Alerta por correo electrónico de las novedades

Seguimiento de queja de oficio (Ver Resolución)

30/10/2023 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En el curso de esta actuación de oficio (ver apertura) remitimos a Unicaja una petición para que valorasen de forma razonada la aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales sobre la concurrencia de negligencia grave por parte del usuario a los casos afectados por el fraude masivo a su clientela.

En nuestra petición poníamos de manifiesto que existen diversos pronunciamientos judiciales dictados en casos de fraude que señalan que la negligencia grave del usuario exigiría una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, que no concurre cuando se produce como consecuencia del engaño al que ha sido inducido por un delincuente profesional. Concluyen estos pronunciamientos judiciales que no se puede atribuir falta de diligencia grave a una víctima de estafa, cuando la misma facilita sus claves personales a un tercero como consecuencia de manipulaciones.

En base a estas resoluciones judiciales pedíamos a la entidad financiera una revisión de los casos de estafa que estaba sufriendo su clientela, en orden a valorar si procedía atender las peticiones de devolución del importe defraudado cursadas por las personas afectadas.

En respuesta a nuestra petición Unicaja nos trasladó que comparten nuestra preocupación por el escenario actual del ciberfraude.

A este respecto manifestaban que, pese al alto volumen de recursos que dedican a su prevención, la creciente sofisticación de los procedimientos de fraude hace imposible que las entidades financieras adopten medidas que garanticen en todo caso que no se produzcan.

En todo caso insistían en que la interacción entre víctima y delincuente no tiene lugar dentro de los entornos digitales de la entidad y que en ningún caso se produce una brecha en sus sistemas de seguridad que propicie o facilite el fraude.

Entendían que para determinar cuál sea la diligencia exigible a un consumidor responsable deben valorarse las circunstancias del caso concreto y el entorno informativo del que dispone, señalando a este respecto la información disponible acerca de la prevención del ciberfraude.

Justificaban que los pronunciamientos judiciales no determinan invariablemente que la entidad resulte responsable por estar exento el consumidor de toda cautela y que estos criterios sobre la diligencia exigible al consumidor medio son tenidos en cuenta por Unicaja en la gestión de reclamaciones de los clientes afectados por el ciberfraude.

En cuanto al ofrecimiento de acuerdos extrajudiciales que citábamos en nuestra petición, aclaraban que no suponen un reconocimiento de la responsabilidad de la entidad ni se imponen a la persona reclamante sino que se enmarcan en la actividad negociadora que el banco despliega en la gestión de su clientela con el fin de facilitar el consenso como forma más deseable de resolución de situaciones de conflicto.

Concluían que, más allá de gestionar las reclamaciones concretas de usuarios afectados, siguen avanzando en la implementación de medidas de prevención del ciberfraude a su alcance y en el desarrollo de actividades de difusión de educación financiera que promuevan el conocimiento generalizado de las mejores prácticas de prevención en este ámbito.

A la vista de esta respuesta hemos acordado el archivo de nuestras actuaciones, sin perjuicio de exponer a Unicaja nuestro posicionamiento.

Así, hemos señalado que entendemos perfectamente la complejidad de la cuestión planteada y asumimos la necesidad de una consolidación de la jurisprudencia existente que nos permita disponer de un criterio claro que podamos trasladar, en su caso, a quienes tienen la responsabilidad de regular normativamente esta cuestión.

No obstante, mientras esta consolidación jurisprudencial se produce, seguimos considerando necesario que se valore la oportunidad de no trasladar la responsabilidad a los usuarios en aquellos casos en que no resulta acreditada su negligencia grave al venir su conducta inducida por el engaño y la manipulación de delincuentes profesionales que utilizan técnicas difíciles de detectar y evitar por parte de usuarios con conocimientos medios.

Compartimos con la entidad la oportunidad y necesidad de las campañas que despliega para informar a su clientela acerca de los riesgos del fraude asociado a la digitalización de los servicios financieros y para facilitarles formación sobre criterios de actuación adecuados que eviten caer en las estafas.

Sin embargo seguimos sosteniendo que, si no contamos con un sólido sistema que garantice la seguridad en la realización de operaciones bancarias telemáticas por parte de la población en general, y los colectivos más vulnerables en particular, podría llegar a ponerse en cuestión la pervivencia del sistema.

Por ello nos ha parecido oportuno reiterarles las consideraciones exouestas en nuestra petición anterior relativas a la oportunidad de mejorar la seguridad del sistema de banca electrónica y la respuesta ante situaciones de fraude. Así decíamos:

“Es cierto que los procedimientos dirigidos a estafar son cada vez más sofisticados y que los sistemas de seguridad de las entidades financieras no pueden adoptar medidas que excedan de su ámbito de competencias, como puedan ser las referidas a los soportes electrónicos a través de los que se materializa el fraude.

Sin embargo, no es menos cierto que es la entidad financiera la que en última instancia asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y fiabilidad de los servicios que ofrece al usuario, entre ellos el servicio de banca electrónica. Por lo que cabe plantearse si esa responsabilidad no debería extenderse al deber de ofrecer sistemas que sean realmente seguros y fiables para los usuarios. Sistemas que eviten el éxito de unas prácticas fraudulentas que aprovechan las brechas de seguridad que presenta el sistema atacando por el flanco mas débil que suele ser el propio usuario.

Una persona usuaria a la que no se puede exigir un grado de diligencia, prudencia y cautela que supera con creces la que sería exigible a un “consumidor responsable”.

Entendemos que resulta exigible de las entidades financieras que adopten medidas suficientes para garantizar la fiabilidad de los servicios que ofrecen a sus clientes, utilizando las mejores tecnologías posibles para reforzar la seguridad en las operaciones de banca electrónica.

Asimismo, entendemos que las entidades financieras deberían asumir la responsabilidad por los perjuicios que sufran los usuarios como consecuencia de actuaciones fraudulentas de terceros, salvo que quede acreditado que los clientes han actuado sin la prudencia y diligencia que resultarían exigibles a un consumidor responsable, entendiendo que tal concepto se refiere a una persona con los conocimientos y habilidades digitales que actualmente tiene el ciudadano medio.

Esperamos que estas consideraciones sean de nuevo valoradas y puedan ser tenidas en cuenta por Unicaja en su política de implementación de servicios electrónicos, con el objetivo de garantizar un sistema realmente seguro y confiable para la clientela.

07/10/2022 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Por noticias de prensa y diversas quejas recibidas en esta Institución, hemos podido conocer el problema que afecta a numerosa clientela de Unicaja a quienes se les ha sustraído importantes cantidades de su cuenta corriente a través de una elaborada estafa.

El relato coincide en que se advierte al cliente de un posible uso fraudulento de su cuenta a través de SMS o llamada de teléfono, solicitando claves para su anulación. En la pantalla del teléfono aparecía el número del departamento de atención al cliente de Unicaja, lo cual generaba confianza en la persona afectada acerca de la veracidad de los hechos.

Una de las quejas recibidas se realiza en nombre de una plataforma constituida para agrupar a las personas afectadas en toda España, más de 300, la mayoría al parecer clientes procedentes de la fusión entre Unicaja y Liberbank. La pérdida media de los miembros del grupo sería aproximadamente 3000 euros por cliente, siendo las cantidades mínimas de alrededor de 1000 euros.

Alegan que según el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago, los bancos están obligados a reembolsar a los clientes las transferencias no autorizadas realizadas en sus cuentas -en un plazo de 24 horas-, salvo que puedan demostrar que los clientes han actuado con "negligencia grave".

Con respecto al concepto de negligencia grave se remiten a pronunciamientos judiciales recientes que indican que “consiste en no proceder ni con la más elemental diligencia” o en “la más grave falta de diligencia, no hacer lo que todos hacen, no prever lo que todos prevén”. Al respecto señalan que han sido víctimas de un fraude con capacidad para engañar a una ingente cantidad de personas, por lo que no pueden ser acusados de negligencia grave.

Añaden que, según el Tribunal Supremo, el phishing es una estafa, que conceptualmente es un “engaño bastante”. Si el usuario ha sido objeto de un “engaño bastante” y por ese motivo ha facilitado las claves a un tercero, que está suplantando la identidad del banco, no puede haber “negligencia grave” del usuario, porque el “engaño bastante” excluye la “negligencia grave”.

Desde la plataforma indican que, a pesar de estos claros indicios de la situación jurídica de las víctimas del “phishing”, Unicaja está obviando las orientaciones judiciales, tanto en materia de definiciones de pagos “autorizados” frente a “no autorizados”, como en la definición de “ negligencia grave” y, a pesar de admitir que los clientes han sido víctimas de “phishing”, el banco se niega a reembolsar las cantidades.

Además destacan que, según sus propias Medidas de Seguridad publicadas, Unicaja está obligada a analizar el comportamiento habitual del cliente en la banca online, avisar inmediatamente a los clientes de operaciones sospechosas, y bloquear tanto el servicio como las operaciones por motivos de seguridad. En prevención "Antiphishing", Unicaja Banco recoge entre sus medidas de seguridad, el compromiso contractual adquirido con sus clientes, de poseer la tecnología suficiente y eficaz para detectar y anticiparse a cualquier tipo de phishing o suplantación de su identidad para proteger a sus usuarios.

Sin embargo, consideran que Unicaja ha estado incumpliendo todas sus obligaciones y en repetidas ocasiones, incluso en muchos casos, negándose a bloquear las cuentas de los clientes por teléfono, insistiendo en que esto solo podría hacerse en persona en las sucursales bancarias y durante el horario de apertura del banco, por lo que consideran que su “deficiente” Departamento de Atención al Cliente ha contribuido a esta situación.

Finalmente señalan que lo peor de todo es que las transferencias no autorizadas de las cuentas de los clientes continúan realizándose todos los días y no cesan.

Ante las circunstancias expuestas y con objeto de conocer el alcance efectivo del problema expuesto, así como las soluciones que puedan ofrecerse, hemos considerado oportuno promover una actuación de oficio.

En el curso de esta actuación hemos solicitado la colaboración de Unicaja a fin de que nos faciliten información sobre los procedimientos específicos que hayan iniciado ante las reclamaciones recibidas y, en su caso, medidas que podrían articular para dar una respuesta adecuada a las mismas.

En particular, nos interesa recabar su pronunciamiento con respecto al análisis que hayan realizado de la estafa que ha afectado a su numerosa clientela y a las posibilidades de reintegro de las cantidades estafadas.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Ver Resolucion del dPA

En esta Institución se ha recibido una queja referida a la adjudicación de destinos y la adaptación de los puestos para personas con discapacidad intelectual, en los procesos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, concretamente referida al Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la convocatoria de fecha 30 de octubre de 2019.

Pues bien, a través de dicha queja la persona promotora pone de manifiesto que, en el momento de la selección de las plazas ofertadas, la Administración no ha tenido en consideración las necesidades de adaptación de aquellas al colectivo para el que iban dirigidas. De tal manera que, en algunos casos, se han ofertado plazas de código unitario que han dificultado notoriamente el desempeño de las funciones y, en consecuencia, la integración laboral de estas personas; así como, a su vez, una merma en la calidad del servicio público prestado.

En este sentido, se ha podido comprobar por esta Institución que la resolución, de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan para su provisión por acceso libre para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, para personas con discapacidad intelectual (C2. 1000), establece en su base octava, que en la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone en su artículo 59 “Personas con discapacidad”, apartado segundo, lo siguiente: “Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad”.

Por otra parte, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 10, lo siguiente: "En la adjudicación de destino se garantizará que las condiciones de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto."

En materia específica de discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 64 que “con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva”. En cuanto al contenido de estas medidas, el artículo 66, apartado primero, de la mencionada norma dispone lo siguiente:

“1. Las medidas contra la discriminación podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.

A estos efectos, se entiende por exigencias de accesibilidad los requisitos que deben cumplir los entornos, productos y servicios, así como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas.

2. A efectos de determinar si un ajuste es razonable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.(…)”.

Igualmente, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, identifica, entre otros, como objetivos concretos: regular los ajustes razonables que permitan el acceso y la permanencia en el empleo de las personas con discapacidad y facilitar los medios y apoyos para que estos sean posibles.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, regula en su artículo 8 “Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación” que para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, “las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad”. Asimismo, en el artículo 24 del referido texto “Protección del derecho al trabajo” se dispone que “Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, velarán por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso de las personas con discapacidad al empleo, la formación, cualificación y promoción profesionales, en las condiciones de trabajo, y en las condiciones de seguridad y salud laborales. A tales efectos, y conforme a la normativa estatal vigente en esta materia, llevarán a cabo políticas de formación profesional y empleo, y adoptarán medidas de acción positiva destinadas a facilitar su acceso y permanencia en el mercado laboral (...)”. Y en su artículo 28.2, “Empleo público”, establece lo siguiente: “La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios y de accesibilidad en el proceso selectivo y establecerán el tipo de sistema selectivo más adecuado en atención a la naturaleza de los diferentes tipos de discapacidad, garantizando de esta forma el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Y, una vez superado dicho proceso, adoptarán las medidas precisas para realizar las adaptaciones en el puesto de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean de carácter estructural, en cuanto afecten a las instalaciones, dependencias o equipamientos, como de carácter organizativo, en cuanto afecten a las pautas de trabajo o asignación de funciones. Entre las medidas necesarias se tendrá especial incidencia en la accesibilidad cognitiva y se podrán incluir, entre otras, textos de lectura fácil y la exención de algunas de las pruebas o el establecimiento del sistema de acceso a personal laboral mediante concurso, a fin de posibilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual”.

En el ámbito europeo, es pertinente citar las medidas contra la discriminación para garantizan la igualdad efectiva de oportunidades recogidas en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativas al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Así, su artículo 5 “Ajustes razonables para las personas con discapacidad” indica que se tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades que accedan al empleo, tomen parte del mismo y progresen profesionalmente.

A mayor abundamiento, el artículo 2 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad -ampliación de las Convenciones de la ONU y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos- (Instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008) compromete, en materia de empleo, a los Estados partes a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos a las personas con discapacidad sin discriminación alguna en razón de esa condición. Y, más adelante, en su artículo 27, letra i, dispone que los Estados Partes velarán para que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

Por cuanto antecede, y teniendo en cuenta la pluralidad de personas que pudieran encontrarse perjudicadas en su relación con la Administración andaluza, con motivo de la participación en cualquier proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual, de la que se espera que sirva con objetividad los intereses generales y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, entre otros, -y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho- se ha iniciado actuación de oficio en aplicación de lo establecido en el artículo 1.1, en relación con el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y nos hemos dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y al Instituto Andaluz de Administración Pública a fin de que nos informen sobre los siguientes extremos:

1.- A través de cuál procedimiento la Administración andaluza evalúa las necesidades existentes de incorporación de nuevo personal e identifica, de entre dichas necesidades, las plazas que son susceptibles de ser convocadas para su ocupación por personas con discapacidad intelectual.

2.- Cómo se planifican, a priori, las adaptaciones requeridas para que el puesto de trabajo pueda ser desempeñado por las personas con discapacidad intelectual que concurren a la convocatoria, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 28,2 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía;

3.- Cómo se constata que la adjudicación del puesto concreto, y su toma de posesión, resulta adecuada inicialmente a las circunstancias específicas de la persona con discapacidad intelectual, de manera que se posibilite la efectiva ocupación del puesto para cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.

4.- Cuál instrumento se utiliza, por parte de la Administración, para realizar un seguimiento y acompañamiento del nuevo empleado, que permita garantizar que la integración en el puesto de trabajo ha culminado de manera efectiva; que posibilita su progreso profesional; y que el servicio público en el que se ha incorporado se atiende adecuadamente.

5.- En el supuesto en el que, con posterioridad a la adjudicación realizada, se detectara la existencia de dificultad en el desempeño del puesto originada por la discapacidad intelectual existente, ¿está previsto por la Administración la movilidad de la persona interesada a otro puesto que reúna mejores condiciones para la adaptación al caso concreto?