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La reclamante se dirige a esta institución para denunciar la demora en la cita con el especialista en neurología en el Hospital Regional Universitario de Málaga que le fue prescrita desde Medicina Física y Rehabilitación con fecha 7 de mayo de 2019. Manifiesta que sobre este extremos ha cursado reclamación en fecha 19/10/2019.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos informa que la interesada tiene asignada la cita para el día 31/03/2020, entendiendo que el asunto por el que acudió a esta Institución se encuentra solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

No obstante ello, reiteramos la postura de esta Defensoría y nuestra preocupación por la demora que se produce en las citas que no se encuentran incluidas en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticas en el SSPA, como se trata del caso de la cita de la promotora de la queja, puesto que las interconsultas no pueden conllevar una demora sine die, ya que se insertan en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de la interesada, y lo deseable es su fijación a la mayor brevedad posible para completar y continuar con el proceso terapéutico.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente al silencio mantenido por la Administración a la solicitud de documentación para Autorización de Apartamentos turísticos, recibimos informe del Ayuntamiento de Nerja, donde se nos expone que le dirigió notificación a la persona interesada del siguiente requerimiento:

“En relación con su solicitud de certificado de situación urbanística y condiciones de habitabilidad de viviendas con fines turísticos en calle (…) de esta localidad, le adjunto informe emitido por el Arquitecto técnico municipal de fecha 13/02/2020 a fin de que subsane las deficiencias que en el mismo se señalan.

Le informo, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 39/2015 citada, que deberá aportar la documentación indicada en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este escrito, quedando el procedimiento paralizado hasta que presente la documentación requerida, en cuyo defecto se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente. Transcurridos tres meses desde esta notificación se producirá la caducidad del procedimiento, acordándose el archivo del expediente (art. 95 de la Ley 39/2015), ello sin perjuicio de las actuaciones municipales que pudieran desprenderse.”

Tras un detenido estudio de dicha información, dado que el presente expediente de queja se inició a los únicos efectos de romper el silencio mantenido por la Administración a su solicitud de fecha 26 de octubre 2018, y considerando que dicha cuestión ha quedado solventada, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

La persona interesada exponía que arrendó una vivienda hacía unos meses. Contactó telefónicamente con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para que le informaran de los trámites a seguir para depositar la fianza, puesto que residía en otra comunidad autónoma y le era imposible de forma presencial.

Según indicaba, mediante correo certificado remitió la documentación solicitada, concretamente dos copias del contrato de alquiler (su ejemplar y para la persona arrendataria), justificante bancario de la realización de la transferencia el 7 de noviembre de 2019 (900€ en concepto de fianza), y el último recibo del IBI.

Añadía que, tras solicitar a la citada Agencia la remisión de la documentación debidamente sellada, para poder devolver la fianza a la persona arrendataria, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, desde AVRA le indicaron que era imposible al no haberse recibido la referida transferencia.

Había presentado reclamación en el Departamento de Fianzas de la Junta de Andalucía, sin embargo, no había recibido respuesta alguna.

Por ello, nos dirigimos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). solicitando información sobre los motivos por los cuales no se había devuelto debidamente sellada la documentación requerida por la persona interesada, así como la previsión temporal en la que, si procedía, se le remitiría la misma.

En la respuesta remitida la citada Agencia informaba que en diciembre de 2019 se dio contestación al escrito de la persona reclamante, por el que se remitía depósito aperturado y original del contrato de arrendamiento debidamente etiquetado, el cual había tenido salida el 24 de enero de 2020.

Considerando aceptada la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Sevilla nos indica que el establecimiento de taller y lavado de coches denunciado por los vecinos está cerrado, por lo que entendemos que se ha aceptado la resolución formulada por esta Institución durante la tramitación de la queja.

La interesada nos exponía que, en julio de 2015, la comunidad de propietarios del inmueble en el que reside había denunciado al Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla "las insoportables molestias que ocasiona la actividad ... al vecindario. A pesar de que ha recibido notificación por parte del Ayuntamiento de cierre inmediato por su falta de licencia, continúa abierta con su actividad habitual. Se han escrito varias instancias notificando al Ayuntamiento que aún sigue abierta pero a día de hoy no se ha procedido a la clausura del local".

Durante la tramitación de la citada queja formulamos resolución a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla en la que, en síntesis, le recomendábamos que inspeccionara el referido taller de lavado de coches y pequeñas reparaciones que, al parecer, podría estar en funcionamiento sin autorización y generando elevados niveles de ruido; asimismo, en el caso de que persistiera la situación de irregularidad, le recomendábamos que procediera a ejecutar la orden de suspensión emitida en su momento, instando, si ello era posible, a su legalización.

Como respuesta a esta resolución el citado ayuntamiento nos informó, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, lo siguiente:

• Que el Director General de Medio Ambiente había dictado resolución de ejecución subsidiaria mediante resolución de septiembre de 2015, que se había llevado a cabo en ese mismo mes mediante precintado de la actividad por incumplimiento de la orden de clausura.

• Que en octubre de 2015 había sido presentada declaración responsable con intervención de técnico por el titular de la actividad, quedando legalizada a partir de esa fecha, por lo que se había dictado nueva resolución desprecintado de la actividad.

• Que anteriormente constaba solicitud de calificación ambiental de octubre de 2014, pero al haberse emitido informes desfavorables en el expediente, no se había concedido.

• Finalmente, el titular de la actividad había presentado desistimiento en la tramitación del expediente, concediéndosele y dando por archivado el mismo, "por lo que en principio la actividad está cerrada y sin funcionar, atendiendo a los datos que constan en los archivos de este servicio". Y, en este sentido, nos decían que las últimas denuncias sobre esta actividad databan de junio y diciembre de 2014.

Dimos traslado de esta información a la interesada para que ratificara esta información y nos concretara si el establecimiento estaba, en realidad, cerrado, así como para que nos remitiera copia en caso de haber formulado denuncias posteriores a las que nos indicaba la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines.

Dado que no recibimos respuesta de la interesada en el plazo dado al efecto, finalmente entendimos que no consideraba oportuno realizar nuevas actuaciones y procedimos al archivo del expediente de queja.

El interesado denunciaba la demora en la resolución de una pensión no contributiva de invalidez solicitada en noviembre de 2018.

Recibido el informe solicitado de la Delegación Territorial Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla, ésta nos comunica que le ha sido concedida al interesado la pensión solicitada, procediéndose al abono de los atrasos generados.

El Ayuntamiento de El Pedroso, Sevilla, adopta una serie de medidas para evitar que un establecimiento hostelero ocupe con sus veladores la fachada de la vivienda colindante, así como para evitar que los clientes del mismo aparquen sus motocicletas en el acerado de dicha vivienda.

En su escrito de queja, el interesado nos trasladaba que es propietario de una vivienda en el municipio sevillano de El Pedroso, colindante a un establecimiento hostelero al que venía denunciando en el Ayuntamiento desde el año 2014, por la incidencia de ruidos, malos olores, aparcamiento de motocicletas de clientes e invasión de veladores de dicho bar en la fachada de su vivienda. En su momento el ayuntamiento había colocado unos macetones alrededor de la fachada de su vivienda para que los clientes del establecimiento no aparcaran vehículos encima del acerado en la fachada del reclamante, justo al lado de la puerta de entrada a la vivienda, así como para que no se ocupara con mesas y sillas dicha fachada. Sin embargo, decía el interesado que “a pesar de la colocación de estos macetones, el regente del Bar ... hizo caso omiso. No ha dejado de colocar mesas y sillas en el acerado de mi vivienda, lo que provoca multitud de personas, motocicletas, ruidos que dañan la tranquilidad del dicente. Las horquillas para evitar la entrada de motocicletas al acerado han sido retiradas”.

Añadía el reclamante en su queja que este establecimiento “no sólo invade espacio que no le es autorizado, sino que con ello impide que el dicente pueda acceder a su vivienda. Los clientes del Bar … estacionan sus vehículos (sobre todo motocicletas) sobre las aceras de la calle en la que se encuentra el establecimiento, y en especial, en la entrada de mi vivienda, evitándome la entrada a la misma”. Indicaba también el reclamante otra irregularidad: “el regente del Bar ... utiliza el acerado como cocina, como asador, haciendo barbacoas en el exterior del local, produciendo molestias derivadas de los ruidos, humos y olores generados que se dirigen a la vivienda vecina, propiedad del que suscribe, conjuntamente con la calor que ello provoca, siendo esta molestia un acto continuado que no deja de producirse”. Los eventos que se desarrollaban en el acerado (paella, migas, carnes a la brasa, etc.), al parecer eran publicitados en el perfil del establecimiento en una conocida red social.

De todo esto, decía el interesado, tenía conocimiento el ayuntamiento sin que hubiera llevado a cabo ningún tipo de diligencia de comprobación o averiguación para poner fin a los mismos. Debido a ello no podía alquilar ni vender la vivienda para obtener una ayuda a su pensión, porque se preguntaba quién iba a querer residir en una vivienda colindante a un establecimiento en esas condiciones. Manifestaba que todo ciudadano tiene derecho a la tranquilidad en su domicilio, que ningún local puede transmitir más ruidos y olores que los permitidos y que en estos casos “deberá requerírsele para que ajuste sus ruidos, olores y ocupación del espacio que le es permitido sin invadir el del vecino, etc... a la licencia, y si no quiere o no puede deberá proceder el ayuntamiento a su clausura. Reitero, el Ayuntamiento de esta localidad no ha hecho nada”.

Tras admitir a trámite la queja nos dirigimos al Ayuntamiento de El Pedroso, Sevilla para conocer diversas cuestiones, al que trasladamos, especialmente, la circunstancia apuntada por el denunciante como afección negativa de la inactividad municipal ante sus reclamaciones: fundamentalmente la depreciación de su vivienda ante las irregularidades de este establecimiento, que le provocaban la imposibilidad de su venta o alquiler, o bien tener que acceder a un alquiler o una venta muy por debajo del precio de mercado.

De las dos respuestas que nos remitió el ayuntamiento durante la tramitación de este expediente de queja pudimos conocer que se habían adoptado “medidas para evitar el aparcamiento de motos colocando protectores metálicos y maceteros, así como una placa de prohibición expresa para las motos que se colocó en la fachada del Sr. ...”. Asimismo, también nos informó el Ayuntamiento que se habían mantenido diversas reuniones con el propietario del bar, en las que éste manifestó que sólo había colocado mesas durante la celebración de un evento a principios del mes de diciembre, adoptando el compromiso de no colocar ninguna mesa en el acerado del interesado. Igualmente nos informaron que las fotografías que aportada el denunciante junto a su queja “pertenecen la mayoría a años anteriores, como se deduce del contenido de las mismas, donde no figura la señal de prohibición de las motos que se colocó hace varios años”, y que la autorización del establecimiento para la colocación de sillas y mesas en el acerado era similar al concedido al resto de establecimientos de la localidad, para la colocación de cinco o seis mesas.

Después de este primer informe, nos envió el ayuntamiento un segundo informe según el cual se había podido comprobar que la licencia de actividad del establecimiento estaba a nombre de otra persona distinta al que tenía constancia el propio ayuntamiento, circunstancia que se había instado a legalizar, y que se le había autorizado al establecimiento el uso de una porción de un jardín anexo para que ubicara varios veladores y evitar con ello la usurpación del espacio de la vivienda del reclamante, comunicándole expresamente la prohibición de colocar veladores fuera del espacio autorizado: para el bar, 15 m² durante un periodo de 6 meses y en el jardín anexo, 12 m² durante un periodo de 8 fines de semana.

La Policía Local había informado, tras varias visitas desde esas últimas actuaciones del Ayuntamiento, que no se observaba la ocupación de la fachada del reclamante por los veladores del establecimiento de referencia, ni el estacionamiento de vehículo alguno en la zona peatonal.

A la vista de esta información entendimos que el problema estaba en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Esta Institución inició queja de oficio sobre la denuncia del colectivo de personas integrantes de la Bolsa de Interinos del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio, relativa al desequilibrio existente entre la elevada carga de trabajo de la actual Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y los escasos recursos humanos de especialistas en esta materia.

Recibido el informe solicitado de la Secretaría General para la Administración Pública, ésta nos indicaba lo siguiente:

“El articulo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la oferta de Empleo Público se configura como un instrumento de planificación de los recursos humanos de las Administraciones Públicas con el que se pretende dar cobertura a las necesidades de personal. La Administración debe, por tanto, evaluar sus necesidades de personal, determinar cuáles de ellas pueden satisfacerse con los efectivos de que ya dlspone, mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, de promoción interna o redistribución y reasignación de efectivos, y ofertar públicamente al mercado de trabajo las plazas o puestos vacantes que no vayan a ser cubiertos de otra forma. De este modo, la Oferta de Empleo Público expresa una opción organizativa: la de determinar dónde se ubican las vacantes a efectos de su reclutamiento,

En este contexto, y atendiendo al marco presupuestario establecido por la Administración Central, las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondientes a los años 2017 y 2018, se concentran en aquellos colectivos que conforman las estructuras de personal de las áreas de la Administración con mayor necesidad de efectivos, así como aquellas otras que tienen como objetivo la prelación de servicios que mejor contribuyen a una satisfacción óptima de las demandas de la ciudadanía y el apoyo a las funciones prioritarias recogidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos de los ejercicios 2017-2018.

A estos criterios de racionalización responde la distribución de plazas que contemplan las Ofertas de Empleo Público para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, comprometida con el sector de la cultura y con el patrimonio andaluz, esta Administración está realizando un esfuerzo por incorporar personal cualificado necesario en este ámbito, de ahí que las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2017 y 2018 contemplen un total de 15 plazas destinadas a los Cuerpos y Opciones que dan cabida a profesionales de la cultura y patrimonio histórico.

Igualmente, la Oferta de Empleo del año 2019, actualmente en elaboración, también prevé la consideración de este sector.

No obstante, aunque el deseo de la Junta de Andalucía es el de articular una Oferta de Empleo Público que incluya un número mayor de plazas y dé cobertura a un mayor número de colectivos profesionales, las limitaciones presupuestarias marcadas con carácter básico por la Administración Central, a través de la tasa de reposición, impiden aprobar una oferta más amplia y obligan a priorizar entre los distintos sectores de la actividad administrativa.

Respecto a la selección y nombramiento de personal funcionario interino, conviene señalar que es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el que establece en su artículo 10.1 los supuestos en los que procede acudir a dicho procedimiento de selección, cuya razón de ser no puede ser otra que la de dar respuesta a situaciones de necesidad o urgencia.

También las correspondientes Leyes Generales de Presupuestos aprobadas por el Estado incorporan cada año una serie de limitaciones al nombramiento de personal funcionario interino, restringiendo su uso a casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se circunscriben a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Asi, la selección y nombramiento de personal interino en el seno de la Administración General de la Junta de Andalucia obedece sin duda a los referidos criterios, e incide sobre aquellos colectivos de personal incardinados en Cuerpos, Especialidades, Opciones o Subopciones cuya presencia se requiere con mayor urgencia por los distintos organismos.

En el marco de este proceso lógico de planificación de los recursos humanos, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10.4 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino vienen siendo incluidas en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, en caso de no ser posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.”

Asimismo, consultada la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en el informe remitido nos ponía de manifiesto:

“PRIMERO.- En relación a la reclamación efectuada sobre la cobertura de los puestos a través de la Bolsa de Interinos, hemos de aclarar que la misma no es competencia de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sino de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, habiendo sido regulado el procedimiento de selección y las bolsas de personal funcionario interino de la Administración de la Junta de Andalucía en la Resolución de 18 de julio de 2014 de la citada Dirección General, cuyo apartado 9. “Órganos competentes.” establece lo siguiente:

“1. La selección del personal funcionario, interino, cuando existan efectivos en la Bolsa de Trabajo que se regula en la presente Resolución, corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Publica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. La remisión de oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo, previa autorización de la precitada Dirección General, será competencia del órgano solicitante de la interinidad, de acuerdo con la estructura orgánica y conforme a la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la funciones de coordinación que corresponden a la Consejeria de Hacienda y Administración Pública.

3. El nombramiento y la posterior toma de posesión el personal funcionario interino se realizará por el titular de la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto a proveer, salvo delegación expresa de competencias, respectando el orden indicado en el Registro de llamamientos al que se hace referencia en el punto 6 del apartado 6 de esta Resolución, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo.

La citada Resolución se encuentra publicada para conocimiento de todos los interesados en la Web del Empleado Público de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- En relación a la afirmación que señala “que los puestos con funciones que deban ser cubiertas exclusivamente por personal funcionario no se cubran con personal laboral...” cabe puntualizar que, según establece el artículo 3 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el quese regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo (BOJA número 114, de 23 de diciembre de 1986), los puestos de trabajo vienen recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo de cada Consejería, figurando en su descripción su adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido (artículo 4.d) del citado Decreto). En consecuencia, esta Consejeria procede a la cobertura de los puestos en la observancia de las descripciones recogidas en la RPT, no existiendo margen de discrecionalidad al respecto.

TERCERO.- En relación a las tercera de las afirmaciones que señala, “que se incluyan en las próximas convocatorias de empleo público de la Junta nuevas plazas de funcionarios Conservador de Patrimonio Arqueológico en número adecuados a las necesidades”, hemos de aclarar a esa Oficina que excede de las competencias de esta Consejería llevar a cabo la Oferta de Empleo Pública, siendo competente para ello, la Secretaría General para la Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que declara que es la Secretaría General para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.3.s) del citado decreto, la competente para convocar procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos de la Administración de la Junta de Andalucía.

No obstante, lo anterior, desde esta Consejería se ha puesto en conocimiento de la citada Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior la necesidad de convocar, en la Oferta de Empleo Público de 2019, un total de 27 plazas de “acceso libre” y 15 plazas para “promoción interna" a distintos Cuerpos especificos, entre ellos al Cuerpo de Conservadores de Patrimonio (A1.2025) Arqueólogos, 10 plazas, con la siguiente distribución, entre las Delegaciones Territoriales:

DT CADIZ. 2

DTGRANADA :

DTHUELVA: DTJAEN: 1

DT SEVILLA: 3

Servicios Centrales y Servicios Administrativos con Gestión diferenciada: 2

Asímismo, se pone en su conocimiento que actualmente se está llevando a cabo por esta Consejería, ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, las actuaciones necesarias para el nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo de Conservadores del Patrimonio con un total de 9 plazas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10,1.d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2005, de 30 de octubre. La distribución entre las Delegaciones Territoriales es la siguiente:

DT CADIZ: 3

DT CÓRDOBA: 1

DT HUELVA: 2

DT JAEN: 2

DT MÁLAGA: 1”.

Del estudio de los informes recibidos y de las disposiciones vigentes que resultan de aplicación, no observamos que exista en la actuación de la Administración un comportamiento contrario a la normativa aplicable que nos permita la adopción de algunas de las medidas que prevé el art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución.

En este sentido, como se indica en los citados informes, el art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, otorga a la oferta de Empleo Público la consideración de “instrumento de planificación de los recursos humanos de las Administraciones Públicas”, con arreglo al cuál, éstas deberán determinar sus necesidades de personal y correspondiente provisión de puestos de trabajo a través de los procedimientos de promoción interna, reasignación de efectivos y ofertas públicas de empleo.

Todo ello, en el marco de las pautas y límites presupuestarios establecidos en las leyes presupuestarias y en otras normas básicas de obligada observancia en la materia.

Es por ello, que no consideramos contraria a las normas de obligado cumplimiento en este ámbito el proceder de la Administración Autonómica que pone de manifiesto que “no obstante, aunque el deseo de la Junta de Andalucía es el de articular una Oferta de Empleo Público que incluya un número mayor de plazas y dé cobertura a un mayor número de colectivos profesionales, las limitaciones presupuestarias marcadas con carácter básico por la Administración Central, a través de la tasa de reposición, impiden aprobar una oferta más amplia y obligan a priorizar entre los distintos sectores de la actividad administrativa”.

Igualmente, respecto a la cobertura de vacantes por personal interino apreciamos que se ajusta a la normativa de aplicación en esta materia, por lo que igualmente no observamos infracción legal en la actuación de la Administración.

En consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja y se procedió a su correspondiente archivo.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte sobre la falta de adaptación de los temarios de oposiciones de ordenanza-conserje y auxiliar administrativo para personas con discapacidad en la Universidad de Sevilla

Recibido el informe solicitado de la citada Universidad en relación con la adaptación de medios y tiempos para la realización de los exámenes descritos valoramos muy positivamente la actuación llevada a cabo con el propósito de cumplir con las exigencias que establece el marco legal existente de cara a la incorporación de personas con discapacidad intelectual al empleo público.

Y mas concretamente, lo establecido, en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía en las que se insta a las Administraciones a realizar las adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad para facilitar la accesibilidad y participación de este colectivo en los procesos selectivos de acceso al empleo público en igualdad de condiciones con los demás. Garantizándose de esta forma el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad intelectual.

No obstante, observamos que la adaptación de los temarios, es una cuestión que ha quedado pendiente, y que no es baladí a la hora de completar el elenco de derechos que se reconocen a las personas afectadas por una discapacidad intelectual, a la hora de acceder al empleo público.

La adaptación de los temarios, mediante textos de lectura fácil, que de manera expresa contempla el artículo 28.2 Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, es una medida necesaria que tiene especial incidencia en la accesibilidad cognitiva, y que influye en la comprensión lectora, lo que facilita la preparación de las pruebas por parte de este colectivo. La Lectura Fácil pretende eliminar las barreras en la comprensión, y garantiza la accesibilidad universal, el diseño para todos y la igualdad de oportunidades.

La Administración debe ser un referente de la inclusión laboral del colectivo de personas afectadas de una discapacidad intelectual que se encuentran en una situación de mayor desprotección respecto a otras discapacidades, y que, según los estudios realizados, sufre una de las mayores tasas de paro de la sociedad. De esta manera, el empleo público se constituye como una opción de empleo de calidad y segura entre las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Es por ello, que instamos a la mencionada Universidad a que en próximas convocatorias adopte las medidas necesarias en aras a posibilitar la adaptación de los temarios a lectura fácil.