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Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Dos Hermanas, en el que exponía, en esencia, que con fechas de 28 de junio y 22 de julio de 2021, había presentado en el Ayuntamiento sendas instancias de denuncia por el desarrollo de una actividad, de jueves a domingo, generadora de elevados niveles de ruido (salón de celebraciones) en la parcela colindante que está detrás de la suya. Dicha actividad carecería de licencia municipal y de permiso de la comunidad de propietarios.

Manifestaba que esta actividad se realizaba sin ningún tipo de seguridad, con piscina e instalaciones al aire libre sin ningún tipo de barrera acústica, produciendo hasta altas horas de la noche "un insoportable ruido con la música y gritos", anunciándose en webs y en la red social Facebook, y según algunos datos que nos aportaba el reclamante, en la edición andaluza del diario "La Vanguardia" del día [...], se había publicado que el Ayuntamiento habría ordenado la suspensión de la actividad por carecer de licencia.

Sin embargo, con posterioridad se habían seguido celebrando eventos en la parcela, como demostraba una pregunta municipal del grupo popular en ese Ayuntamiento, en el Pleno Ordinario del 25 de junio de 2021. Hasta el punto, según indagaciones del reclamante, de que hasta el mes de octubre estarían todos los fines de semana reservados para eventos.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas para conocer si cuando se había decretado la suspensión de la actividad en el año 2019, se había incoado expediente sancionador y si se había dictado resolución sancionadora. De no haberse incoado expediente sancionador, o de no haberse culminado su tramitación, rogábamos se nos informase de los motivos de ello.

Por otra parte, interesábamos conocer si la actividad objeto de queja disponía de licencia municipal y, en concreto, para qué actividades conforme al vigente Decreto 155/2018. De no haber obtenido licencia, interesábamos se nos informase qué medidas había adoptado ese Ayuntamiento, o iba a adoptar, para volver a suspender la actividad desarrollada, teniendo en cuenta ya la persistencia del titular en la irregularidad.

En respuesta a nuestra petición de colaboración recibimos informe del Ayuntamiento de Dos Hermanas, del siguiente tenor:

"En relación a la consulta planteada a este Ayuntamiento en relación a su expediente Nº Q21/5563 relativo a requerimiento de información sobre las actuaciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento en relación a la denuncia formulada en relación a la actividad de ocio y esparcimiento que se desarrolla en … , se le indica que, con fecha 14 de febrero de 2022, y previa las comprobaciones pertinentes se ha incoado procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas contra el titular de la actividad por desarrollarse sin haberse sometido a los medios de intervención administrativa preceptivos. Igualmente con esa misma fecha, se ha procedido a acordar la suspensión del ejercicio de la referida actividad."

En vista de las decisiones municipales adoptadas tras nuestra intervención en este asunto, y sin perjuicio de la tramitación preceptiva, cabía entender aceptada la pretensión principal de la queja. Por ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja y dictamos su archivo.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de un padre, en representación de su hija, en el que exponía que con fecha 28 de julio de 2021, su hija presentó Recurso de Alzada tras la resolución dictada con fecha 15 de julio de 2021 por la cual no se le concedía el traslado del expediente al Centro Universitario de Enfermería de San Juan De Dios, sin que hasta la fecha de presentación de queja haya recibido una respuesta.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la Universidad de Sevilla respondiera expresamente al escrito de la interesada, informándonos de ello.

La Universidad nos comunicó que en diciembre de 2021 le fue notificada a la interesada la respuesta al recurso que presentó en su día, remitiéndonos copia de esta respuesta y las notificaciones recibidas.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

El Ayuntamiento de Sevilla nos informa de que se está llevando a cabo la tramitación oportuna para exigir a la empresa JCDecaux, concesionaria del servicio de alquiler de bicicletas de Sevilla (Sevici), la implementación de un sistema de alquiler alternativo a la app, que no requiera el uso de smartphones.

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz recibía diversas comunicaciones dirigidas por usuarios habituales del servicio de alquiler de bicicletas (Sevici), manifestando su disconformidad con el cambio introducido en el uso del servicio que obliga a acceder al mismo a través de una aplicación informática. Las diversas quejas recibidas fueron agrupadas en el presente expediente.

Las personas promotoras de las quejas manifestaban su total disconformidad con la decisión de la empresa JCDecaux, concesionaria del servicio de alquiler de bicicletas de Sevilla (Sevici), de suprimir la opción de acceso al servicio mediante la utilización de una tarjeta física, obligando a los usuarios a utilizar una aplicación informática que el usuario debe descargarse en el móvil y tener siempre operativa para poder hacer uso del servicio.

Consideraban los reclamantes que con este cambio se les obliga a tener siempre disponible el móvil, con una conexión habilitada a Internet, lo que les impide ejercer su derecho a desconectar del mundo digital mientras hacen uso de la bicicleta para su ocio y esparcimiento o por deporte.

Consideraban asimismo que esta limitación de acceso comporta un riesgo para el usuario ya que podría tener problemas para utilizar el servicio si en algún momento olvida el terminal móvil, el mismo se encuentra descargado o carece de conexión a Internet.

Por otro lado, entendían que esta limitación en el acceso a un servicio público deja fuera del mismo a aquellas personas que padecen una situación de exclusión del mundo digital, la denominada “brecha digital”, que afecta tanto a personas mayores, como a quienes carecen de los recursos necesarios para adquirir un smartphone o disponer de una tarifa de datos.

A este respecto, los reclamantes valoraban positivamente las ventajas que puede conllevar la utilización de una aplicación informática por los servicios adicionales que puede facilitar al usuario, no obstante, planteaban la necesidad de mantener la opción de acceso al servicio de forma manual, mediante tarjeta, de forma que el uso de una u otra forma de acceso sea opcional para el usuario.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para que nos aportase informe que permitiera el esclarecimiento de los hechos.

En el informe remitido se nos indicaban las razones por las que se decidió incorporar una aplicación informática para el acceso al servicio de bicicletas de alquiler y nos informaban de los resultados positivos de tal iniciativa, indicándonos también que se está llevando a cabo la tramitación oportuna para exigir en vía administrativa a la empresa la implementación de un sistema de alquiler alternativo a la app, que no requiera el uso de smartphones.

Desde esta Institución se trasladó al Ayuntamiento que compartimos plenamente el contenido del mismo y expresamos nuestra positiva valoración, tanto por la iniciativa emprendida para mejorar la gestión del servicio, ofreciendo nuevas utilidades a través de la app creada, como por la sensibilidad mostrada hacia las personas que han optado por mantener las vías de acceso analógico al servicio.

Entendimos que el asunto motivo de queja se encontraba en vías de ser solucionado, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

La queja fue tramitada por esta defensoría de la infancia y la adolescencia de andalucía, y defensor del pueblo andaluz, a fin de analizar la situación de los servicios de atención al alumnado con necesidades especiales en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Cádiz, respecto a la definición de las prestaciones del Profesional Técnico de Inserción Social (PTIS).

Los trámites y la investigación del caso motivaron que la Institución formulara Resolución ante la Dirección General de Planificación y Centros, señalando:

La Dirección General respondió a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, conforme señala el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando que:

“Respecto a la recomendación de esa Defensoría para evaluar la ordenación de los servicios profesionales de PTIS especializados en el Centro de Educación Infantil y Primaria, destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas, esta Dirección General informa que la asignación del personal técnico de integración social, en adelante PTIS, destinado a dar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, se efectúa por iniciativa de las diferentes Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte. La planificación se realiza anualmente siendo un momento especialmente significativo para la detección de la necesidad del recurso de PTIS el período de admisión de cada curso. Siguiendo la recomendación de esa Defensoría, en el periodo de admisión y análisis de los dictámenes de escolarización para el curso 2022/2023, se prestará una atención específica al centro educativo con objeto de procurar los apoyos y refuerzos de los recursos, en su caso, que resulten adecuados para la efectiva atención del alumnado con necesidades educativas específicas”.

Según la respuesta recibida, el Defensor debe entender la aceptación formalmente expresada por la Dirección General de Planificación y Centros sobre la Resolución a la vista de sus competencias.

De inmediato hemos de reseñar que la atención del perfil de PTIS que necesita el centro ha acreditado un apoyo y refuerzo específico que deben ser incorporados con medidas concretas que se sitúan en las previsiones del próximo curso 2022/2023.

Por tanto, sin perjuicio de la anunciada voluntad de abordar una redimensión de los recursos de PTIS para el centro, nos ratificamos en el criterio manifestado desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, de que se desplieguen medidas anticipadas, en orden a esa efectiva atención del alumnado con necesidades especiales.

En tal sentido, permanecemos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estos compromisos y persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, relativo a la falta de respuesta al recurso de reposición que la persona interesada había presentado ante el Ayuntamiento de Nerja, contra las bases de convocatoria de empleo por la que se excluía a los no empadronados en Nerja como mínimo 1 año antes de la publicación a la bases.

Recibido el informe solicitado al Ayuntamiento de Nerja, éste nos ha respondido que han anulado y dejado sin efecto este requisito para la creación de una Bolsa de Trabajo para la contratación de personal temporal.

La persona interesada nos daba traslado de la preocupación de su familia y los vecinos de su inmueble, desde la ocupación de una de las viviendas del mismo, propiedad de una entidad bancaria.

Manifestaba problemas de convivencia, debido a la supuesta venta de drogas en dicha vivienda, amenazas, daños en las zonas comunes, cuestiones que había denunciado ante la Policía y que había puesto en conocimiento del Ayuntamiento de San Fernando a través de un escrito al que no había recibido respuesta.

Admitida la queja a trámite solicitamos al citado Ayuntamiento información relativa a si se había dado respuesta al escrito presentado, las actuaciones realizadas en cuanto a la situación denunciada y las medidas que se pudieran adoptar para garantizar de una manera eficaz y eficiente la seguridad y convivencia pacífica de los vecinos en el referido inmueble, y si se había realizado alguna actuación con la entidad bancaria propietaria de la vivienda.

A la respuesta municipal se adjuntaba informe de la Policía Local en el que se manifestaba que se tenia conocimiento que la vivienda estaba ocupada desde hacía algo más de un año, recibiéndose quejas vecinales porque su morador pudiera estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes, por lo que se realizaron durante varios días servicios de vigilancia, sin observar nada de interés policial. También fueron numerosas las llamadas vecinales y la presencia de personal uniformado en la zona en varias ocasiones en relación a molestias de convivencia vecinal por parte de los ocupas.

Recientemente personal uniformado se presentó en la vivienda al existir un salidero de agua no encontrándose nadie en el interior, solicitándose presencia de bomberos para proceder a la apertura de la vivienda ante el riesgo inminente de inundación. Al acceder a su interior se observó en el sótano una plantación de marihuana indoor, dándose conocimiento al Juzgado de Guardia de todo lo acontecido.

Asimismo se indicaba que se había contactado a través de Comisaría del CNP con la entidad bancaria propietaria del inmueble para que procediera a asegurar la vivienda y se hiciera cargo de la misma, al no aparecer en el lugar sus posibles moradores actuales.

A pesar de esta información, nada se decía sobre si se había dado respuesta al escrito remitido por la persona interesada, por lo que ignorábamos si se había dado contestación al mismo. Por ello, recordando que el derecho de petición es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en el artículo 29 de la Constitución española y que la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, dispone en su artículo 11, apartado 1, que una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación, solicitamos nuevamente del Ayuntamiento que nos informara acerca de la contestación al mismo.

Junto a la respuesta del Ayuntamiento se adjuntaba la contestación que finalmente se le dio al escrito de la persona reclamante, en relación con las actuaciones policiales que se habían llevado a cabo y aquellas cuestiones sobre las que no disponían de competencias.

Con ello, entendimos que se ponía fin a la situación de falta de respuesta que motivó nuestra intervención, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El promotor de la queja nos trasladaba que en el mes de abril de 2020 le habrían realizado una ecografía en el Hospital Juan Ramón Jiménez por un ganglión en el tobillo izquierdo, cuyos resultados y valoración por la especialista aún no habían tenido lugar, al no haberle sido comunicado ni obtenido cita con esta última.

Interesados por este asunto ante el hospital, se nos comunica que aunque el interesado había sido visto en consulta en 2020, en la que se le indicó una ecografía de tobillo, le informaron que debía ponerse en contacto con el Servicio de Rehabilitación para facilitarle nueva cita de recogida de resultados, cuando tuviera asignada fecha para la realización de dicha prueba, sin que constara que hubiera efectuado la gestión.

No obstante lo anterior, indican que a la vista de la reclamación presentada, se le habría asignado cita al paciente en Consulta de Rehabilitación para el pasado marzo de 2022.

A la vista de la información recibida, entendemos que el asunto planteado en la presente queja ha quedado solucionado.

El Ayuntamiento de Peligros retira unos bancos en el acerado que impedían el tránsito por incumplirse el mínimo de anchura exigido en la normativa de accesibilidad, y solucionando con ello, indirectamente, la problemática de ruidos por utilización de esos bancos en horario de descanso con comportamientos incívicos.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino del municipio de Peligros en el que exponía, en esencia, que llevaba desde el año 2015 denunciando en el Ayuntamiento la problemática que le generaban unos bancos y una fuente situados en el acerado frente a su domicilio, "perjudicando nuestra tranquilidad y salud", debido a que "los jóvenes que bajan del cerro después del botellón, pasan a beber agua y de camino ya se quedan en los bancos dando voces; y cuando no son ellos los que se paran son los coches con la música a todo volumen, y así toda la noche, porque los bancos y la fuente se han vuelto parada obligatoria".

Aseguraba que no podía abrir las ventanas porque el ruido era insoportable, que habían tenido discusiones con vecinos por las voces que daban y el poco respeto que en su opinión mostraban hacia el descanso de los demás, hasta el extremo de que "hay vecinos que cenan en los bancos justificando que ellos pueden estar ahí hasta la hora de la noche que quieran, lo cual nos marca la hora de dormir y muchas veces hasta la hora de desperar porque están desde la mañana cogiendo cubos de agua y sino de una furgoneta cargan una gran cantidad de garrafas por la mañana".

Adjuntaba copia de los escritos presentados en el Ayuntamiento en diciembre de 2017, enero de 2018 y el último presentado en el mes de julio del año 2020, en los que exponía con detalle la grave problemática que venía sufriendo, por ruidos y otras incidencias generados por la ubicación de la fuente y los bancos. A ninguno de estos escritos había tenido respuesta.

Según pudimos comprobar, la disposición de estos bancos en el lugar donde se encontraban, no sólo podían dar lugar a la generación de esos ruidos, derivados de usos incívicos o en horas (protegidas a efectos de ruidos, o de descanso) en que no deberían utilizarse ni los bancos ni la fuente, fundamentalmente por la cercanía a la vivienda; es que además, parecía que impedían el normal tránsito por el acerado, pudiéndose incumplir la normativa de accesibilidad del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

El artículo 48 de este Decreto establece en su apartado 1 que cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios libres de uso público, «se dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad»; mientras que el artículo 56 a) señala que los bancos «Se situarán en lugares resguardados del flujo de circulación peatonal, a lo largo de paseos y sendas y lo más cerca posible a los accesos y zonas de recreo».

Entendíamos que convendría además esclarecer si el acerado, con esos bancos, respetaba la anchura mínima prevista en el referido Decreto 293/2009, pues no parecía que con estos elementos se permitiera el tránsito y la accesibilidad a personas con movilidad reducida o discapacidad, puesto que además de los tres bancos, parece que había una farola y tres árboles con sus correspondientes alcorques. Habría que determinar si por delante o por detrás de los bancos se podía transitar con el mínimo de anchura establecido en la normativa, y en este sentido, el artículo 15 del Decreto señala [apartado a), primer párrafo) que:

«Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública se diseñaran de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, a cuyos efectos cumplirán las siguientes condiciones:

a) El ancho mínimo libre de obstáculos será de 1,50 metros de manera que se garantice el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. En el caso de que en viales existentes no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos».

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Peligros para interesar la emisión de informe técnico por el arquitecto municipal en el que se pronunciase sobre si el tramo de acerado donde se encuentran los tres bancos objeto de queja, cumplía o no la normativa de accesibilidad y tránsito libre del citado Decreto 293/2009.

Asimismo, pedíamos que, de llegarse a la conclusión de que ese tramo, por esos tres bancos -en relación con la farola y los tres árboles y sus alcorques- no cumplían el Decreto, se adoptasen las medidas oportunas y se procediera a la retirada de los bancos.

Por otra parte, para el caso de que se cumpliera el Decreto 293/2009, interesábamos que se nos informase de qué medidas se tenía previsto adoptar habida cuenta la problemática que venía denunciando el afectado, de ruidos e incidencias por meras cuestiones de civismo, que como se decía en los escritos, estaban provocadas por la ubicación de los bancos. Rogábamos en todo caso se valorase la procedencia de atender la petición de eliminarlos de ese lugar y reubicarlos en otro sitio donde no produzcan esta problemática.

En respuesta a nuestra solicitud de colaboración recibimos informe en el que se pronunciaba el arquitecto técnico municipal de manera muy clara (las mayúsculas, negritas y subrayados, son del propio informe):

"Realizadas las comprobaciones oportunas y medidas las distancias de paso, resulta que NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LOS ITINERARIOS ACCESIBLES, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, ya que existen elementos que no garantizan un paso mínimo de 0,90 m. en los estrechamientos.

Asimismo, los alcorques no están enrasados con el pavimento circundante, incumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 33 del referido decreto.

En base a lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que se trata de viales existentes, para cumplir las condiciones mínimas de Accesibilidad en los Espacios y elementos de uso público reguladas en el Capítulo I del Título I "Accesibilidad en las Infraestructuras y el Urbanismo" establecidas en el Decreto 293/2009 se deberán realizar las siguientes actuaciones mínimas:

• Retirada de los bancos de su ubicación actual y, en su caso, recolocación en zonas que cumplan los requisitos reseñados en el presente informe.

• Enrasado de los alcorques de árboles con el pavimento circundante, bien mediante relleno con mortero poroso, bien con rejilla de trámex que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, siendo la anchura máxima de los huecos del enrejado de 2 cm en ambos sentidos".

Pues bien, pese a la contundencia con la que se pronunciaba el arquitecto técnico municipal en su informe, no se nos decía si se iban a retirar los bancos y a enrasar los alcorques, únicas opciones que cabían para que se cumpla la normativa del Decreto 293/2009.

Es por ello que volvimos a solicitar la colaboración del Ayuntamiento para que, si aún no se había procedido a ello, se diesen las instrucciones oportunas para que se ejecutasen las actuaciones mínimas propuestas por el arquitecto técnico municipal respecto de los bancos objeto de queja, y los alcorques de los árboles.

En respuesta a esta solicitud el Ayuntamiento de Peligros nos informó que: "por parte de los servicios municipales se ha llevado a cabo los trabajos, de retirada de mobiliario bancos y eliminación de posibles barreras arquitectónicas. Y así eliminar posibles molestias de contaminación acústica".

Esta misma información fue confirmada por el promotor de la queja, por lo que el problema objeto en cuestión se había solucionado y procedimos al archivo del expediente.