El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento de Andalucía el Informe Anual del Defensor correspondiente al ejercicio 2024, tras su entrega al presidente del Parlamento el pasado mes de abril.

Durante su intervención, el defensor andaluz ha expuesto los principales datos de gestión y principales problemas de un ejercicio que ha calificado de “duro y complejo” con un crecimiento en el número de quejas presentadas por la ciudadanía (10.400) y en el número de consultas (16.400). A esta actividad hay que sumar las quejas gestionadas de años anteriores (más de 4.000) y las 600 actuaciones de promoción de derechos, por lo que fueron más de 31.000 las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en 2024.

En más de 3.700 expedientes cerrados en ese año se detectó irregularidad por parte de la administración y tras la actuación de la Defensoría se aceptó el 97%, siendo además la media del grado de colaboración de dichas administraciones del 87%, tras enviar más de 5.200 peticiones de informes, un dato que el Defensor ha puesto en valor pero recordando que el objetivo es llegar al 100 por 100 de colaboración.

Más de 46.300 personas acudieron a la Defensoría reclamando protección y defensa por lo que consideran una vulneración de derechos, ya sea en Dependencia (1.434 quejas), Vivienda (820), Salud (1,684), Medioambiente (967) o las reclamaciones del personal del sector público (1.282) y en Infancia y Educación, con más de 1.500 quejas, entre otras.

Una vez más, el defensor ha alertado sobre el paquete de dependencia, vivienda y salud como los asuntos que más han suscitado las quejas de la ciudadanía “con testimonios muy duros de desesperación por los retrasos inasumibles o por falta de claridad e información en los procesos”, ha dicho el defensor.

Jesús Maeztu ha recordado que la actuación de la Defensoría para la protección y defensa de los derechos entronca directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: “hemos avanzado en alinear nuestra planificación y nuestro trabajo con los principios que presiden la Agenda 2030. Queremos ser parte activa de una transformación social más justa y sostenible, con el objetivo fundamental, no solo de consolidar y proteger los derechos adquiridos, sino también de avanzar e innovar conforme a las necesidades que la sociedad actual demanda”. Fruto de este enfoque, las actuaciones que han tenido como objetivo preservar la dignidad de las personas han supuesto el 58% del total, seguido de las acciones en beneficio del Planeta y la Prosperidad (37%), y, por último, el trabajo para la garantía de los derechos humanos, en pro de una cultura de paz y de justicia (con el 5%).

Por último, el defensor ha destacado su preocupación por los derechos de las personas mayores, que ha sido el asunto relevante de este informe 2024 “con el propósito de analizar las dificultades que enfrentan algunas personas mayores en su entorno familiar y social; para acceder al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); los cuidados de atención social y sanitaria que se les dispensan en el ámbito residencial; los instrumentos para la coordinación sociosanitaria y la necesidad de garantizar su empoderamiento activo”.

Un tema que, ha recordado, analizará en una jornada el próximo 10 de junio, en la Fundación Caja Rural del Sur, en Sevilla, bajo el título “Mayores y dependientes en Andalucía: calidad y calidez en los cuidados”.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesus Maeztu, junto con sus homólogos y homólogas de Canarias, Cataluña, Euskadi y Navarra han firmado hoy en Pamplona el Acuerdo de colaboración entre las defensorías del pueblo para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esta iniciativa parte de la voluntad de estas defensorías, firmemente comprometidas con los principios de justicia social, dignidad humana y equidad.

Conscientes de que contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS requiere de un esfuerzo compartido, los Defensores y las Defensoras del Pueblo que suscriben, a través del presente documento a favor de los ODS de la Agenda 2030, pretenden reforzar la cooperación que realizan en favor del desarrollo sostenible y del respeto de los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

El acto oficial, promovido por el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha reunido este miércoles en el Parlamento de Navarra a Manu Lezertua (País Vasco), Jesús Maeztu (Andalucía), María Dolores Padrón (Canarias) y Esther Giménez-Salinas (Catalunya).

Hoy, 1 de mayo de 2025, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el Defensor del Pueblo Andaluz hace un llamamiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de la Agenda 2030 que aboga por reducir las desigualdades, siendo la apuesta por un trabajo decente una pieza esencial para incrementar los ingresos de las personas, y coadyuvar a eliminar la pobreza y las desigualdades sociales.

“Erradicar el trabajo forzoso y en precario y caminar en busca del pleno y mejor empleo, con la protección de los derechos laborales y la consecución de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, repercute en un crecimiento económico más fuerte e inclusivo y mejora la vida de miles de millones de personas”, recoge la Defensoría en su informe anual de 2024.

Los servicios públicos constituyen una garantía para la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Contar con empleadas y empleados públicos profesionalizados y suficientes es una condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población, para promover el crecimiento económico, para avanzar en el Estado del bienestar (ODS 3), para consolidar las instituciones públicas (ODS 16) y para promover la cohesión territorial y social.

Actualmente, la administración pública está inmersa en un proceso de transformación digital de los servicios públicos para mejorar la eficacia y la eficiencia en su actuación, proceso que tiene que realizarse en condiciones adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, tener en cuenta el lado humanista de la digitalización, poniendo a la persona en el centro, de forma que permita avanzar a la sociedad.

Con motivo del apagón masivo del día de ayer, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha visto obligado a cancelar la jornada de hoy ante la imposibilidad de la llegada de algunos y algunas de los ponentes y público en general. Rogamos disculpen las molestias y avisaremos de la próxima convocatoria en breve. Muchas gracias.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza el martes 13 y el miércoles 14 de mayo a la Comarca de los Montes de Granada, donde atenderá presencialmente a la ciudadanía en la localidad de Iznalloz.

En este desplazamiento la OIAC atenderá a los vecinos y vecinas de Alamedilla; Alicún de Ortega; Benalúa de las Villas; Campotéjar; Colomera; Dehesas de Guadix; Dehesas Viejas; Deifontes; Domingo Pérez de Granada; Gobernador; Guadahortuna; Huélago; Iznalloz; Montejícar; Montillana; Morelábor; Pedro Martínez; Píñar; Torre-Cardela y Villanueva de las Torres.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras redes sociales de facebook o twitter.

Ubicación: Centro de Servicios Sociales Comunitarios. Plaza del Ayto Viejo, Iznalloz

Horario: Martes 13 de mayo. De 9:30h. a 14h. y de 17h. a 19h. Miércoles 14 de mayo. De 9:30h. a 14h.

Aprovechando la visita la Oficina de Informacíon y Atención a la ciudadania del Defensor del Pueblo Andaluz se reunirá también con profesionales de los servicios sociales y con asociaciones sociales de la comarca.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la atención en materia de salud pública, la preocupación por los retrasos en la dependencia y la demanda para el acceso a la vivienda como las reclamaciones ciudadanas que han protagonizado el ejercicio de 2024, con una media superior a las mil quejas y mil consultas respectivamente en los casos de salud y dependencia.

Maeztu ha entregado el Informe Anual de la Institución al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con el que ha compartido estas problemáticas y los principales datos de un año complejo y duro con un total de 31.675 actuaciones para las más de 46.000 personas que requirieron su intervención. En concreto, 14.654 quejas gestionadas, 16.400 consultas y 621 acciones de promoción de derechos. Del total de actuaciones, el 58% se ha centrado en garantizar la dignidad de las personas y fortalecer el Estado de Bienestar; el 37% ha estado relacionado con la protección del planeta y el desarrollo económico; y el 5% restante ha abordado la defensa de los derechos humanos para promover una cultura de paz y justicia, con más de 270 mediaciones.

El Defensor ha lamentado que un año más vuelven a ser reiterativas las quejas que muestran la desesperación de las personas por los retrasos en la resolución de sus solicitudes y la asignación de la ayuda necesaria, a lo que se suma la indignación por la falta de claridad en el procedimiento y el acceso a estas prestaciones, además de la denuncia por la falta de información para conocer el estado de tramitación de dichas prestaciones.

Jesús Maeztu ha puesto el foco en 2024 en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. “No cejaré en mi compromiso de reivindicar una Renta básica, un techo digno y un suministro de luz y agua garantizados como paquete básico de ciudadanía”, ha señalado, destacando, un año más, los asuntos relacionados con los retrasos en la valoración de la discapacidad y la gestión de las prestaciones sociales (Renta Mínima de Inserción Social; Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas).

Durante su intervención, el Defensor ha subrayado otras problemáticas que han requerido la intervención de la Institución, tales como, la labor para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; la atención a las personas mayores -que ha sido objeto de una cuestión relevante en este año-; la protección y promoción los derechos de los niños, niñas y jóvenes como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desde hace 25 años; la vigilancia de los derechos de las personas migrantes y la consecución de la igualdad de la mujer. También la protección de un entorno sostenible; la defensa de una educación inclusiva y de calidad; el fortalecimiento de la sanidad pública; la respuesta ágil de una justicia sin demoras y una cultura de paz para la convivencia.

El año 2024 ha coincidido con el final del VII mandato del Defensor del Pueblo Andaluz y con el aniversario de cuatro décadas en defensa de los derechos de la ciudadanía, con un balance de más de 450.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos, y la remisión de más de 15.500 resoluciones en las que ha exigido a las Administraciones autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; recomendado cambios normativos; y sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes y la garantía de los derechos de las personas, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores, las personas con otras capacidades y las mujeres que sufren violencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha expresado su pesar y tristeza por el fallecimiento del Papa Francisco. A través de las redes sociales de la Institución ha querido sumarse a las muestras de condolencia con este mensaje:

" Sentimos mucho la pérdida del Papa Francisco, un gran defensor de la justicia social, la igualdad de las personas y la cultura de paz. Siempre en defensa de causas tan prioritarias para esta Institución como los derechos de los colectivos más vulnerables. Hoy estamos tristes porque perdemos a un gran mensajero de la paz y de un mundo para todos y todas, constante en su petición del fin de las guerras, la pobreza y el abuso de las personas".

Descanse en paz

• La omisión o tardanza en la prestación de asistencia sanitara cuestiona el deseable buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud

Hoy, Día Mundial de la Salud, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda el derecho a la protección de la salud, reconocido en la Constitución española como un mandato dirigido a los poderes públicos para garantizar una asistencia segura y suficiente que, en su condición de servicio público, deberá observar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.

En este sentido, la omisión o tardanza en la prestación de asistencia cuestiona el deseable buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud al comprometer su finalidad última como servicio público, en cuanto garante de las medidas y prestaciones que sirvan de soporte asistencial a la vida y a la salud de las personas.

Esta problemática no se ciñe a una mera previsión de prestaciones en el marco de los principios rectores dirigidos a los poderes públicos, sino que también alcanza a los derechos que pueden ser exigidos por la ciudadanía. Los retrasos en la sanidad inciden directamente en las personas que necesitan asistencia, pero también es posible referir consecuencias indirectas en su bienestar moral, su derecho al trabajo e incluso su derecho a acceder a prestaciones sociales.

Este año, el Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril tiene como lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, poniendo el acento en los esfuerzos para poner fin a las muertes prevenibles de madres y recién nacidos, y a dar prioridad a la salud y el bienestar de las mujeres a largo plazo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, en colaboración con las entidades que conforman EnRedes (Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario de Sevilla), ha celebrado este martes, 25 de marzo, la jornada “Sensibilización para la reinserción social de personas privadas de libertad” con el objetivo de visibilizar los desafíos a los que se enfrentan estas personas al cumplir su condena y reincorporarse a la sociedad. Jesús Maeztu ha reclamado los derechos de estas personas privadas de libertad como mejor instrumento para permitirles reconstruir sus vidas y contribuir positivamente a la sociedad. “Son personas con todos sus derechos, hay espacio para la recuperación”, ha dicho Maeztu.

El Defensor andaluz se ha mostrado convencido de que la reinserción es posible, aunque se enfrenta todavía a muchas dificultades para abandonar la estigmatización y comprender que la cárcel puede ser un medio para una segunda oportunidad. De hecho, durante la jornada se han podido conocer testimonios personales y experiencias sociales y laborales que están permitiendo esta reinserción. Una de ellas, destacada por el Defensor, ha sido el catering inclusivo para la reinserción, gestionado y servido por personas internas del Centro Penitenciario Sevilla II, con la colaboración del catering Ágape 360º sensibilizado con causas sociales.

Este encuentro ha permitido conocer también los principales desafíos de este colectivo y las herramientas y recursos necesarios para afrontarlos. En este sentido, el Defensor andaluz ha resaltado algunos de estos retos, entre ellos, la estigmatización y discriminación de la población reclusa, las adicciones y la enfermedad mental o la atención a las situaciones de dependencia. Y ha destacado el papel esencial de las entidades sociales que conforman el Tercer Sector, como vertebrador de acciones e iniciativas sociales, educativas y laborales que coayudan y facilitan ese tránsito de la persona interna a su incorporación a la sociedad tras cumplir su condena.

En los últimos dos años, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha entrevistado con los equipos directivos y técnicos de los centros penitenciarios y centros de inserción social andaluces, con los profesionales del turno de oficio de penitenciaria de los colegios de abogados y con el Tercer Sector que desarrolla programas en los establecimientos penitenciarios de cada provincia, recabando información a nivel provincial y priorizando actuaciones de oficio dirigidas a los distintos órganos de la Administración andaluza, además de solicitar la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en cada una de ellas.

Fruto de este trabajo, el Defensor ha reclamado mayor coordinación entre administraciones para la atención de la salud de la población reclusa. Jesús Maeztu ha vuelto a recordar que es necesario resolver la dualidad que aún persiste en el sistema de salud. Y, mientras tanto se materializa, ha pedido la implementación del Diraya como herramienta para disponer de la historia clínica de los pacientes antes de su ingreso. También de la atención sanitaria especializada dispensada en los centros hospitalarios con la mayor cobertura.

Otro de los problemas donde está interviniendo la Defensoría es en el abordaje de las personas con adicciones en los centros penitenciarios. Para el defensor, la drogadicción es uno de los factores desestabilizadores más importantes de las personas y, en el caso de este colectivo, “su falta de abordaje en la prisión puede imposibilitar muy seriamente la reinserción social de la población reclusa. Desde la Defensoría, abogamos por un abordaje integral desde la prevención, la asistencia y la reincorporación social, promoviendo la continuidad del tratamiento, su seguimiento por parte de los equipos sanitario y apoyo psicosocial”, ha destacad Jesús Maeztu.

Finalmente, el defensor ha querido destacar un tercer problema que preocupa a la Defensoría, como es la atención a las situaciones de discapacidad de las personas privadas de libertad. Jesús Maeztu ha defendido el protocolo de actuación que define Instituciones Penitenciarias en 3 fases: detección, evaluación e intervención. A su juicio, la coordinación resulta imprescindible para atender estas situaciones, como pueden ser: el reconocimiento de la discapacidad que le puede dar acceso a otros derechos; ser capaces de detectar situaciones que no estaban evaluadas antes del ingreso en prisión o evitar la descoordinación que puede darse ante posibles traslados de un centro penitenciario a otro, o incluso, ante su puesta en libertad.

Para la Defensoría es necesario más financiación, crear programas y actuaciones para que al salir de prisión y mientras se está en ella, estas personas puedan reinsertase en la sociedad de la mejor forma posible. También hay que trabajar con las personas internas el impacto de sus acciones, con programas de rehabilitación y educación. Y, en paralelo, trabajar porque la sociedad tome conciencia de la situación y las necesidades de este colectivo.

Jesús Maeztu ha hecho un llamamiento a las administraciones competentes para una mayor coordinación en la puesta en marcha de políticas públicas de reinserción para las personas presas de libertad, “que de verdad apoyen y ayuden a la tan ansiada reinserción social y a la recuperación de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas libres”.