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El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Morón de la Frontera que, según lo establecido en el art. 93 de la Ley General Tributaria, cuanto tenga conocimiento de la existencia de una parcelación ilegal, se dé cuenta de toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes de trascendencia tributaria, tanto de los promotores como de los ciudadanos que ejecuten construcciones sobre ellas, a la Agencia Tributaria con objeto de que, si procede, asuman las correspondientes cargas tributarias al constituir, tanto la adquisición de parcelas como la construcción de las edificaciones, hechos imponibles susceptibles de tributación.

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer, a través de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, la parcelación ilegal existente en el municipio sevillano de Morón de la Frontera, conforme a la práctica de colaboración entre ambas instancias desde hace varios años. En ella, nos dirigimos al citado Ayuntamiento para que, sin entrar en las cuestiones que habían sido objeto de investigación por la Fiscalía o habían pasado a la vía judicial, prestara la máxima colaboración a las autoridades judiciales para que puedan desempeñar sus funciones constitucionales; instamos al Ayuntamiento a que diera cuenta a la Agencia Tributaria de los datos de que disponga relativos a la parcelación inicial y de los promotores de la misma, a fin de que sea investigado un posible ingreso patrimonial no declarado a efectos fiscales; estudiase las actuaciones a seguir para salvaguardar los intereses públicos que, en su caso, hayan sido lesionados y, por último, demandábamos que, en el futuro, por parte del Ayuntamiento se actúe con la eficacia y diligencia necesaria frente a este tipo de gravísimas infracciones urbanísticas de forma que se pueda evitar la consolidación de cualquier intento de parcelación ilegal.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera nos manifestó, en lo relativo a dar cuenta a la Agencia Tributaria, que “La indicación de dar cuenta a la Agencia Tributaria se considera innecesaria dado que se supone que la Agencia Tributaria tiene conocimiento de estos datos, ya que se encuentran dados de alta en el Catastro”.

CONSIDERACIONES

Para esta Institución es necesario aclarar que, con independencia de que los inmuebles se encuentren dados de alta en el Catastro, lo que se pretende con el acuerdo adoptado en su día es que se facilite a la Agencia Tributaria información selectiva y singularizada que les permita identificar con facilidad y a la mayor brevedad posible (para evitar posibles prescripciones de infracciones tributarias) a los promotores de las parcelaciones ilegales, con objeto de conocer si, como consecuencia de estas operaciones ilícitas, que tan gravemente lesionan los valores naturales de nuestro territorio, se ha producido un enriquecimiento que deba tributar como hecho imponible, de acuerdo con las normas tributarias.

Ese Ayuntamiento no lo considera necesario. Por el contrario, esta Institución sí estima muy conveniente que se haga, tanto porque, por un lado, demuestra que se castigan estas conductas al conllevar los efectos de que, además de las consecuencias que se derivan de la normativa urbanística y, en su caso, penal, son actos que tendrán consecuencias de naturaleza tributaria.

En segundo lugar, porque parece justo y conforme a un Estado de Derecho que quien obtiene beneficios como consecuencia de actuaciones ilícitas que, incluso, están tipificadas en el Código Penal como delictivas, al menos tributen ante la Hacienda Pública por la obtención de ese ilícito y antijurídico enriquecimiento.

Por ello, esta Institución, con esta finalidad, dará cuenta a la Agencia Tributaria de la información enviada por la Fiscalía a los efectos ya comentados.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA en el sentido de que, con base a las Conclusiones de la II Jornada de Coordinación del Defensor del Pueblo Andaluz y la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía (al que puede acceder a través del siguiente enlace: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/ii-reunion-de-la-oficina-del-defe...) y del escrito que le remitimos el 6 de Junio de 2005 sobre esta Jornada, y según lo dispuesto en el art. 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre el deber de facilitar información a la Agencia Tributaria de toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes de trascendencia tributaria, en lo sucesivo, cuanto tenga conocimiento ese Ayuntamiento de que algún promotor lleva a cabo una parcelación ilegal, lo ponga en conocimiento, a los efectos oportunos, de la Agencia Tributaria, actuando de la misma manera cuando, sin ser promotor de la urbanización, algún ciudadano, promueva y/o construya una parcelación ilegal y ejecute una edificación sobre la misma, pues con independencia de que figuren en las revisiones catastrales que periódicamente se llevan a cabo, al tratarse de actos jurídicos no registrables, la Agencia Tributaria tiene serias dificultades para identificarlos a tiempo, con objeto de que, si procede, asuman las correspondientes cargas tributarias al constituir, tanto la adquisición de las parcelas como construcción de las edificaciones, hechos imponibles susceptibles de tributación.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Dirección General de Personas con Discapacidad que impulse las actuaciones que procedan para que se lleve a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimen más idóneos para ello.

ANTECEDENTES

En su día, esta Institución inició esta actuación de oficio al conocer la denuncia de las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad ante lo que estiman carencia de informes de evaluación de las políticas públicas destinados a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas destinadas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad.

En relación con las últimas cuestiones planteadas por esta Institución en torno a este asunto, en concreto acerca de las medidas que tenga previsto implementar esa Dirección General a fin de posibilitar el conocimiento y evaluación del nivel de desarrollo de los planes de accesibilidad de los Ayuntamientos andaluces y, en segundo lugar, sobre el contenido de los informes de seguimiento que, en cumplimiento de la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, debía elaborar el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, se nos indica en su respuesta lo siguiente:

- Sobre la primera cuestión, se nos expone que la Comisión Técnica de Accesibilidad, reunida el pasado mes de Octubre de 2016, trató el tema de seguimiento de las políticas de accesibilidad en los municipios andaluces y decidió revisar el contenido de las encuestas enviadas a los Ayuntamientos sobre las medidas de gestión de accesibilidad, haciendo más sencilla su cumplimentación y también que, dada la dificultad de implicar a todos los Ayuntamientos de Andalucía en el impulso de estas medidas en favor de la accesibilidad, sería más factible conseguir la participación colaborativa de los municipios que forman parte del “Pacto por la Accesibilidad”, haciendo un esfuerzo especial para conseguir su implicación, contactando también con esta finalidad con las Diputaciones Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

- En cuanto a los informes de seguimiento del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad se nos subraya que se creó como un órgano asesor, haciendo un seguimiento de la actuación de los poderes públicos en materia de accesibilidad, pero se nos reconoce que no ha elaborado dichos informes a pesar de estar expresamente recogidos en la Ley 1/1999, de 31 de Julio. De alguna manera, se excusa este notorio incumplimiento en el carácter heterogéneo y numeroso de dicho Consejo y en que fue tras la entrada en vigor de la Ley antes citada, cuando se detectó la dificultad de que pudiera acometer, dadas sus características, la elaboración de informes de seguimiento anuales, considerando que ello no resultaría práctico. Como alternativa, se manifiesta que esa Dirección General ha impulsado varios Planes Integrales de Acción, citando el primer y segundo Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía, que abarcaban los periodos de 2003 a 2006 y 2011 a 2013, el Plan de Empleabilidad de las Personas con Discapacidad 2007-2013 y, por último, el I Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía 2008-2013, aclarando que se trata de planes en los que se ha contado con la participación de todas las Consejerías, representantes del tejido asociativo y agentes sociales y económicos y en los que, además de evaluar la situación de la discapacidad, se ha actuado con recursos para tratar de corregir las deficiencias detectadas.

En cualquier caso se constata que, desde 2013, no se ha impulsado ningún otro Plan Integral y tampoco, siguiendo este análisis crítico, podemos apreciar que se haya efectuado una valoración o seguimiento de sus resultados efectivos en el tejido social afectado, es decir que se haya efectuado el necesario informe de evaluación de las políticas públicas impulsadas por tales planes integrales.

CONSIDERACIONES

Primera.- Esta Institución valora positivamente que la Comisión Técnica de Accesibilidad haya decidido revisar el contenido de las encuestas enviadas a los Ayuntamientos sobre las medidas de gestión de accesibilidad para hacer más sencilla su cumplimentación, así como la decisión de impulsar la implicación de las Corporaciones Municipales en el desarrollo de las políticas pro accesibilidad, pero no podemos compartir que ello se limite únicamente a los municipios que se hayan adherido al “Pacto por la Accesibilidad”.

Partiendo de que las personas con discapacidad residen en cualquier municipio de nuestra geografía, creemos que sería muy conveniente buscar la implicación y compromiso de aquellos municipios que, por no haber suscrito el pacto citado, pudiera parecer que están menos decididos a ejecutar las medidas que, en cumplimiento de los artículos 14 y 49 de la Constitución y de los preceptos de la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, deben impulsar.

En definitiva, el grado de cumplimiento de esta normativa se debe verificar en todo el territorio andaluz toda vez que, en caso, contrario, se podrían producir discriminaciones contrarias al principio de igualdad con respecto al colectivo de personas con discapacidad en función del municipio donde residan. No en vano, y aunque es una exigencia que lamentablemente se incumple con frecuencia, la Constitución en su art. 139.1 establece que: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.» Y la igualdad y la no discriminación al mismo tiempo que constituyen un derecho inalienable de las personas, conforma un principio que debe informar el diseño y ejecución de todas las políticas públicas.

Por otra parte, resulta, cuando menos sorprendente que haya municipios que, habiéndose adherido al “Pacto por la Accesibilidad”, no asuman los compromisos que el mismo conlleva a la hora de facilitar el seguimiento y evaluación de las políticas que, en este ámbito, estén desarrollando y no colaboren con las solicitudes de información de esa Dirección General. En tal sentido, como se nos apunta por su parte, se debe recabar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y, en su caso, a las Diputaciones Provinciales para que requieran a los responsables municipales a facilitar el seguimiento de las políticas de accesibilidad.

Segunda.- El artículo 65 de la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, creaba el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad atribuyéndole, entre otras finalidades, la de hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y, para ello, le asignaba la función de elaborar informes anuales sobre el nivel de ejecución de la Ley, proponiendo iniciativas, recomendaciones y programas para cada una de las áreas de actuación. Hubiera resultado lógico que, puestos en marcha diversos planes de actuación, este órgano asesor y representativo hubiera desarrollado la función que tiene atribuida a fin de conocer hasta qué punto, han alcanzado y cubierto sus objetivos tales planes y debe precisarse que las determinaciones recogidas en el citado artículo 65 no tienen un carácter jurídico-formal, sino que resultan de obligado cumplimiento. Ello determina que, respetando su posible discrepancia, no consideremos justificada la no elaboración de los informes anuales que, al Consejo, se le asignaba.

Además, no creemos que la realización de los planes integrales a que se alude en su escrito constituya una alternativa a los citados informes anuales del Consejo, sino que precisamente ambos podrían resultar complementarios ya que precisamente, a través de la elaboración de los informes anuales, habría sido posible verificar el resultado y cumplimiento de los objetivos que los Planes Integrales perseguían.

Aún no esta finalizada la tramitación del Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, por lo que ignoramos si seguirá o no atribuyendo esta función de elaboración de los informes anuales sobre el nivel de ejecución de la Ley al Consejo o estimará más idóneo que sea realizada por otro órgano más operativo, pero cualquiera que sea el órgano al que, finalmente se atribuya dicha función, estimamos que resulta imprescindible, y así nos lo demandaron las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad, terminar con la carencia de informes de evaluación de las políticas públicas destinados a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas destinadas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad.

La configuración legal de los derechos reconocidos en la Constitución no es, no debe ser, una respuesta jurídico-formal del legislativo para concretar su contenido mediante la oportuna articulación de la previsión constitucional, sino la exteriorización de un compromiso de los representantes de la ciudadanía que permita garantizar, de manera real y efectiva, el acceso y disfrute de esta a tales derechos «removiendo los obstáculos», como reza el art. 9.1 CE, «que impidan o dificulten su plenitud».

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de observar el artículo 65, apartado 3, de la vigente Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que atribuye al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad la función de elaborar informes anuales sobre el nivel de ejecución de la Ley, así como de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley que, en lo que se refiere a las Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas, obliga a elaborar un plan anual de actuaciones para la adaptación de los edificios, establecimientos, instalaciones, medios de transporte y de comunicación de ellos dependientes, añadiendo que se determinarán a su vez los instrumentos para el seguimiento y control de tales planes.

RECORDATORIO 2 del principio de buena regulación recogido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, en línea con la preocupación que justificó la incoación de este expediente de queja, señala en su exposición de motivos que se pretende fortalecer la evaluación ex post de las normas, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado.

En tal sentido, el artículo 130 de la citada Ley dispone que las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas, añadiendo que el resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

RECOMENDACIÓN de que, en observancia de los preceptos citados y sin perjuicio de las determinaciones que, finalmente, se establezcan en la futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que se encuentra en avanzado estado de tramitación, se impulsen las actuaciones que procedan para que, en materia de accesibilidad y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se lleve a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas que, con carácter sectorial, se orientan a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil. Se trata de verificar el respeto y aplicación de las normas y planes existentes, con una metodología de análisis y valoración de resultados que permita evaluar de forma periódica el resultado de la aplicación de dichas políticas públicas, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimen más idóneos para ello.

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Sevilla que dote de los medios personales y materiales necesarios al órgano competente para que se tramiten diligentemente y con la debida celeridad e impulso todas las denuncias que se reciban como consecuencia de presuntas infracciones cometidas contra la Ordenanza Municipal de Publicidad.

ANTECEDENTES

En su día, iniciamos esta queja al denunciar el interesado, en síntesis, la pasividad del Ayuntamiento de Sevilla ante los incumplimientos a la normativa sobre publicidad ante sus denuncias por la masiva presencia de elementos publicitarios en la vía pública y el mobiliario urbano.

Por ello, tras admitir a trámite la queja interesamos de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla conocer el resultado de las 270 denuncias efectuadas durante 2015 por el Departamento de Control Viario de LIPASAM y, en particular, sobre aquellas que versaban sobre posibles infracciones de la Ordenanza de Publicidad. Asimismo, deseábamos conocer las nuevas iniciativas de ese Ayuntamiento para afrontar el problema que supone la masiva presencia de elementos publicitarios en el viario público y mobiliario urbano.

Al respecto y después de varias actuaciones, hemos conocido, a través del informe emitido por LIPASAM, tras exponer que se habían identificado e intentado notificar a 38 posibles infractores por colocación de publicidad en lugares no autorizados, que las 270 denuncias no han dado lugar a la incoación de ningún expediente sancionador al negarse en instancias judiciales las facultades inspectoras del Servicio de Inspección de LIPASAM y ante la carencia de potestad sancionadora de dicha empresa pública. Por otra parte, se indicaba que, a principios de 2015, causó baja laboral de larga duración el funcionario instructor del Ayuntamiento, sin que a fecha 20 de Julio de 2016 (más de año y medio) se hubiera incorporado o nombrado un sustituto. Pero es que, además, se aclara que LIPASAM no actúa al amparo de la Ordenanza Municipal de Publicidad, sino de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales, en aplicación de su artículo 13 declarado parcialmente nulo, lo que determina la urgente necesidad de reformular la actividad inspectora de LIPASAM, ahora muy cuestionada.

Ante las anteriores circunstancias, en el informe de LIPASAM se señalaba que, dada la necesidad de imponer sanciones y ejecutar las mismas de manera que el infractor se responsabilice y cumpla con la Ordenanza Municipal, se viene trabajando con el Servicio de Recaudación y Gestión de Multas al objeto de que dicho órgano asuma la gestión instructora de los expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos.

Por último, se anunciaba que en otoño de 2016 se pondría en marcha una campaña informativa para concienciar a los usuarios de la vía pública sobre el cumplimiento de la normativa vigente en lo que se refiere a la publicidad masiva existente en la ciudad de Sevilla.

CONSIDERACIONES

Así las cosas, cabe estimar que se está produciendo una manifiesta pasividad por parte de ese Ayuntamiento a la hora de exigir el cumplimiento de la Ordenanza de Publicidad, aprobada, entre finalidades, para evitar el descontrol que se advierte en la colocación masiva y sin autorización de publicidad sobre el viario o el mobiliario públicos. Y ello, por cuanto no se ha culminado la tramitación de ninguna de las 270 denuncias formuladas durante 2015 y no se ha tomado medida alguna para suplir la baja de larga duración del funcionario instructor de los posibles expedientes sancionadores. Tampoco se advierten actuaciones para aclarar y delimitar las competencias sancionadoras en este ámbito tras las resoluciones judiciales mencionadas en el informe de LIPASAM.

Esta situación puede suponer, en la práctica, la no observación del principio de legalidad al que queda sometido el Ayuntamiento. En este sentido, el artículo 9 de la Constitución (CE) establece, en su apartado 1, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y en su apartado 3 indica que la Constitución garantiza, entre otros, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Adicionalmente, hay que tener presente que el artículo 25 de la Constitución consagra la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

Estos mismos principios se mencionaban en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPJAC), vigente durante 2015, cuyo artículo 3 establece que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, buena fe, confianza legítima y servicio a los ciudadanos. Esta misma ley recuerda en su artículo 12.1 que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes

También la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), indica en su artículo 4 que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a los municipios, en todo caso y entre otras, la potestad sancionadora, recordando el artículo 6 de esta norma legal que las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Finalmente, hay que referirse al artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, por la que se aprueba el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), que regula el derecho a una buena administración y que comprende, en los términos que establezca la ley, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a, entre otras cosas, que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

Pues bien, en este caso, cabe concluir que, durante 2015 y lo que se lleva de 2016, se pueden estar vulnerando los principios jurídicos mencionados ante la práctica dejación de las funciones inspectoras y sancionadoras en esta materia, dando lugar a una situación de inseguridad jurídica y de desconfianza de los ciudadanos, como el reclamante, lo que, lejos de situar a ese Ayuntamiento en un plano de proximidad a la ciudadanía, lo coloca en una perspectiva de pasividad o dejadez frente a los incumplidores de la Ordenanza Municipal de Publicidad. Esto podría dar lugar a que la confianza de los denunciantes en la eficacia de sus reclamaciones fuera escasa o inexistente, generándose una sensación de impunidad frente las presuntas irregularidades cometidas por titulares de negocios de diversa naturaleza y también por particulares que infringen sin consecuencia alguna la citada Ordenanza.

De esta forma ocurre que, mientras muchos titulares de negocios cumplen las exigencias legales y técnicas para publicitar sus ofertas, otros, como los denunciados respecto de los que no se ha tramitado expediente sancionador, se publicitan sin ajustarse a lo establecido por la Ordenanza incurriendo en competencia desleal, por cuanto quien cumple todas las exigencias parte en desventaja sobre los infractores.

Siendo ello importante, no lo es menos la imagen de abandono y dejadez del correcto mantenimiento y conservación del mobiliario e infraestructuras públicas que se ofrece con la publicidad colocada de forma inadecuada en farolas, señales, en puertas, fachadas, etc. El aspecto estético de nuestras ciudades no es asunto baladí y tiene un impacto visual importante.

Conocemos que es difícil evitar totalmente que estos hechos se produzcan, pero de ahí a mantener una actitud pasiva en el sentido de no originar ninguna acción dirigida a sancionar tales conductas, al menos las más lesivas para los intereses públicos, hay una gran diferencia.

Las normas en un Estado de Derecho se aprueban para ser obedecidas, y aunque no desconocemos que hay unas actuaciones más prioritarias que otras, las ordenanzas en su conjunto deben ser observadas. Esta dejación de funciones apreciada implica, en última instancia, que se pierda la finalidad represiva que se persigue con la sanción administrativa, pues no olvidemos que su objeto es reprimir una conducta contraria al Derecho y restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la acción del transgresor, produciendo, además, un efecto disuasorio y preventivo.

A la vista de todo lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 de que la actuación de esa entidad local debe ajustarse a lo establecido en los artículos 9 y 103.1 CE, 31 EAA, 3 LRJPAC y 4 y 6 LBRL, especialmente en lo que respecta a los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad, eficacia, buena fe, confianza legítima, servicios a los ciudadanos y buena administración.

RECORDATORIO 2 de lo establecido en los artículos 25 CE, en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 LRPJPAC en cuya virtud es irrenunciable la potestad sancionadora que corresponde a los Ayuntamientos.

RECOMENDACIÓN para que, con urgencia y previos los trámites legales oportunos, se proceda a dotar de los medios personales necesarios al Órgano que se estime más adecuado de ese Ayuntamiento a fin de que se tramiten diligentemente y con la debida celeridad e impulso de oficio, todas y cada una de las nuevas denuncias que, ya sea de la policía local, de LIPASAM, o de particulares, se reciban como consecuencia de presuntas infracciones cometidas contra la Ordenanza Municipal de Publicidad. Con ello la Corporación exteriorizaría su voluntad de hacer cumplir las normas que el propio Ayuntamiento ha aprobado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Colegio de Abogados de Málaga que realice las gestiones oportunas para que la sede del mismo en Fuengirola sea plenamente accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida.

ANTECEDENTES

En su escrito de queja el interesado nos indicaba que en Octubre de 2015 denunció al Colegio de Abogados de Málaga que su sede en Fuengirola presentaba barreras arquitectónicas para acceder al mismo. El Colegio le contestó que iba a instar a la comunidad de propietarios del edificio a que, en la medida de lo posible, adaptara el inmueble para que personas mayores y con discapacidad pudieran hacer un uso adecuado de los elementos comunes. Sin embargo, pasados ocho meses, había tenido que acudir nuevamente a la mencionada sede encontrándose con que el problema de estas barreras seguía sin solucionarse.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Colegio de Abogados de Málaga, en su respuesta se nos indicaba que las gestiones realizadas con la Comunidad de Propietarios no habían sido fructíferas dada la estructura del edificio, que no permite la adaptación del acceso. Independientemente de ello, se señalaba que el reclamante ha sido reiteradamente informado de modo verbal y por escrito por el personal de la Delegación de Fuengirola de que si necesita acudir a la sede puede contactar previamente con objeto de facilitarle cualquier trámite y adoptar las medidas para que pueda ser atendido correctamente, incluso para que no tenga que desplazarse hasta la sede de dicha Delegación.

CONSIDERACIONES

Pues bien, esta Institución entiende que la verdadera política de integración de las personas con discapacidad pasa porque puedan acceder a los diversos servicios con plena autonomía y en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. No se trata tanto de impulsar medidas y muestras de buena voluntad o disposición de servicio, lo que siempre es obligado valorar de forma positiva, sino de normalizar la vida cotidiana de estas personas de forma que el acceso a los servicios y los trámites a desarrollar sea efectivo en las mismas condiciones que el resto.

En consecuencia, integración entendida como un medio para establecer relaciones e interacciones con las personas que forman parte del entorno y normalización, como un acceso sin barreras a los recursos y posibilidades que se ofrecen por la comunidad, como principios básicos para lograr la total incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad.

Así las cosas, es una evidencia que, sea por una imposibilidad material o por una rotunda negativa de la Comunidad de Propietarios del inmueble en el que se ubica, la sede de la Delegación en Fuengirola de ese Colegio de Abogados resulta inaccesible para personas usuarias de sillas de ruedas o que presenten alguna discapacidad que les impida el uso de escaleras.

Se trata de una situación -al tratarse de una Corporación de Derecho Público prestadora de determinados servicios, a la que deben poder acceder tanto los propios colegiados, como los ciudadanos que deban realizar alguna gestión sin barreras arquitectónicas que lo impidan- incompatible con la normativa de accesibilidad que obliga a que, en determinados plazos, sean eliminadas las barreras existentes en los edificios construidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha normativa. Sin embargo, al parecer, existe una imposibilidad material de eliminación de dichas barreras o de dotar de ascensor al inmueble.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que la sede de la Delegación en Fuengirola de ese Colegio de Abogados de Málaga sea trasladada a un inmueble adecuado a las funciones y servicios que debe prestar y, en especial, que resulte plenamente accesible a las personas con discapacidad, toda vez que la perpetuación de la sede en el actual edificio resulta incompatible con la normativa de accesibilidad y no permite, como exige el artículo 49 de la Constitución Española y los artículos 24 y 37 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, autonomía e integración social y profesional de las personas con discapacidad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz