Proponemos a la Defensora del Pueblo que solicite del Banco de España nuevas actuaciones ante las entidades financieras para que eliminen sus cláusulas suelo sin que tenga que mediar una decisión judicial. Asimismo, nos dirigimos a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer el resultado de los procedimientos sancionadores que se anunciaron como medida de defensa de las personas consumidoras frente a la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas suelo.
Esta Institución sigue convencida de que la falta de transparencia de las cláusulas suelo, en los términos descritos por el Tribunal Supremo, es extensible a la mayoría de los contratos hipotecarios en vigor que incluyen tales cláusulas, por lo que considera necesario que las entidades financieras procedan a su inmediata eliminación sin obligar a las personas afectadas a acudir a la lenta y costosa vía judicial.
Hace unos meses volvíamos a dirigir una petición en tal sentido a las entidades financieras radicadas en Andalucía pero, lamentablemente, la respuesta obtenida ha sido negativa, insistiendo dichas entidades en la adecuada comercialización de las hipotecas y la transparencia de sus cláusulas suelo, remitiendo a la vía judicial la posible resolución de discrepancias.
A través de la Defensora del Pueblo hemos conocido que estas mismas conclusiones son las que las entidades financieras habrían trasladado al Banco de España como resultado del proceso de revisión de sus cláusulas suelo realizado a instancias del mismo con objeto de analizar su adecuación a los criterios de transparencia de la sentencia de 9 de mayo de 2013. En base a estas conclusiones el Banco de España ha manifestado que "las informaciones disponibles no permiten concluir que esté siendo incumplida la sentencia del Tribunal Supremo".
Esta Institución no comparte tal conclusión por lo siguiente:
1. Por la reiteración de pronunciamientos de distintos órganos judiciales que vienen declarando de forma abrumadora la nulidad de las cláusulas suelo sometidas a su consideración. En particular por el hecho de que las cláusulas suelo anuladas por los Tribunales responden a modelos empleados en multitud de contratos de préstamo similares por las entidades financieras lo que, a nuestro juicio, ponen en evidencia el escaso rigor del proceso de revisión realizado por dichas entidades y de la conclusión a la que se habría llegado.
2. Porque muchas de estas cláusulas cuya transparencia resulta defendida por las entidades financieras, con frecuencia coinciden sustancialmente con alguna de las que obtuvo la declaración de nulidad por el Tribunal Supremo, por lo que habría que concluir igualmente que no se permite la comprensibilidad real de la cláusula suelo.
3. Porque, el propio Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha concluido en un porcentaje elevadísimo de las raclamaciones resueltas sobre claúsulas suelo que las entidades financieras habían incurrido en mala praxis al no haber cumplido adecuadamente con los deberes de información que les exige la normativa antes de la formalización del contrato de préstamo hipotecario.
Por todo ello, hemos considerado oportuno trasladar a la Defensora del Pueblo la posibilidad de intervenir ante el Banco de España con objeto de que éste supervise con medios propios, al menos por muestreo, el proceso de revisión de las cláusulas suelo ordenado a las entidades financieras.
Asimismo hemos planteado la necesidad de que el Banco de España pudiese adoptar decisiones vinculantes para las entidades financieras en caso de que, tras su intervención, pudiese sostener la falta de transparencia de determinadas cláusulas que se utilizan en los contratos de préstamo hipotecario de modo estandarizado.
Finalmente, hemos indicado la conveniencia de requerir al Banco de España la sustanciación de los expedientes sancionadores que resulten oportunos ante la reiteración por parte de las entidades financieras de incumplimientos de la normativa sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
Por otro lado, nos hemos dirigido al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para conocer la situación de los expedientes sancionadores que se anunciaron como resultado de la campaña de inspección en materia de créditos hipotecarios para vigilancia de la no inclusión de cláusulas abusivas.
Creemos que la adopción de medidas sancionadoras ante la negativa de las entidades financieras a eliminar las cláusulas que puedan considerarse abusivas por falta de transparencia puede contribuir a que las entidades financieras realicen un ejercicio serio y responsable de aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo a las cláusulas suelo incorporadas a sus préstamos hipotecarios.
