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Queja número 22/4439
En su escrito de queja la parte promotora solicitaba que se modificase la prioridad para su titulación cuya nomenclatura es TÍTULO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO, ya que en la Universidad de Sevilla, tiene una prioridad BAJA para acceder a los estudios de Máster de Profesorado de Secundaria en la especialidad de Dibujo e Imagen.
La interesada aportaba copia de numerosos escritos dirigidos por correo electrónico a distintos organismos académicos dentro de la Universidad de Sevilla, así como a la Comisión de Distrito Único, exponiendo su problema y pidiendo un cambio en la prioridad otorgado a su título o una explicación de las razones que justificaban la prioridad “resto” otorgada al mismo.
Entre las respuestas recibidas a estos correos electrónicos se incluía la facilitada por el Área de Acceso y Admisión a Máster de esa Universidad en la que se manifestaba lo siguiente:
“… Pues bien, reunida la Comisión Académica ha decidido mantener la prioridad del título tal como aparece recogida en la ficha correspondiente de Distrito Único Andaluz, por lo que no procede ninguna modificación y el Título Superior de Diseño seguirá manteniendo prioridad baja.”
Admitida a trámite la queja a fin de que la Universidad procediese a la emisión del correspondiente informe.
A este respecto, indicamos a la Universidad que esta Institución entendía que la persona promotora de la queja tenía derecho a conocer, no solo el sentido del acuerdo adoptado, sino también las razones y argumentos esgrimidos por la Comisión Académica para desestimar su petición. De este modo, podría valorar adecuadamente la decisión adoptada y así decidir si resultaba oportuno el ejercicio de acciones en defensa de sus derechos.
En respuesta recibimos informe que concluía con las siguientes consideraciones:
“No obstante lo anterior, se constata que, efectivamente el Título Superior de Diseño Gráfico es equivalente a todos los efectos al título Universitario de Grado, que el título de Grado en Artes y Diseño figura con prioridad alta en la admisión al Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad por la Sevilla, en su especialidad de Dibujo, y que otras universidades andaluzas que imparten la especialidad de Dibujo consideran el Título Superior de Diseño Gráfico con prioridad alta en la admisión a esta especialidad.
Por todo ello, desde este Rectorado se van a impulsar las actuaciones necesarias para que, en coordinación con las demás universidades andaluzas, se revise la prioridad de las titulaciones en la admisión al MAES en la especialidad de Dibujo, valorando la prioridad alta para el Título Superior de Diseño Gráfico. Igualmente, se impulsará la revisión y coordinación de las prioridades en las demás especialidades, de cara a los procedimientos de admisión del curso 2023/24.”
En base a ello formulamos resolución en la que recomendábamos que se informase favorablemente por la Universidad de Sevilla la reclamación presentada por la promotora de la queja a los efectos de que la misma fuese estimada por la Comisión de Distrito Único y se le reconozca prioridad alta a la titulación aportada para el acceso al MAES en la especialidad de Dibujo con las consecuencias que de ello deban derivarse en dicho proceso.
En respuesta a esta resolución la Universidad nos remitió informe de cuyo contenido se deduce que se asume por la Universidad de Sevilla la necesidad de otorgar prioridad alta al título superior en diseño gráfico, tal y como solicitaba la interesada y como esta Institución avalaba.
Asimismo informaban de que se ponen en marcha los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo este cambio para el próximo curso.
No obstante, nada se decía respecto a que se aceptara la solicitud presentada por la promotora y se otorgara prioridad alta a estos estudios con efectos para el presente curso.
Dimos traslado a la interesada de lo informado por la Universidad, que nos informó sobre su desistimiento de nuevas actuaciones en lo referente a su queja para el presente curso. Así mismo no trasladó su agradecimiento ya que para el próximo curso volvería a solicitar el acceso, esta vez con prioridad alta.
Por lo expresado en el párrafo anterior procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la comarca de Osuna para atender las quejas y consultas que le han hecho llegar la ciudadanía en la Casa de la Juventud. El equipo de la OIAC ha atendido quejas de personas de Osuna, Aguadulce, Lantejuela y La Puebla de Cazalla
Asimismo, la Oficina de Información se ha reunido con asociaciones sociales de Osuna y su comarca, como Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Turística Campiña Sierra Sur, la Asociación de mujeres de Fibromialgia, la asociación de minusválidos psíquicos Mimo, CGT o la Marea Blanca de Osuna. Entre las reclamaciones se han recibido cuestiones relacionadas con la atención primaria y las listas de espera, el personal sanitario, los servicios de urgencias, y la atención pediátrica, entre otras. En la mañana de hoy miércoles la Oficina de Información mantiene una reunión con los trabajadores sociales de la comarca.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con representantes de las plataforma Marea Blanca de Sevilla, que le han trasladado sus reivindicaciones.
Entre estas, Marea Blanca ha destacado al Defensor la situación de la atención primaria, con especial hincapié en la reciente orden aprobada por la Junta de Andalucía que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. También se ha interesado por la salud de las personas sin hogar.
Jesús Maeztu ha incorporado al debate su preocupación por la salud mental y el riesgo de suicidios, especialmente entre la población vulnerable. Este miércoles el Defensor mantendrá una reunión de trabajo con la consejera de Sanidad y Consumo, Catalina Madueño.
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 22/0628 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Personal
En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, en el que expone que hasta la fecha no ha recibido respuesta, de la Dirección General de Personal del SAS, al recurso potestativo de reposición presentado con fecha 26 de marzo de 2021. En atención a dicho asunto, se dicta la presente Resolución de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
I. La persona interesada, con fecha 26 de marzo de 2021 formuló recurso potestativo de reposición ante esa Dirección General de Personal, en el que exponía su disconformidad con la valoración de unos cursos impartidos por la FOE (Federación Onubense de Empresarios) en el marco del Acuerdo Nacional de Formación Continua, para la Bolsa de empleo del SAS en la Categoría de Auxiliar Administrativo, sin haber obtenido respuesta.
Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución ante esa Administración, al objeto de obtener la preceptiva respuesta al recurso presentado.
II. Una vez transcurrido el plazo legal para la resolución del recurso se procedió a admitir a trámite la queja, solicitando con fecha 26 de abril de 2022 a esa Dirección General el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.
III. Con fecha 19 de mayo de 2022 tiene entrada en esta Institución una comunicación de esa Dirección General en la que indican:
“Han tenido entrada en esta Agencia, los expedientes del Libro de Sugerencia y Reclamaciones de la Junta de Andalucía número (...), de 17 de enero de 2022, y (...), de 1 de marzo de 2022, a instancia de (...), y de similar contenido al de esta Queja.
Concretamente, y en relación con el escrito del Libro de Reclamaciones y Quejas de la Junta de Andalucía, con número de expediente (...), en el que nos trasladaba sus consideraciones respecto a no haber recibido respuesta a su recurso de reposición de fecha 26 de marzo de 2021 contra la resolución por la que se publicaba el listado definitivo de la categoría de auxiliar administrativo del periodo de valoración 31 de octubre de 2019, le informamos que fue resuelto el pasado 12 de abril, habiendo remitido la resolución tanto a (...) como a la propia Inspección General de Servicios.
Por ello, y dado que le contenido de esta Queja 2022/628 y el del expediente (...) es el mismo, nos remitimos a la resolución ya remitida.”
El 13 de septiembre, tras sucesivos reiteros por parte de esta Defensoría, aclaratorios de nuestra petición de obligación de responder esa Administración a lo pedido -por cuanto que la respuesta a la interesada a un escrito en el libro de reclamaciones, en el que precisamente denuncia el silencio a su recurso, no suple la preceptiva respuesta a un recurso de reposición-, se recibe nuevamente una comunicación de esa Administración insistiendo en que ya se ha respondido a la interesada.
El 20 de septiembre de nuevo se recibe un informe a la solicitud cursada a ese Centro Directivo, del mismo tenor que los anteriores, y del que se da traslado a la persona interesada, manifestándonos ésta, el pasado 9 de diciembre de 2022, que no ha recibido hasta la fecha la resolución expresa a su recurso de reposición, lo cual es una evidencia, porque esa Dirección General únicamente habla de que ha respondido al escrito de su reclamación del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía; silencio administrativo que tiene unas consecuencias para la recurrente, pues hay que tener en cuenta que puede estar perdiendo contratos de trabajo.
En esa contestación enviada por Vd. a la persona interesada en abril pasado, en base a la tan referida reclamación, cabe reseñar que esa Administración expone las mismas consideraciones y fundamentaciones jurídicas que vienen incluyéndose en las resoluciones que dicta en base a los recursos potestativos de reposición formulados por las personas afectadas, por lo que no alcanzamos a comprender el motivo por el que no se le facilita una respuesta en forma, mediante resolución expresa, al recurso potestativo de reposición de (...) y, así a su vez, se aceptaría la petición reiteradamente formulada por esta Institución en el presente expediente de queja.
En efecto en la comunicación que comentamos, esa Administración expresa lo siguiente:
“El punto 6, “Recursos” de la base Novena, “Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas”, de la última Resolución reseñada, dispone que contra la relación de personas candidatas, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de dicho orden Jurisdiccional, en el plazo de dos meses, de conformidad conel artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contados ambos plazos desde el día siguiente a la de la publicación de la citada relación en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
Efectivamente como indica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada anteriormente, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes desde la fecha en que el recurso haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. En este sentido, informar a esa Institución que la voluntad de esta Administración Sanitaria, en todo momento, es cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente, pero hay que considerar que en la Bolsa Única de Empleo del SAS se encuentran inscritos 515.042 candidatos en las diferentes categorías disponibles.
Como consecuencia de este volumen excepcional de candidatos, se generan un gran número de recursos de reposición haciendo difícil poder cumplir con los plazos establecidos en todos los recursos planteados. Por otra parte, el art.123 de la citada Ley establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Por tanto, el mismo procedimiento administrativo faculta a los candidatos a interponer Recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado competente, en defensa de sus derechos, desde el momento mismo de la publicación delos listados definitivos.
En conclusión, el objetivo último de esta Administración Sanitaria es resolver de manera motivada todos y cada uno de los aspectos alegados por los recurrentes en sus recursos de reposición dentro del plazo legalmente establecido. En su caso, al igual que el resto de los recurrentes, recibirá la resolución expresa de sus recursos presentados.“
En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, procedemos a plantear a esa Administración las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
La Resolución de 29 de julio de 2021 de la Dirección General de Personal del SAS, por la que se aprueba y se hace público el listado definitivo de personas candidatas de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de valoración deméritos de 31 de octubre de 2020, establece que contra la misma, “que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un mes”, conforme a lo establecido en los vigentes artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De modo más concreto, en el artículo 124.2 de dicha Ley se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.
Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
En consecuencia, esta Institución está obligada a actuar ante cualquier administración pública sujeta a su ámbito de supervisión cuando la persona interesada solicita nuestra intervención como consecuencia de la demora en la resolución de las peticiones y recursos que haya dirigido a la misma.
En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del recurso por la persona interesada se realiza con fecha 26 de marzo de 2021, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se le haya notificado a la misma respuesta a ese recurso formulado, incumpliéndose con ello lo establecido en el mencionado precepto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Como ya hemos indicado con ocasión de expedientes similares, la intervención supervisora de esta Institución no supone poner en duda el esfuerzo e interés de esa Dirección General en la resolución de los recursos interpuestos en los plazos legalmente establecidos. No dudamos de su encomiable empeño y afán en resolver estos recursos en plazo, pero la realidad es que cuando se admite la queja a trámite y se solicita el correspondiente informe (el 26 de abril de 2022), han transcurrido 13 meses desde la presentación del recurso potestativo de reposición por la persona interesada y, por tanto, se cumplen todas las circunstancias para que esta Institución venga obligada a intervenir,en cumplimiento de las normas legales a que está sujeta su actuación, para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Por tanto, al no constarnos que se haya resuelto dicho recurso, nos dirigimos a esa Administración cuando ha transcurrido más de un año desde su presentación, plazo del que no puede concluirse que suponga una precipitación en el traslado de la queja, y que consideramos más que prudencial para interesar la oportuna respuesta dada la demora existente. Demora que, por el contenido de su informe, parece que continúa ya que en ningún momento se hace constar en el mismo que se haya notificado la preceptiva resolución a la persona interesada a fecha de su remisión (20 de septiembre de 2022).
En cualquier caso, también estimamos conveniente aclararle que en las quejas que se reciben en esta Institución relativas a impugnaciones que afecten al desarrollo de los procesos selectivos, esta Institución tiene como criterio de actuación remitir a las personas interesadas a lo que establecen las bases reguladoras del proceso en cuestión que constituyen la “ley del proceso de selección” y que posibilitan que en todas sus fases se puedan plantear las alegaciones y recursos oportunos, garantizándose con ello que no se producirá indefensión en el orden administrativo por las posibles irregularidades que se puedan producir en el desarrollo de dichos procesos.
Con independencia de ello, cuando la queja formulada se refiere al incumplimiento de los plazos legales para contestar a los recursos previstos en las propias bases del proceso, esta Institución está obligada a intervenir a fin de procurar la resolución y notificación del recurso interpuesto. Recursos que, como en el caso que nos ocupa, por su propia naturaleza, deben resolverse más si cabe en los plazos legalmente establecidos a fin de poder finalizar este tipo de procedimientos de concurrencia competitiva que afectan a numerosas personas y cuyo retraso produce notables perjuicios en todos los órdenes
Ante esta situación cabe recordar que el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.
Segunda.- De la necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.
El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, establece también que la actuación de la Administración sea proporcionada a sus fines.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su artículo 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
Dichos principios igualmente se contemplan en el artículo 3 de la Ley 9/2007,de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su artículo 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.
De modo más concreto, el artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las Administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.
En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados y, en concreto, en el caso que nos ocupa debe valorar la carga de trabajo que supone el número de impugnaciones que habitualmente se presentan en estos procesos, a fin de asignar los recursos necesarios para su resolución en los plazos legalmente establecidos.
Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el citado artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.
RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a resolver y notificar la correspondiente respuesta al recurso potestativo de reposición, presentado ante esa Dirección General por la persona interesada en la presente queja con fecha 26 de marzo de 2021, informando de ello a esta Institución.
SUGERENCIA: Para que, en caso de ser preciso, se promuevan y adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para poder resolver en los plazos legalmente establecidos para ello los recursos de reposición presentados tras la finalización de un proceso selectivo.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Queja número 22/6656
En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, en el que la persona interesada manifestaba que se había realizado contratación de profesor sustituto interino en una Universidad andaluza y que estando el primero en la Bolsa y habiendo reiterado para este curso académico su disponibilidad se había realizado la propuesta de contratación en favor de quien estaba en cuarta posición en la Bolsa, saltándose el orden de prelación en la misma.
También indicaba que había presentado escritos de petición a la Universidad competente y un recurso de alzada que no habían sido contestados.
Recibido el informe solicitado a la Universidad competente, ésta nos indicó que se había dado respuesta a los escritos y al recurso de alzada presentado por la persona interesada, estimándose el mismo.
El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha abogado por "abrir camino a un nuevo contrato social" desde una perspectiva que incluya una mirada desde la infancia, la adolescencia y la juventud.
En la inauguración de una jornada organizada en Sevilla por el Foro Profesional de la Infancia, de título Abriendo camino a un nuevo contrato social, Jesús Maeztu ha alentado "desde el conocimiento y la experiencia de todos, qué tipo de vida, de ciudad, de convivencia, de cultura de paz, libre de pobreza y libre de desigualdades heredadas desde la infancia, queremos construir". Para el Defensor, este nuevo contrato debe aprovechar las nuevas concepciones y herramientas que ofrece la tecnología, aprovechando estos recursos y utilizándolos para combatir la desinformación y el discurso del odio.
Jesús Maeztu ha instado a "reorientar estas herramientas hacia una vida, una sociedad de equidad, inclusiva y participada democráticamente". "Entiendo que hoy, más que nunca, todas las propuestas a las que tenemos acceso, nos deben llenar de esperanza y animarnos a trabajar juntos", ha señalado el Defensor de la Infancia, para quien la educación sería un supuesto claramente aplicable, así como la fiscalidad para la igualdad; el trabajo transversal en el territorio, y la pobreza en la Infancia y Juventud.
Tras la jornada inaugural, se ha celebrado la conferencia 'Ruta y horizonte de un nuevo contrato social' correrá a cargo de Fernando Fantova Azcoaga, doctor en Ciencias Políticas y Sociología.El jueves, ya en la Fundación Cajasol, han tenido lugar tres plenarios acerca de 'La Respuesta Fiscal y Financiera a las Desigualdades', 'El Trabajo Transversal en el Territorio' y 'Pobreza y ciclo vital'. Se celebrarán también talleres simultáneos sobre vivienda y condiciones de vida, salud mental, y educación, proyecto de vida y nuevas oportunidades. Han participado Natalia Melero, del Consejo asesor del Defensor de la Infancia y la asesora jefe del área de Infancia, María Teresa Salces. La conferencia de clausura la ha impartido el Alto Comisionado para la lucha contra Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.
La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad de Osuna el martes 21 de marzo para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en la Casa de la Juventud en un horario de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas.
El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.
Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 22/8588 dirigida a Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
De forma permanente y reiterada, esta Institución ha venido mostrando en sus sucesivos Informes Anuales al Parlamento de Andalucía y en algunos Informes Especiales y Jornadas, así como en las quejas que incoa de oficio o tramita a instancia de parte interesada, su preocupación ante las graves agresiones que se vienen perpetrando en nuestro territorio contra el suelo rústico como consecuencia de la ejecución de obras y edificaciones no autorizadas con el importante daño, en muchos casos irreparable, que ello conlleva para sus valores naturales, medioambientales y agrícolas.
En la Exposición de motivos del Decreto-ley 3/2019,de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacía constar que:
«De los datos obtenidos para la elaboración del «Análisis-diagnóstico de la ocupación edificatoria en el suelo no urbanizable de Andalucía», en mayo de 2009 por la Consejería con competencias en materia de urbanismo, y de análisis aproximativos del territorio andaluz en desarrollo de los distintos Planes Generales de Inspección, plasmados en información georreferenciada de la actividad inspectora durante el período 2009 -2019, se puede concluir que de un total de unas 500.000 edificaciones existentes en suelo no urbanizable en Andalucía, alrededor de 300.000 edificaciones son irregulares, de las cuales tan sólo han sido declaradas en asimilado a fuera de ordenación y por consiguiente han podido acceder a los suministros básicos en condiciones mínimas de seguridad y salubridad, un 26% de dichas viviendas.
Cuestiones de salubridad, con la creciente contaminación de los acuíferos, de seguridad o de enganches ilegales de energía, entre otros, son los que están marcando el devenir de estos ámbitos en los que la ingente aglomeración y el crecimiento de edificaciones parecen no tener límite alguno.»
Estas actuaciones irregulares, si queremos evitarlas o, al menos, paliar sus consecuencias, determinan la necesidad de una rápida respuesta por parte de los poderes públicos, sin desdeñar las actuaciones que con carácter preventivo se pudieran realizar, a fin de que estas edificaciones no se consoliden y permanezcan, dado el daño que suponen para los intereses generales. No caben respuestas tardías, puesto que la intervención, cuando se está iniciando una construcción o parcelación ilegal, resulta mucho más eficaz y positiva. Se da la circunstancia de que estos atentados a importantes valores naturales se producen, en muchos casos, en pequeños municipios de nuestra geografía que han podido preservarlos hasta el momento pero que, como se desprende de la mera observación, también se encuentran presionados por una especulación urbanística depredadora. La ausencia de una adecuada respuesta a estas agresiones por parte de los responsables municipales de estas pequeñas localidades cabe atribuirla, por un lado, a la insuficiencia de medios técnicos y personales que padecen, pero tampoco cabe desdeñar que, en muchos supuestos, la cercanía y las relaciones cotidianas de vecindad entre las autoridades locales y los infractores hacen difícil y complejo que se impongan y ejecuten las sanciones y las demoliciones que puedan resultar procedentes. Pero no cabe admitir por más tiempo que la impunidad sea la regla y siga deteriorándose nuestro patrimonio natural que estamos obligados a legar en adecuadas condiciones a las siguientes generaciones.
En esta línea, en 2019 esta Defensoría llevó a cabo la tramitación de oficio de la queja 19/4486, ante las ocho Diputaciones Provinciales de Andalucía y la Viceconsejería de Urbanismo, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ante la ineludible necesidad de que los responsables públicos den la respuesta adecuada a estas vulneraciones de la normativa urbanística y medioambiental para conseguir restituir el orden perturbado, con la finalidad de que fortalezcan y presten asistencia a los Servicios Jurídicos y Técnicos de los pequeños municipios, mediante convenios de colaboración que, de forma permanente, permitan combatir eficazmente y con los medios necesarios las infracciones urbanísticas que se cometan.
No podemos sino valorar positivamente el resultado de esta actuación de oficio, de la que hemos dado cuenta en nuestra Memoria Anual al Parlamento de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2021. Sin embargo, y aún cuando se siga avanzando, sobre todo desde el punto de vista normativo, en la preservación del suelo rústico y sus valores medioambientales y naturales, no podemos caer en la autocomplacencia por cuanto que aún queda mucho por hacer al respecto siendo necesario seguir dando pasos que coadyuven a proteger y preservar nuestro patrimonio natural en aras al interés público.
En este contexto, esta Institución ha tenido conocimiento de que alguna parte del personal técnico municipal de arquitectura comparte la preocupación de esta Institución en cuanto a que la aplicación de la disciplina urbanística ante la proliferación de edificaciones irregulares en suelo rústico, no termina de ser eficaz. En este sentido las cuestiones de competencias y coordinación entre las distintas administraciones territoriales implicadas adquieren especial protagonismo.
Es incuestionable que la disciplina urbanística se prevé como una competencia propia municipal, a tenor de lo previsto en el artículo 25.2.a)1 de la Ley de Bases de Régimen Local, también lo es que nuestra Comunidad Autónoma asume competencias exclusivas en esta materia. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley, cual es el caso, y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Procede traer a colación al artículo 10 de la misma norma en cuanto que la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos; procediendo la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.
No obstante, no es menos cierto que nuestra Comunidad Autónoma ha asumido competencias exclusivas sobre la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda por el artículo 148 de nuestra Constitución, ampliamente después concretado en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007. En cualquier caso, los límites entre urbanismo y ordenación del territorio a veces son confusos y no están exentos de conflicto, así las parcelaciones y edificaciones irregulares en suelo rustico a veces se implantan en varios términos municipales sin solución de continuidad y frecuentemente se nutren de moradores que en muchas ocasiones no tienen como primera residencia el término municipal donde se ubican.
La Ley 7/2021,de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) afronta con más determinación la solución de los problemas existentes respecto a edificaciones irregulares en suelo rústico que la prevención de que no aparezcan otras nuevas. En este sentido, consideramos que la disciplina preventiva es tan recomendable o más que la punitiva y a este respecto, potenciar la figura de los planes de inspección autonómicos y municipales nos parece determinante.
Haciendo un poco de historia legislativa andaluza se constata como en el artículo 30 bis del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo, incorporado en el año 2012, se exigía a los Ayuntamientos la redacción de un Plan Municipal de Inspección Urbanística en el que se ha de incluir un inventario. En similares términos se pronuncia el artículo 343 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Sin embargo ese inventario que se exige a los planes de inspección municipales no se requiere en ningún caso a los Planes Generales de Inspección Territorial y Urbanística autonómicos previstos en el subsiguiente artículo 344 del Reglamento citado2.
En vista de ello, dada la recalcitrante carencia de medios personales y materiales que vienen arrastrando los ayuntamientos andaluces, especialmente los de los municipios de menor tamaño, a esta Institución le preocupa que la formulación de los Planes de Inspección Municipales y el inventario que han de incluir queden en papel mojado, aparte de que quizás no tenga sentido la elaboración de un inventario por cada uno de los municipios de Andalucía, cada uno con criterios y formas de representación dispares entre sí y sin continuidad territorial.
A este respecto nos planteamos que quizás el inventario del suelo rústico de Andalucía debería ser solo uno, con actualizaciones periódicas y que sirviera de base para la redacción de los planes de inspección municipales y autonómicos; o al menos, dada la dificultad que ello podría conllevar por cuestión de escala, que fuesen al menos como máximo 8, uno por cada provincia.
En este punto cabe traer a colación la competencia que, la anterior normativa urbanística y la recientemente vigente, atribuye a las Diputaciones Provinciales, de conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local, en orden a prestar la asistencia técnica y material que resulte necesaria para asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales en materia de inspección y disciplina urbanística. Quizá cuando tengamos una imagen global de la situación del suelo rústico de Andalucía actualizada cada cierto tiempo, nos daremos cuenta en tiempo real si el modelo elegido para regular la disciplina en la nueva Ley funciona o si tenemos que, más pronto que tarde, probar y apostar por otros modelos ya implantados en otras comunidades autónomas.
A la vista de cuanto antecede, se incoa la presente queja de oficio, encaminada a plantear a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a las 8 Diputaciones Provinciales Andaluzas, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, su parecer, respecto de las siguientes cuestiones:
- Conveniencia de la realización de un único inventario del suelo rústico de Andalucía o, en su defecto, uno por cada una de las ocho provincias andaluzas, impulsado bien por la propia Consejería competente en la materia o por las Diputaciones provinciales, directamente o en colaboración con la CCAA, que se actualizara periódicamente, utilizando medios técnicos ya existentes como el Ortofoto del PNOA o por elaboración propia, que contendría la relación de las edificaciones, asentamientos, parcelaciones y demás actuaciones que deberían ser objeto de la potestad de disciplina o, en su caso, de legalización o reconocimiento, de conformidad con la normativa territorial y urbanística de aplicación con un seguimiento periódico de las alteraciones producidas en todo el suelo rústico de Andalucía.
- Los datos obtenidos de dichos inventarios servirían de apoyo para la suscripción de futuros convenios de colaboración entre las administraciones implicadas y para la elaboración de los Planes Municipales y Autonómicos de Inspección Urbanística y de apoyo a los Inspectores municipales y a los,Cuerpos de Inspectores y Subinspectores autonómicos para el desarrollo de su labor profesional.
1 Artículo 25. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
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