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La interesada nos trasladaba que había recibido comunicación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) con relación a un procedimiento de desahucio por ocupación de vivienda titularidad de esa Agencia sin título habilitante.

Indicaba que residía en dicha vivienda con su pareja y sus tres hijos (de 7, 8 y 10 años) y que los ingresos familiares se limitaban a 527 euros que percibía ella de la RMISA. Refería que tenía adjudicada una vivienda de AVRA a cuya renta de alquiler de 240 euros no podía hacer frente, por lo que al fallecer la señora a la que cuidaba, sus hijos le ofrecieron la posibilidad de quedarse en la vivienda, asumiendo ella el coste del alquiler, de 40 euros. Por ello, el mismo día que dejó la vivienda que tenía adjudicada, se trasladó a la que era su vivienda actual.

Había puesto sus circunstancias en conocimiento de AVRA mediante escrito de 15 de julio de 2020 y se había dirigido a los servicios sociales, donde le habían indicado que elaborarían el correspondiente informe de exclusión social cuando fuera requerido por AVRA.

Admitida la queja a trámite solicitamos de dicha Agencia que nos informara sobre el procedimiento de desahucio iniciado y las posibilidades para regularizar la estancia de la familia en aquella vivienda, habida cuenta las singulares circunstancias del caso planteado por la interesada, que era adjudicataria de otra vivienda pública.

En la respuesta emitida se indicaba que el 13 de agosto de 2020 AVRA había remitido escritos, tanto al Ayuntamiento de Úbeda como a los Servicios Sociales municipales, solicitando informe de valoración de la unidad familiar por si pudiera encontrarse en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, con el fin de que en base a ese informe, se pudiera determinar si era posible emitir la correspondiente resolución de excepcionalidad en la adjudicación de la vivienda por parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Con fecha 21 de agosto de 2020, se recibió informe social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Úbeda en el que se determinaba que la situación económica de la unidad familiar era muy inestable y precaria, pero no se había recibido la correspondiente resolución de excepcionalidad por parte del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Úbeda.

En consecuencia, procedimos a iniciar actuaciones con el Ayuntamiento solicitando que se nos informara sobre la cuestión planteada por AVRA con relación a la resolución de excepcionalidad del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de aquella localidad.

En la respuesta municipal se indicaba literalmente lo siguiente: “Que por parte de este Ayuntamiento se han llevado a cabo los trámites necesarios (informe de la trabajadora social, propuesta de alcaldía y certificado de que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida no está operativo) para la concesión de la mencionada vivienda por AVRA, estando a la espera de que ésta emita resolución”.

En consecuencia, estimando que la cuestión planteada por la interesada se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz acordó iniciar una queja de oficio para conocer el estado de conservación y régimen de protección de un elemento singular: la capilla del Hospital de San Lázaro, en la ciudad de Sevilla y, concretamente, en su retablo mayor, obra de Pedro de Villegas (siglo XVI).

Y es que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ya cuenta con numerosas actuaciones sobre el asunto. Y así, la cronología de actuaciones de esta Institución, recoge varios expedientes de queja; en concreto la queja 13/6855, queja 14/607, queja 17/4284, queja 18/4404 y, finalmente, la queja 19/1153.

Señalamos especialmente esta última queja 19/1153, en la que esta Institución emitió una resolución en Junio de 2019:

“Recomendación para que se proceda a la elaboración de los proyectos de intervención necesarios sobre el inmueble de la Iglesia de San Lázaro, en la ciudad de Sevilla.

Sugerencia a fin de que se agilicen los compromisos anunciados respecto al proyecto de restauración del retablo de la capilla, así como la elaboración de programas para la visita y puesta en valor ante la ciudadanía de este destacado elemento artístico e histórico de la ciudad”.

Precisamente, la Delegación de Salud nos respondió en Noviembre de 2019 a la resolución señalando:

“(...) TERCERO: En relación a la sugerencia mencionada en la Resolución de fecha 11/06/2019 del DPA, esta Consejería puede comprometerse a interesarse y a mediar para agilizar los compromisos anunciados respecto a la restauración del proyecto del retablo de la capilla y respecto a la fijación de un horario de Visitas en caso de que las condiciones sean adecuadas para que el acceso y visita pública se lleve a cabo. En conclusión, se aceptan los términos de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 11/06/2019 recaída sobre la Queja 19/1153 en relación a la Iglesia-Capilla San Lázaro, en lo que es competencia de esta Delegación Territorial”.

Con tales antecedentes, el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la conclusión del expediente de queja dejando constancia de “los compromisos anunciados respecto a la restauración del proyecto del retablo de la capilla” y solicitando información sobre cualquier novedad que se produjera respecto a estas acciones anunciadas.

El 10 de Marzo de 2020, los medios de comunicación divulgaron un acuerdo entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Salud para intervenir en el citado retablo, tras una visita de sus respectivos titulares al recinto. Los medios de comunicación relataron la decisión asumida entre el titular de la Consejería de Salud (propietaria del recinto) y la Consejera de Cultura de proceder a la restauración y acondicionamiento del retablo junto a los paños y zócalos de azulejos del recinto. Más allá de dichas informaciones, entendimos necesario conocer con mayor detalle el estado de la aludida intervención, de ahí la oportunidad de iniciar la presente queja de oficio.

Hemos recibido el informe de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, que nos indica que

“Con fecha 19 de mayo de 2020 el Servicio Andaluz de Salud. como propietaria del bien objeto de este informe. remitió oficio a esta Delegación Territorial comunicando que en el marco de las actuaciones programadas para la rehabilitación de determinadas zonas del Hospital San Lázaro de Sevilla, se ha decidido la restauración del retablo mayor y el zócalo de azulejos, ubicados en el presbiterio de la iglesia hospitalaria. con el objetivo de su salvaguarda y exposición publica en el lugar para el que fue originariamente diseñado. habiéndose designado al instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Agencia Pública Empresarial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, para la realización de estos trabajos.

La propiedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, al haber comunicado el traslado de este bien para su investigación, análisis y redacción de proyecto de conservación.

En relación a los deberes legales de esta Delegación Territorial. se manifiesta que hasta la fecha se han ejercido todas las competencias pertinentes. elevándose para la valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en tiempo y forma, cada una de las intervenciones que se han propuesto sobre el inmueble. En este sentido, aún no conocernos concretamente que intervención se llevará a cabo, más allá de lo Indicado en el oficio mencionado, dado que estamos a la espera de recibir el correspondiente proyecto de conservación para su correspondiente análisis, valoración y autorización, en su caso, en virtud de lo establecido en el articulo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

De igual forma, y tal como se ha venido haciendo hasta la fecha, se mantiene el asesoramiento técnico sobre las consultas formuladas tanto por los técnicos corno por los órganos de gestión responsables del Hospital.

En aras a conocer qué intervención se va a proponer para la salvaguarda de este bien, rogamos se dirija al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Agencia Publica Empresarial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a quien se ha encomendado la realización de los trabajos de investigación, análisis y redacción de proyecto de conservación”.

Desde luego, la primera valoración que cabe realizar de esta noticia, y que parece confirmar el informe recibido, es la satisfacción por el paso que se anuncia para los trabajos de conservación y protección de este retablo. Si bien, de inmediato, una elemental prudencia no aconseja ir más allá, a la espera de poder concretar con mayores datos este proyecto. El sentido de esta nueva queja de oficio era precisamente detallar con actuaciones y proyectos concretos tan solemne y esperado anuncio para restaurar el retablo. Sin embargo, la aportación de la Delegación Territorial no permite avanzar en estos objetivos de concreción cuando expresa que “...aún no conocernos concretamente que intervención se llevará a cabo, más allá de lo Indicado en el oficio mencionado, dado que estamos a la espera de recibir el correspondiente proyecto de conservación para su correspondiente análisis, valoración y autorización, en su caso”.

En todo caso, confiamos que las labores de desmontaje, realizadas el 20 de junio de 2020 y el inicio de los trabajos de los técnicos del IAPH (información obtenida de los medios de comunicación) permitan definir la intervención necesaria para el retablo y, tras los trámites de estudio y autorización, se puedan ejecutar satisfactoriamente todas las intervenciones que esta histórico pieza del siglo XVI.

A la vista de la información recibida, procede considerar que el asunto motivo de presente actuación de oficio se encuentra en vías de solución, por lo que procedemos a concluir nuestras actuaciones, sin perjuicio de las actividades de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias acometer en un futuro.

Con fecha 14 de abril de 2020, respecto a una queja anterior de la interesada, dábamos por concluidas nuestras actuaciones tras recibir informe del Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes de fecha 26 de marzo de 2020, que nos permitió estimar que el problema de mantenimiento de solares que motivó la queja se encontraba en vías de solución.

Sin embargo, la interesada se dirigió nuevamente a esta Institución exponiendo que, tal como indicaba en su requerimiento a los propietarios de fecha 27 de febrero de 2020, el Ayuntamiento les exigió la realización de las obras necesarias para que los solares cumplieran la normativa del PGOU y para ello les daba un plazo de 20 días.

AI haber coincidido el plazo con el comienzo del estado de alarma, debido a la pandemia, la interesada esperó 5 meses más (agosto) para ver si se producían las mejoras de adecuación de los solares y su entorno, sin que NADA se hubiera hecho al respecto, ni por parte de los propietarios ni por parte del Ayuntamiento.

Manifestaba que en agosto, hasta en tres ocasiones el Sr. Alcalde había recibido a su hija (debido a su avanzada edad), obteniendo sólo excusas verbales tales como "yo ya he mandado una carta a los propietarios, pero si no hacen caso, no puedo hacer nada más”.

EI caso es que aún no se había solucionado nada, ni siquiera otro problema que sí que dependía del propio Ayuntamiento, el de los contenedores de basura colocados diariamente dentro del solar colindante, pegados al muro de su vivienda y a un metro de la puerta de su casa. Los habían quitado de allí varias veces y colocado fuera del solar, en la calzada, pero el Ayuntamiento tampoco tomaba cartas en el asunto, culpando a los vecinos, que los desplazaban porque les estorbaban para aparcar los coches dentro de los solares (otra cosa que, decía, deberían impedir).

Consideraba que esta dejadez de funciones le estaba perjudicando gravemente, después de 12 años de lucha para que el Ayuntamiento cumpliera con su obligación.

En vista de lo expuesto por la afectada, esta Institución procedió a abrir nuevo expediente de queja e interesó del citado Ayuntamiento la emisión de nuevo informe sobre las medidas que tuviera previsto impulsar para solucionar el abandono de solares y demás cuestiones planteadas esperando que, en esta ocasión, resultaran efectivas y acabaran con los perjuicios que se ocasionaban a la reclamante.

En la respuesta municipal recibida se nos informaba que tras el requerimiento efectuado a los vecinos colindantes el 27 de febrero dándoles un plazo de 20 días para que iniciaran las obras para la adecuación de dichos solares y dado que no realizaron las tareas requeridas en los solares, se habían puesto de nuevo en contacto con ellos llegándose al acuerdo de que las tareas de adecentamiento serían efectuadas por el Ayuntamiento (lo cual ya se había realizado), y se disponía de dichos solares para el aparcamiento de los vecinos, dada la dificultad de aparcamientos en la calle.

En relación a los contenedores de basura, nos indicaron que se habían tomado medidas para que las tapaderas no impactaran con la pared de la interesada colocando unos topes de hormigón que impedían que los contenedores se acercaran a su pared y puedan ocasionar desperfectos.

Considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Con motivo de un expediente de queja anterior de la interesada, con fecha 23 de diciembre de 2019, esta Defensoría formuló Resolución a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, en el sentido de que se dieran las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se procediera a emitir la resolución expresa que correspondiera al recurso potestativo de reposición presentado por la interesada con fecha 8 de abril de 2019 y que se dotaran de los medios precisos, como una mayor dotación de medios personales, de forma que pudieran resolverse los recursos administrativos en un tiempo razonable y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

Con fecha 16 de enero de 2020 recibimos informe en el que, en síntesis, se nos participaba que el recurso de reposición de la interesada iba a ser estimado, sin bien hasta que no se efectuase la dotación presupuestaria necesaria no le podrían emitir la resolución expresa de su recurso.

A la vista de tal información, entendimos que se aceptaron los contenidos esenciales de la Resolución formulada y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Pero la interesada se ha vuelto a dirigir a esta Institución manifestando lo siguiente:

“(...) El día 11 de Marzo 2020 me vuelven a llamar y me dicen que han ido a retomarlo y que sale incidencia en Hacienda, con lo que pido cita en Hacienda y con fecha 13 de Marzo 2020 les adjunto certificado POSITIVO de que no tengo ninguna deuda y certificado de la Seguridad Social igual sin ninguna deuda, y a día de hoy me dicen que llevan los expedientes desde Junio en Hacienda y siempre lo mismo. El día 11 de Agosto de 2020 presenté un escrito en registro central de la Junta sin respuesta.

Solo pedirles que debo 8 meses de alquiler y 440 € de recibos de la luz y este dinero me solucionaría muchísimo, solo tenemos 430 € de ingresos con tres adultos en casa, (...)”.

En vista de lo anterior, admitida la queja a trámite, solicitamos nuevo informe, pero antes de recibir respuesta, la interesada nos comunicó que con fecha 23 de octubre de 2020 recibió el ingreso de la ayuda 2017, lo cual fue confirmado por la Administración en escrito posterior, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada en este asunto se dirigía a esta Institución denunciando la ausencia de un profesional técnico de integración social (PTIS) y un profesional de audición y lenguaje (AL) para la debida atención de su hijo, alumno con necesidades educativas especiales escolarizada en un Centro de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Sevilla.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, remite un escrito en el que se indica que la Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) se incorporó al CEIP en cuestión con fecha 10 de septiembre de 2020 y la Maestra de Audición y Lenguaje (AL) lo hizo también el pasado 5 de octubre.

A la vista de lo aportado por la Administración, entendemos que el problema que motivó la queja se ha resuelto favorablemente, al haberse incorporado los profesionales necesarios donde el menor se encuentra escolarizado, por lo que hemos acordado dar por concluidas nuestras actuaciones, procediendo con esta fecha al archivo del expediente de queja.

La presente queja fue admitida a trámite a fin de conocer las respuestas ofrecidas a la interesada como integrada en grupo de riesgo en relación con el inicio del curso escolar por parte de su hija en un centro educativo de Sevilla. A tal efecto, nos dirigimos mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2020 ante la Delegación Territorial de Educación solicitando la información necesaria.

Se ha recibido el informe remitido desde los servicios de dicho organismo, en el que se viene a relatar las actuaciones recientes en relación con dicha situación. Y así se señala que:

“(...) de conformidad con las indicaciones contenidas en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVDI-19 y la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, el CEIP de Sevilla ha arbitrado un sistema de atención telemática para solventar la situación de riesgo para la salud de la madre de la menor, al mismo tiempo que garantiza el derecho a la educación, de conformidad con el articulo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, considerado la situación de la menor como absentismo escolar y, solo figuran como no justificadas por la familia dos ausencias, a criterio del centro.

Por tanto, el CEIP ha tenido en consideración la situación de la reclamante y, como se indica en le informe del Servicio competente, la alumna está siendo atendida en las distintas materias por medio del blog de clase y/o Moddle”.

Del estudio del contenido de dicho informe, podemos deducir una valoración de las necesidades acreditadas por la madre de la alumna y acordándose las medidas alternativas que están recogidas por la normativa que rige el presente curso escolar ante la pandemia.

Por ello, consideramos oportuno valorar la respuesta del CEIP y de la Delegación en un sentido colaborador ante las principales necesidades del entorno familiar y determinar que, ante estas medidas anunciadas, el caso se encontraría en vías de solución.

En consecuencia, al día de la fecha procede concluir nuestras actuaciones, sin perjuicio de emprender las acciones de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias. Por tanto, damos por concluidas nuestras actuaciones procediendo a la finalización de los trámites de la presente queja, dejando a salvo el seguimiento que merezca en un plazo razonable las medidas anunciadas.

La presente queja fue admitida a trámite a fin de analizar el conjunto de reclamaciones que expresa una joven interna en un Centro de Internamiento de Menores Infractores respecto al estado de varios elementos de sus instalaciones, conservación y régimen de funcionamiento. A tal efecto, nos dirigimos mediante escrito de fecha 28 de julio de 2020 ante la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación solicitando la información necesaria.

Con fecha 25 de noviembre de 2020, a través de la Viceconsejería, se ha recibido el informe en el que se viene a relatar que:

“En respuesta a su nuevo escrito sobre la queja de referencia, relativa al funcionamiento del centro de internamiento de menores infractores (en adelante CIMI), y previa petición de información al órgano directivo competente en la materia, le informo de lo siguiente sobre los asuntos planteados nuevamente por esa Institución:

- El centro dispone de una piscina que está inhabilitada, sin uso, pendiente de su adaptación para eliminación de barreras a personas discapacitadas, así como de la reparación de pequeños Desperfectos.

Corno ya expusimos en el anterior Informe de fecha 08/10/19, la existencia de piscina en los centros de internamiento o su funcionamiento, en caso de contar con ella, no se contempla como requisito obligatorio en los pliegos que rigen el vigente contrato, ni en la normativa autonómica de centros de internamiento de menores infractores.

Por la entidad que gestiona el centro, se reitera que en el caso del CIMI la piscina no es usada por cuestiones única y exclusivamente relacionadas con la seguridad del centro de internamiento.

- El hogar habilitado para menores que cumplen medidas en régimen abierto lleva sin uso año y medio, con lo cuál no se cumplen las previsiones de la legislación para esta modalidad de medida de internamiento, ni tampoco se puede dar cumplimiento a lo establecido en plan individualizado para el cumplimiento ele la medida.

Respecto a lo anterior hay que señalar que no existe en la actualidad ningún hogar en el centro que sea exclusivo para el cumplimiento de medidas de internamiento en régimen abierto. La legislación vigente establece que un menor sujeto a esta medida de internamiento debe residir en el centro y realizar las actividades escolares, formativas y laborales fuera del centro.

En ningún caso establece la ley que deba existir un módulo u hogar especifico para el desarrollo de este tipo de medidas. En cualquier caso, tal como ya señalamos en el informe anterior, las instalaciones del centro permiten perfectamente el desarrollo de los diferentes Programas Individualizados de Ejecución de Medida de las medidas de internamiento en régimen abierto ejecutadas en el mismo.

- Incumplimiento por parte del centro de los plazos establecidos para dar respuesta a las peticiones y dudas planteadas por los menores.

Debe señalarse que no se contempla en la vigente normativa un plazo máximo para resolver las peticiones y dudas de los internos y que, corno informa el CIMI, las peticiones y quejas de los menores internados son atendidas con la mayor celeridad posible, registrándose las mismas en el "libro registro de peticiones y quejas", como establece el artículo 23.1.e) del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía y se crea la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores.

- El modo y horario en que se realizan los registros entorpece la labor formativa programada en el centro.

Consultado el Centro, desde la dirección se reitera literalmente lo informado en el anterior informe remitido.

En dicho informe se indicaba que tales registros obedecen siempre a razones estrictas de seguridad de los propios menores y trabajadores del centro y siempre se desarrollan con la menor interferencia posible respecto a las actividades programadas.

El articulo 59 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM) establece que las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados. El artículo 54.4 del Reglamento de la LORPM establece que las inspecciones de las dependencias y locales del centro se harán con la periodicidad que la entidad pública o el director del centro establezca.

- Insuficiencia en el personal de seguridad en relación con el número de menores internos.

El Centro en todo momento cumple con lo establecido en el Anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas respecto al Servicio de Vigilancia y, concretamente, con lo establecido en el apartado f) de dicho anexo que regula la seguridad mínima exigible en cada uno de los centros.

Como ya se informó con anterioridad, este centro de internamiento de menores infractores cuenta con 6 vigilantes en tumo de mañana, 6 vigilantes en turno de tarde y 4 vigilantes en turno de noche, respetándose en todo momento lo establecido en la norma anteriormente expuesta.

Añadir que además de este personal, de forma puntual, se han contratado refuerzos con la empresa de seguridad cuando así se ha considerado necesario.

- Petición de que los botiquines de emergencias se ubiquen en todas las zonas del centro.

Consultado el Centro, desde la dirección se reitera literalmente lo informado en nuestro anterior informe de octubre de 2019. En el mismo se informaba que el centro cuenta con un Plan de Autoprotección, que no especifica el número de botiquines que deben tener los centros.

En el caso de este CIMI, el botiquín de emergencias principal se encuentra en la sala de urgencias y además se han incluido botiquines en la cocina, en todos los talleres, en la lavandería, en las dependencias de limpieza y en el almacén de mantenimiento.

- Suministro de medicación por parle del personal educativo, no por el personal sanitario, lo cual ha provocado en ocasiones errores en la medicación.

Conforme al Proyecto de Centro, el personal sanitario es el responsable de preparar la medicación en los pastilleros, y el personal educativo o el tutor el encargado de su reparto así como de la comprobación adecuada de su ingesta o administración del tratamiento prescrito. En este sentido, se respeta estrictamente lo establecido en el Proceso de Toma de Medicación del Sistema lntegrado de Gestión. Dicho sistema es auditado por la empresa AENOR de forma anual.

- Precariedad laboral del personal y vinculación familiar entre personas que ocupan puestos directivos. Todo esto hace que el personal no denuncie ante la dirección, por temor a represalias, irregularidades o deficiencias en el centro.

En respuesta a la denuncia de precariedad laboral, indicar que más del 80% de la plantilla de este centro cuenta con contratación indefinida y a todos los trabajadores se les aplica el "IV Convenio Colectivo CIMI", con vigencia de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2021, así como el resto de normativa laboral aplicable.

Respecto a la vinculación familiar entre personas que ocupan puestos directivos, la entidad informa que este hecho no está relacionado con posibles irregularidades o deficiencias que se cuestionan.

- Desperfectos en las escaleras de acceso a los hogares.

Consultado el Centro, desde la dirección se reitera literalmente lo informado en octubre de 2019, cuando se indicó que el centro y sus instalaciones se encuentran en un adecuado estado, cumpliendo con la normativa y lo establecido en el apartado 8.5 del pliego de prescripciones técnicas, relativo al "Mantenimiento de edificios".

El informe permite detenerse en todas las cuestiones planteadas que han sido objeto de la indagación de los servicios de justicia juvenil ante la entidad concesionaria del servicio que gestiona el CIMI. Del estudio de dicho informe, podemos deducir una respuesta concreta a cada elemento de queja que se enmarca en el compendio de actuaciones regladas y previstas que se disponen habitualmente por los servicios de estos Centros y que viene a reiterar otros aspectos ya analizados en el CIMI de referencia (piscina, módulo de régimen abierto, sistemas de control, protocolos de dispensación de medicamentos, personal de vigilancia, mantenimiento de elementos constructivos, etc).

En una valoración global, y al día de la fecha, creemos entender que el relato de la queja se encuentra debidamente explicado, por lo que, procede concluir nuestras actuaciones, sin perjuicio de emprender las acciones de seguimiento que, en su caso, resulten necesarias para el control de la aplicación concreta de estos servicios tan delicados en este entorno singular como es un Centro de Internamiento de Menores Infractores. Entre estas acciones se encuentra la disposición de esta Institución para realizar una visita específica al CIMI, en los términos habituales que se realiza desde esta Institución, a fin de actualizar y corroborar la información ofrecida. Del mismo modo, dejamos a salvo cualquier otra información que condicione la valoración que hemos expuesto.

Así pues, una vez evaluados los hechos expuestos se deduce que el asunto que nos ocupa se encuentra solucionado, motivo por el que con esta fecha damos por concluida nuestra intervención en el expediente de queja.

La promotora de la queja exponía que su madre, de 96 años de edad, tiene reconocida situación de dependencia de Grado I, Nivel 1. Manifestaba que en junio de 2019 solicitó la revisión de grado, estando aún a la espera de ser valorada.

Por ello, solicitaba que sin más demora su madre fuese valorada y de este modo poder acceder al recurso que le correspondiese según su nueva situación de dependencia, atendiendo a la avanzada edad de la dependiente.

Admitida a trámite la queja, nos dirigimos a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, que mediante informe nos comunica que se ha dictado Resolución reconociéndole a la dependiente su nueva situación de gran dependencia.