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Dada la larga tramitación de la presente queja reseñamos las actuaciones a partir del 17 de junio de 2019, fecha en la que, con base en el informe recibido, la documentación que obraba en la queja, las alegaciones de la interesada y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, formuló Resolución a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en el sentido de que, a la mayor urgencia posible, se realizaran las acciones necesarias que aseguraran y mantuvieran en todo momento las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad en la vivienda de su propiedad, de la cual la interesada era adjudicataria, y que garantizaran el correcto mantenimiento y conservación del edificio, según establecían las exigencias legales y en cumplimiento de las obligaciones de AVRA como titular de los inmuebles pertenecientes al Parque Público de Vivienda.

Tras examinar el informe emitido por tal organismo como respuesta de dicha Resolución, nos vimos en la necesidad de solicitar la emisión de un nuevo informe que contuviera un pronunciamiento sobre las siguientes cuestiones puntuales:

- Las reparaciones que se hubieran llevado hasta la fecha en la vivienda de la interesada y en la vivienda del piso superior, habida cuenta que la interesada refería que había debido soportar desde hace años más reparaciones de lo razonablemente tolerable.

- Si, tal y como venía manifestando la interesada, los graves daños en la vivienda que tenía adjudicada estaban causados por “conductas deliberadamente incívicas” por parte de los vecinos del piso superior.

Dicha información resultaba relevante a fin de valorar las razones esgrimidas por la interesada para negarse a que se siguieran realizando arreglos en su vivienda, por cuanto estimaba que ya había tenido que sufrir excesivas reparaciones y que, en todo caso, los daños se iban a seguir produciendo.

- Actuaciones realizadas con los vecinos del piso superior respecto al -en su caso- incumplimiento de la obligación de mantener la vivienda en buen estado de conservación e higiene.

De la información recibida dimos traslado a la interesada para que nos remitiese las alegaciones y/o consideraciones que considerase oportunas, quien nos indicó que no todas las cuestiones reclamadas por ella habían sido reparadas. Además, reiteraba que venía sufriendo los numerosos daños causados por los vecinos del piso superior desde hacía muchos años y que la conflictividad iba en aumento, por lo que demandaban un cambio de vivienda.

En este contexto, cabía destacar que en la Estrategia de Gestión del Parque Público de Viviendas 2016-2020, AVRA como gestora del patrimonio público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, marcaba una programación basada en tres objetivos fundamentales, entre ellos, se encontraba la conservación y el mantenimiento del parque público de viviendas, siendo una de las líneas principales de actividad de dicha Agencia. De este modo se aprobó el Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial para garantizar el funcionamiento mínimo de los elementos comunes, y mantener en todo momento las condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, salubridad, habitabilidad y ornato público de las viviendas que lo integraban.

Analizados los objetivos que integraban este Plan, contemplamos entre ellos la conservación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas, contribuyendo así a la mejora del confort, higiene, salud y calidad de vida de los habitantes, así como el garantizar el servicios de las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos, cuidando de la eficacia de su funcionamiento, y evitar las molestias que generaban las averías de las instalaciones, la parada de los servicios, y las obras imprevistas de reparación.

Por ello, al objeto de poder continuar con nuestra investigación, volvimos a dirigirnos a AVRA solicitando la remisión de nueva información.

Ya en 2020, en enero, AVRA reiteraba la imposibilidad de acceder a la vivienda de la interesada, considerándose como única alternativa posible solicitar autorización judicial de entrada en domicilio. Además, se nos indicaba que no había acudido a una cita concertada para el día 5 de diciembre de 2019.

Por su parte, la interesada nos escribió exponiendo que, tras acudir a una reunión con la trabajadora social y letrado de AVRA, le indicaron que existía la posibilidad de traslado de vivienda, sin embargo, existía una familia por delante, pero si ésta rechazaba se le ofrecería a ella.

Por ello, al objeto de poder continuar con nuestra investigación, interesamos de AVRA conocer si finalmente había sido aceptada la vivienda por la familia que ocupaba el primer lugar. En caso contrario, solicitábamos que nos indicara si finalmente se le ofrecería a la interesada para el traslado de su vivienda.

En su respuesta, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía informó que con fecha 20 de febrero de 2020, tras su comparecencia en la Dirección Provincial de Córdoba, la interesada había firmado documento de aceptación de la vivienda ofertada, posibilitando así su traslado. Vivienda que se encontraba en perfecto estado de habitabilidad, conservación y uso, estando previsto en breve que se produjera su traslado, tras la formalizarán de todos los documentos necesarios para proceder al mismo.

Puesto que de lo anterior se desprendía que el asunto se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En tramitación el proyecto de ley de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que permitirá, a partir del curso 2020-2021, aplicar el régimen de exenciones y bonificaciones en los precios de las matriculas en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático.

La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía que estando su hijo cursando los estudios de Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD Málaga), estas enseñanzas, una vez más, habían sido excluidas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2018, prorrogado para el curso 2019/2020 por el Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan las cuantías de los precios públicos a satisfacer para el curso 2019/2020, por los servicios académicos y administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de danza, de diseño y de música, y se establecen exenciones y bonificaciones.

En concreto, se establece la bonificación del 99% de las matrículas para el alumnado de 2.º a 4.º que cursa estas enseñanzas cuando no cumplan con los requisitos para obtener la beca del Ministerio con competencias en materia educativa y que hayan obtenido un aprobado en primera matrícula en el curso anterior.

También señalaba la interesada -y así es- que con ocasión de la tramitación de otra queja tramitada en esta Institución -se refería a la queja 18/5101- la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa había informado, previa aclaración de los motivos por los cuales no se había podido hacer, que se tenía la clara y firme intención de solventar la cuestión, a ser posible, para el presente curso 2019-2020.

Pero resultando no haber sido de este modo, y considerando que, ciertamente, estas circunstancias suponen una discriminación hacia el alumnado de las enseñanzas señaladas, nos permitimos, nuevamente, dirigirnos al centro directivo para que nos informara, concretamente, sobre qué medidas se habían adoptado para que se puedan aplicar para el curso 2020-2021.

En su respuesta hemos sido informados de que, en este momento, se encuentra en fase de tramitación el proyecto de ley de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se incluirán las correspondientes exenciones y bonificaciones en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está en vías de solución, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante, en un extenso escrito, señalaba que en la calle en la que residía y tenía concedida licencia de vado, de forma generalizada se incumplían las condiciones particulares en cuanto a la prohibición de estacionar delante del vado (incluido el titular de la licencia) y la prohibición de estacionar en la parte frente a la cochera, además de denunciar otras irregularidades y ausencia de solución a sus reiteradas peticiones al Ayuntamiento de Albolote para que se adoptaran medidas a fin de evitar estas infracciones que estaban ocasionando problemas vecinales y enfrentamientos.

Admitida la queja a trámite, solicitamos del Ayuntamiento que nos indicara las medidas que tuviera previsto adoptar para evitar las reiteradas infracciones de estacionamiento indebido en vados o frente a las cocheras que, al parecer, se producían en la calle que mencionaba el interesado.

De la respuesta recibida dimos cuenta al interesado con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca de su contenido. Así lo hizo mediante nueva comunicación en la que, adjuntando numerosas fotografías de las reiteradas infracciones de estacionamiento indebido que, a su juicio, se registraban en la zona donde residía, exponía entre otras consideraciones lo siguiente:

“Después de tres meses seguidos en la misma situación de impunidad, pues los Responsables Públicos no hacen que se cumplan las condiciones Particulares del expediente de concesión del VADO.

Ahora la única salida que tienen es Recursos Humanos Limitados, si ellos hacen que se cumplan y los propietarios de los inmuebles saben que hay que cumplirlas, no hacen FALTA MUCHOS RECURSOS HUMANOS.

Cuando ellos pasan por la calle (Desde el N.° 20 al N.° 1), en lugar de simplemente PASAR es mirar si los vehículos están estacionados en el vado.

Además disponen de un Periódico Quincenal, que en el mismo pongan un recordatorio del uso de los vados, de los cambios quincenales (Un par de veces).

No hace falta más presencia Policial, hace falta que hagan que se cumplan.

El día 1 de Septiembre de madrugada, cuando el vecino del Inmueble n°... quiso cortar la circulación de la calle, la Policía que tuvo que aguantar lo indecible, este vecino quitó su placa de Vado y el policía le decía que tenía Vado y a mediados de Octubre, se lo ponen nuevo Vado y se lo pintan, no la longitud del mismo es de cerca de 5 metros, en lugar de 3 metros y ello es para conseguir estacionar su furgoneta, pues con el Vado normal no podía y por esta circunstancia surgió la amenaza de cortar el tráfico el día 1 Septiembre, El Ayuntamiento le beneficia con esa longitud de Vado fuera de lo normal y así puede estacionar su FURGONETA, de esto desde el día 21 de Octubre vengo reclamando al Ayuntamiento en varias ocasiones y con fotografías (Que mande ahí el 16/01/2020). Hacen falta Recursos Humanos Policiales, también, pero sigue sin resolverse y sin contestar a mi escritos.

¿Por qué esta benevolencia? ¿Por qué esa dejadez?”.

A la vista de estas alegaciones y, para que quedara acreditado que el Ayuntamiento denuncia y, en su caso, sanciona el uso indebido o inadecuado de los vados, nos dirigimos nuevamente al mismo solicitando que, en caso de disponer de tal dato, nos indicara el número de expedientes sancionadores que, por tales hechos, se instruyeron durante el año anterior en la zona que nos ocupa, así como de las nuevas posibles medidas que se pudieran estar impulsando para evitar, en adelante, que se registraran tales infracciones si se comprobaba que las mismas se seguían produciendo, como sostenía el interesado.

Tras la última petición de informe formulada al Ayuntamiento de Albolote, se nos remitió nuevo informe de la Jefatura de Policía Local dando cuenta de los expedientes sancionadores incoados durante 2019 y lo que iba de 2020 por estacionamientos indebidos en vados de la calle objeto de la queja, tras la revisión del protocolo de actuación en materia de vados. También se había aumentado la información para que los propietarios conocieran que no era autorizable el estacionamiento aunque fuera en el vado de su propiedad.

Cabía esperar que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento sirvieran para mejorar la situación que motivó la queja y estimando, en consecuencia, que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que, en la confluencia entre 2 calles de su población, se encontraba una piedra esquinal o guardacantón que, debido a la estrechez de la acera, dificultaba gravemente la movilidad y el tránsito de personas, singularmente de aquellas que eran usuarias de silla de ruedas o que llevaban carritos de bebé. Creía que también se veía afectada la seguridad debido al tráfico muy cercano de los coches en dicha acera.

Admitida la queja a trámite nos dirigimos al Ayuntamiento de Écija solicitando se nos informara si era posible acceder a la pretensión del reclamante de ampliación del acerado en dicha zona o, en caso contrario, que se nos expusieran las causas por las que ello no se estimaba procedente.

En la respuesta municipal se indicaba que la actuación sobre el acerado de la zona se encontraba pendiente de realizar en las previsiones municipales de mantenimiento, acogiéndose para ello a algún programa o plan de empleo para la ejecución de la obra, ya que no era posible con los propios medios municipales.

En consecuencia, interesamos que nos informaran sobre el concreto programa o plan al que, en principio, podría acogerse la ejecución de esta obra y, en consecuencia, el plazo temporal aproximado en que podría dar comienzo la misma. Sin dichos datos no podríamos considerar que se estaban dando avances relevantes para atender la petición del reclamante si se consideraba que efectivamente podría conllevar que se facilitara la movilidad y el tránsito de personas usuarias de sillas de ruedas o carritos de bebé.

Se nos comunicó que, por medio del Programa de Urgencia Social 2020 de la Diputación Provincial de Sevilla y por la bolsa de trabajo que se estaba creando por parte municipal, se pretendía actuar sobre el acerado de la zona.

Así las cosas, aún cuando no se podía concretar la fecha en que darían comienzo las obras de ejecución de los citados trabajos, cabía estimar que nos encontrábamos ante un problema en vías de solución durante el presente año (2020) y que, en principio, no resultaban precisas nuevas actuaciones.

La Junta Directiva de una Asociación de discapacitados físicos y/o sensoriales exponía que, desde hacía bastante tiempo, venía luchando para la accesibilidad de la línea de autobuses de su localidad que discurría desde Sevilla hasta Estepa. Y añadía textualmente lo siguiente:

“Comenzamos dirigiéndonos a la Federación que nos pertenece …..., allí nos informaron desde el departamento de accesibilidad, que dicha flota por ley tenía que disponer de autobús adaptado. Conseguimos hablar con el Gerente de la empresa y nos dijo que estudiaría el caso. Al no tener resultados positivos por parte de la empresa, hicimos un escrito al Ayuntamiento de la localidad. Tras la reunión mantenida con dicho Concejal, nos comunicó que hablaría con el Delegado Territorial en Sevilla. Una vez realizada la entrevista el Delegado nos comunicó que había tenido una reunión con el Gerente de dicha empresa, el cual aceptó la adaptación de los autobuses.

A día de hoy seguimos con la misma problemática, no disponemos de autobús adaptado. Nos dieron la opción de avisar 24 horas antes y tendríamos el servicio, pero como era de esperar tampoco es realidad.”

Admitida la queja a trámite nos dirigimos a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio solicitando informe de las actuaciones que tuviera previstas en orden a que la empresa concesionaria diera cumplimiento a las mejoras de accesibilidad a las que, en su día, se comprometió y a las que estaba obligada legalmente.

De la respuesta recibida parecía desprenderse que, en términos generales, la empresa concesionaria cumplía con la normativa de accesibilidad en la línea que prestaba servicio a la localidad, por lo que dimos trámite de alegaciones a la asociación, quien manifestó lo siguiente:

“Después de ponernos en contacto con la compañía de autobús, efectivamente tienen el servicio adaptado, el problema se encuentra en que, para poder hacer uso del servicio, tenemos que llamar uno o dos días antes, concretando el lugar y la hora, pero nos encontramos con el problema que nos pueden llamar anulando el servicio porque, para ese día, no lo puedan ofrecer; es decir, que no estamos nunca seguros de poder hacer nuestro viaje, ya sea por ocio o para una cita médica.

Entonces nosotros proponemos que, aunque se tenga que avisar uno o dos días antes, sí tengamos el derecho de tener el horario del que dispone el servicio y no arriesgarnos a perder el viaje.”

De acuerdo con lo expresado, nos dirigimos nuevamente a la Viceconsejería interesando que nos indicara si era posible atender esta petición y garantizar que, cuando se hubiera solicitado un vehículo adaptado con la debida antelación, el servicio pudiera ser disfrutado por la persona con discapacidad con normalidad y evitar posibles anulaciones.

En el informe recibido se señalaba que la empresa concesionaria mantenía que no se había negado por su personal el servicio de bus adaptado y que, en caso de que sucediera algún problema, pondría los medios para solventarlo lo antes posible y, si fuera necesario, con otro tipo de vehículo adaptado.

Así las cosas, dimos por concluida nuestra intervención en este asunto.

Sin perjuicio de ello, instamos a la Viceconsejería a que si, por parte de los Servicios de Inspección de Transportes de la Delegación Territorial, se constatara alguna de las irregularidades que motivaron la queja de esta asociación, se adoptaran las medidas disciplinarias o sancionadoras que procedieran comunicándolo a esta Institución.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución referente a solicitud de empadronamiento y de certificado no atendida, el Ayuntamiento de Utrera, nos traslada la siguiente información:

“Recibido su correo en relación al expediente de queja 18/7130 iniciada a instancias de D. (...), les comunico que desde la primera vez que solicitó el empadronamiento, se informó al interesado de la imposibilidad de empadronamiento en la vivienda que él solicitaba por no aportar contrato de alquiler o escrituras de propiedad de la misma, ni siquiera autorización del propietario para empadronarse. Se le derivó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde tras comprobar que venía siendo su vivienda habitual, y aun no siendo propietario ni alquilador, se emitió informe al respecto para la Oficina de Estadística, por los que se le empadronó el 29 de marzo de 2019, con efectos desde el 11 de junio de 2018.

Por último, comunicarles que solicitó un nuevo empadronamiento en otra vivienda el 3 de febrero de 2020, presentando contrato de alquiler, y que dicho empadronamiento se ha hecho efectivo.

Entendemos que sí se le informó y dio respuesta a sus solicitudes, aunque no fueran en el sentido que él esperaba; y se le derivó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera para, dentro de la legalidad, ayudarle y facilitarle ésta y otras gestiones.”

Tras un detenido estudio de la información recibida, se deduce que dicho organismo ha aceptado la Resolución formulada por esta Institución. En consecuencia, con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.