ANTECEDENTES
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La persona interesada en este expediente de queja, miembro de la comunidad educativa del IES, en el mes de diciembre de 2016 se dirigió a esta Institución exponiendo su preocupación por el grave deterioro en el que se encontraban las instalaciones e infraestructuras del centro docente.
El Centro, se construyó en la década de los años 60 del siglo pasado, padece de aluminosis por lo que varios edificios del Centro no pasan los test sísmicos, precisamente en una zona de riesgo conocido, la zona oriental de la provincia de Málaga cerca de la provincia de Granada.
El cemento original con el que se construyó el Centro parece a día de hoy más bien argamasa. Es muy normal que se produzcan grietas.
No se cumplen las medidas de seguridad para el caso de evacuación, algunos edificios son una ratonera y tan solo una única salida, el gimnasio tiene el techo de uralita con amianto y no se cambia a pesar de las continuas goteras cuando llueve, las pistas deportivas están llenas de grietas, socavones y restos del antiguo pavimento, las cañerías están rotas y las aguas fecales van minando el suelo de los edificios por lo que varias zonas están hundidas y las paredes medianeras están sin apoyar en el suelo.
Admitida la queja a trámite, y solicitado a la Delegación Territorial un primer informe, se nos remitió el elaborado por una técnica de la Agencia Pública Andaluza de Educación (a partir de ahora, APAE) tras la visita de inspección realizada en el mes de junio de 2017, en el que se indicaba, tras la comprobación del estado de deterioro del centro, que prácticamente era el mismo que ya en 2009 determinó que por parte de la misma Agencia se encargara un Proyecto Básico y de Ejecución de Adaptación, y cuyo importe de licitación ascendía a 4.001.006,53 €, estimándose el plazo de ejecución en 12 meses.
Sin embargo, excepto algunas intervenciones que desde entonces se habían llevado a cabo por parte del propio centro, se consideraban necesarias todas aquellas otras que ya estaban contempladas en el Proyecto señalado, si bien, debido al alto coste de la actuación, se proponía ir acometiéndolas por fases, siendo prioritario la seguridad estructural y la accesibilidad del centro. No obstante, sería la Delegación Territorial la que debía establecer las prioridades de las obras y el calendario de ejecución de las mismas, si bien proponiéndose aquellas que se consideraban más urgentes, haciéndose una estimación de su coste.
Nuevamente desde esta Institución se solicitó la emisión de un informe complementario, haciendo constar en nuestro escrito que, además de considerar que quizás fuera conveniente someter al análisis de la Agencia Pública lo manifestado por los interesados por si resultaba conveniente modificar el orden de prioridad de las intervención, solicitábamos que nos informaran de si se tenía previsto llevar a cabo algunas de las actuaciones propuestas.
En contestación a esta solicitud se nos remitió un nuevo informe de la Agencia Pública Andaluza de Educación en el que, en definitiva, se ratificaba el informe anterior.
Al objeto de poder adoptar una resolución definitiva al respecto del presente expediente, consideramos necesario, por tercera vez, solicitar información acerca de si se tenía prevista alguna actuación de manera prioritaria en el centro de referencia para el ejercicio de 2018 y, en su caso, cuáles eran, presupuesto previsto y plazo de ejecución.
Así mismo, teniendo en cuenta que en el informe del APAE se hacía constar la necesidad de acometer las reformas del centro por fases, también estimamos necesario que se nos informaran de si se había previsto una planificación de cómo llevarlas a cabo, o si, en cualquiera de los casos, se había adoptado alguna decisión al respecto de subsanar todas las deficiencias que sufre el centro docente.
Y la respuesta en esta ocasión fue que las obras se encuentran programadas y se irán acometiendo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, sin poder en ese momento, abril de 2018, concretar las fechas de ejecución de dichas obras.
Tan solo unos días más tarde, el interesado envió a esta Institución dos documentos elaborados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, uno de ellos denominado Informe de Evaluación Inicial de Riesgos y Priorización de medidas preventivas y correctoras de centro educativo, y un segundo, éste denominado: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.
La persona interesada nos expresaba su indignación exponiendo que dichas deficiencias están clasificadas por niveles I, II, III, IV, siendo el I el nivel máximo de gravedad y por lo tanto el que requiere subsanación más urgente, estimada su revisión para julio del 2018. Otras son de nivel II y se estima su revisión para diciembre de 2018 por ser menos urgentes.
Para final de julio de 2018 quedan en el mejor de los casos tres meses. Quién se va a tomar en serio estas fechas cuando la Delegación Territorial tiene denuncias del estado de deterioro del Centro por las sucesivas directivas desde 2005 (hace ya 13 años).
CONSIDERACIONES
Conociendo que los meses de verano, cuando el alumnado está de vacaciones, son aprovechados para realizar muchas de las intervenciones que no pueden realizarse durante los meses lectivos, consideramos prudente dejar transcurrir éste periodo estival para dar lugar a que se pudieran llevar a cabo algunas de las intervenciones que, según se nos había informado, estaban ya programadas, aunque sin poderse concretar fechas.
Por esta razón, no fue hasta los últimos días del mes de septiembre pasado que volvimos a dirigirnos a los interesados para que nos informaran de si, durante el periodo señalado, se había realizado alguna intervención en el centro.
Las personas interesadas nos informaron de que en mayo de 2018 tres miembros del (AMPA) se reunieron con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).
En dicha reunión se trataron diversas cuestiones relativas a las necesidades del Centro, siendo informados los miembros del AMPA de que desde la APAE eran conscientes de la situación de deterioro de las instalaciones. Sin embargo transmitió que desde la Delegación Territorial no se consideraba que hubiese ninguna situación de riesgo para las personas en el Centro. Insistiendo en que si en algún momento los técnicos de la Delegación o municipales detectasen riesgos, cerrarían las instalaciones.
Se les informó de que descartaban totalmente retomar el antiguo proyecto de 2008 por falta de recursos así como el dotar de accesibilidad a todos los edificios, a pesar de que sus propios técnicos en sus informes recomendaban retomar ese antiguo proyecto por ser del agrado de la comunidad educativa y solución de todos los problemas del Centro.
Asimismo, se iba a liberar una partida extraordinaria de dinero relacionada con los ciclos formativos que venía de la Unión Europea con esa finalidad.
Durante los últimos meses del pasado curso recibieron la visita de un técnico de la Delegación que comunicó la intención de realizar actuaciones encaminadas a la mejora de los ciclos formativos, pero posteriormente no apareció más.
También reconoció la APAE que no disponían de ningún tipo de recurso económico hasta que se aprobasen los presupuestos de 2019, y que a partir de ahí las actuaciones legales necesarias para comenzar una obra retrasarían su comienzo en al menos 12 meses por lo que es del todo imposible realizar ninguna obra, salvo las del ciclo formativo, antes de comienzo o mediados del año 2020.
La persona interesada seguía exponiendo que recibieron una visita del arquitecto municipal que después de realizar una inspección ocular por el centro, informó verbalmente de que las pistas deportivas estaban tan mal que había que cerrarlas al uso, y además encontró en dos edificios de los más antiguos, grietas en diagonal desde el hueco de puertas y ventanas. Dichas grietas son un síntoma claro de movimientos en los pilares de la estructura lo que ya de por sí comporta un aviso de riesgo, sin necesidad de hacer un estudio patológico de la estructura.
El arquitecto municipal comentó que en cuanto elaborase el informe de la visita lo pondría en conocimiento de la Delegación y del Centro. Los consta que dicho informe se entregó en la Delegación Territorial, pero a ellos no tienen ninguna noticia del técnico ni de sus informes desde aquellas fechas del curso pasado.
Podemos comprobar que se habla, en la noticia recogida, en junio por un diario, de que la Consejería de Educación va a realizar un diagnóstico del estado de este centro de secundaria para presupuestar el año que viene las actuaciones necesarias para llevar a cabo su remodelación, y que éstas podrían pasar por reformas estructurales de cara a afianzar la seguridad de los estudiantes, continuando la noticia diciendo que la administración autonómica va a llevar a cabo dicho diagnóstico en el que se valorarán las necesidades y adecuaciones con el objetivo de programar la reforma del recinto educativo para el próximo año.
Por su parte, en la web del Ayuntamiento, tras relatar la visita realizada al centro docente, que describe como lugar emblemático y entrañable, se recoge que ha servido para recoger las posibles necesidades que requiera el centro y así poder incluirlas y acometerlas con los presupuestos del próximo año.
Pero de los antecedentes que constan en el presente escrito, no parece que exista la necesidad de analizar, una vez más, la situación del centro docente -porque no parece que concurra ninguna nueva circunstancia que así lo aconseje- ni de esperar a este nuevo análisis para determinar las necesidades de intervenciones que requiere, avalándolo el hecho de que en los dos informes que nos han sido remitidos desde la Delegación Territorial se nos ha puesto de manifiesto que son los propios técnicos del APAE los que han insistido en que el Proyecto Básico y de Ejecución de Adaptación, y cuyo importe de licitación ascendía a 4.001.006,53 €, estimándose el plazo de ejecución en 12 meses, elaborado en el 2009, está plenamente vigente, tanto en cuanto al diagnóstico de las necesidades, como a las intervenciones que hay que realizar, si bien, dado que han pasado casi diez años desde que se elaborara, como mucho necesitaría de una revisión de los importes entonces estimados.
En definitiva, lo que no deja lugar a duda es que urge dar una respuesta a quienes son sus acreedores, el alumnado del centro, amparado por los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución -derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente-, así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación -derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones.
Por todo ello, en virtud, de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, nos permitimos formular las siguientes
RESOLUCIÓN
Que por parte de la Delegación Territorial se promuevan cuantas actuaciones sean necesarias en orden a que, en base a los informes emitidos por parte de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de Educación y el Proyecto Básico y de Ejecución de Adaptación a D4+8BACH+CCFF+EE aprobado en 2009, se doten presupuestariamente y se establezca un calendario concreto de ejecución de las intervenciones que son necesarias llevar a cabo en el IES en cuestión.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
