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El objetivo del informe ha sido conocer el funcionamiento de estos recursos y proponer recomendaciones que mejoren su trabajo de reeducación y reinserción social a favor de los chicos y chicas que han cometido un acto delictivo grave y se encuentran internados por decisión judicial. El resultado de la investigación concluye con una valoración positiva general de la atención que reciben estos menores infractores, aunque apunta una serie de recomendaciones para ir resolviendo las deficiencias detectadas. Entre ellas
a) Aprobar un Plan de Justicia juvenil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Elaborar una norma reglamentaria sobre organización, funcionamiento y características de los centros de internamiento.
c) Suscribir un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para optimizar la atención a menores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento.
d) Las Administraciones educativa, social, sanitaria, y Administración local, de forma conjunta y coordinada, deben incrementar la labor preventiva para atajar el problema de la delincuencia juvenil.
e) Evaluar la demanda de plazas en centros de internamiento en Andalucía, estableciendo un Plan de actuación de distribución y reorganización. Crear un centro en Huelva.
f) Retirar las concertinas existentes sobre el vallado exterior de algunos de estos recursos.
g) Reforzar la divulgación y conocimiento a la sociedad sobre los centros de internamiento para menores infractores.
h) Promover convenios de colaboración con los 8 Colegios de Abogados de Andalucía para facilitar la comunicacion de los letrados con sus defendidos.
i) Establecer una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado del domicilio familiar.
j) Puesta en funcionamiento programas específicos de integración del menor a la finalización de la medida de internamiento, especialmente dirigidos a menores que a la conclusión de la medida no pueden retornar al ámbito familiar o al sistema de protección.
k) Promover encuentros formativos y de intercambio de buenas prácticas y experiencias, de forma conjunta, entre todos los profesionales que trabajan con menores infractores (Jueces de Menores, Fiscales de Menores y profesionales de los Equipos Técnicos, profesionales de los centros de internamiento y letrados defensores).
El Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado que emprenderá una mediación entre la administración local, autonómica y la Iglesia para buscar puntos de consenso y elementos comunes con respecto la modelo de gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que "garantice el derecho de los ciudadanos a disfrutar del bien cultural de la Mezquita en consonancia con la historia para respetarla y asumirla".
En un encuentro con la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de tod@s, celebrado el pasado 11 de diciembre, el Defensor Andaluz ha traslado al colectivo su intención de estudiar un modelo de gestión más eficaz para la puesta en valor de este monumento patrimonio cultural y andaluz.
Por su parte, la Plataforma, que ya presentó queja ante la Institución, le ha entregado al Defensor un informe con todas las iniciativas ciudadanas ante las instituciones competentes. Una demanda ciudadana que suma más de 386.000 firmas.
- Fecha de presentación del informe: 12/2014
Se presenta en el Parlamento de Andalucía el 16-12-2014
Mapa de los centros de internamiento de menores de Andalucía
Este estudio se ha realizado por el Defensor del Menor para dar a conocer la investigación sobre la atención que reciben los menores privados de libertad en los 15 centros de internamiento con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El trabajo ofrece, desde la vertiente de una Institución garante de derechos, una visión global de estos recursos, de sus estructuras, relaciones, organización, pero sobre todo del trabajo que desarrollan para la reeducación y reinserción social de los menores y jóvenes que han cometido algún delito.
Para tales fines contiene el documento una serie de conclusiones, valoraciones y propuestas que puedan contribuir a mejorar el Sistema de justicia juvenil en Andalucía, y como no, a incrementar la implicación de la sociedad con quienes en su juventud han cometido actos delictivos y hacia quienes padecen las consecuencias de éstos.
17/12/2014 | 11.30 h: Entrega Premios CEPSA al Valor Social. En Federación de Empresarios de Huelva
El Defensor del Puebo Andaluz interviene este miércoles en la entrega de premios Cepsa al Valor Social. El acto tendrá lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), avenida de la Ría 3, de Huelva
16/12/2014 | 12.30 h: Entrega Informe Especial sobre Centros de Menores en Andalucía. Sede Parlamento
El Defensor del Menor de Andalucía entrega este martes, 16 de diciembre, el Informe Especial "La Atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía"
El Defensor del Pueblo Andaluz organiza este jueves, 18 de diciembre, una jornada de reflexión, estudio y propuestas sobre un modelo de garantía de ingreso mínimo, que facilite la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes, para que los derechos sociales puedan ser ejercidos de forma efectiva.
El responsable de los Servicios Sociales de San Juan de Dios y superior del Hospital del Aljarafe, José Miguel Valdés O.H., ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, para presentarle las preocupaciones e inquietudes que la Orden Hospitalaria mantiene en estos momentos acerca de la situación de pobreza que afecta a tantas familias.
José Miguel Valdés O.H. ha planteado la necesidad de trabajar en red coordinando todos los recursos a través de una ‘puerta única’, pues los recursos son limitados y, de esa manera, se ayudaría más y mejor. El representante de la Orden ha expuesto ante Jesús Maeztu el modelo de atención que vertebra todas y cada una de las áreas de intervención de la Orden Hospitalaria, “una asistencia integral basada en el carácter universal del respeto a la dignidad humana, que se hace explícito en tanto que todos los seres humanos somos iguales y merecemos igual consideración”, ha explicado.
“Entendemos que la pobreza debe empezar a ser medida más que por el nivel de ingresos que recibe el individuo, por lo que éste es capaz de hacer con estos ingresos. Entendemos por marginación el aislamiento y separación de una persona de su medio social. Entendemos la exclusión social como un proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”, ha afirmado Valdés como punto de partida para sentar las bases de la asistencia. Las dos instituciones se han acercado en el planteamiento, pues se trata de la situación de un gran número de familias que, lejos de disminuir, continúa creciendo, como se desprende de los datos recogidos en el Comedor Social de la Orden Hospitalaria en Sevilla.
Para ello, el responsable de los Servicios Sociales de la Orden Hospitalaria ha instado al Defensor a plantear, desde la municipalidad, un órgano que gestione la entrada y derivación de estas personas para diseñar un programa de intervención integral.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 14/4554 dirigida a Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Consejería de Hacienda y Administración Pública
En esta Defensoría hemos venido realizando numerosas y diversas actuaciones, en relación con las dificultades sobrevenidas en el Sistema de la Dependencia, tras las mermas presupuestarias de la financiación destinada a sufragar su sostenimiento.
Además de la tramitación de las quejas individuales de los afectados, hemos iniciado actuaciones aglutinadoras de pretensiones análogas, con objeto de poder dar a los afectados una respuesta de conjunto en cuanto al plan previsto por la Administración para dar solución paulatina a los problemas generados.
Entre estas actuaciones, una parte importante de nuestros esfuerzos y dedicación, -a demanda insoslayable de los ciudadanos-, se centró en arrancar de la ASSDA un compromiso que garantizara el pago de la deuda generada por retroactividad de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, reconocidas a los dependientes.
Inicialmente, la Administración nos expresó su voluntad de priorizar necesidades ordinarias más perentorias, constituidas por el abono mensual de las referidas prestaciones económicas, relegando el pago de las anualidades en que se fraccionaron sus atrasos.
Más tarde, sin embargo, la posibilidad de acogerse al fondo especial de financiación acordado por el Gobierno Central, posibilitó la liquidación de la deuda del año 2012 y, unos meses más tarde, la Agencia nos manifestó su compromiso de saldar el pago de 2013 durante el primer semestre de 2014, cumpliendo efectivamente dicha garantía.
No obstante, alcanzados los logros anteriores, hemos de seguir avanzando en nuestra contribución a la normalización del Sistema de la Dependencia, en el sentido de impulsar la completa preservación de los derechos de sus beneficiarios. Y, desde esta intención ínsita a la función competencial encomendada a esta Defensoría, consideramos que en este momento es posible avanzar un paso más, para ocuparnos de la previsión de la Administración en cuanto al pago de la única anualidad vencida que existe actualmente, la de marzo de 2014, así como interesarnos por la respuesta que vaya a darse a la demanda de aquellos andaluces que se encuentran en otro de los grupos afectados por el impago de la deuda generada por retroactividad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que son los herederos de dependientes beneficiarios de la prestación, fallecidos sin que las anualidades en que se fraccionó la deuda les hubiesen sido satisfechas.
En relación con este último colectivo, la Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por la que se modifica la de 3 de agosto de 2007, que establece la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía, prevé que en estos casos, el procedimiento de abono se tramita, previa solicitud de la comunidad hereditaria y se abona en pago único (ya no fraccionado en las anualidades establecidas).
En los diversos informes solicitados a la Administración en esta materia, la ASSDA ha aludido a lo dispuesto en la Orden referida, a la cumplimentación del trámite de solicitud por los herederos, adjuntando la documentación pertinente y ha concluido en que el expediente de devengos no percibidos correspondiente, se encuentra en fase de tramitación, pendiente de resolución de pago.
Asimismo, aunque en los últimos informes se alude a la confianza en que los expedientes de este tipo queden resueltos a la mayor brevedad posible, lo cierto es que, por el momento, no tenemos constancia de que ninguno de los que conocemos a través de las quejas que tramitamos, haya quedado concluso.
Esto es lo que justifica que hayamos acordado proceder a interesar a la Administración Autonómica, un pronunciamiento sobre la cuestión que nos ocupa, que incluya tanto la determinación del número de expedientes en esta situación, como la previsión de resolución.
06/04/2015
Nos dirigimos a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía quien en su informe determinaba el plan de actuación respecto de las materias objeto de investigación en la presente queja. Específicamente, el informe se refería, en primer lugar, al abono de 2014 y de 2015 de los pagos fraccionados por retroactividad de la PECEF, disponiendo lo siguiente:
La anualidad de 2014, ya vencida, se abonaría en el mes de marzo de 2015, aún cuando era posible que se prolongase la actualización de la deuda hasta el mes de abril.
Respecto del pago fraccionado con vencimiento en el mes de marzo de 2015, se fijaría un calendario de pago para su liquidación, que permitiera abonar la deuda en prorratas mensuales durante el año 2015.
Por otra parte, en cuanto a la deuda a favor de los herederos de los dependientes fallecidos, la Administración alegaba estar realizando los trámites que permitieran la cuantificación total de la deuda, cumplimiento de los requisitos y constancia de documentación requerida completada, manifestando el propósito de proceder a su liquidación íntegra durante el año 2015. En todo caso, se avanzaba que existiría un primer abono por este concepto en la nómina ordinaria del mes de marzo.
En conclusión, el propósito era cumplir la deuda total procedente de ambos conceptos entre marzo y diciembre de 2015.
Por lo anterior, se acordó dar por finalizadas las actuaciones.
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