El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha alertado hoy ante el Pleno del Parlamento de Andalucía de los graves retrasos en la dependencia y en salud.
Jesús Maeztu ha intervenido en el Pleno, un año más, para presentar el Informe Anual de la Defensoría, en este caso, correspondiente al ejercicio de 2024, que ha calificado de “duro y complejo”, con un crecimiento de quejas y consultas en materia de dependencia (2.600), de salud (2.605) y de vivienda (1.983), que afecta a la población más vulnerable.
En su exposición, ha destacado la situación de las personas mayores -en especial las que viven solas o mayores de 80 años que siguen esperando la ayuda por la dependencia con demoras de más de un año- y las personas con discapacidad, que ven mermados sus derechos mientras no llega el reconocimiento del grado de discapacidad. Sobre la infancia y adolescencia, que tiene una problemática específica, ha referido su compromiso de abordarlo en su intervención anual como Defensor de la Infancia y Adolescencia, que está pendiente de comparecer.
También la sobrecarga del sistema de atención primaria, las listas de espera o la falta de facultativos en determinadas especialidades, como los principales motivos de quejas en materia de salud. “Unas carencias que erosionan el modelo constitucional del sistema público de salud y que no me cansaré de pedir su fortalecimiento”, ha dicho el defensor.
Y, en materia de vivienda, el defensor ha puesto el foco en una variada casuística que ha llegado a la Institución en 2024, sobre todo por los retrasos en la ayuda a la vivienda y las dificultades de acceso de los colectivos más vulnerables tanto en el mercado privado como en el público, en este último, con “una muy escasa oferta de vivienda protegida y falta de financiación y deficiente gestión de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda y del Parque Público”.
A su juicio, estas situaciones evidencian “la brecha entre las necesidades sociales que subyacen en cada una de estas quejas y la capacidad de los servicios públicos para dar respuesta”, por lo que ha vuelto a reclamar a los diputadas y diputados andaluces “una renta básica, un techo digno y unos suministros de luz y agua como paquete básico de la ciudadanía”.
Con respecto a otras problemáticas, el defensor ha destacado las quejas que llegan por contaminación acústica y, sobre todo, en este 2024 “el resurgimiento de la actividad minera y la implantación de energías renovables en Andalucía”. Dos materias que para el defensor demandan “una reflexión serena, a cargo de profesionales expertos, para valorar y arbitrar cuantas medidas sean necesarias ante intereses enfrentados”. También ha alertado de la necesidad de velar porque la transición digital “no genere nuevas formas de exclusión social”.
Finalmente, ha defendido el fomento de la cultura de paz como eje vertebrador para la defensa de los derechos de las personas y su contribución a la buena administración y ha puesto en valor las mediaciones que realiza la Defensoría desde hace 8 años “como una herramienta útil para que las partes implicadas en un conflicto -ciudadanía y administraciones- lleguen a consensos, evitando con ella los riesgos de una posible polarización creciente”.
Para el defensor, el disfrute de una cultura de paz “pasa por recuperar nuestra memoria colectiva y garantizar la justicia”, por lo que ha recordado la exigencia de cumplir con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y de garantizar el derecho de defensa, la tutela judicial y procesos sin dilaciones “como derechos básicos de protección de la ciudadanía”.
Jesús Maeztu ha defendido la madurez de la Institución, “tras 40 años difíciles de tuteta y protección de los derechos de las personas” y ha agradecido el compromiso y responsabilidad de “esa ciudadanía, colectivos sociales, empleados y empleadas públicas..., que con su trabajo han ayudado a construir el modelo de Defensoría que hoy tenemos”.
Una labor de todos y todas, ha insistido Maeztu, “que en la situación actual de renovación es esencial que tenga el perfil necesario de garante de derechos”. Para el defensor, es importante seguir construyendo una institución de acogida y tutela porque “queremos ser parte activa de una transformación social más justa y sostenible, con el objetivo no solo de consolidar y proteger los derechos adquiridos, sino también de avanzar e innovar conforme a las necesidades de la sociedad actual”.
En cuanto a su gestión global, el defensor ha vuelto a informar de los principales datos de gestión de la Defensoría, con 31.675 actuaciones para las más de 46.000 personas que requirieron su intervención. Del total de actuaciones, el 58% se ha centrado en garantizar la dignidad de las personas y fortalecer el Estado de Bienestar; el 37% ha estado relacionado con la protección del planeta y el desarrollo económico; y el 5% restante ha abordado la defensa de los derechos humanos para promover una cultura de paz y justicia. También se ha desplazado in situ a 9 comarcas andaluzas, dentro de su iniciativa de escuchar las quejas ciudadanas en el territorio y reunirse con ayuntamientos y entidades sociales de esas localidades. En total, más de un centenar de reuniones con colectivos sociales y otras tantas quejas individuales.
