El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, confía en que concluya de una vez el abono de las ayudas al alquiler de vivienda de la convocatoria de 2015, que acumulan más de un año de retraso, y que las familias pendientes de cobro perciban esta prestación dirigida a personas con una situación económica precaria.

La respuesta de la Consejería de Fomento a los requerimientos y gestiones que viene realizando el Defensor del Pueblo andaluz en los últimos meses concluye que, a día de hoy, se han ordenado el 91,2% de las ayudas en las diferentes provincias andaluzas. Fueron 10.899 solicitudes reconocidas de las casi 30.0000 registradas. Según los datos aportados por Fomento y Vivienda, el estado de tramitación de las ayudas reconocidas por provincias es el siguiente: En la provincia de Cádiz se ha ordenado el pago del 100% de las ayudas; en Huelva un 96,6% y en Almería un 92,8%. En Jaén el porcentaje es del 94%; en Sevilla, de un 96,7%, y en Málaga, del 91,5%. Las provincias más rezagadas son Córdoba, con 76,2% y Granada, con un 75,2%, aunque esta última provincia ha experimentado un notable crecimiento en las últimas semanas. El resto de expedientes a los que no se les ha tramitado órdenes de pago estarían pendientes de subsanar alguna falta de documentación, y serán revisados caso por caso.

A las órdenes de pago le sigue la fiscalización de los expedientes por parte de las intervenciones provinciales. La Administración andaluza afirma que las ayudas pendientes reconocidas se fiscalizarán con fecha tope a 20 de enero próximo, una vez finalice el año contable, y da por garantizado el abono días después de ser fiscalizadas.

El Defensor del Pueblo subraya que la falta de personal, en unos casos, y en otros los problemas que han conllevado el ritmo y las condiciones de fiscalización de los expedientes por parte de los interventores provinciales han derivado en que unas provincias estén más avanzadas en el proceso de pago, y en otras quede un número importante de beneficiarios pendiente. El Defensor del Pueblo andaluz recuerda que ya en el mes de agosto solicitó información a la Intervención General de la Junta sobre las diferencias en la actuación de las diferentes Intervenciones Provinciales en la fiscalización de las ayudas al alquiler de vivienda sobre la convocatoria de 2015, con especial mención de las incidencias planteadas por las Intervenciones Provinciales de Málaga, Almería y Granada.

Del mismo modo, a principios de diciembre el Defensor del Pueblo andaluz emitió una resolución dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la Intervención General de la Junta de Andalucía en la que pidió un plan de choque hasta tanto se ultime la tramitación que culmine con el pago efectivo de estas ayudas. Entre otras medidas, esta institución recomendó más personal, adecuado al volumen de trabajo para la tramitación de estas ayudas; prioridad y agilización de las Intervenciones Provinciales para efectuar los pagos y mayores fondos económicos si los retrasos en el abono se debieran a problemas presupuestarios.

El Defensor del Pueblo andaluz transmite su apoyo a las familias que todavía están pendientes de recibir esta ayuda, que confiaban en esta posibilidad para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o para acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna, y desea que esta pesadilla finalice cuanto antes. Seguiremos atentos a la evolución en el pago de estas ayudas y a que, definitivamente, concluya esta convocatoria de 2015.

Propone la creación de un órgano extrajudicial para la devolución a las personas afectadas

La sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo que reconoce la obligación de las entidades financieras de devolver la totalidad de las cantidades cobradas de más en los casos en que las mismas hayan sido declaradas abusivas, es una noticia muy positiva, no sólo por los beneficios que va a reportar a las personas que se vieron afectadas por estas prácticas abusivas, sino también porque restablece un principio básico del derecho de las personas consumidoras: las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y no producen efecto alguno, debiendo entenderse como si no hubieran sido puestas.

No obstante, es necesario rebajar las expectativas generadas por esta sentencia entre las personas afectadas por estas cláusulas suelo ya que, ni la sentencia supone que las entidades financieras van a proceder a devolver de inmediato y por propia iniciativa las cantidades cobradas de más, ni los efectos de la sentencia van a afectar por igual a todas las personas que tenían o tienen cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

Así, quienes ya acudieron a los Tribunales y obtuvieron una sentencia favorable que declaraba abusiva la cláusula pero no concedía la retroactividad total sino sólo hasta la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013, no tendrían, en principio, derecho a esta devolución adicional de cantidades ya que se les aplicará el principio de cosa juzgada.

Quienes acudieron a los Tribunales y obtuvieron una sentencia desfavorable por considerar que no existía abusividad en la cláusula suelo tampoco podrán beneficiarse de esta Sentencia del TJUE ya que la misma no revoca estas sentencias, ni declara la abusividad de todas las cláusulas suelo; se limita a reconocer el derecho a recuperar la totalidad de lo pagado en aquellos casos en que la cláusula fuese declarada nula por abusiva.

Los grandes beneficiados de la Sentencia del TJUE son aquellas personas que tenían instado un proceso judicial por estas cláusulas y el mismo no hubiese concluido aún. En esos casos, si la sentencia declara abusiva la cláusulas suelo el Tribunal aplicará la Sentencia del TJUE y obligará a la entidad financiera a devolver la totalidad de lo cobrado de mas por dicha cláusula.

En cuanto a las personas que tienen la cláusula suelo en sus contratos hipotecarios pero aún no han reclamado, son potenciales beneficiarios de la sentencia del TJUE, pero deberán previamente reclamar a la entidad financiera la anulación de la cláusula y la devolución de lo cobrado indebidamente y, en caso, de recibir una negativa, acudir a los tribunales de justicia.

Especialmente compleja es la situación de las personas que llegaron a un acuerdo con su entidad financiera para que le quitara o redujera la cláusula suelo a cambio de firmar un acuerdo por el que reconocían la legalidad de dicha cláusula y renunciaban a interponer reclamaciones judiciales por este motivo. Esta Institución ha manifestado reiteradamente su consideración de que estos acuerdos deben ser considerados inválidos, porque fueron impuestos a los consumidores por las entidades financieras prevaliéndose de su situación de necesidad económica.

En todo caso, si la entidad financiera se negara a devolver lo cobrado de más y utilizara el acuerdo firmado para oponerse a una posible reclamación, sólo quedaría el recurso a acudir a los Tribunales para conseguir, en primer lugar, que se declare la invalidez de dicho acuerdo, en segundo lugar, que se declare la abusividad de la cláusula y, en tercer lugar, que se devuelva todo lo cobrado de más.

Como pueden ver, la situación es mucho mas compleja de lo que inicialmente podría pensarse y las expectativas de muchas personas por esta Sentencia pueden acabar viéndose defraudadas. Por otro lado, la primera consecuencia de esta sentencia va a ser a buen seguro un aumento exponencial de los litigios judiciales, lo que se traducirá en un agravamiento del colapso ya existente en nuestros tribunales de Justicia y supondrá para las personas afectadas tener que afrontar nuevos gastos y soportar largas esperas para hacer efectivo su derecho. Los grandes beneficiarios serán los bufetes de abogados que multiplicarán el número de clientes.

Para evitar esta situación esta Institución pide a las entidades financieras que acaten plenamente la Sentencia del TJUE, asuman sus consecuencias y acepten la creación de un órgano extrajudicial para resolver de forma rápida y gratuita las peticiones de las personas afectadas. Asimismo, entendemos que las entidades financieras deben hacer un ejercicio de responsabilidad social y aceptar la devolución de todo lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo, sin excluir a nadie.

El sistema sanitario público es uno de los principales pilares del Estado del bienestar. El establecimiento de una cobertura integral de la asistencia sanitaria en los casos de pérdida de la salud, se percibe como un derecho fundamental que trasciende el limitado marco de garantías que le otorga su reconocimiento constitucional. La vinculación de este mecanismo de protección a un bien tan esencial como la propia vida le ha conferido un valor especial para la ciudadanía y ha propiciado el interés y la preocupación de la misma por su correcto funcionamiento.

Un interés y una preocupación que constatamos en las numerosas quejas que ha venido recibiendo el Defensor del Pueblo Andaluz en relación con el sistema sanitario desde el inicio de la actividad de esta Institución.

No obstante, esa inquietud ciudadana por el funcionamiento del sistema sanitario andaluz ha experimentado últimamente un crecimiento significativo, como lo atestigua el aumento de las quejas recibidas, y ha trascendido el ámbito de la queja o la reclamación para trasladarse a la calle en forma de manifestaciones multitudinarias que, iniciadas en determinadas localizaciones y en relación a problemáticas concretas, parecen extenderse a otros puntos de nuestra geografía y abarcar un campo mas amplio de reivindicaciones, auspiciadas bajo la proclama de la defensa de “una sanidad digna”.

Una muestra tan significativa de malestar ciudadano no puede ser ignorada, ni menos aún descalificada o menospreciada, porque supone la expresión pública de un descontento con el funcionamiento del sistema sanitario andaluz, que se extiende desde hace tiempo entre el colectivo de profesionales de la sanidad y también entre usuarios y pacientes.

Un descontento que trae causa, entre otras razones, de los retrocesos habidos en la calidad del sistema sanitario como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas durante la crisis económica y que afectaron a todos los servicios públicos. Una pérdida de calidad, que para los usuarios del sistema se ha traducido en incrementos de las listas de espera para recibir las prestaciones sanitarias que precisan, en aumentos en los copagos de medicamentos, en saturación de dispositivos asistenciales y en una disminución de la calidad asistencial. Por su parte, los profesionales sanitarios acusan el impacto de las tasas de reposición que han dificultado la contratación del personal necesario para cubrir con garantías los servicios sanitarios y ha conllevado un incremento de la presión asistencial y una disminución de los recursos disponibles para una correcta atención a los usuarios.

Es obligado, no obstante, reconocer que durante la crisis económica la Junta de Andalucía, a diferencia de lo ocurrido en otras Comunidades Autónomas, asumió como prioritario el mantenimiento del servicio público de salud y como consecuencia de ello la Administración Sanitaria andaluza realizó una opción decidida por destinar los escasos recursos disponibles al mantenimiento de los servicios sanitarios, aunque ello implicara dejar en suspenso algunas de las inversiones previstas para mejorar la calidad del sistema o reducir los presupuestos destinados a otras necesidades del sistema sanitario.

Sea como fuere, es evidente que los retrocesos habidos en la calidad del sistema sanitario andaluz como consecuencia de la crisis económica constituyen uno de los motivos que explican los movimientos ciudadanos de protesta, cuyas reivindicaciones traslucen el anhelo ciudadano por recuperar los niveles de calidad del sistema y por seguir avanzando en la consecución de un sistema sanitario de excelencia.

Junto a ello, es necesario mencionar la incidencia que en algunas de las protestas mas multitudinarias ha tenido la decisión de aplicar nuevos modelos organizativos sin someter los mismos al previo debate con los sectores profesionales y ciudadanos afectados, que hubieran posibilitado un modelo mas consensuado y respetuoso con las necesidades y aspiraciones de todos los colectivos.

Un olvido de los cauces participativos previstos en el sistema que nos lleva a valorar muy positivamente la decisión de la Administración sanitaria de paralizar estas decisiones y retomar la senda del diálogo para alcanzar un consenso, que estamos seguros de que será la base desde la que recuperar la confianza pérdida y lograr diseñar el mejor de los sistemas para las zonas afectadas.

En esta Institución pensamos que de esta experiencia pueden extraerse enseñanzas positivas y servir para la creación de mecanismos de diálogo que resultarán de suma utilidad en situaciones futuras. En este sentido, consideramos necesaria y urgente la revitalización de los foros establecidos de participación en el ámbito sanitario.

Somos conscientes de que el sistema sanitario público de Andalucía goza de un reconocimiento merecido pero también creemos que el mismo ofrece un amplio margen de mejora, incluso asumiendo que deberá hacerse sobre la base de unos recursos siempre limitados y sometido permanentemente al debate de su sostenibilidad. Por eso pensamos que es necesario llegar a un acuerdo que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado hoy ante el pleno del Parlamento andaluz el Informe Anual del Menor 2015, en el que ha dado cuenta del balance de la institución en asuntos de menores durante el pasado año. Los datos en 2015 señalan un considerable aumento del número de expedientes respecto del ejercicio anterior. Es así que a lo largo de 2015 el número total de actuaciones de la Defensoría en asuntos de menores se elevó a 3.348, de las cuales 1.370 se refieren a quejas, y 1.978 a consultas. En cuanto a quejas nuevas, el incremento de la actividad de la Institución fue del 23,3% respecto del ejercicio anterior de 2014.

Jesús Maeztu ha destacado que, un año más, la educación origina el mayor número de expedientes de quejas. Le siguen asuntos relacionados con la protección de los derechos personales de los menores, los servicios sociales, la vivienda y la salud. Durante el pasado año, el Defensor del Menor ha detectado un incremento en las quejas relativas a la educación especial y compensatoria y las reclamaciones sobre cuestiones relacionadas con menores en el Sistema de Protección.

Tres conclusiones principales presenta este informe. Uno, el aumento de la pobreza infantil, agravado por la situación de crisis. Sobre los distintos datos estadísticos, Maeztu ha señalado que le parece fundamental contar con un diagnóstico serio, riguroso y consensuado sobre la situación de la pobreza infantil en Andalucía. Una actuación que se tiene que realizar al amparo de la Alianza de la lucha contra la pobreza infantil que se suscribió en junio de 2015 con 30 entidades y organizaciones de la sociedad civil, ha añadido el Defensor del Menor.

Estos niños y niñas que padecen la pobreza infantil tienen menos posibilidades de tener un buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud o aprovechar todo su potencial en la etapa adulta, ha señalado Jesús Maeztu. Y son muchas las posibilidades de que estos menores hereden la pobreza, porque ésta se transmite de padres a hijos.

El Defensor del Menor ha reclamado que la pobreza en la infancia debería ser abordada como un asunto de Estado. Por ello la primera propuesta que ha transmitido es la necesidad de afrontar una mayor inversión en la infancia.

En segundo lugar, el Defensor del Menor de Andalucía ha emplazado a los diputados andaluces a adaptar la nueva normativa sobre el sistema de protección a la infancia aprobada el pasado año. Y en tercer lugar, Jesús Maeztu ha reivindicado una especial atención para el drama de los refugiados, en especial de los menores. El Defensor ha reclamado a la Junta de Andalucía que emplee todos los recursos para garantizar el pleno respeto del derecho a la educación, a la salud y a vivir bajo un techo digno. También que los colegios estén preparados para la escolarización en cualquier época del año; incidir en los métodos e instrumentos para facilitar a estos alumnos el aprendizaje de la lengua española; una especial protección a los menores potenciales víctimas de trata de seres humanos o de otros tipos de explotación y campañas de sensibilización para evitar la aparición de xenofobia o racismo. "De nosotros depende que en el futuro estos niños sean adultos respetuosos de las leyes y los tratados de derechos humanos o por el contrario, que se conviertan en supervivientes ante un mundo que le ha sido hostil desde su infancia", ha expresado Jesús Maeztu.

Además de estos tres grandes retos, el Informe Anual del Menor 2015 profundiza en los problemas en el acceso a la educación de los alumnos con necesidades especiales. Jesús Maeztu ha señalado problemas en la falta de planificación en la escolarización de este alumnado en los colegios ordinarios, la ausencia o insuficiencia de monitores en Enseñanzas Infantil y Primaria, o la escasa dotación de personal en los comedores para la atención de estos niños. Más grave es la situación en los centros específicos de educación especial, donde Jesús Maeztu ha lamentado que del optimismo con el que se recibió el plan para la mejora educativa de estos centros se ha pasado a la "decepción", ya que aún quedan por desarrollar algunas de las medidas más trascendentales del Plan, como la mejora de las infraestructuras, que se determine la ratio de profesionales por alumnado y que se mejoren los servicios complementarios (aulas matinales, comedores escolares,...). Otros problemas en educación referidos por Jesús Maeztu han sido los retrasos en el pago de las becas (del Ministerio y de la Junta) o las infraestructuras escolares. También el Defensor del Menor ha dedicado una especial atención a la convivencia en las aulas, a la espera de presentar en las próximas semanas un informe monográfico sobre el acoso escolar.

Además de educación, Jesús Maeztu ha trasladado a los diputados los problemas de los menores en sanidad, con la denegación de las solicitudes de uso compasivo de determinados medicamentos, o el modelo de atención temprana.

Sobre vivienda, y ante la necesidad de dar una solución inmediata al problema habitacional que afecta a las familias, y muy especialmente a aquellas integradas por niños y niñas, el Defensor del Menor ha hecho un llamamiento a un esfuerzo común de administraciones, organismos e instituciones para que satisfagan el derecho constitucional a una vivienda, con luz y agua garantizadas, a las familias con menores.

Y los niños y niñas quieren vivir, además, en un entorno adecuado, ha añadido el Defensor del Menor, que ha reclamado una ciudad sostenible, porque los espacios en los que vivimos afectan de manera singular a los menores. "Porque un paseo por cualquier barrio marginal nos dice hasta qué punto el menor va a crear una imagen distorsionada de la ciudad. Si un niño ve a diario parques infantiles rotos y abandonados, solares sin edificar, basura, farolas apagadas por la noche... pocas ganas tendrán esos menores de disfrutar y compartir el espacio público", ha lamentado Jesús Maeztu.

Otros de los temas abordados en la presentación del informe han sido la convivencia en el propio hogar y la labor que hacen los equipos de tratamiento familiar, los problemas en la retirada de menores, los malos tratos a la infancia o la violencia machista. También Jesús Maeztu ha anunciado la que será una prioridad en el ejercicio de 2017, los niños y niñas con problemas de salud mental, y la nueva situación tras el cambio normativo que les excluye de los ingresos en los centros de menores afectados con trastorno de conducta.

• Denunciamos la lentitud para pagar la ayuda al alquiler de vivienda 2015

   

• Pedimos a la Junta de Andalucía prioridad absoluta para estos pagos y que facilite más recursos económicos y de personal para concluir con su tramitación “sin más dilaciones”

   

• Unas 4.000 familias beneficiarias todavía están pendientes de recibir esta ayuda para el alquiler de su vivienda

   

El Defensor del Pueblo Andaluz hace un llamamiento urgente a las Consejerías de Fomento y Vivienda y de Hacienda para que arbitren los mecanismos necesarios que permitan el pago “inmediato y sin más retrasos” de las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes a 2015.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su gran preocupación por la situación de extrema precariedad que está provocando esta demora en las 4.000 familias que todavía están pendientes de recibir esta ayuda.

En este sentido ha denunciado la lentitud con la que se están abonando estas ayudas desde que en julio de este año, ya con 6 meses de retraso del plazo legal de pago, la consejería de Fomento y Vivienda publicara la lista definitiva de 10.899 personas beneficiarias.

Según datos aportados por el titular de Vivienda a la Oficina del Defensor, a principios de diciembre, las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Córdoba, todavía están al 60% de media en los pagos. Muy preocupante es el caso de Granada, donde la tramitación de las ayudas no supera el 22 por ciento. Y sólo Almería, Huelva y Cádiz oscilan entre el 85 y 90 por ciento en los pagos.

Es por ello que la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a emitir resolución dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la Intervención General de la Junta de Andalucía en la que pide “un plan de choque hasta tanto se ultime la tramitación que culmine con el pago efectivo de estas ayudas”. Entre otras medidas, recomienda más personal, adecuado al volumen de trabajo para la tramitación de estas ayudas; prioridad de las Intervenciones Provinciales para efectuar los pagos y mayores fondos económicos si los retrasos en el abono se debiera a problemas presupuestarios.

Alaba la conciencia social y las medidas para paliar la pobreza hídrica, aunque todavía existen casos; por ello, reclama una ley de mínimo vital

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha considerado hoy que se han mejorado las medidas para hacer frente a la pobreza hídrica pero que, sin embargo, todavía se producen en la comunidad autónoma cortes en el suministro a familias con necesidades económicas. Por ello, Jesús Maeztu ha reclamado un protocolo por el que, antes de cortar el suministro, las empresas suministradoras se comprometan a poner en conocimiento de los servicios sociales municipales los datos de las personas usuarias a las que se haya remitido aviso de corte por impago.

De esta manera, según ha explicado Jesús Maeztu, los cortes de suministro se suspenderían cuando los servicios sociales considerasen que existe una situación de pobreza hídrica, procediéndose a continuación a poner en marcha las medidas oportunas para solventar la situación de impago existente y evitar nuevos problemas en el futuro.

En la inauguración hoy de una jornada conmemorativa del  XXX aniversario de la fundación de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha resaltado que, “actualmente en Andalucía, existen los instrumentos legales y financieros necesarios para que nadie se vea privado de su derecho al agua por razones económicas. Sin embargo, ha expresado que la realidad nos demuestra que en Andalucía siguen produciéndose casos de familias afectadas por cortes en el suministro de agua por no poder hacer frente al pago de las facturas”.

El Defensor del Pueblo andaluz, que ha alabado la responsabilidad social demostrada por ASA en la consideración del derecho al agua como un derecho humano básico, ha recordado que esta Institución elaboró en 2015 un informe especial, titulado Servicios de suministro de agua. Garantías y derechos, en el que se incluía la petición del reconocimiento explícito en nuestro ordenamiento del agua como un derecho humano. “Una propuesta que nos parece imprescindible en unos tiempos como los actuales, en los que, como resultado de la profunda la crisis económica que hemos sufrido, son muchas las personas y familias privadas del acceso a un suministro tan básicos como el agua por su incapacidad para hacer frente a los costes de dicho servicio”, subrayó Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que existe un consenso entre todas las fuerzas sociales y políticas acerca de la necesidad de garantizar que nadie resulte privado de su derecho al agua por razones económicas, por lo que el debate se centra ahora en determinar cómo se garantiza este derecho y quién debe asumir los costes derivados de tal garantía. Y si bien ha valorado las ordenanzas municipales con bonificaciones, ayudas, reducciones y exenciones, dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, que se han visto complementadas con los fondos transferidos desde la Junta de Andalucía o las iniciativas adoptadas por varias empresas suministradoras, ha lamentado que siguen existiendo casos de pobreza hídrica. El Defensor del Pueblo andaluz ha explicado que la razón hay que buscarla en una deficiente y desigual distribución de los fondos, que no llegan a todas las entidades locales, ni alcanzan a todas las personas en esta situación.

Otro problema apuntado por el Defensor es que el actual consenso social y político acerca de la necesidad de garantizar que nadie se vea privado del suministro de agua por insuficiencia de recursos económicos, no se ha visto hasta la fecha plasmado en un mandato jurídico de obligado cumplimiento para todos los operadores del servicio de agua en Andalucía. A esta falta de regulación se le une otro problema jurídico, según el Defensor, que ha añadido la inexistencia de un procedimiento que permita hacer llegar los fondos existentes para las situaciones de pobreza hídrica a los destinatarios de las ayudas con la antelación suficiente para que la situación de impago no derive en un corte del suministro.

“Resulta esencial para aplicar cualquier política tendente a evitar cortes de suministro a personas en situación de pobreza hídrica el establecimiento de un procedimiento que permita conocer con la antelación necesaria qué personas se encuentran en situación de riesgo de sufrir un corte de suministro por impago de facturas y que además posibilite la adopción de las medidas que hagan innecesario dicho corte de suministro”, ha reclamado Jesús Maeztu.

De otra parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha vuelto a demandar el derecho de las personas a un mínimo vital, esto es, a disponer de un número de litros de agua al día que le permitan satisfacer sus necesidades más básicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surgen grandes amenazas para la salud. El Parlamento de Andalucía apoyó una moción el 23 de octubre de 2015 por unanimidad de todos los grupos que abogaba por realizar las «modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica», añadiendo que «resulta esencial asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la UNESCO».

En opinión de esta Institución el reconocimiento del derecho a un mínimo vital en el suministro de agua para las personas en situación de pobreza hídrica debería quedar recogido en la Ley de Aguas de Andalucía y resultar obligatoria su inclusión en todas las ordenanzas reguladoras del servicio de abastecimiento de agua.

El Defensor del Pueblo Andaluz interviene este martes, 29 de noviembre, en la inaiuguración de la Jornada Conmemorativa del XXX Aniversario de ASA Andalucía.

Actuamos de oficio ante las nuevas informaciones que reiteran la persistencia de los problemas en los juzgados de lo Penal de Málaga.