilitaría los accesos del entorno, así como la ordenación de toda la zona, para permitir posteriormente un buen diseño del Plan de Uso que también se anuncia desde el ayuntamiento de Puerto Real y que vendría a formalizar el aprovechamiento del entorno y de sus valores que, creemos, son presupuestos imprescindibles para asegurar la puesta en valor y conservación de estas históricas instalaciones.

Igualmente, compartimos la oportunidad de mantener las intervenciones de seguridad y de vigilancia de estos espacios afectados por frecuentes saqueos y acciones de vandalismo inaceptables con los compromisos de protección de estos espacios en los que se han volcado singulares esfuerzos de fondos públicos.

Por último, permaneceremos atentos para cualquier seguimiento que, en su caso, resulte necesario con el objetivo de contribuir a la conservación y puesta en valor de este patrimonio cultural característico de las zonas históricas de la Isla de León y entorno de Cádiz relacionadas con los acontecimientos de 1812.