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Ante la denuncia de que una plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad es utilizada de forma indebida, hemos recordado al Ayuntamiento de Conil de la Frontera la normativa sobre la materia, recomendándole que dicte las instrucciones oportunas para que la Policía Local, respecto de las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad, se abstenga de utilizar criterios no ajustados a derecho y, en consecuencia, atienda al cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la vigilancia y control del tráfico y seguridad vial, con la finalidad de facilitar la circulación, la autonomía personal y la integración social y profesional de las personas con movilidad reducida.

ANTECEDENTES

1.- El objeto de la tramitación de esta queja radicaba en que el interesado nos exponía que había dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) denunciando la ocupación irregular de una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, situada frente a una farmacia, y que tales escritos no había obtenido respuesta alguna. Por ello, interesábamos a esa Corporación Municipal la emisión de la respuesta que estimara adecuada ante tales denuncias.

2.- Pues bien, el Ayuntamiento nos informó que se había procedido a notificar al reclamante respuesta a las quejas que había formulado, pero no se nos daba cuenta de su contenido.

3.- Por ello, dimos traslado al interesado del escrito para que pudiera remitirnos las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes acerca de la respuesta facilitada por el Ayuntamiento, señalando si nos solicita nuevas gestiones en torno a este asunto.

4.- El interesado, adjuntando copia de la respuesta que le había facilitado la Policía Local, nos contestó señalando que se encontraba disconforme con la misma, toda vez que, siempre según sus palabras, cada día hay más de 50 coches que aparcan en dicha plaza reservada sin tener derecho a ello, incluso en doble fila. Añade que además lo hacen cuando hay otras plazas libres donde aparcar a menos de 15 metros, con lo que considera que la plaza reservada es totalmente inútil al no poder usarla las personas con movilidad reducida. Finalizaba señalando que nunca ha visto que se sancione el aparcamiento irregular de personas no autorizadas por ocupación de la plaza reservada.

5.- En la respuesta de la Policía Local al interesado en Abril de 2014, tras exponer las razones de la implantación de dicha plaza reservada para personas con movilidad reducida, se hacen textualmente las siguientes afirmaciones:

“Con respecto al número de vehículos que se detienen en la plaza de minusválido para adquirir medicamentos en la farmacia es evidente que lo hacen por que esta vacía no causando perjuicio a los posibles usuarios con movilidad reducida ni causando perjuicios a la circulación general evitando un posible estacionamiento en doble fila que sí afectaría a la circulación.

Es por lo que entiendo que sin orden alguna los criterios de actuación de esta Policía son correctos, al permitir dicho uso máxime cuando se trata de un establecimiento sanitario. Amparándose en criterios de proporcionalidad y de acuerdo con el artículo 54 de la ley de seguridad vial.”

A la vista de estas apreciaciones de la Policía Local que no podemos compartir en modo alguno, queremos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El artículo 39 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dispone que queda prohibido parar o estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. Se trata de un precepto legal que establece una prohibición clara y precisa, por lo que no entendemos cual es el criterio de proporcionalidad que se aplica para dejar sin efecto tal prohibición. El artículo 74 del mismo texto legal ordena que los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.

Segunda.- La afirmación que se hace en el sentido de que el elevado número de vehículos que se detienen lo hacen porque la plaza reservada está vacía no se sostiene, porque en tal caso la ocupación de cualquiera de las plazas reservadas existentes en el municipio podría justificarse en el hecho de que, en el momento de su ocupación por persona no autorizada, se encontraba vacía, interpretación insostenible y que choca frontalmente con el precepto legal antes citado. En realidad lo que pretende la norma es que la plaza permanezca “vacía” para que pueda ocuparla una persona discapacitada si tiene derecho a ello.

Tercera.- Afirmar que, en tales casos, no se originan perjuicios a terceros tampoco resulta admisible pues si una persona con movilidad reducida desea ocupar la plaza y, en tal momento, la encuentra ocupada, se verá privada de su derecho.

Cuarta.- El establecimiento de estas plazas tiene la finalidad de facilitar la circulación, la autonomía personal y la integración social y profesional de las personas con movilidad reducida, disponiendo el artículo 126.2 del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía que los Ayuntamientos velarán para que se respeten las reservas de aparcamientos de uso público adoptando, para ello, las medidas sancionadoras que procedan. De todo ello se infiere que los criterios de actuación de la Policía Local de ese municipio con respecto a la plaza en cuestión asimismo resultan totalmente incorrectos, por vulnerar el precepto citado.

Quinta.- El artículo 9 de la Constitución Española establece que los poderes públicos, como los ciudadanos, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, garantizando entre otros los principios de legalidad, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 3 del Título Preliminar del Código Civil señala que las normas se interpretarán, entre otros criterios, según el sentido propio de sus palabras, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, de lo que se desprende que, cuando como en este caso, los preceptos son claros y terminantes, huelga todo comentario e interpretación.

Por todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1 de la Ley 971983, de 1 de Diciembre. del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar lo dispuesto en los artículos 9 de la Constitución Española; 3 del Título Preliminar del Código Civil; 39 y 74 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 126.2 del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

RECOMENDACIÓN de que, por parte de esa Alcaldía, se dicten instrucciones precisas a la Policía Local para que, con respecto a la plaza reservada para personas con movilidad reducida objeto de este expediente de queja o cualquiera otra de ese municipio, se abstenga de utilizar criterios no ajustados a derecho y, en consecuencia, atienda al cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la vigilancia y control del tráfico y la seguridad vial, con la finalidad de facilitar la circulación, la autonomía personal y la integración social y profesional de las personas con movilidad reducida.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuesta de la Dirección General de Infraestructuras a una petición de informe, ha recordado el deber de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, así como de diversos preceptos de la Ley de Carreteras de Andalucía que regulan la protección y uso del dominio público viario a fin de garantizar la seguridad de personas y bienes en la finca a la que se refiere la queja, recomendando, además, que se adopten las medidas de protección necesarias de la misma o, en caso contrario, se expongan las razones por las que ello no se estime procedente.

ANTECEDENTES

En esta Institución se tramita expediente de queja que se admitió a trámite ante la inquietud del afectado por el impago de la indemnización debida tras la expropiación parcial de una finca de su propiedad y ante la afección de seguridad que, tras la obra realizada en la carretera, se había originado en el resto de la finca no expropiada.

Tras nuestra petición de informe inicial en este expediente de queja, recibimos comunicación de la Dirección General de Infraestructuras aclarando que la indemnización ya había sido efectuada y que el reclamante debía efectuar el cerramiento de su finca con cargo a la misma. El caso es que el interesado nos trasladó alegaciones al respecto que, con fecha 10 de Septiembre de 2013, planteamos al citado Centro Directivo solicitando su posicionamiento al respecto. En ellas, señalaba que, aunque se le había reconocido el derecho a dicha indemnización, aún no la había percibido (posteriormente nos comunicó que ya la había recibido), añadiendo que la situación en que se había dejado a su finca tras las obras realizadas, exigía otras medidas de protección que debería asumir la Administración Autonómica. Medidas independientes del muro a construir por el afectado con la indemnización recibida, como las que vienen planteadas en el informe del Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén) o cualesquiera otras que la Dirección General estimara idóneas a los efectos de garantizar la seguridad de personas y bienes en la finca a la que se refiere la queja.

Este escrito no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas 15 de Octubre y 15 de Noviembre de 203. Como quiera que persistía la falta de respuesta de esa Dirección General, con fecha 19 de Febrero de 2014, personal de esta Institución mantuvo contacto telefónico con la Secretaria de la Dirección General que nos indicó que haría gestiones ante el Servicio correspondiente para que se nos remitiera respuesta a la mayor brevedad posible. Pero lo cierto es que, a pesar del plazo de tiempo transcurrido, no nos ha llegado la misma, privándonos de conocer si finalmente se han adoptado otras medidas de protección de la finca del reclamante o las razones por las que ello no se haya estimado procedente.

CONSIDERACIONES

Ello nos lleva a la conclusión de que esa Dirección General de Infraestructuras, debido a su silencio, ha podido incurrir en el incumplimiento de diversos deberes exigidos por la normativa de carreteras y de procedimiento administrativo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente 

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2: del artículo 42, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3: del deber legal de observar el capítulo I del Título III de la Ley de 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, que regula la protección y el uso del dominio público viario, adoptando las medidas planteadas en el informe del Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Los Villares o cualesquiera otras que esa Dirección General estime idóneas a los efectos de garantizar la seguridad de personas y bienes en la finca a la que se refiere la queja.

RECOMENDACIÓN de que, en cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, se adopten las nuevas medidas de protección de la finca del reclamante solicitadas por el mismo o, en caso contrario, se expongan las razones por las que ello no se estime procedente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Área de Salud Mental del Hospital “Virgen del Rocío” se estime la solicitud del interesado en el ejercicio del derecho a la libre elección de especialista en nombre de su hermano, y se acepte su opción para que sea atendido por alguno de los profesionales de la unidad de salud mental comunitaria de Mairena del Aljarafe.

ANTECEDENTES

Señalaba la parte promotora de la queja que tiene la condición de representante legal de su hermano, de 46 años, afectado de enfermedad mental, con un grado de discapacidad reconocido del 72%, el cual tenía asignado para su atención un profesional psiquiatra del equipo de salud mental comunitaria de Camas, a resultas de figurar su domicilio en la localidad de Gines.

Entendía sin embargo el interesado que resultaba más cercano el centro de salud ubicado en Mairena de Aljarafe, y teniendo en cuenta además la escasez de recursos económicos para hacer frente a los desplazamientos (refiere que subsisten en este momento con una pensión de orfandad y una prestación familiar que percibe para su cuidado), solicitó simultáneamente el cambio de médico de familia, y de psiquiatra, ejerciendo en ambos casos los derechos que la normativa vigente otorga para la libre elección de médico general y pediatra, y para la de especialista y hospital, con el fin de que el paciente fuera atendido en ambas modalidades en el centro de salud de Mairena del Aljarafe, cuyo edificio también acoge la unidad de salud mental comunitaria de esta zona.

Su petición no obstante fue desestimada con fundamento en unas Instrucciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS que datan de 2005, de acuerdo a las cuales la apertura de las agendas de los equipos de salud mental para las primeras consultas procedentes de atención primaria, se circunscribiría a los centros de salud de sus zonas básicas de referencia. A pesar de tener constancia de la solicitud de cambio de médico de atención primaria y aún reconociendo la misma, la Coordinación de la unidad de salud mental comunitaria de Mairena del Aljarafe apuntaba en la respuesta ofrecida al interesado que “la libre elección de especialista ha de tener en cuenta la necesidad de preservar la continuidad de cuidados, la rehabilitación y la adherencia al tratamiento de los enfermos mentales, con la finalidad de garantizarles la posibilidad de utilización de los recursos comunitarios más próximos a su domicilio”. De ahí que invocando la garantía de una mayor calidad asistencial, se le ofertara la posibilidad de elegir exclusivamente entre los profesionales de la unidad de salud mental que corresponde al paciente por razón de su domicilio de referencia, que es la de Camas.

El informe emitido desde la unidad de salud mental comunitaria de Mairena del Aljarafe a la Coordinación del Área de Salud Mental Virgen del Rocío, para trasladarlo a esta Institución, insiste en que las razones que sustentan la no aceptación de su solicitud, entroncan con la necesidad de asegurar al paciente la mejor asistencia, y abunda en la imposibilidad de otra manera, de garantizarle un tratamiento multidisciplinar, acorde al diagnóstico de trastorno mental grave que padece, el cual incluye intervenciones en la comunidad que implican el desplazamiento al domicilio del usuario, para lo cual se ha establecido una sectorización de la asistencia.

CONSIDERACIONES

En definitiva nos encontramos con que el interesado en nombre de su hermano ha elegido médico de atención primaria en el centro de salud de Mairena del Aljarafe, accediéndose a su petición, que le ha llevado a ser asistido por un facultativo con cuya actuación se encuentra absolutamente satisfecho, no en vano considera que ha resuelto adecuadamente algunas complicaciones que se han presentado en el estado de salud de aquel.

La opción ejercida sin embargo a favor de un psiquiatra perteneciente a la unidad de salud mental comunitaria que se ubica en el mismo edificio, no ha sido acogida, porque la postura administrativa circunscribe el derecho a los profesionales que se integran en la unidad de salud mental comunitaria que corresponde al paciente en razón de la división territorial realizada de forma interna atendiendo al domicilio.

Se trata por tanto de evaluar la adecuación a derecho de la actuación administrativa denunciada, para dilucidar si con la misma se ha producido una vulneración de uno de los derechos que se reconocen a los usuarios de los servicios sanitarios públicos.

Ya en la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, se estableció el derecho a elegir médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en dicha Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo (art. 10.13).

De acuerdo a lo anterior, en nuestro ámbito autonómico se dictó el Decreto 257/1994, de 6 de septiembre, por el que se regulaba la libre elección de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tras su anulación por sentencia judicial por motivos formales fue sustituido por el actual Decreto 60/1999, de 8 de marzo, con la misma denominación. Así también se elaboró el Decreto 128/19997, de 6 de mayo, que regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Muy poco después la Ley 1/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, recoge en el elenco de derechos que ostentan los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, el relativo a la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario, en los términos que reglamentariamente estén establecidos, y en el mismo sentido se expresa el art. 22 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Pues bien los términos reglamentarios que han desarrollado el ejercicio de ambos derechos difieren en algunos aspectos sustanciales que resulta interesante destacar a los efectos que debatimos.

Así, mientras que la libre elección de médico general y pediatra se circunscribe a un ámbito geográfico determinado (el del distrito de atención primaria, o el del término municipal cuando abarque más de un distrito), la regulación que contempla la libre elección de especialista no aparece constreñida desde el punto de vista territorial. Además en algunos casos es posible que el médico de primaria por el que se opte se oponga a la solicitud, ante lo cual se prevé que el Director del Distrito resuelva razonadamente, y que se niegue la petición por razones de exceso de cupo del mismo, limitaciones que por el contrario no están previstas cuando se trata de elegir especialista.

El art. 3 del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, al que antes hacíamos referencia, solamente determina que la elección se realice individualmente a través del médico de atención primaria, señalando que a estos efectos el centro dispondrá de la información suficiente para que los usuarios puedan ejercitar el derecho.

No pensamos que la referencia a “los facultativos que puedan ser objeto de elección”, como uno de los objetos de la información a proporcionar por aquel, pueda legitimar que se introduzca una limitación como la que estamos considerando, puesto que esta previsión, a la que se unen también las relativas a “los lugares y horarios de consulta, y los tiempos de espera”, lo único que busca es facilitar al usuario la decisión sobre su elección y el ejercicio de la misma.

Vaya por delante que desde esta Institución podemos comprender que existan razones organizativas que tiendan a direccionar los flujos de pacientes hacia los profesionales que presten servicios en los centros de referencia, pero ello no puede impedir que se ejercite el derecho para un especialista que no se integre en los mismos.

En resumidas cuentas, que si la norma no establece límites, la Administración Sanitaria no puede fijar los mismos por medio de instrumentos de rango jerárquico inferior, e incluso ausentes de valor normativo, como pueden ser unas meras Instrucciones internas, cuyo alcance no puede ir más allá de lo estrictamente organizativo.

Ciertamente que la organización de la atención a la salud mental en el nivel especializado de la asistencia puede considerarse peculiar, y ajena al esquema que con carácter general rige para el resto de la especialidades. Y es que normalmente, en tanto que el nivel básico que garantiza la continuidad de la asistencia, la atención primaria de la salud se dispensa desde dispositivos numerosos y próximos a los usuarios (centros de salud y consultorios), mientras que la atención especializada, una vez superadas las posibilidades de actuación de la atención primaria, se ofrece desde otros recursos de referencia, los centros de atención especializada y los hospitales.

Las unidades de salud mental comunitaria se configuran como recursos para proporcionar atención especializada de primer nivel en el ámbito de la salud mental, pero sus profesionales no se integran como unos más dentro de los centros de atención especializada, sino que habitualmente dichas unidades tienen un ámbito de cobertura inferior al de estos últimos, y una ubicación cercana, si no coincidente, con los propios centros de salud, en la medida en que en relación con muchos pacientes no están llamadas a prestar una atención esporádica, sino más bien continuada en el tiempo, por razón de la cronicidad de sus padecimientos.

El enfoque comunitario en la atención de los problemas de salud mental es otra de las causas que justifican el modelo organizativo que venimos comentando, de forma que las intervenciones que el mismo implica son las que al parecer impiden atender la solicitud del interesado, puesto que los profesionales de una unidad de salud mental comunitaria no pueden desplazarse al domicilio de los pacientes que no se incluyan en su área de referencia, privándole en estos casos de un tratamiento multidisciplinar ajustado al proceso asistencial integrado de Trastorno Mental Grave, reduciéndose en este caso la atención a la revisión del tratamiento farmacológico.

A la vista de esta justificación tenemos necesariamente que traer a colación las alegaciones realizadas por el interesado, las cuales señalan una ausencia absoluta de intervenciones domiciliarias en relación con la enfermedad de su hermano, a salvo exclusivamente de los desplazamientos realizados por los profesionales de trabajo social. En concreto señala que en diez años de tratamiento, no ha existido ningún desplazamiento al domicilio por parte del personal sanitario, más que en los supuestos de crisis, en los que la atención no ha venido de la mano de la unidad de salud mental comunitaria correspondiente, sino de los servicios sanitarios de urgencia. Es más el interesado señala que la asistencia a su hermano ha estado siempre huérfana de derivaciones a otro tipo de dispositivos (URA, talleres ocupacionales, unidad de día,...) por más que lo ha solicitado, y que lamentablemente las intervenciones practicadas con el paciente han estado siempre limitadas a las revisiones periódicas para el ajuste de la medicación.

Teniendo en cuenta esta inconstatable realidad, podríamos pensar en alguna manera de solventar la problemática que se suscita en relación con las actividades que implican desplazamiento al domicilio, en los casos en los que un usuario opta por un especialista de un equipo de salud mental comunitaria que no le pertenece por razón de cobertura geográfica.

Y es que dicha problemática no difiere de la que se plantea con las actividades de base comunitaria, entre las que sustancialmente se incluyen las que implican desplazamiento al domicilio, cuando se ejercita la libre elección en relación con un facultativo de atención primaria que no pertenece al equipo básico de adscripción del peticionario. En estos casos la Orden de 9.6.1999 por la que se regula el procedimiento de libre elección y se establecen las normas de asignación de médico general y pediatra, sienta con claridad que una vez asignado el nuevo facultativo, el usuario queda adscrito al centro de atención primaria para el que aquel preste sus servicios para todas las actividades de base organizativa individual, pero en cambio las que tienen una base organizativa territorial o comunitaria se sigue prestando por cada centro a la totalidad de la población que resida en el territorio de su zona básica de salud.

Pensamos por eso que este diseño de actuación podría aplicarse en los supuestos que estamos considerando, pues aunque el paciente haya elegido psiquiatra en otra área, para los casos puntuales de actuación en el domicilio podrían arbitrarse la intervención desde la unidad de salud mental comunitaria de referencia, teniendo en cuenta además que el proceso asistencial integrado de Trastorno Mental Grave contempla diferentes mecanismos de coordinación en el marco del programa individualizado de tratamiento (PIT) de cada paciente (facultativo responsable), previéndose en desarrollo de la misma la función de interlocución con los distintos dispositivos y/o profesionales.

Como resultado de todo lo expuesto podemos concluir que en el marco jurídico actual del derecho a la libre elección de especialista, (quizás exento de un mayor desarrollo que a nuestro modo de ver hubiera sido deseable), no se contemplan limitaciones para el ejercicio de la opción vinculadas a aspectos territoriales, por lo que no cabe introducirlas de hecho. A lo anterior se une que las posibles complicaciones que pudieran surgir en los casos de elección entre profesionales de un equipo de salud mental comunitaria distinto al del área de referencia del paciente, para el desarrollo de actuaciones en el domicilio, pueden solventarse por medio de un ejercicio oportuno de coordinación.

Como corolario final no está de más llamar la atención sobre la suma importancia que en el ámbito de la salud mental cobra la relación médico-paciente, y la necesaria confianza que debe presidir la misma, por lo que estimamos que quizás es el espacio en el que la posibilidad de elección debe gozar de mayor flexibilidad, y en este sentido desde esta Institución hemos podido apreciar cambios de profesionales pertenecientes a unidades de salud mental comunitaria diversas, que no han padecido las objeciones que están condicionando en este caso el deseo del interesado.

Por todo lo señalado, y ateniéndonos a la posibilidad que a esta Institución confiere el art. 29.1 de su Ley reguladora (Ley 9/83, de 1 de diciembre), hemos decidido formular a esa Coordinación de área de salud mental la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES, por entender vulnerados los siguientes preceptos:

*art. 22 .2 c) de la Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

*art. 10.13 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.

*art. 6.1 l) de la Ley 2/ 1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

*art. 1 del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la Libre elección de médico especialista y de hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

RECOMENDACIÓN: Que se estime la solicitud del interesado en el ejercicio del derecho a la libre elección de especialista en nombre de su hermano, y se acepte su opción para que sea atendido por alguno de los profesionales de la unidad de salud mental comunitaria de Mairena del Aljarafe.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras resoluciones, ha recomendado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que, en cumplimiento de la normativa que le recordábamos, continúe las actuaciones precisas para adoptar la resolución que proceda en el expediente incoado por incumplimiento de los deberes legales de ejecución del planeamiento iniciado contra la promotora de una urbanización.

ANTECEDENTES

Acudió a esta Institución el presidente de la comunidad de propietarios de un inmueble sito en la localidad almeriense de Roquetas de Mar denunciando la ausencia de acondicionamiento de una explanada, ejecución de espacios verdes a implantación de servicios en una parcela situada en zona que linda con el paseo marítimo de dicho municipio.

Tras nuestra petición de informe inicial en este expediente de queja, recibimos comunicación de la Alcaldía-Presidencia dando cuenta, en síntesis y tras informar de los antecedentes del problema, que ante los incumplimientos de la entidad promotora, procedía la instrucción de expediente de incumplimiento de los deberes legales de ejecución del planeamiento, en el que se dará audiencia a los propietarios afectados. De acuerdo con ello, con fecha 27 de Enero de 2014, interesamos que se nos mantuviera informados de los sucesivos trámites que se produzcan en dicho expediente, así como de la resolución que, finalmente, se dictara en el mismo.

Este escrito no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas 2 de Abril y 12 de Mayo de 2014. Como quiera que persistía la falta de respuesta de ese Ayuntamiento, con fecha 7 de Julio de 2014, personal de esta Institución mantuvo contacto telefónico con el Ayuntamiento, que se comprometió a efectuar las gestiones oportunas para que se nos enviara respuesta expresa por parte del Departamento de Urbanismo municipal.

CONSIDERACIONES

Pero lo cierto es que, a pesar del plazo de tiempo transcurrido, no nos ha llegado la misma, privándonos de conocer si finalmente se ha dado cumplimiento a los deberes legales de ejecución del planeamiento hasta ahora no realizados.

Ello nos lleva a la conclusión de que ese Ayuntamiento, debido a su silencio, ha podido incurrir en el incumplimiento de diversos deberes exigidos por la normativa urbanística y de procedimiento administrativo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2: del artículo 42, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3: del deber legal de observar los artículos 109 y ss. de la Ley de 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan la sustitución del sistema de actuación por compensación y establece el procedimiento a seguir para la declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos.

RECOMENDACIÓN de que, en cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, se continúen las actuaciones precisas en este asunto por parte de ese Ayuntamiento ya que, dada su ausencia de respuesta, ignoramos si finalmente se ha adoptado la resolución procedente en el expediente de incumplimiento de deberes legales de ejecución del planeamiento, cuya incoación se nos había anunciado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre la inejecución de 13 depuradoras en la provincia de Córdoba, fruto de un convenio de 2004 entre la Diputación Provincial y la Consejería de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo Andaluz, de oficio y previos los informes preceptivos recabados, ha sugerido a ambos organismos que mantengan una reunión para que, en el marco de colaboración y lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y con objeto de garantizar los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se determinen con claridad las responsabilidades de cada una de ellas en relación con la ejecución de 13 depuradoras pendientes de ejecutar en la provincia de Córdoba y que, fruto de esas reuniones, se programe la ejecución de las mismas.

ANTECEDENTES

Esta Institución, a raíz de noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, inició una actuación de oficio por la inejecución de 13 depuradoras de aguas residuales cuya construcción estaba prevista para el año 2010 en la provincia de Córdoba.

Tras dirigirnos tanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como a la Diputación Provincial de Córdoba, una vez que recibimos los informes interesados se desprendía claramente de su contenido una extraordinaria discrepancia entre ambas administraciones en torno al grado de cumplimiento del convenio de colaboración firmado entre las dos, aprobado con fecha 13 de Febrero de 2004. Convenio este que preveía dotar de los adecuados sistemas de depuración y saneamiento a 43 municipios de esa provincia con la finalidad de alcanzar la adecuada calidad de las aguas que se vierten a los distintos cauces.

Cuando nos hemos interesado por los motivos por los que no se han ejecutado las infraestructuras que motivaron el inicio de la queja de oficio, nos encontramos con que ninguna de las dos administraciones admite en principio tener una responsabilidad directa en esa inejecución. De hecho, aunque en algunas ocasiones se justifica las obligaciones que corresponde a cada una en base al mencionado convenio, en uno de los informes llega a cuestionarse la propia vigencia en incluso legalidad del mismo, provocada por el marco establecido por la nueva normativa aprobada en el seno de la Comunidad Autónoma al fin de alcanzar los fines del interés público relacionados con el saneamiento y el ciclo integral del agua.

CONSIDERACIONES

La norma esencial es Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía, que en orden a conseguir ese objetivo de saneamiento y ciclo integral del agua, incluye distintas innovaciones como el denominado canon de mejora que debe ser destinado a financiar obras de esta naturaleza y el acuerdo de 26 de Octubre de 2010 del Consejo de Gobierno por el que, en el ámbito de la citada Ley, el ejecutivo andaluz declara de interés de la Comunidad una serie de obras hidráulicas a fin de cumplir los objetivos de la directiva europea marco del agua.

En lo que concierne a Córdoba, parece ser que, dentro de ese acuerdo, se incluirían las 13 depuradoras a las que hacía mención los medios de comunicación y cuya inejecución motivó la incoación de la queja de oficio.

Estas 13 depuradoras formarían parte del grupo de 27 que en el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno se preveía construir en la provincia de Córdoba.

Parece ser que unos de los motivos de discrepancia entre las dos administraciones citadas es precisamente el que al haberse incluido tal previsión en el acuerdo del Consejo de Gobierno, no tendría sentido que se exigiera su construcción con cargo a la Diputación Provincial en virtud del convenio 2004.

Consideramos que entraña una cierta dificultad valorar, caso por caso, el régimen jurídico aplicable respecto de cada una de las obligaciones que, desde un punto de vista jurídico formal, correspondería a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial. Téngase en cuenta que, además de los cambios normativos producidos, se dan ya unos incumplimientos temporales y a veces, a la ejecución de estas infraestructuras, no es frecuente que se añada la problemática que se suscita con sus deficiencias, ya sean imputables al proyecto y su ejecución, ya sea a una inadecuada conservación y mantenimiento.

Por otro lado, aunque es clara la competencia municipal en este ámbito, no desconocemos las extraordinarias dificultades por las que están pasando los municipios para afrontar sus obligaciones más cotidianas y la imposibilidad absoluta, por tanto, de asumir con sus propios medios la ejecución de estas obras e incluso, en ocasiones, ni siquiera su conservación y mantenimiento.

Por tanto, en principio, el hecho de que sea una competencia municipal no añade, respecto de la exigencia de la ejecución y puesta en funcionamiento de estas infraestructuras, nuevas perspectivas sobre el cumplimiento de la obligación que comentamos, sino más bien pone de relieve el que sin el concurso de administraciones territoriales superiores no es posible el que nuestros municipios cuenten con tales dotaciones.

A resultas de todo ello, además de una importante controversia sobre las responsabilidades que deben asumir cada administración y que de los informes que hemos recibido no se desprende que haya quedado en modo alguno resuelta, nos encontramos con el hecho de que parece que no va a ser posible conseguir garantizar el denominado objetivo de vertido cero contaminante en el horizonte de 2015. Llegada esta fecha límite según la directiva europea una parte importante de los núcleos urbanos de Andalucía van a continuar realizando vertidos no depurados a los cauces de nuestra Comunidad en pleno siglo XXI y suponiendo ello una vulneración permanente del derecho a un medio ambiente adecuado que el art. 45 CE quiere garantizar para toda la ciudadanía y por cuya protección establece un mandato imperativo a los poderes públicos.

Derecho este que, además, está contemplado junto a la sostenibilidad en los siguiente preceptos del Estatuto de Autonomía: art. 9 (Derechos); art. 10 (Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, aptdo. 3, 7º; art. 28 (Medio ambiente); art. 36 (Deberes), aptdo. 1.b); art. 57 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad) y 92 (Competencias propias de los municipios). Ello sin perjuicio de los preceptos que hacen referencia a la sostenibilidad, como los arts. 56.1 (Vivienda y sostenibilidad), 10.3.5º (Prestación de los recursos bajo el principio de sostenibilidad) o la necesidad de hacer un uso sostenible de los recursos como el art. 37.1.19º (Principios rectores en relación con el consumo), art. 48 (Agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural), art. 157.2.1º (Principios y objetivos básicos de la política económica), art. 196 (uso sostenible de los recursos naturales), art. 197 (Producción y desarrollo sostenible), art. 202 (Desarrollo rural), art. 203 (Uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte), art. 204 (Utilización racional de los recursos energéticos).

Por otro lado, no podemos olvidar que la finalidad última de las administraciones públicas no es otra que servir a la ciudadanía en aras a garantizar los intereses públicos o generales que justifican su existencia misma. Así se desprende de los art. 103.1 CE y 133.1 EA.

De acuerdo con todo ello, y aun reconociendo el importante avance que ha supuesto que, en la actualidad, el 80% de la población cuente con una infraestructura de depuración, es evidente que aún queda mucho por hacer en lo que concierne no sólo a la ejecución de infraestructura de depuración sino a la garantía del ciclo integral del agua, de tal forma que, efectivamente, pueda ser garantizada la calidad adecuada de esta y el buen estado ecológico de todas nuestras aguas.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en lo que concierne a las 13 depuradoras que motivaron el inicio de esta actuación de oficio, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que si no se ha mantenido una reunión, hasta esta fecha, a la mayor brevedad, se reúnan representantes de la Administración Autonómica y de la Diputación Provincial para que en el marco de colaboración y lealtad institucional que deben presidir las relaciones entre las administraciones públicas y con objeto de garantizar los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se determine con claridad las responsabilidades de cada administración en relación con las cuestiones tratadas en este expediente de queja. Una vez llevado a efecto ello se deberá asumir el realizar una programación urgente debidamente calendarizada sobre la ejecución de estas 13 depuradoras, rogando se nos informe del resultado obtenido.

Cualquier otro modo de actuar no puede llevar sino a eternizar una discrepancia estéril que tanta y tantas consecuencias negativas desde un punto de vista ambiental está generando ya, pues parece que han transcurrido holgadamente los plazos en los que tales infraestructuras debieran de estar ya funcionando.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria que adopte las medidas oportunas para ejecutar la resolución municipal adoptada de retirada de una marquesina instalada sin autorización por un establecimiento hostelero, que no se adecua a las condiciones para su instalación, salvo que dicha ejecución no fuera procedente si el titular de la instalación llevara a cabo las modificaciones que la hicieran autorizable según la ordenanza, previa emisión de informe técnico en ese sentido y con la correspondiente autorización municipal.

ANTECEDENTES

El interesado de la queja denunciaba en su escrito la inactividad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ante la instalación “ilegal y no autorizada” de una marquesina, o toldo fijo, por parte de un establecimiento hostelero situado en los bajos de su vivienda. Desde 2010 venía presentando diversas reclamaciones por esta instalación, en las que, a “pesar de contar con informes de los técnicos municipales en los que se da la razón a esta parte, e incluso habiendo sido dictada una orden de ejecución por el Ayuntamiento para que se proceda a la retirada del toldo, tanto el titular del bar como el propio Ayuntamiento se niegan o al menos de su conducta se desprende una contumaz y persistente negativa, a retirar el referido toldo, dejando a esta parte en clara indefensión”.

Tras admitir a trámite la queja y solicitar el preceptivo informe al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, recibimos el mismo casi un año después. A la vista de su contenido observamos un sorprendente informe del técnico municipal del que resulta que, ante la valoración que tiene que realizar sobre si la instalación objeto de esta queja (la marquesina del bar en los bajos del edificio donde reside el interesado), aún con las modificaciones que propone el denunciado, cumple o no con la normativa, en lugar de emitir este informe valorativo, en el sentido que corresponda, propone dos opciones completamente diferentes.

CONSIDERACIONES

A la vista de ello entendemos que lo que tendría que valorarse es si el técnico municipal mantiene el informe elaborado en su día o si considera que con las modificaciones que propone el denunciado la instalación cumpliría con la normativa.

Lo que entendemos que no procede, en ningún caso, es que se considere que, con base al apartado 4 del art. 131 de la Ordenanza Municipal de Vía Pública, cabe que cualquier instalación fija pueda construirse con la mera autorización expresa del ayuntamiento sin tener en cuenta otras consideraciones.

Decimos ello porque cuando leemos el mencionado apartado 4 del art. 131, el texto completo lo que dice exactamente es lo siguiente:

«Las instalaciones fijas sólo podrán construirse en los casos en que el Ayuntamiento expresamente lo autorice, y en tales casos, dichas instalaciones tendrán un carácter provisional y deberán realizarse con elementos constructivos y cubriciones muy ligeros y sin que en ningún caso se interrumpa físicamente la circulación peatonal»

Por tanto, esta excepción de la posibilidad de que el ayuntamiento autorice una instalación fija se refiere, exclusivamente, a instalaciones de “carácter provisional” y que además cumplan el requisito que se contempla en la norma.

Por todo ello, lo que entendemos que procede, en relación con la instalación objeto de esta queja, es que se ejecute la resolución que se dictó en su día, salvo que el denunciado ofrezca unas modificaciones que hagan que la instalación del toldo que motiva la queja pueda ser autorizada y se tramite el correspondiente expediente administrativo.

Recordemos, en este sentido, que el Ayuntamiento, en el seno del expediente administrativo ..., dictó el 16 de junio de 2011 una orden de ejecución para que se procediera a la retirada de la instalación objeto de la queja, orden que, hasta el momento, no ha sido cumplida por su destinatario ni ejecutada por el Ayuntamiento. Así se desprende del propio informe del Ayuntamiento.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de ejecutar las resoluciones que dicta la administración utilizando, si fuera necesario, los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello a tenor de los arts. 56, 57, 94 y siguientes del mencionado texto.

RECOMENDACIÓN para que, con carácter inmediato y sin más demoras ni dilaciones injustificadas, se adopten las medidas oportunas para ejecutar la resolución municipal adoptada de retirada de las instalaciones objeto de la queja, salvo que dicha ejecución no fuera procedente para el supuesto de que el titular de la instalación llevara a cabo las modificaciones que la hicieran autorizable conforme a lo regulado por la correspondiente ordenanza y se emitiera un informe técnico en este sentido, así como que se expidiera la correspondiente autorización por parte del ayuntamiento.

Ver Asunto Solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la denuncia de la interesada por los perjuicios que está sufriendo por un árbol del viario público cuyas dimensiones han llegado a que las ramas entren en su vivienda y que había denunciado hacía más de un año, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado al Ayuntamiento de Sevilla diversos preceptos sobre sus competencias, recomendándole que, sin más demoras ni dilaciones, dicte las instrucciones oportunas para que se proceda de inmediato a las labores de poda del citado árbol y, adicionalmente, valore su posible incidencia y los eventuales daños que las raíces del árbol puedan ocasionar a medio plazo en las viviendas del entorno, adoptando las medidas adecuadas en función de la conclusión a la que se llegue.

ANTECEDENTES

La interesada nos indicaba en su escrito de queja que tiene su domicilio en el primer piso de un bloque de viviendas en Sevilla, viéndose afectada por un árbol de la vía pública cuyas dimensiones han alcanzado tal magnitud que las ramas entran en su domicilio, afectando a cuatro habitaciones, privándolas prácticamente de luz natural e impidiendo, cuando llueve y se mojan las ramas y hojas, que se puedan abrir las ventanas. La lluvia también provoca, a tenor de la queja, que no pueda abrir las puertas de los balcones, con el riesgo de entrada de insectos en la vivienda. En este sentido, formuló queja al Ayuntamiento y en septiembre de 2013 recibió un oficio del Jefe de Servicio de Parques y Jardines, con registro de salida de 4 de septiembre, en el que se le informaba de que la actuación solicitada “se encuentra contabilizada por el servicio de parques y jardines para proceder a su ejecución en la campaña de poda del próximo invierno”. Sin embargo, el invierno 2013-2014 había transcurrido y no se había llevado a cabo esta actuación de poda, aumentando los problemas ya existentes el pasado año.

Nos decía también en su queja la interesada que llevaba dos semanas llamando al número de atención municipal 010, para que actuarán y agilizaran el tema, pero que lo único que le indicaban es que habían dado traslado de su petición al departamento competente sin que le facilitaran más información. Finalmente, nos comentaba que ella consideraba que habría no sólo que podar el árbol, sino quizás talarlo, ya que el crecimiento tan rápido que tiene hace que en poco tiempo el problema siga persistiendo, con el consiguiente riesgo de que quizás las raíces puedan afectar a los edificios colindantes.

Hay que reseñar, por último, que hemos podido ver dos fotografías, aportadas por la interesada, en las que se puede comprobar el estado en el que se encuentra el árbol objeto de la reclamación, presentando una gran frondosidad y altura, entrando prácticamente en las ventanas del piso primero y tapando las entradas de luz natural en las viviendas.

En vista de estos antecedentes que presenta esta queja, es preciso hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), establece que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las relativas a parques y jardines públicos. Ello implica, como recuerda la Ordenanza de arbolado, parques y jardines públicos en el municipio de Sevilla (BOP núm. 93, de 24 de abril de 2013), que el municipio, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 25 de la LBRL, para la gestión de sus intereses en el ejercicio de estas competencias «puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal».

Pues bien, en el caso objeto de este expediente de queja se nos plantea la reclamación de una vecina que está resultando afectada, en los términos ya planteados al principio, por el retraso en la poda de un árbol perteneciente a lo que la ordenanza mencionada designa como arbolado viario de la ciudad. Este retraso puede ya cifrarse en prácticamente un año, pues según el Ayuntamiento estaba prevista para el pasado invierno, resultando que dentro de poco vamos a entrar en el próximo invierno.

Hay que recordar que las competencias municipales, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 103.1 de la Constitución, 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJPAC), 2 de la LBRL y 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), han de ejercitarse de conformidad con los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, servicio a los ciudadanos y buena administración.

Especialmente significativos son, en el presente caso, los principios de servicio a los ciudadanos y de buena administración. El primero, habida cuenta de que un ciudadano se está viendo afectado por el arbolado viario del Ayuntamiento, que debe ser podado por los servicios municipales, estando sobre aviso desde hace más de un año. Es decir, que la poda en sí misma sería en este caso no sólo un acto de mantenimiento del arbolado y gestión sostenible del que se beneficiarían todos los vecinos y vecinas del entorno, sino también un acto de servicio a una ciudadana que está siendo afectada por un elemento público. El segundo, el de buena administración, porque implica en si mismo la garantía de que los asuntos de la ciudadanía se tratan de manera objetiva e imparcial y son resueltos en un plazo razonable de tiempo, circunstancia que, en este caso, lamentablemente, no podemos decir que se haya cumplido.

Además de las normas citadas, también hay que citar que el Código Civil establece en su artículo 592, primer inciso, que si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad.

Por último, queremos también traer a colación que la necesidad de actuar de manera diligente y rápida que se hace patente en este caso, deriva no sólo de la obligación de atender una necesidad ciudadana y mantener el arbolado viario, sino que también deriva de la conveniencia de no demorar más este tipo de actuaciones de poda para no dar lugar a situaciones de responsabilidad patrimonial en las que el Ayuntamiento haya de responder, con fondos públicos, por daños provocados por un funcionamiento anormal de los servicios públicos, en los términos de los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC y de la abundante jurisprudencia que los interpreta y aplica.

A la vista de los antecedentes y consideraciones expuestos, y en el entendimiento de que la situación planteada exige la máxima rapidez en nuestra actuación para no demorar en exceso la solución del problema, se ha considerado apropiado formular directamente, al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de ejercer las competencias legales en materia de parques, jardines y arbolado público, previstas en el artículo 25.2 b) de la LBRL, de conformidad con los principios de legalidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, servicio a los ciudadanos y buena administración, previstos en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, 3 de la LRJPAC, 2 de la LBRL y 31 del EAA, así como atendiendo a la obligación que se desprende del primer inciso del artículo 592 del Código Civil.

RECOMENDACIÓN 1: para que, sin más demoras ni dilaciones, se dicten las instrucciones oportunas al Servicio de Parques y Jardines de ese Ayuntamiento a fin de que se proceda de inmediato a llevar a cabo las tareas de poda que resulten necesarias en el árbol objeto de este expediente de queja sito en la calle Virgen de los Gitanos, a fin de mantenerlo en condiciones adecuadas para que no genere molestias a los vecinos y vecinas de las viviendas cercanas.

RECOMENDACIÓN 2: para que se proceda, adicionalmente, a valorar la posible incidencia y los eventuales daños que las raíces de este árbol, habida cuenta su tamaño y frondosidad, pueden llegar a ocasionar a medio plazo en las viviendas del entorno, adoptándose las medidas que resulten adecuadas para la situación que se detecte.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, ante el retraso del Ayuntamiento de Berja, en responder a nuestros escritos, ha formulado al mismo Recordatorio del deber legal de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, pero, además y en lo que se concreta a la petición formulada en su día por el promotor de la queja, ha recordado al Ayuntamiento el deber legal contenido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, recomendándole que continúe las actuaciones precisas a tal efecto, realizando las actuaciones oportunas para que la resolución dictada en el expediente de disciplina urbanística se cumpla.

ANTECEDENTES

El interesado nos exponía en su escrito de queja, junto a otros afectados y una asociación de vecinos, que venían denunciando en el Ayuntamiento de Berja (Almería) la irregular situación urbanística y los perjuicios derivados de la construcción de un invernadero que originaba, siempre según el interesado, una negativa afección al medio ambiente y a bienes de propiedad privada. De su solicitud de intervención municipal para solucionar este problema, no habían obtenido respuesta alguna.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento y después de varias actuaciones, conocimos que había solicitado documentación accesoria para resolver acerca de su solicitud de licencia de obras por el promotor de las mismas y, posteriormente, que había iniciado expedientes contra el infractor para la restauración de la legalidad urbanística y sancionador, a los que dio un plazo para demoler lo ordenado por parte municipal.

Finalmente, conocimos, en Diciembre de 2013, que el Ayuntamiento había ordenado, mediante Decreto de Alcaldía, entre otras cuestiones, la demolición de la parte de invernadero contraria a la ordenación urbanística y se efectuaba requerimiento para la legalización del resto. Por ello, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento, con fecha 21 de Enero de 2014, para saber si, en el plazo concedido, el promotor de las obras había procedido a la demolición de lo ordenado por parte municipal y había solicitado la legalización del resto de la actuación urbanística llevada a cabo. De no ser así, pedíamos que nos comunicara si se había comenzado el proceso de imposición de multas coercitivas a fin de lograr el cumplimiento de la resolución dictada.

Nuestra nueva petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información mediante nuevos escritos de fechas 26 de Febrero y 1 de Abril de 2014. Como quiera que persistía la falta de respuesta de esa Corporación Municipal, con fecha 2 de Junio de 2014, personal de esta Institución mantuvo contacto telefónico con personal del Ayuntamiento a fin de obtener respuesta expresa a la petición de informe formulada.

CONSIDERACIONES

Pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, privándonos de conocer si, finalmente, ha quedado restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

Ello nos lleva a la conclusión de que la Alcaldía, debido a su silencio, ha podido incurrir en el incumplimiento de deberes exigidos por la normativa urbanística.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1: del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2: del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3: del deber legal de observar los artículos 181 y siguientes del capítulo V del Título VI de la Ley de 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establecen los procedimientos a seguir para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

RECOMENDACIÓN de que, en cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, se continúen las actuaciones precisas por parte municipal ya que, dada su ausencia de respuesta, ignoramos si finalmente ha quedado restablecido el orden jurídico perturbado en este asunto, al no conocer si se ha dado cumplimiento a la resolución dictada en el expediente de disciplina urbanística .

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz