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El interesado denunciaba la demora en el abono del importe de la Subvención del Programa de Apoyo a la Creación, Consolidación y Mejora de la Competitividad de las Empresas de Trabajo Autónomo que tenía concedida.
Recibido el informe solicitado a la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, ésta nos indica que se ha procedido al pago de la citada subvención.
La asociación Marbella-San Pedro de esclerosis múltiple Nuevo Amanecer (Ampemna) se dirigió al Defensor del Pueblo andaluz para exponernos la preocupación que viven ante el problema que aqueja a personas, residentes en su municipio, afectadas por esclerosis múltiple y/o párkinson. Estas personas se ven obligadas a recepcionar su tratamiento farmacológico de manera periódica, en concreto, cada 20 días aproximadamente, en alguno de los dos hospitales públicos de la ciudad de Málaga, Hospital Regional Carlos Haya y Hospital Universitario Virgen de la Victoria, ya que en su zona carecen de este servicio especializado.
Esto les supone una dificultad debido a las limitaciones que presentan estas personas y a la escasez de recursos económicos de alguna de estas familias para los desplazamientos a la capital. El servicio de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz intervino y citó a la entidad que representa a las personas y a los representantes de los hospitales públicos afectados. Las partes alcanzaron un acuerdo.
Los representantes de los hospitales, desde la compresión de la problemática, sugirieron una propuesta y se avanzó en el diseño de una hoja de ruta que condujera a facilitar los tratamientos a las personas enfermas de la comarca que lo soliciten a través del Hospital Costa del Sol. Es decir, la propuesto consistió en que el Hospital Regional Carlos Haya continuaría haciéndose cargo de la adquisición de los tratamientos a la industria farmacéutica, indicando a la empresa suministradora que la entrega de aquellos que correspondiesen a las personas que lo solicitasen previamente se realizaría en el servicio de farmacia del Hospital Costa del Sol. Igualmente, el Hospital Virgen de la Victoria haría extensible esta medida para aquellos pacientes que residan en su área hospitalaria. Para ello, resultó imprescindible la elaboración de un censo de pacientes de la zona que pudieran estar interesados en esta medida, al objeto de facilitarles la información relativa a esta posibilidad y permitir que ellos puedan acogerse a esta opción.
Esta fórmula consensuada se inició en otoño de 2018 y, a día de hoy, haciendo el seguimiento que hace de las mediaciones el Defensor del Pueblo andaluz, las partes continúan satisfechas del acuerdo. Todo está en funcionamiento y los pacientes de Marbella y comarca pueden obtener sus fármacos en un centro hospitalario más cercano. La ciudadanía de otras comarcas con similares problemas de centralidad de estos servicios pueden encontrar en este ejemplo una solución a sus dificultades.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, como primera toma de contacto para la coordinación y colaboración entre ambas instituciones.
En esta reunión, celebrada en la sede de la Consejería, Jesús Maeztu ha trasladado a la consejera andaluza diversas cuestiones que le ha trasladado la ciudadanía en relación a la gestión de las competencias que ostenta esta Consejería.
En materia de Cultura, el Defensor del Pueblo andaluz mantiene abiertas actuaciones acerca de la protección del patrimonio histórico y cultural, que han sido expuestas a la consejera. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha querido conocer la planificación de la Consejería para la declaración de próximos BIC (Bienes de Interés Cultural) al constarle expedientes que estarían paralizados. De igual modo, Jesús Maeztu se ha interesado por las previsiones de la Consejería en cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y sobre la planificación de contar con planes directores de distintas catedrales andaluzas. Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha dedicado un interés singular al Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia y ha abordado, ante la reclamación de la ciudadanía, la apertura por las tardes y la ampliación de horarios de bibiliotecas y museos.
El Defensor del Pueblo andaluz ha tratado con la consejera de Cultura el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía, una vez que en las últimas semanas diversos grupos políticos municipales, plataformas y asociaciones memorialistas han solicitado la intervención de esta Institución y le han trasladado sus requerimientos. Entre estos, se encuentran la constitución de un comité técnico que supervise los posibles incumplimientos en la retirada de elementos y en honores contrarios a la ley; la puesta en valor de lugares de Memoria Histórica, y la ejecución del presupuesto destinado a estas partidas, en especial, las relacionadas con la localización, exhumación e identificación de las víctimas.
El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la disposición manifestada por la consejera de Cultura para dar respuesta a las demandas de información planteadas por la Defensoría.
Ver asunto solucionado o en vías de solución
Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producen en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectan a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se puedan estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produzcan las deficiencias que se denuncian, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que, por parte del Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la reclamación formulada acerca de posibles irregularidades y disfuncionalidades en la prestación de los servicios de eurotaxi sea objeto del debido impulso puesto que, al carecer de constancia de que está ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, ignoramos si se han adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.
1.- La Asociación reclamante nos exponía su disconformidad con la convocatoria abierta por ese Ayuntamiento de Sevilla para la conversión de eurotaxis a taxi convencional por entender que ello vulneraba los principios de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Y ello, porque argumentaba que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre accesibilidad a los modos de transporte para las personas con diversidad funcional, establece en su artículo 8, que al menos 5 de cada 100 taxis por ciudad serán accesibles para las personas con movilidad reducida y otro tipo de necesidades.
Añadía que de la norma se desprende que al menos se debe llegar al 5% de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida, pero no que sea ilegal que ese porcentaje de eurotaxis se supere. Por este motivo, manifestaba su sorpresa ante la noticia de que se tenía previsto proceder a abrir un plazo para que los titulares de licencia de eurotaxi puedan solicitar su conversión a licencia de taxi convencional. Consideraba que el permitir esta acción de reconvertir taxis accesibles en taxis inaccesibles supone el incumplimiento, entre otros, del artículo 9.2. de la Constitución y del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Y añadía textualmente lo siguiente:
“El Ayuntamiento de Sevilla debe entender que se trata de una ley de mínimos, y que todo lo que se haga en pro de superar ese mínimo constituirá un beneficio a colectivos para los que, en muchos casos, el taxi adaptado constituye la única opción de transporte urbano. En lugar de ello, respecto a los taxis adaptados, en los que al menos se había empezado a superar ese ridículo 5%, se decide volver a los mínimos en un alarde de mezquindad, sin contar con las personas afectadas y por motivos que no se nos han explicado. Nos gustaría empezar a contar con un Ayuntamiento que aspire de verdad a conseguir una ciudad accesible para todas las personas, que vele escrupulosamente por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en todos los aspectos de la vida: concesión de licencias nueva, ejecución de itinerarios peatonales, colocación de baños accesibles en lugares públicos, paradas de bus accesibles, fiestas y eventos populares… Pero la realidad es que lamentablemente en la actualidad muchos principios básicos de accesibilidad siguen sin cumplirse por parte este consistorio.”
2.- Tras la admisión a trámite de esta queja, interesamos que se nos trasladara el posicionamiento de esa Corporación Municipal acerca de lo expuesto por la Asociación reclamante señalando si se estimaba favorablemente la petición que se formula o, de no ser así, las razones por las que ello no se consideraba procedente.
Se nos remitió contestación, en la que mediante informe del Instituto del Taxi, en síntesis, se defendía por ese Ayuntamiento el estricto cumplimiento del porcentaje del 5% de la flota con vehículos adaptados y se añadía que no se puede exigir un aumento de dicho porcentaje, salvo que los titulares de licencias voluntariamente quieran adscribir vehículos accesibles. A la vista de este informe, planteamos a la Asociación reclamante que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuvieran por convenientes respecto a su contenido.
3.- Recibidas las alegaciones de la Asociación reclamante, las trasladamos a ese Ayuntamiento, con fecha 22 de octubre de 2018, interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producen en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectan a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se puedan estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produzcan las deficiencias que se denuncian, tales como negativa a acudir a determinadas zonas, ausencia de operatividad efectiva del porcentaje mínimo de eurotaxis exigido, no atención prioritaria a las personas con discapacidad, etcétera.
4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 28 de noviembre de 2018 y 11 de enero de 2019, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 19 de marzo de 2019, privándonos de conocer si, en caso de reconocer su existencia, se han adoptado medidas por ese Ayuntamiento para subsanar las disfuncionalidades o irregularidades que, según la Asociación Eliminando Barreras, se registran en la prestación de los servicios de eurotaxi.
A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes
Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.
Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta, ignoramos si se han implementado medidas para subsanar las irregularidades y disfuncionalidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se registran en la prestación de los servicios de eurotaxi en esta capital.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente
RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.
RECORDATORIO 2del deber legal de observar el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la reclamación formulada acerca de posibles irregularidades y disfuncionalidades en la prestación de los servicios de eurotaxi sea objeto del debido impulso puesto que, al carecer de constancia de que está ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, ignoramos si se han adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
La persona reclamante, exponía textualmente lo siguiente:
“El día 21 de diciembre de 2018 presenté ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla (en adelante, GMU) solicitud de licencia de obra mayor (reforma interior) a la que acompañaba la documentación preceptiva y el resguardo del pago realizado en el ... de la tasa de licencia, que ascendía a 612,65 euros, así como el resguardo del depósito en la misma entidad a favor de la citada Gerencia de la fianza por gestión de los residuos de construcción, por un importe de 720 euros (...). Es relevante señalar que la obra consiste en la unión de dos apartamentos contiguos, uno de mi propiedad y otro de propiedad de mis padres (... y ...) sin alterar ni modificar ningún aspecto el exterior de las viviendas, de forma que solo se realiza demolición interior y se reestructura la disposición interior de las habitaciones.“
Tras exponer diversas incidencias añadía que, el 9 de junio de 2019, el expediente no había sido agilizado y no había recibido comunicación alguna en relación con su avance o paralización por parte de la GMU. Tampoco había recibido resolución de otorgamiento de licencia por silencio, en respuesta a su solicitud de 17 de abril.
Tras ello, ponía de manifiesto los importantes perjuicios que esta inactividad evidente y anormal funcionamiento de una Administración tan importante para el desarrollo de la ciudad de Sevilla, para la creación de empleo y riqueza y para la mejora de las condiciones de vida de su ciudadanía, le habían causado.
Admitida la queja a trámite solicitamos informe al Ayuntamiento de Sevilla, interesamos que se adoptaran las medidas que procedieran en orden a solucionar la carencia de personal que, al parecer, había impedido hasta la fecha resolver en el sentido que procediera la licencia de obras solicitada por la persona afectada, esperando que ello se produjera a la mayor brevedad posible a fin de no ocasionar nuevos perjuicios a los ya producidos.
Tras las diversas gestiones realizadas ante el Ayuntamiento de Sevilla, finalmente se nos remitió la respuesta a nuestra petición de informe inicial, aclarando que ya fue concedida la licencia de obras que se solicitaba por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 24 de septiembre de 2019.
De acuerdo con ello, habiendo quedado solucionado el problema planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la queja identificada con el número señalado en el encabezamiento, relativa a la dotación de redes y sistemas de comunicación entre las Policías Locales previstas en la normativa. Las diferentes actuaciones en el curso de este expediente nos han permitido analizar la situación planteada en la queja y, tras diversos trámites, que a continuación se detallan, hemos considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.
I.- Con fecha 3 de junio de 2019 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la apertura de queja de oficio relativa a la dotación de redes y sistemas de comunicación entre las Policías Locales previstas en la normativa. En la petición de información dirigida a Secretaría General de Interior, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, solicitábamos:
“Programación elaborada para la creación de la red de transmisiones en enlace con las policías locales de Andalucía, prevista en la Ley 13/2011, de 11 de diciembre, artículo 8º f).
Aplicación de las actuaciones programadas.
Estado actual de la red.
Situación del banco de datos previsto.
Funcionamiento de estos dispositivos de información.
Municipios acogidos en la red y proceso de implantación.
Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.
II.- Dicha petición fue cumplidamente informada por la Secretaría General con fecha 2 de agosto de 2019 indicando:
“En este sentido le indico que actualmente es accesible mediante canales telemáticos públicos un extenso conjunto documental que recoge y reúne tanto las funciones como la normativa aplicable en materia de policías locales de Andalucía, así como diversos manuales de procedimiento y guías dirigidas a estos colectivos.
Por otro lado, dada la enorme disparidad en cuanto a tamaño, medios disponibles o necesidades existentes entre los diferentes cuerpos de la policía local, y dado que ya existen diferentes iniciativas en la Comunidad Autónoma para la cooperación entre diferentes cuerpos de la policía local mediante la implantación y uso de diferentes sistemas de gestión policial, el anteproyecto de la futura Ley de las Policías Locales de Andalucía, que vendría a sustituir a la actualmente vigente Ley 13/2001. Potencia, no tanto la creación de una infraestructura de comunicaciones, como la coordinación entre los diferentes sistemas informáticos de gestión policial existentes.
Esta coordinación permitirá garantizar un mínimo común denominador entre ellos, posibilitando su interconexión e interoperabilidad y permitiendo el intercambio de información de manera segura, con la finalidad de facilitar la eficacia en las actuaciones de los diferentes cuerpos de la policía local.
En esta materia además se pretende avanzar en la sistematización y coordinación de la información, aumentarla y completarla y hacerla accesible mediante canales privados que permitan la compartición de información más especifica y concreta, potenciando la cooperación en un modelo en red en el que todos los cuerpos de policía sean tanto consumidores como productores de información compartida, abandonando un modelo vertical en que la Junta de Andalucía es el único productor.
Finalmente indicar que, en cualquier caso, el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha posibilitado que los sistemas coordinados de gestión policial sean ya una realidad, existiendo actualmente en Andalucía varios de ellos orientados a la gestión operativa o de plantilla, así como otros de carácter más cooperativo orientados a la compartición de documentación, modelos y normativa”.
Primera.- El motivo principal que propició la iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz a la hora de incoar la presente queja de oficio se ha visto plenamente ratificado. La propia información ofrecida por la Administración confirma su oportunidad ,a la vista de esta previsión legal que se recogía en la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2011, de 11 de diciembre) en su artículo 8º f).
Dicho apartado dispone «Establecer una red de transmisiones que enlazará a todos los servicios de la Policía Local andaluza y un banco de datos relativo a sus funciones, al que podrán tener acceso todos los municipios a través de sistemas informáticos».
Sin embargo, la respuesta de la Consejería no contiene los aspectos concretos por los que esta Institución se ha interesado: no se ha especificado la aplicación de las actuaciones programadas, ni el estado actual de la red o la situación del banco de datos previsto, tampoco se detalla el funcionamiento de estos dispositivos de información o los municipios acogidos en la red y su proceso de implantación.
Más bien, la posición trasladada desde la Consejería alude a que “actualmente es accesible mediante canales telemáticos públicos un extenso conjunto documental que recoge y reúne tanto las funciones como la normativa aplicable en materia de policías locales de Andalucía, así como diversos manuales de procedimiento y guías dirigidas a estos colectivos”.
Por tanto, advertimos que las previsiones que se recogen en la norma no parecen haber seguido un despliegue de actuaciones de cumplimiento en el sentido que se describe propiamente en dicho apartado. Se desprende que esos objetivos de comunicación y de coordinación, que persigue la norma que analizamos, se habrían procurado mediante otras vías más acordes con la evolución y el desarrollo de los dispositivos y sistemas que actualmente la tecnología ofrece.
Segunda.- Las medidas que persigue este apartado f) del artículo 8 de la Ley 13/2011 pasarían por otras respuestas. De un lado, se anuncia por parte de la Consejería responsable “la creación de una infraestructura de comunicaciones, como la coordinación entre los diferentes sistemas informáticos de gestión policial existentes” como una de las previsiones que recogerá el futuro proyecto de ley de policía locales.
De otro lado, se nos anuncia que los objetivos de la mejor integración de la operatividad de estos cuerpos policiales se lograrían mediante una “coordinación que permitirá garantizar un mínimo común denominador entre ellos, posibilitando su interconexión e interoperabilidad y permitiendo el intercambio de información de manera segura, con la finalidad de facilitar la eficacia en las actuaciones de los diferentes cuerpos de la policía local”.
Otra medida hace referencia a que “además se pretende avanzar en la sistematización y coordinación de la información, aumentarla y completarla y hacerla accesible mediante canales privados que permitan la compartición de información más especifica y concreta, potenciando la cooperación en un modelo en red en el que todos los cuerpos de policía sean tanto consumidores como productores de información compartida, abandonando un modelo vertical en que la Junta de Andalucía es el único productor”.
Por tanto, las medidas de coordinación y comunicación interpoliciales se articularán a la espera de que se concreten en un futuro dichas previsiones normativas. Mientras, a tenor de la vigencia de las previsiones contenidas en dicho artículo 8 f) de la Ley 13/2011, entendemos que se deberá continuar con este permanente ejercicio de facilitar la comunicación entre estos delicados servicios municipales, incrementar el conocimiento y divulgación de los desempeños y promover las mejores prácticas de los cuerpos policiales.
Hemos de añadir, finalmente, la necesidad de imprimir celeridad en los trabajos de elaboración del citado proyecto de ley de coordinación de policías locales y, en particular, respecto de los sistemas de comunicación e información compartida para la mejor operatividad de estos esenciales servicios municipales de atención a la ciudadanía.
A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente
SUGERENCIA, para que se agilicen los trabajos de preparación de la normativa de coordinación de policías locales prestando especial atención a los sistemas dispuestos de comunicación e información compartida entre estos servicios, en el marco de los objetivos recogidos en el vigente artículo 8 f) de la ley 13/2011 de 11 de diciembre.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo al mal servicio de citas del Registro Civil de Almería, la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, nos traslada la siguiente información:
“En relación con la puesta en marcha de su sistema de información para gestionar “los flujos de colas”, el Servicio de Informática Judicial de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas ha tramitado el expediente de contratación.
Este expediente se inició mediante Memoria firmada el 15 de junio y Resolución de Inicio de 28 de junio, ambas de 2018, encontrándose publicada toda la documentación y tramitación en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía:
N.° de expediente: CONTR 2018 0000038374
Titulo: SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y CITA PREVIA PARA LOS REGISTROS CIVILES
Url:https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-Iicitaci...
- La licitación, a la que se presentaron dos empresas, finalizó lamentablemente mediante Resolución de fecha 21 de enero de 2019, por la que se declaraba desierto el procedimiento, al haber sido excluidas ambas licitadores, en un caso por presentar documentación correspondiente al sobre número 3 en el sobre numero 2; y en el otro caso por no cumplir los requisitos técnicos solicitados en los pliegos que regulan la licitación.
- No obstante lo anterior, el Servicio de Informática Judicial de esta Dirección General ha procedido a iniciar de nuevo los trámites para volver a licitar la contratación de la adquisición e instalación del citado sistema, mediante Memoria firmada el 24 de mayo del presente año 2019, contando con Resolución de Inicio del expediente de fecha 25 de junio e informe del Gabinete Jurídico de 4 de octubre de 2019.
En la actualidad el expediente de contratación se encuentra en fase de remisión a la Intervención Delegada de los documentos contables para su fiscalización y posterior publicación de la licitación, abriéndose el plazo de presentación de ofertas. Se estima que la adjudicación del contrato se podrá realizar en un plazo aproximado de 3-4 meses, con el horizonte de conseguir la puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas durante el segundo trimestre del próximo año 2020”.
A tenor de dicha información, entendemos que en los próximos meses serán implementadas las medidas que paliaran la problemática que nos trasladó. En todo caso, y sin perjuicio de que nos pueda remitir un nuevo escrito, pasado un tiempo prudencial realizaremos un seguimiento de la cuestión”.
Nuevamente nos ponemos en contacto con usted en relación con el asunto objeto de la queja tramitada con la referencia 18/5055, promovido por Dª. (...), sobre diversas incidencias y problemas surgidos al momento de la inhumación de su difunto padre en el Cementerio de esa localidad.
Ahora, hemos reabierto el citado asunto, asignándole el número de queja de referencia arriba indicada, tras mostrar su disconformidad la interesada con las explicaciones que facilitó la Alcaldía en relación a su escrito inicial de queja, tramitado en el ejercicio de 2018, constando actualmente al respecto los siguientes
I.- En el expediente de queja 18/5055, la Alcaldía nos contestó finalmente:
“Al ser un pueblo pequeño, tengo que encargarme personalmente de muchos asuntos por la falta de personal, como es la entrega de las llaves de la sala de velatorio (a cualquier hora del día o de la noche) y jamás he recibido queja alguna por parte de nadie.
No obstante, lamento profundamente que la percepción de esta señora sea la que le ha transmitido a usted. Personalmente, en cuanto venga por La Peza, le pediré disculpas si ha podido sentirse ofendida en algún momento.”
La interesada, por su parte y como quiera que, sobre la base de esa respuesta, de la Alcaldía dimos por finalizadas las actuaciones, mostró su disconformidad abiertamente y nos expuso en su escrito de queja nuevo, presentado en fecha 16 de abril de 2019 que discrepaba en lo sustancial con lo manifestado por la Alcaldía en su informe de 8 de marzo de 2019 (Nº 121) recibido en la queja 18/5055, (antes referida).
En su nueva comunicación la promovente de la queja, nos exponía diversas incidencias que se habrían producido en el funcionamiento de los Servicios de Cementerio municipal del Ayuntamiento de La Peza en relación a la actuación a que se alude en los referidos escritos de queja.
Según nos comunicaba, solo mediante la intervención de esta Institución (en queja 18/5055) se le pidió disculpas por la Alcaldía, pero sin que por la misma se le haya resuelto su solicitud formulada en el ámbito del derecho funerario, respecto a la concesión de nichos o sepulturas en lugar que pidió y según se le había ofrecido.
Al respecto aporta informe de actuación en servicio funerario, expedido por el Departamento de Atención al Cliente y Calidad de la Empresa (...) de la zona Guadix-Baza-Valle de Zalabí, en el que se hace constar por la Delegada y por los distintos empleados de la funeraria que intervinieron que, solicitada a la Alcaldía la concesión de dos nichos o unidades de enterramiento en el lugar en que se están (estaban) realizando obras de ampliación del Cementerio municipal, indicándoles la Alcaldía que que accedía a ello y que solo faltaba el asfaltado de calles o paseos internos de la zona ampliada.
Añadiendo el citado informe que cuando se llegó al lugar en el que estaban los nichos ofrecidos, se vio que ambas sepulturas estaban fuera del recinto del Cementerio, sin cerramiento alguno y, sin acondicionamiento urbanístico, situándose sin protección alguna a distancia del recinto existente, fuera del “camposanto”.
II.- Fue por lo anterior que, tras admitir a trámite la nueva queja, solicitamos otra vez informe a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de La Peza, en el que insistíamos en este asunto y en la necesidad de que se nos aclararen y se notificare en el mismo sentido a la interesada, cuál fue la actuación de la Administración municipal en relación los siguientes extremos:
Identificación de los nichos o sepulturas que inicialmente se ofrecieron a la interesada, en respuesta a su petición de concesión y reserva de tales sepulturas, efectuada por ella directamente o con la mediación o intervención de la empresa de servicios funerarios que gestionó el traslado y de la que adjuntamos informe.
Razón o razones por las que no se accediera a que el enterramiento tuviere lugar en alguna de aquellas sepulturas inicialmente ofertadas.
Finalmente, ofrecimiento que se realizara a la compareciente ante esta Institución -como alternativa temporal - y valoración de las condiciones en que se produjo aquella alternativa ofrecida, a luz de lo establecido en la normativa de aplicación en materia de policía sanitaria-mortuoria.
III.- En su respuesta la Alcaldía nos expuso que se ratificaba en todos los términos recogidos en el escrito ya remitido con fecha 8 de marzo de 2019 (en la queja 18/5055).
Añadiendo, literalmente : “ Además, y en respuesta a las extremos concretos que nos indica en este nuevo escrito, le indico lo siguiente:
Ante la insistencia de la señora (...) de 2 nichos colindantes (uno para enterrar a su padre fallecido y otro para cuando su madre falleciera), se le ofreció la posibilidad de escoger lo que ella quisiera de entre una serie de nichos, ya acabados, pero en un espacio en el que el adoquinado de la vía no estaba finalizado.
Como ella no accedió a este ofrecimiento, no se avanzó más en la propuesta; quedando claro que fue la Señora. (...), hija del difunto, la que desistió del ofrecimiento realizado por este Ayuntamiento.
AI no avanzar la propuesta del Ayuntamiento, tal alternativa no se materializó ni temporal ni definitivamente.
Asignándole por tanto un nicho de los disponibles, concretamente el nicho número (….), fila (..) del bloque (..), donde fue enterrado su padre”.
En consecuencia vista la información y documentación obrante en las actuaciones, así como la normativa de aplicación en materia de policía sanitaria y mortuoria, procedemos a formular a la Alcaldía Presidencia citada, Resolución conforme a las siguientes
Primera.- De la competencia de policía sanitaria mortuoria y cementerios.
El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, desarrolla los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, sin modificar sus contenidos, pero profundizando en los mismos, avanzando en los aspectos competenciales, modernizando el catálogo de servicios en la materia.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, citada, en su articulo 60, j) , incluye como prestación de salud pública la policía sanitaria mortuoria.
Además, dota a la función de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía de una adecuada organización, sobre la base de la estructura administrativa configurada por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que recoge en su artículo 9.13 las competencias de los municipios en relación con la promoción, defensa y protección de la salud pública y, en su articulo 9.19 la. ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios funerarios .
Por otra parte cabe traer a colación la ya clásica asignación de competencias en la normativa básica estatal de Régimen Local, respecto a los servicios sustantivos de cementerio, debiendo recordar que, según estableció el articulo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local :
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población...”.
Segunda.- El procedimiento de apertura de Cementerio (y, para su ampliación).
Al mismo tiempo hemos de tener en cuenta que lo dispuesto en relación con el procedimiento de autorización de la apertura y funcionamiento de un Cementerio municipal en el vigente Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía (artículo 46 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, adaptado a la normativa dictada para la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior), lo consideramos susceptible de aplicación al caso de la ampliación ejecución de obras y realización de sepulturas y unidades de enterramiento nuevas y ampliación de la superficie de aquellos recintos.
En aplicación de tales normas y preceptos, entendemos que sería necesaria la presentación de declaración responsable y certificación sobre la finalización de las obras por su ejecutor, y sobre el cumplimiento de las normas y demás requisitos técnico-sanitarios establecidos en el presente Reglamento para su presentación ante la Administración autonómica (Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Salud) para inspección y control y ante el propio Ayuntamiento, declaración responsable que facultará para el ejercicio de la actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de ambas Administraciones.
La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Salud emitirá un informe en el plazo de un mes, a computar desde la fecha de recepción de la declaración por la Delegación Provincial, que se pronunciará sobre la adecuación de las instalaciones a los requisitos establecidos en este Reglamento. El informe será notificado al Ayuntamiento. Transcurrido el plazo señalado sin que la Delegación Provincial hubiera notificado el informe, se entenderá favorable.
Queda acreditado en las actuaciones que, inicialmente se ofreció a la interesada la concesión de nichos en zona en obras y objeto de ampliación, sin pavimentación de los accesos y sin cerramiento del recinto, lo cual supone incumplimiento de la normativa reguladora de la policía sanitaria mortuoria, pues las obras no estaban finalizadas.
Es por todo lo expuesto que formulamos a la Alcaldía indicada, en aplicación de lo establecido en el articulo 29.1 de la Ley 9/1983 de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente
RECORDATORIO del deber de cumplir los preceptos legales y reglamentarios indicados en el apartado de Consideraciones que antecede.
RECOMENDACIÓN en el sentido de que se finalicen las obras pendientes de ejecución en la zona de ampliación del Cementerio, y en el sentido de que no se autoricen enterramientos en la misma sin que estén finalizadas las obras y su cerramiento e incorporación al espacio destinado al mismo y, la pavimentación de los itinerarios o calles de acceso a las sepulturas y unidades de enterramiento.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producían en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectaban a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se pudieran estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produjeran las deficiencias que se denunciaban, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló Resolución en el sentido de que, por parte del Ayuntamiento, se realizaran cuantas actuaciones fueran necesarias con objeto de que la reclamación formulada, al carecer de constancia de que estaba ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, pues ignorábamos si se habían adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.
En la respuesta recibida, en síntesis, el ayuntamiento se pronunciaba sobre las diversas reclamaciones de la Asociación y se aclaraban las razones por las que se estimaba suficiente el número de licencias de eurotaxis existentes, aunque reconocían que podrían estar dándose incumplimientos por los titulares de sus obligaciones de prestación prioritaria de servicios a las personas con movilidad reducida, por lo que la Policía Local estaba realizando inspecciones rutinarias para evitarlo y pedían que se denunciaran estos posibles incumplimientos concretos que se detectaran para solventar el problema, imponiendo las sanciones que procedieran.
Se negaba que se estuviera reduciendo la ratio de eurotaxis y las cautelas que se seguían para que ello no se produjera. También se exponían otras medidas que estaba impulsando el ayuntamiento y se reiteraba la necesidad de formular denuncias concretas para investigar y sancionar los incumplimientos que se produjeran. Se tenía previsto implantar en 2020 una aplicación municipal para que todas las personas y, en especial, las que tuvieran movilidad reducida, pudieran solicitar un servicio de eurotaxi de tal forma que el Instituto del Taxi controlara los servicios que se prestaran y sancionar los que no se asumieran sin causa justificada.
Entendimos que esta respuesta y las explicaciones y medidas que contenía suponían la aceptación, en términos generales, de nuestra Resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Se nos comunica que en la actualidad se está trabajando en la elaboración del censo de administrativos y auxiliares administrativos, que dará lugar al consecuente proceso de acoplamientos de esas categorías profesionales.
(20-1-2020) APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
En junio de 2015 esta Institución tuvo conocimiento de la situación profesional, denunciada por un Sindicato, del “bloqueo” en que se encontraban, desde hacía 15 años, los procesos de movilidad interna del Personal de Gestión y Servicios, propietarios de plaza, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que estaba apoyada por más de un centenar de firmas de afectados que se dirigieron a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para exponer esta problemática.
En las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el referido Sindicato señalaba que la situación era impensable en ningún otro centro hospitalario de Andalucía, donde anual o bianualmente se realizaban los llamados “acoplamientos o traslados internos”. El bloqueo de este proceso que denunciaban, hacía que personas titulares de plaza de dicho Centro sanitario no pudieran cambiar de puesto de trabajo desde hacía 15 años, o siguieran desde entonces en un puesto provisional.
Al respecto, indicaban que se daba la paradoja que el personal sanitario de dicho Hospital tenía sus acoplamientos cada dos años puntualmente, mientras que el Personal de Gestión y Servicios veía como compañeros, incluso sin plaza, ocupaban los mejores puestos, muchos otorgados eludiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad -se afirmaba-, mientras a los titulares se les negaba la posibilidad de optar por un nuevo destino donde pudieran desarrollar mejor sus habilidades y capacidades.
Según los representantes de CSIF, tras las presiones sindicales de aquellos años, la Dirección del Centro “propuso una actualización de la norma que regula estos acoplamientos”, que, tras la correspondiente negociación, el 25 de abril de 2014, concluyó con la firma del Acuerdo que establecía la nueva normativa. Así, en la Mesa Sectorial de 5 de septiembre de 2014, la entonces Dirección General de Profesionales del SAS se comprometió a dar las Instrucciones a los Centros para que desbloquearan los procesos de movilidad interna, según argumentaban.
En consecuencia, tras la aprobación de la actuación de oficio para verificar los hechos anteriormente descritos, con fecha 10 de julio de 2015 se solicitó a la entonces Dirección General de Profesionales del SAS el preceptivo informe sobre los mismos.
Ante la falta de respuesta de ese Centro Directivo, nos vimos obligados a dirigirnos al Consejero de Salud, en calidad de máxima autoridad del organismo afectado, a fin de poner en su conocimiento todas las actuaciones realizadas en dicha Actuación de Oficio, y para que, de acuerdo con lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora nos facilitase la información preceptiva sobre el asunto planteado
Recibido con fecha 27 de mayo de 2016 el informe emitido por la referida Consejería tras analizar detenidamente su contenido, consideramos que el problema planteado se encontraba en vías de solución.
Así, entre otras consideraciones, en el mencionado informe se nos indicaba que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había reiterado a sus profesionales, a través de la Mesa Sectorial de Negociación, su compromiso con la realización periódica de procesos de movilidad interna que dicho Centro Directivo había venido promoviendo en los últimos años en los centros sanitarios.
En el caso concreto de los acoplamientos internos del Personal de Gestión y Servicios del Hospital Virgen del Rocío, nos indicaban que la regulación anteriormente vigente databa del año 1999, debiendo procederse, en primer lugar, a la elaboración de una nueva normativa, dado que la anterior no respondía a las necesidades actuales del centro.
También nos indicaban en la comunicación remitida que, en mayo de 2013, se había iniciado la negociación de la nueva normativa entre los responsables de la gestión de profesionales del Hospital Virgen del Rocío y las organizaciones sindicales con representación en el centro, entre las que se encontraba el sindicato CSIF, promotor de la denuncia que dio lugar a nuestra actuación de oficio. Los trabajos dieron sus frutos y así, en abril de 2014, se aprobó el nuevo Reglamento de Acoplamientos de Personal de Gestión y Servicios del Hospital Virgen del Rocío.
Asimismo, se nos informó de que en la comisión negociadora se acordó que la ejecución del proceso se realizara de modo separado por categorías, y que se iniciaría con la categoría de Celador. Procediéndose, con fecha 14 de marzo de 2015, a convocar el concurso de movilidad interna de Celadores del Hospital Virgen del Rocío que en aquellos momentos estaba en fase de tramitación y que se iba a resolver “en el más breve tiempo posible”, según afirmaba la Administración sanitaria. Y añadía:
“Somos conscientes de lo dilatado del proceso seguido hasta la fecha para reactivar los acoplamientos internos del Personal de Gestión y Servicios en este centro hospitalario, a cuya prolongación han contribuido involuntariamente, en parte, los procesos de reorganización y mejora de los nuevos servicios de almacenamiento y suministro de material a los centros de la provincia”.
“(...) No obstante, los acuerdos alcanzados hasta ahora en relación con el nuevo Reglamento de acoplamientos y la aplicación de sus procedimientos operativos, van a permitir llevar a cabo estos procesos con la frecuencia que merecen los profesionales y requiere la propia organización. En cualquier caso, todo el proceso está siendo negociado con las organizaciones sindicales y contando con su consenso”.
En consecuencia con todo lo anterior, con fecha 12 de julio de 2016 procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en dicha Queja de Oficioficio, en la confianza de que las actuaciones en marcha y las pendientes de llevarse a cabo, conducirían a la regularización de estos procesos de provisión de puestos de trabajo con la periodicidad que requieren los profesionales de Personal de Gestión y Servicios del referido Hospital y la propia organización del mismo, contando siempre con el consenso de los representantes sindicales de los trabajadores, y así se lo indicamos a los afectados.
No obstante lo anterior, recientemente se ha recibido en esta Institución un nuevo escrito del responsable del Sindicato (...) del Sector de Sanidad del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el que se denuncia nuevamente la falta de movilidad interna (concurso de acoplamientos) para la mayoría de categorías del Personal de Gestión y Servicios de dicho Centro Sanitario.
En este sentido, manifiesta lo siguiente:
“Su Oficina recogió nuestra protesta y actuó de oficio, sin que llegara a nuestro conocimiento las actuaciones que se llevaron a cabo, ni la respuesta que tuvo de la Administración, pero en cierta medida parece que llegaron a buen puerto pero sólo de forma muy parcial y en 2016 se hizo un acoplamiento de Celadores.
Posteriormente, tras cambios en los cargos directivos y a pesar de nuestra insistencia, se nos volvió a pedir modificar el acuerdo regulador de dichos acoplamientos (se había firmado un acuerdo en 2014), enredándonos otra vez en sucesivas reuniones y debates, llegando a un nuevo acuerdo firmado el 5 de marzo de 2019 (se adjunta copia del acta de dicha reunión), con un calendario pactado de varias categorías, con el fin de iniciarlos antes del verano de 2019 y que pudieran hacerse efectivos en este octubre.
De algunas categorías se han hecho o están en proceso, pero en otras categorías que afectan a un grupo muy numeroso de profesionales, como Pinches, el Personal Administrativo y Auxiliar Administrativo, ni se han iniciado, ni tenemos fecha, por lo que si en nuestra denuncia inicial llevaban 15 años sin ejercer su derecho a la movilidad interna, ya acumulan casi 20 años.
Otra vez estamos inmersos en concursos de Traslados y tomas de Posesión de nuevos titulares por oposiciones, sin que los anteriores propietarios hayan podido ejercer su derecho a la movilidad dentro de su Área Hospitalaria.
En Atención Primaria tienen perfectamente regulados sus concursos de acoplamientos y se hacen periódicamente, y también extraordinariamente, cuando hay traslados o tomas de posesión por oposiciones. Igualmente, en todos los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. El caso de Virgen del Rocío ya es escandaloso”.
Por todo ello, teniendo en cuenta los hechos reseñados y ante la posible afectación de los derechos del Personal de Gestión y Servicios del Hospital Virgen del Rocío y los posibles perjuicios que se le pudieran estar ocasionando a este colectivo profesional por la no convocatoria de procesos de acoplamiento en dicho centro sanitario, así como para conocer las medidas que hubiera adoptado o tenga previsto adoptar la Administración sanitaria a este respecto, se a iniciado actuación de oficio en aplicación de lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y nos hemos dirigido a la Dirección General de Personal del SAS, a fin de aclarar estos extremos que afectan a los derechos que se derivan para la ciudadanía de los artículos 23.2 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 31 y 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, solicitando que se nos remita información al respecto a la mayor brevedad de conformidad a lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora.
(24-8-2020) CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Hemos recibido el informe de la Dirección General de Personal del SAS solicitado, en el que se nos comunica que en la actualidad se está trabajando en la elaboración del censo de administrativos y auxiliares administrativos, que dará lugar al consecuente proceso de acoplamientos de esas categorías profesionales.
A la vista de ello, consideramos procedente dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente, en la confianza de que los procesos de acoplamientos internos del Personal de Gestión y Servicios del Hospital Virgen del Rocío, que según se deduce ya no están paralizados sino que se están realizando y agilizando en la medida de lo posible para beneficio de los profesionales y de la propia organización, conduzcan cuanto antes a la resolución definitiva de la problemática que de nuevo se denunciaba por los representantes de los profesionales afectados.
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