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En esta Institución se tramita expediente de queja promovido a instancia de parte, por la demora en la resolución de solicitud de Pensión No Contributiva de Jubilación.

Tras haber analizado en profundidad la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formular Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 30 de diciembre de 2019 la persona interesada se dirige a esta Institución y plantea: “Con fecha 23 de julio de 2018 solicité pensión de jubilación no contributiva, habiendo solicitado durante este tiempo información en asuntos sociales sin haber obtenido respuesta alguna.

Recientemente me dirigí a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, y me respondieron que tenían un retraso de 16 meses, lo cual no me parece adecuado, por tener necesidades perentorias de subsistir. Todo ello me parece un desatino impropio.”

En consecuencia, el interesado solicitaba la intervención de esta Institución, al objeto de conseguir que se resolviese cuanto antes de expediente de PNC.

II.- Tras la admisión a trámite de la queja, con fecha 20 de enero de 2020 se solicitó el correspondiente informe a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga.

Tras sucesivos reiteros con fechas 25 de febrero, de abril y 29 de mayo de 2020 y un escrito de Advertencia con fecha 9 de diciembre de 2020, hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna de esa Administración.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso formular a esa Administración, Resolución concretada en los términos siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la necesidad de una eficaz y eficiente gestión de los expedientes de Pensiones no Contributivas.

Como se contempla en la propia exposición de motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la ampliación de la protección social a la que trata de dar respuesta dicha Ley es una aspiración social de solidaridad dirigida a “asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas”.

Estas situaciones de necesidad, no suficientemente cubiertas por los mecanismos asistenciales, vienen a ser satisfechas de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora con las nuevas modalidades no contributivas de las pensiones de invalidez y jubilación que dicha Ley establece, y que garantiza a personas mayores o con enfermedades invalidantes, que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo, su derecho a obtener unas prestaciones mínimas para afrontar sus necesidades básicas. Lo que constituye un objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.3.14º del Estatuto de Autonomía para Andalucía y concretado en los artículos 19 y 24 del mismo.

Como esa Administración ha tenido oportunidad de comprobar, con motivo de los numerosos expedientes de queja tramitados por las continuas demoras que se están produciendo en la gestión de los expedientes de PNC, muchas de las personas que se dirigen a esta Institución nos ponen de manifiesto, como la interesada en la presente queja, su situación de extrema necesidad, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y carecer, en todo caso, de los recursos mínimos para subsistir. Cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión demanda.

Ante estas situaciones, los retrasos en el reconocimiento de estas Prestaciones destinadas a la cobertura de necesidades básicas tienen efectos muy perjudiciales para las personas beneficiarias de las mismas, que ven cómo se pasa el tiempo y se sigue demorando el acceso a unos recursos básicos para su subsistencia.

Por ello, aunque valoramos muy positivamente las medidas que nos comunican que se tienen previsto adoptar para la agilización de la gestión de estas pensiones, en la línea de lo ya comunicado en otras ocasiones, y dado que dichas situaciones no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van en aumento, se hace preciso que por parte de esa Administración se adopten de forma efectiva y urgente las medidas oportunas para garantizar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, con la celeridad que exige este tipo de procedimientos, en el plazo legalmente establecido, como así se había recomendado por esta Defensoría en la Resolución de la queja de oficio 19/1559, y que fue aceptada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Segunda.- Del derecho de la ciudadanía a una buena administración.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

En la misma línea, el art. 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Con carácter general, en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apartados 2 y 3, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

En el caso que aquí nos ocupa, el plazo específico se determina en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, estableciéndose en su Anexo, como plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos relativos a Pensiones no Contributivas, un plazo de 90 días.

Resulta evidente, por tanto, que en el expediente analizado en la presente queja, el procedimiento administrativo no ha sido resuelto en el plazo establecido, como tampoco en un tiempo razonable, toda vez que ha transcurrido más de un año sin respuesta administrativa especifica a la reclamación realizada y, por consiguiente, tampoco el abono de las cuantías económicas correspondientes.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, preceptúa que los plazos señalados en ésta, y en las demás leyes, obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Tercera.- La necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

La prolongada situación de retraso en la resolución de los expedientes de PNC que se viene produciendo en esa Delegación Territorial, y la falta de adopción de las medidas necesarias que permitan la tramitación de estos expedientes en los plazos legalmente previstos, hace preciso extremar el cumplimiento por parte de esa Administración de los Principios Generales que está obligada a observar en su actuación.

En este sentido, el art. 103.1 de la Constitución Española establece que las Administraciones públicas en su funcionamiento deben actuar, entre otros, de acuerdo con el principio de eficacia. De igual modo, el art. 133.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe actuar, entre otros, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa.

Asimismo, el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dentro del derecho a una buena administración, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su art. 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su art. 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el art. 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos, en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados.

A tenor de la situación existente en esa provincia con respecto a la tramitación de los expedientes de PNC, y las circunstancias que nos expone en su informe, por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía deberán adoptarse sin más dilación las medidas extraordinarias que procedan con el fin de revertir esta situación y asegurar la resolución de los expedientes de solicitud de Pensiones no Contributivas en el plazo establecido en las normas reguladoras de este procedimiento y evitar la acumulación de retrasos en su resolución.

Más aún, en las actuales circunstancias, ante la necesidad urgente de acceder a estas prestaciones por parte de muchas personas para poder atender necesidades básicas de subsistencia y que, previsiblemente, se van a ir incrementando en los próximos meses como consecuencia de los muy negativos efectos que va a traer consigo la pandemia que estamos viviendo.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 6/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, y de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a esa Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, a la mayor urgencia posible, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para la resolución del expediente de Pensión No Contributiva de Jubilación de la persona promotora de la presente queja, así como para la puesta al día de los expedientes relativos a solicitudes de dichas Pensiones en esa provincia y garantizar la resolución de los mismos en el plazo legalmente establecido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja promovido a instancia de parte, referente a la no resolución hasta la fecha de la solicitud del Certificado de Profesionalidad formulado por la persona interesada por su participación en un Curso de Formación para el Empleo en el año 2010.

Tras valorar la documentación e información obrante en el presente expediente, consideramos preciso formular a esa Administración Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. En esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se viene tramitando expediente de queja, por la persona interesada, referente al problema que le afecta ante la no resolución del Certificado de Profesionalidad solicitado, por su participación en un Curso de Formación para el Empleo en el año 2010. El curso se denominaba “SSCF10 Formador Ocupacional”, (...), curso 14394 y fue impartido por la entidad U.G.T.-ANDALUCÍA, del 12-07-2010 al 26-11-2010 en Córdoba.

Se adjuntaron copias de los escritos de petición presentados por la interesada a los efectos de conseguir el Certificado de Profesionalidad referido, porque a los mismos no había obtenido respuesta. Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante la Administración de empleo, al objeto de conseguir que se resolviese favorablemente su solicitud, dado los perjuicios laborales que la falta del Certificado reclamado le estaba originando.

Tras la admisión a trámite de la queja, con fecha 26 de abril de 2020 se solicitó el preceptivo informe a la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

II. Dicho informe nos fue remitido por el citado organismo con fecha 22 de mayo de 2020, a través de oficio de la Secretaria General Provincial, y del que interesa destacar lo siguiente:

¨SEGUNDO: Con fecha 23 de enero de 2020, (...), presenta escrito dirigido al Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Córdoba, en el que solicita el Certificado de Profesionalidad de la acción formativa mencionada con anterioridad.

TERCERO: Con fecha 24 de enero de 2020, presenta modelo oficial de solicitud con la misma finalidad que el presentado anteriormente, la obtención del Certificado de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables dirigido en este caso a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

CUARTO: Con fecha 13 de marzo de 2020, la interesada presenta escrito dirigido al Departamento de Certificados de Profesionalidad de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el que solicita, una vez más, su Certificado de Profesionalidad.

SEXTO: Tras recibir esta Delegación Territorial queja presentada por (...) ante la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y ante las dificultades excepcionales existentes, este Servicio de Formación Profesional para el Empleo de Córdoba con fecha 12 de mayo de 2020 se ha puesto en contacto mediante correo electrónico con el Departamento de Certificados de Profesionalidad de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, interesándose por el estado de las solicitudes presentadas por (...).

SÉPTIMO: Con fecha 13 de mayo de 2020, el Departamento anteriormente mencionado responde a la petición de información, exponiendo que las solicitudes recibidas en el año 2020 aún no están resueltas, si bien, a esta interesada se le contestó previamente mediante correo electrónico, explicándole que su solicitud se encontraba fuera de plazo y que, una vez se resolviera y notificara, podría presentar recurso correspondiente si así lo considerara oportuno”.

No obstante, en el informe igualmente se afirmaba:

“OCTAVO: Cabe especificar que la especialidad FORMADOR OCUPACIONAL, que es la que nos ocupa, fue derogada por el Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre en su Disposición Derogatoria Unica. Al mismo tiempo, se estableció un plazo de solicitud del certificado derogado de 5 años en su Disposición Transitoria Cuarta. En consecuencia, el plazo de solicitud finalizó el 24 de diciembre de 2016, y no consta ninguna otra solicitud presentada por la interesada que no sean éstas del año 2020 anteriormente referidas. En consecuencia, la Resolución que procede es denegatoria, motivada por presentar la solicitud fuera de plazo (cuatro años mas tarde)”.

III. Tras darle traslado del referido informe a la persona interesada, para que nos manifestase lo que estimase conveniente a su derecho con respecto al fondo del asunto planteado, del nuevo escrito remitido por aquélla en respuesta a nuestra petición de alegaciones, no se desprendía que hubiese obtenido respuesta expresa a sus peticiones, ya que nos nos hacía mención a que hubiera recibido la correspondiente resolución dictada en contestación a sus solicitudes de fechas 23 y 24 de enero de 2020 y 13 de marzo de 2020.

En este sentido, nos indicaba textualmente lo siguiente:

“Como entenderá, no puedo estar más en desacuerdo con la resolución, pues yo hice mi curso completo de 414 Horas y nos dieron nuestro certificado, pero nada de instrucciones a seguir. ¿A mi qué trabajo me hubiese costado pedir mi Certificado? ninguno, pero yo no entiendo de pasos a seguir. Pensé, junto con mis compañeros, que el certificado con las materias impartidas y el aprobado, era más que suficiente. Acto seguido IFES de UGT cierra y se monta el escándalo, por todos conocido, del saqueo del dinero de los cursos de formación.

Lo que le quiero hacer entender es que, para nosotros, el curso finaliza y nos dan nuestro certificado y ya está, nosotros tan contentos. Mi vida laboral no ha sido la formación. Mi trabajo es la Estética Avanzada y Oncológica y me he ocupado durante estos años en intentar ser de las mejores micropigmentadoras para paliar los efectos del cáncer, sobre todo de mama, pues reconstruyo areolas y cejas. Es ahora, cuando el trabajo está flaqueando un poco, y me llaman de una academia, y me piden documentos, destapándose que ese certificado es un mero papel que tiene validez para las academias privadas, pero nó para la formación de la Junta de Andalucía.

Yo como ciudadana que no estoy en el mundo del funcionariado, reconozco mi culpa de no leer ni el BOJA ni el BOE... pero creo que nadie lo hace si no está metido en materia. Y resulta que en 2016 sacan una ley que dice que se acabó el plazo para pedir los certificados de profesionalidad de esos cursos.

Yo lo único que pido (reconociendo que esa ley existe, por supuesto), es que NADIE nos informó en tiempo y forma de nada, ni recién acabado el curso, ni cuando salió la ley..., que la preocupación no éramos los ciudadanos que habíamos recibido esas formaciones...,que el interés era el saqueo (como se ha demostrado), y que al final somos los ciudadanos honrados los que pagamos por esto. Porque yo hasta ahora no había pensado en dar clase, pero ahora sí (10 años después, sí) y me encuentro con la negativa al Certificado de Profesionalidad, percibiendo una ayuda familiar (es decir, recibiendo limosna, que me quedan dos meses) y con una academia interesada en mí, pero con el requisito de disponer de Certificado de Profesionalidad, porque consideran que tengo mucha formación y experiencia para poder transmitirla.”

IV. A la vista de ello, se consideró procedente y necesario dirigirnos nuevamente a la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía,Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba, para darle traslado de las alegaciones de la reclamante y, asimismo, para interesar que se diese cumplimiento a la obligación que establece el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, de conformidad con lo establecido en el Art. 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora, con fecha 24 de junio de 2020 se interesó de la referida Delegación Territorial la necesidad de responder expresamente, y sin mas dilaciones, a los escritos presentados ante dicha Administración de empleo por Dª. Eva Mª. Juan Tinahones con fechas 23 y 24 de enero de 2020 y 13 de marzo de 2020.

V. Con fecha 20 de julio de 2020 se recibió respuesta a esta petición, en los siguientes términos:

“En relación al Oficio recibido en esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Córdoba de fecha 30 de junio de 2020, relativo al expediente de queja n.º Q20/2495, formulado por (...), en relación a la no resolución del Certificado de Profesionalidad solicitado por la interesada por su participación en el curso de Formación Profesional para el Empleo denominado “FORMADOR OCUPACIONAL", expediente (...) curso 14-394, se le informa que con fecha 09 de julio de 2020 se ha dado traslado del mismo a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo por ser asunto materia de su competencia. Lo que se comunica para su conocimiento.”

Ante ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones con la citada Delegación Territorial, y con fecha 26 de agosto de 2020 nos dirigirnos a esa Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, tras haberle puesto en antecedentes del asunto y de todo lo tramitado en el presente expediente de queja, interesándole que se diese cumplimiento a la obligación que establece el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, la necesidad de responder expresamente, y sin mas dilaciones, a los escritos presentados por Dª. Eva Mª. Juan Tinahones ante la Administración de empleo con fechas 23 y 24 de enero de 2020 y 13 de marzo de 2020.

VI. Con fecha 26 de octubre de 2020 tuvo entrada en esta Institución un informe de la Secretaría General de Ordenación de la Formación -del que igualmente dimos traslado a la persona afectada-, del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- La reclamación presentada por (...) tiene, según el texto del oficio recibido, como objeto la disconformidad de la citada ciudadana con la no resolución a la fecha, de la solicitud de expedición de un Certificado de Profesionalidad correspondiente a la formación seguida en el contexto del expediente (...). en la especialidad formativa de Formador Ocupacional.

SEGUNDO.- Consta acreditado en el correspondiente expediente administrativo, que (...) realizó entre los días 12 de julio y 26 de noviembre de 2010 una acción formativa en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo denominado "Formador Ocupacional" (Código SSCF1O), subvencionado en su momento por la Junta de Andalucía e impartido por la entidad denominada "Unión General de Trabajadores de Andalucía' (UGT-A.)

TERCERO.- Siendo la citada acción formativa conducente a la obtención de Certificado de Profesionalidad, la persona ahora reclamante presentó solicitud de expedición del correspondiente Certificado de Profesionalidad en fecha 23 de enero de 2020, mediante escrito dirigido al Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Córdoba, reiterando nueva solicitud de expedición mediante formulario normalizado oficial establecido al efecto, y dirigiendo su petición a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en fecha 24 de enero de 2020.

Igualmente, se constata que en fecha 13 de marzo de 2020. (…) presenta nuevo escrito de solicitud, esta vez, dirigido concretamente al Departamento de Certificados de Profesionalidad adscrito a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, solicitando por tercera vez la expedición del Certificado de Profesionalidad anteriormente citado, no siendo el cauce legalmente establecido.

CUARTO, En fecha 13 de mayo de 2020, el reseñado Departamento de Certificados de Profesionalidad envía a la interesada un correo electrónico informando sobre el estado de tramitación de su expediente: pendiente de resolución, estando en la misma situación todas las solicitudes presentadas en 2020.

Asimismo, adelanta una valoración de la solicitud presentada por la interesada, trasladando que, habida cuenta la fecha de impartición de la acción formativa y la fecha de la solicitud de expedición del Certificado de Profesionalidad, esta última se encontraría fuera del plazo legalmente establecido al efecto. De igual forma que, una vez se resuelva y notifique la correspondiente resolución, podrá interponer el correspondiente recurso administrativo en caso de mostrar disconformidad con el sentido de la Resolución.

A efectos aclaratorios, se traslada a esa Defensoría lo siguiente:

l) La persona reclamante realizó, como se ha indicado, la acción formativa denominada "Formador Ocupacional" (Código SSCF1O) entre los días 12 de julio y 26 de noviembre de 2010.

ll) En el Boletín Oficial del Estado del día 24/12/2011, se publicó el Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre por el que se establecían cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad.

Entre los Certificados de Profesionalidad que se establecieron a través del citado Real Decreto 1697/2011. de 18 de noviembre, se encuentra el denominado "Docencia de la Formación Profesional para el Empleo”.

En la Disposición Adicional Segunda, del citado Real Decreto 1697/2011, denominada “Equivalencias con certificados de profesionalidad anteriores” se declara la equivalencia a todos los efectos del Certificado de Profesionalidad de la especialidad de “Formador Ocupacional" con el nuevo Certificado de Profesionalidad que se establece, es decir, “Docencia de la Formación Profesional para el Empleo".

La Disposición transitoria cuarta del reiterado Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, estableció que “Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con evaluación positiva la formación asociada al certificado de profesionalidad que aquí se deroga, durante la vigencia del mismo, dispondrán de un plazo de cinco años: para solicitar su expedición, a contar desde la entrada en vigor del presente Real Decreto.”

Ha transcurrido, por tanto, el plazo legalmente establecido para solicitar la expedición del certificado de profesionalidad.

Desde esta Secretaria General de Ordenación de la Formación se traslada a esa Defensoría que, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo ha informado a (...) sobre el estado de tramitación de su solicitud de expedición de Certificado de Profesionalidad en todo momento, contestando a todos los correos remitidos por la reclamante de fechas 03/02/2020, 07/02/2020, 14/02/2020 y 13/03/2020, trasladándole, sucintamente, que el plazo legal de solicitud de expedición de Certificado de Profesionalidad de la especialidad de Formador Ocupacional finalizó en el año 2016, que no acredita haber cursado la especialidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, e informándole de que su expediente será resuelto por riguroso orden de antigüedad mediante Resolución, que contendrá pie de recurso y será notificada conforme a lo prevenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Ley obliga a Administración y particulares. Desde esta Secretaria General de Ordenación de la Formación se ha dado estricto cumplimiento a lo prevenido en la normativa de aplicación”.

La respuesta de la interesada -entre otras consideraciones que inciden en lo que viene alegando desde el transcurso de nuestras gestiones y que esa Administración ya conoce, aunque, además, hemos vuelto a plasmar en el cuerpo de este escrito-, ha sido la siguiente:

“Me gustaría que tuviese conocimiento de que yo no recibo, ni por escrito, ni por este medio, ninguna comunicación por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a lo que voy reclamando. La única, y me reitero, la única información que recibo es la que usted amablemente me va enviando, junto con la comunicación que tenemos para solucionar este caso”.

En base a los referidos antecedentes, consideramos conveniente realizar a esa Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- En relación con la cuestión de fondo objeto de la presente queja, y sin perjuicio de la decisión definitiva que pudiera adoptar esa Administración de empleo al resolver la solicitud presentada por la interesada, que sigue pendiente, de los datos obrantes en el expediente de queja no apreciamos, en principio, por parte de dicha Administración un incumplimiento de las disposiciones que resultan de aplicación en el proceso seguido para decidir sobre la expedición, o no, del Certificado de Profesionalidad interesado por la solicitante, ya que, según las normas que regulan este caso, esto es, la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por la que se deroga la especialidad “Formador Ocupacional”, al mismo tiempo estableció un plazo de solicitud del Certificado derogado de 5 años en su Disposición Transitoria Cuarta.

Pero ello no es óbice para el incumplimiento de esa Administración de empleo de resolver los escritos de peticiones y/o recursos que le sean dirigidos por la ciudadanía, a lo que nos referiremos a continuación.

Segunda.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su art. 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

De modo más concreto, en los apartados 2 y 3 del citado precepto se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo correspondiente y que, si no tiene fijado un plazo específico, será de tres meses.

En el caso que aquí nos ocupa, la solicitud, como queda dicho, se presenta en esa Administración de empleo el 23 de enero de 2020, posteriormente el 24 de enero y una tercera petición el 13 de marzo de 2020, no teniendo conocimiento de que, hasta la fecha, se le haya notificado la preceptiva respuesta a ninguna de ellas, sino tan sólo una comunicación sobre el estado de tramitación del procedimiento en cuestión.

Incluso, en su comunicación, por parte de esa Dirección General se nos indica que, con fecha 13 de mayo de 2020, el Departamento de Certificados de Profesionalidad de esa Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, respondió a la petición de información exponiendo que “las solicitudes recibidas en el año 2020 aún no están resueltas, si bien, a esta interesada, se le contestó previamente mediante correo electrónico, explicándole que su solicitud se encontraba fuera de plazo, y que una vez se resolviera y notificara, podría presentar recurso correspondiente si así lo considerara oportuno”.

Quedando constatado, por tanto, lo establecido en los mencionados preceptos de la Ley 39/2015, aún teniendo en cuenta la suspensión de plazos administrativos que estableció el Real Decreto 263/2020, de 14 de marzo en aquella franja temporal.

A estos efectos, debe tenerse también en cuenta que el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una buena administración, establece que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

Ante esta situación, cabe recordar que el art. 29 de la mencionada Ley 39/2015 preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Asimismo, que en el art. 21.6 de dicha Ley se dispone que el personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento legal de dictar resolución expresa.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el art. 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que las Administraciones Públicas Andaluzas resuelvan, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados, de conformidad con lo establecido en el art. 29 de dicha Ley, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de Formación Profesional para el Empleo la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a resolver y notificar a la interesada la solicitud y posteriores escritos de reitero de la misma, que dirigió a ese organismo, con fechas 23 y 24 de enero y 13 de marzo de 2020, informado de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz