Alaba la conciencia social y las medidas para paliar la pobreza hídrica, aunque todavía existen casos; por ello, reclama una ley de mínimo vital
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha considerado hoy que se han mejorado las medidas para hacer frente a la pobreza hídrica pero que, sin embargo, todavía se producen en la comunidad autónoma cortes en el suministro a familias con necesidades económicas. Por ello, Jesús Maeztu ha reclamado un protocolo por el que, antes de cortar el suministro, las empresas suministradoras se comprometan a poner en conocimiento de los servicios sociales municipales los datos de las personas usuarias a las que se haya remitido aviso de corte por impago.
De esta manera, según ha explicado Jesús Maeztu, los cortes de suministro se suspenderían cuando los servicios sociales considerasen que existe una situación de pobreza hídrica, procediéndose a continuación a poner en marcha las medidas oportunas para solventar la situación de impago existente y evitar nuevos problemas en el futuro.
En la inauguración hoy de una jornada conmemorativa del XXX aniversario de la fundación de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha resaltado que, “actualmente en Andalucía, existen los instrumentos legales y financieros necesarios para que nadie se vea privado de su derecho al agua por razones económicas. Sin embargo, ha expresado que la realidad nos demuestra que en Andalucía siguen produciéndose casos de familias afectadas por cortes en el suministro de agua por no poder hacer frente al pago de las facturas”.
El Defensor del Pueblo andaluz, que ha alabado la responsabilidad social demostrada por ASA en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico, ha recordado que esta Institución elaboró en 2015 un informe especial, titulado Servicios de suministro de agua. Garantías y derechos, en el que se incluía la petición del reconocimiento explícito en nuestro ordenamiento del agua como un derecho humano. “Una propuesta que nos parece imprescindible en unos tiempos como los actuales, en los que, como resultado de la profunda la crisis económica que hemos sufrido, son muchas las personas y familias privadas del acceso a un suministro tan básicos como el agua por su incapacidad para hacer frente a los costes de dicho servicio”, subrayó Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que existe un consenso entre todas las fuerzas sociales y políticas acerca de la necesidad de garantizar que nadie resulte privado de su derecho al agua por razones económicas, por lo que el debate se centra ahora en determinar cómo se garantiza este derecho y quién debe asumir los costes derivados de tal garantía. Y si bien ha valorado las ordenanzas municipales con bonificaciones, ayudas, reducciones y exenciones, dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, que se han visto complementadas con los fondos transferidos desde la Junta de Andalucía o las iniciativas adoptadas por varias empresas suministradoras, ha lamentado que siguen existiendo casos de pobreza hídrica. El Defensor del Pueblo andaluz ha explicado que la razón hay que buscarla en una deficiente y desigual distribución de los fondos, que no llegan a todas las entidades locales, ni alcanzan a todas las personas en esta situación.
Otro problema apuntado por el Defensor es que el actual consenso social y político acerca de la necesidad de garantizar que nadie se vea privado del suministro de agua por insuficiencia de recursos económicos, no se ha visto hasta la fecha plasmado en un mandato jurídico de obligado cumplimiento para todos los operadores del servicio de agua en Andalucía. A esta falta de regulación se le une otro problema jurídico, según el Defensor, que ha añadido la inexistencia de un procedimiento que permita hacer llegar los fondos existentes para las situaciones de pobreza hídrica a los destinatarios de las ayudas con la antelación suficiente para que la situación de impago no derive en un corte del suministro.
“Resulta esencial para aplicar cualquier política tendente a evitar cortes de suministro a personas en situación de pobreza hídrica el establecimiento de un procedimiento que permita conocer con la antelación necesaria qué personas se encuentran en situación de riesgo de sufrir un corte de suministro por impago de facturas y que además posibilite la adopción de las medidas que hagan innecesario dicho corte de suministro”, ha reclamado Jesús Maeztu.
De otra parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a demandar el derecho de las personas a un mínimo vital, esto es, a disponer de un número de litros de agua al día que le permitan satisfacer sus necesidades más básicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surgen grandes amenazas para la salud. El Parlamento de Andalucía apoyó una moción el 23 de octubre de 2015 por unanimidad de todos los grupos que abogaba por realizar las «modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica», añadiendo que «resulta esencial asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la UNESCO».
En opinión de esta Institución el reconocimiento del derecho a un mínimo vital en el suministro de agua para las personas en situación de pobreza hídrica debería quedar recogido en la Ley de Aguas de Andalucía y resultar obligatoria su inclusión en todas las ordenanzas reguladoras del servicio de abastecimiento de agua.
